En sus primeros días de campaña, contendientes en la elección judicial hicieron promesas engañosas de cambios al sistema de justicia, acciones que van más allá de las atribuciones de una persona juzgadora o medidas que ya se contemplan en la ley.

Por ejemplo, aspirantes hablaron de impulsar reformas legislativas para establecer un sistema de certificación judicial, aunque su aprobación correspondería al Legislativo; propusieron que la Corte sesione en distintas locaciones fuera de su sede, lo que implicaría mayores gastos, y en un caso se prometió que “ningún juicio” se alargue más de seis meses.

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Juicios que no duren más de seis meses

En la Constitución se prevé agilizar los trámites pero sólo en casos específicos: de seis meses para dictar sentencia en procesos judiciales tributarios, y de cuatro meses en los procesos penales por delitos cuya pena sea de máximo dos años de prisión, mientras que para delitos con penas mayores, el plazo no exceda un año. En ambos casos, se obliga  a justificar cualquier demora ante el Tribunal de Disciplina Judicial, para evitar una sanción.

Según estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal, los procesos más tardados en los juzgados de distrito son los penales, cuya duración promedio a nivel nacional es de 21 meses. 

La ministra Lenia Batres, en tanto, propuso organizar las defensorías públicas, comisiones de derechos humanos y procuradurías para garantizar a la ciudadanía la posibilidad de denunciar o defenderse en juicio. 

Sin embargo, esa es tarea del Instituto Federal de la Defensoría Pública, a cargo del Órgano de Administración Judicial, y los ministros no tienen incidencia directa en ello, según lo estipulado en la propia reforma judicial, así como tampoco pueden decidir en lo que ocurre en las comisiones de derechos humanos, o las fiscalías y procuradurías de Justicia.

Otra propuesta que no podría cumplirse en lo inmediato es del candidato Arístides Guerrero, quien planteó que el 10% de las y los trabajadores de la Corte pertenezcan a grupos vulnerables, entre ellos, pueblos indígenas. 

Pero esta medida sólo la podría aplicar en su ponencia y con personal de confianza, o bien, sólo si ocupara la presidencia de la Corte y sólo para cargos nuevos, toda vez que el resto de los cargos de la Corte se definen por distintos mecanismos y requisitos de ingreso, y otros son de trabajadores sindicalizados y no pueden removerse sin un acuerdo.

Una promesa recurrente entre varios aspirantes es la de realizar sesiones de la Corte fuera de su sede tradicional. 

Pero, “eso implicaría un costo mayor para las sesiones, para pagar los viáticos y los costos de traslado de todos los equipos (de trabajo de los ministros), además de los gastos para hacer las transmisiones de las sesiones”, comentó la abogada Melissa Ayala.

Proponen medidas que ya se aplican

Otra de las propuestas recurrentes es que se difundan versiones públicas de las sentencias y resoluciones de la SCJN, con el fin de que se conozcan públicamente; sin embargo, por decisión de la Corte esto ya se realiza desde 2021. 

En cuanto a la propuesta de que en la Corte siempre se dé prioridad a los asuntos relacionados con corrupción, Melissa Ayala explicó que esto es una decisión particular de las ponencias de cada uno de los ministros, y no una política pública generalizada.

“Un ministro puede decidir a qué asuntos les da prioridad o si el tema tiene algún carácter urgente. O sea, sí puede decidirlo en el sentido de que va a resolver ese asunto en su ponencia él más rápido, eso sí. Ajá. Pero que eso lo hagan todos los ministros pues no”, comentó.

Otros candidatos han hablado de impulsar reformas legislativas que puedan incidir en la labor judicial, como la creación de un sistema de certificación judicial; sin embargo, como su propio nombre indica, se trata de medidas que dependen de la aprobación del Poder Legislativo, por lo que su cumplimiento es ajeno a la labor de ministras y ministros.

La candidata Alma Delia González Centeno propone crear un sistema de medición de eficiencia del trabajo judicial; pero esto no es viable en tanto que la dificultad de los casos no es comparable entre los distintos funcionarios, cuestionó Ayala.

Mientras que la candidata Marisela Morales propuso crear mecanismos de difusión para informar sobre las tareas concretas del Poder Judicial, una tarea propia del área de comunicación social, y que no depende de la labor de una ministra en funciones.

En el mismo sentido, la candidata propone además impulsar reformas para mejorar la eficiencia de las Defensorías Públicas, cuando esa labor es ajena a la de una ministra de la Corte. 

Otro caso es el de la propuesta de Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien plantea implementar un sistema automatizado de IA para identificar si se violan criterios obligatorios o de perspectiva de género en las sentencias. Pero esta medida es algo que sigue en manos de la propia ponencia, y no depende de lo que decida un ministro en sí mismo.

“Además, tú le preguntas muchas veces a la inteligencia artificial y si no está actualizada, te va a sacar hechos antiguos. Y ahí ya te amolaste, porque si no conoces bien ese hecho, dices ‘Ah, este es el actual’. Y con eso lo sustentas, y adiós. Estás jugando con los derechos de las personas y con la justicia de las personas”, advirtió Esparza.

La misma candidata propuso además la creación de una instancia ciudadana postelectoral en que abogados revisen si las sentencias se dictaron debidamente, y si hay irregularidades claras o se presuma corrupción, se puedan adoptar medidas para remediar o corregir los daños causados con dichas resoluciones.

Pero esta es una de las funciones del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, por lo que se trataría de una competencia ajena a la labor de una ministra. Además, se requeriría de una reforma a la ley para formalizar la creación de esta entidad, advirtió Juan Carlos Cervantes Gómez, académico de la FES Aragón.

La candidata Paula María García Villegas planteó que se transparenten los procedimientos, incluidos la protección de datos sensibles, pero esta medida ya es obligatoria para las sentencias de todos los asuntos de la Corte desde 2021. Mientras que el resto del procedimiento no puede divulgarse por respeto al debido proceso.

Igualmente, una de las medidas más repetidas entre los aspirantes es la promoción de los medios alternativos de solución de conflictos. Sin embargo, estas acciones están previstas en la Constitución desde la reforma de 2024.

“Son cosas que ya están en la ley, de mecanismos alternativos de solución de controversias que se publicaron hace relativamente poco, pero de nuevo, no sé por qué jueces de distrito estarían publicando esto, ¿sabes? Promocionando, o sea, diciendo que ellos van a resolverlo, van a hacer esa promoción o esa discusión”, apuntó Ayala.