Por unanimidad de votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la ministra María Estela Ríos podrá participar en la discusión sobre la eliminación de la figura de prisión preventiva oficiosa, por la que el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

De esta forma, aunque como consejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador emitió un comunicado para señalar que esta figura debía mantenerse tal como está en la Constitución, podrá participar en esta discusión sin que se le considere impedida para hacerlo.

Daniel García y el Colectivo Pena Sin Culpa

Señalaron que en agosto de 2022, cuando ella trabajaba como consejera jurídica de la Presidencia de la República, firmó un comunicado oficial defendiendo que la prisión preventiva oficiosa debía mantenerse tal como está en la Constitución.

Según los denunciantes, al haber defendido esa postura en el pasado, la ministra tenía un prejuicio sobre el tema y no podría juzgar de manera neutral.

Decisión de la SCJN: Ríos González no está impedida

Tras analizar el caso y a propuesta de la ponencia del ministro Hugo Aguilar Ortiz, el Tribunal Pleno de la Corte decidió rechazar la petición radicada en el impedimento 60/2025 y confirmar que la ministra sí puede llevar el asunto.

Los magistrados basaron su decisión en tres puntos clave:

1. La Corte explicó que cuando Ríos González firmó aquel comunicado en 2022, lo hizo “cumpliendo sus funciones como funcionaria del gobierno federal, no a título personal”. Por lo tanto, no se considera que tenga un “interés personal” que afecte su juicio actual.
2. El comunicado de 2022 se refería a otros juicios (una acción de inconstitucionalidad y un amparo) que no tienen relación directa con el expediente que ahora debe resolver. El tema actual es definir cómo el Poder Judicial participará en la ejecución de la sentencia internacional, no discutir si la prisión preventiva es válida o no.
3. La Corte destacó que el comunicado cuestionado se publicó en agosto de 2022, cinco meses antes de que la Corte IDH emitiera su sentencia contra México (enero 2023) y mucho antes de que Ríos González fuera nombrada ministra. Es decir, era imposible que ella hubiera “prejuzgado” un expediente que ni siquiera existía en ese momento.

Previo a la votación del asunto, la ministra se abstuvo de intervenir en la votación del impedimento tramitado en su contra, en virtud de que la materia de estudio del asunto consiste precisamente en definir si estaba facultada o no para conocer del expediente sobre recepción de sentencias en tribunales internacionales 3/2023, que fue cursada a su ponencia.