Corte cita a víctimas del caso García Rodríguez, pero los separa y desaira; colectivo lamenta ‘desdén’ de ministros
Luego de que solicitaran una audiencia pública para debatir en torno a la figura de la prisión preventiva oficiosa, considerada como violatoria de derechos humanos por organismos internacionales, autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) citaron a las dos víctimas del caso García Rodríguez y otros vs México, pero al llegar al máximo tribunal del país los separaron y desairaron, según denunciaron sus abogados.
Por este motivo, el colectivo Pena Sin Culpa lamentó el ‘desdén’ de las ministras y ministros de la Corte para atender a las víctimas del caso y denunció que a cuatro meses de la solicitud de audiencia para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) aún no hay respuesta del máximo tribunal.
“Lamentamos la forma de conducirse de las y los ministros de la Suprema Corte hacia las víctimas, la falta de respuesta formal a la solicitud de audiencias, la selectividad y discrecionalidad para atender a personas que acuden al Máximo Tribunal y que, hasta ahora, un asunto de la mayor importancia para la justicia constitucional, objeto de una condena internacional, sea atendido con desdén”, denunció mediante un comunicado.
El desaire a García Rodríguez en la Corte
Desde el 9 de octubre de 2025, el colectivo Pena Sin Culpa solicitó al ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte, declarar impedidas a las ministras María Estela Ríos González y Jasmín Esquivel Mossa para conocer dos expedientes relativos al caso García Rodríguez vs México, por el que la CoIDH condenó al Estado mexicano al considerar que la Constitución viola derechos humanos por el uso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.
Ese mismo día, el abogado Simón Hernández León, representante del caso García Rodríguez, señaló que entre sus solicitudes también estaba una convocatoria a una audiencia pública con la Corte —nuevo esquema de participación ciudadana regulado por el máximo tribunal del país en septiembre—, que tiene por objeto realizar una convocatoria abierta a todos los sectores involucrados en el tema sobre la figura de la prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con el colectivo, en respuesta desde el pasado viernes 28 de noviembre, la Corte informó a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz —vía correo electrónico— que había sido aceptada su cita para el trámite de “comparecencias” del área de la Secretaría General de Acuerdos, organismo que depende directamente de la Presidencia de la Corte, encabezada por el ministro Hugo Aguilar.
De esta forma ambos fueron citados para ser recibidos en el edificio sede de la Suprema Corte a las 08:00 horas de este miércoles 3 de diciembre de 2025, bajo los folios de cita F202511543 y F202511544, respectivamente, aunque sin indicar el motivo específico de la reunión ni contemplar a su equipo legal.
A pesar de lo anterior, el día de hoy tanto Daniel García Rodríguez como Reyes Alpízar Ortiz acudieron puntualmente a la reunión, pero el primero no fue recibido.
“En el acceso fueron separados, solo se recibió a Reyes Alpízar. Por su parte, Daniel García no fue recibido y se retiró después de una hora. A cuatro meses de haber hecho solicitudes formales para audiencias personales, las y los ministros no han aceptado recibir a las víctimas de este caso y escucharles para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana”, denunciaron miembros de su equipo legal.
Incluso, Daniel García Rodríguez redactó un escrito para dejar constancia que autoridades de la Secretaría General de Acuerdos no lo habían recibido:
“C. Titular de la Secretaría General de Acuerdos. Quien suscribe, Daniel García Rodríguez, le informa que de acuerdo con la cita que me fue asignada con número de folio F202511543 con código de acceso uH4h8ecD, a las 8 de la mañana del día de hoy tres de diciembre, nadie me atendió. La puerta estuvo cerrada hasta las 8:55, por lo que me retiré”, se puede leer en el documento que fue sellado por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte.
Por su parte, a Reyes Ortiz se le indicó que el objeto de la cita era formular alegatos en el marco del impedimento 60/2025, – relativo a la ministra Estela Ríos a quien le fue turnado el Expediente de Cumplimiento de Sentencia Internacional 3/2023– , quien a consideración de los abogados del caso debe excusarse de proyectar el asunto porque en 2022, como Consejera Jurídica de la Presidencia, pidió a la Suprema Corte mantener la figura de prisión preventiva oficiosa y con ello, incumplir la sentencia interamericana.
Colectivo denuncia que Corte continúa postergando cumplimiento de sentencia de la CoIDH
Por este motivo, el Colectivo Pena sin Culpa emitió un comunicado en el que lamentó que a dos meses de haber solicitado audiencias personales con el ministro presidente, Hugo Aguilar, y con las y los integrantes del Pleno de la Corte, no haya sido atendida esta solicitud, que tiene por objeto que escuchen de manera directa a las víctimas del caso García Rodríguez y Alpízar Ortiz vs México.
En dicho caso, la Corte Interamericana determinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la privación de la libertad por más de 17 años de ambas víctimas, un proceso judicial de 20 años sostenido con pruebas bajo tortura, las cuales no fueron excluidas y que la investigación sobre los autores materiales e intelectuales del Estado no hubiera avanzado en dos décadas.
El colectivo Pena Sin Culpa también aseguró que la promesa de una “justicia abierta al pueblo” se ve comprometida en el ‘trato desinteresado mostrado hasta ahora’, pero indicaron que Daniel García y Reyes Alpízar, así como el equipo de Pena sin Culpa, continuarán evidenciando la actuación ‘arbitraria’ del Estado mexicano ante las instancias internacionales.
Más de 4 meses sin responder petición de audiencia con ministras/os de @SCJN para cumplir sentencia de la @CorteIDH sobre #PrisiónPreventivaOficiosa; hoy no se recibió a Daniel García.@HugoAguilarOrti@YasminEsquivel_@Giovanni_F_M@AristidesRodri@LeniaBatres@lorettaortiza pic.twitter.com/uypli7Bi1j
— Colectivo Pena Sin Culpa (@penasinculpa) December 3, 2025
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El párroco de Maryland ha accedido a ser el tutor en reserva de los hijos de varios de sus feligreses. Ante las redadas migratorias, cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos amigos o personas cercanas decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
De un día para otro el padre Vidal Rivas podría encontrarse a cargo de un bebé de 12 meses o de un adolescente de 17 años, a quien tendría que acoger en casa, alimentar, vestir y guiar hasta que termine el instituto.
También podría tener que encargarse de los trámites para que varios niños puedan volar al país de origen de sus padres y de acompañarlos hasta que se reúnan con ellos.
Y es que este carismático sacerdote, quien encabeza la parroquia episcopal de San Mateo en Hyattsville (Maryland, Estados Unidos), se comprometió a asumir la tutela temporal de 26 menores en caso de que sus padres sean deportados.
“Es una responsabilidad muy grande, que cambiaría completamente la vida de mi familia”, le reconoce a BBC Mundo. “Tanto mi esposa como yo somos conscientes de ello, sabemos lo que implica”.
Desde el inicio del segundo gobierno de Donald Trump, quien asumió la presidencia en enero con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación en la historia del país”, son muchos los migrantes indocumentados que se han apresurado a dejarlo todo atado por si son detenidos y expulsados.
Y han buscado en su entorno más cercano a figuras de confianza como el padre Rivas para que se ocupen del cuidado de sus hijos cuando no estén.
Es parte de lo que organizaciones y especialistas legales llaman un “plan de preparación familiar”, algo que cada vez más hogares con situaciones migratorias mixtas –con al menos uno de sus miembros indocumentado— están haciendo.
“Implica tener conversaciones incómodas y tomar decisiones dolorosas, pero ser precavido facilita las cosas a la hora de lidiar con una emergencia y con sus consecuencias”, le dijo a BBC Mundo Kristina Lovato, directora del Centro de Inmigración y Bienestar Infantil (CICW) de la Universidad de California en Berkeley.
“Mi hija no quedará en un limbo”
Hoy por hoy hay más de seis millones de hogares en condiciones migratorias mixtas en EE.UU., cerca del 5% del total, según cifras del centro de investigación Pew.
Y de acuerdo con los datos que maneja el CICW, al menos uno de los progenitores de 5,9 millones de niños no cuenta con papeles.
A eso hay que sumar los más de 500.000 que tienen padres amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa de la era Obama que los expertos aseguran que hoy se está “socavando”, y por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que el actual gobierno busca revocar para ciudadanos de varios países.
Desde el inicio del año hasta septiembre, más de 400.000 personas habían sido deportadas, de acuerdo a las cifras más recientes hechas públicas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Y para el 16 de noviembre — los últimos datos oficiales– el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantenía en centros de detención de todo el país a 65.135 personas, la mayor cantidad reportada por la agencia desde su creación en 2003.
De los arrestados, el 48% no contaba con ningún cargo o condena penal en EE.UU. y permanecían en custodia por violaciones civiles de las leyes de inmigración estadounidenses.
La situación actual está impactando la moral de los feligreses de la iglesia de San Mateo, asegura su párroco.
Y es que el municipio al que pertenece, Hyattsville, un suburbio de Washington DC donde más del 40% de sus casi 21.000 residentes son latinos y un tercio nacieron en otro país, no se ha librado de las detenciones.
“La gente tiene demasiado miedo, aunque decir eso es poco. Es más bien terror a salir e incluso a estar en el templo”, subraya el padre Rivas, quien siendo oriundo de El Salvador, llegó a EE.UU. en 1998.
“Yo mismo soy inmigrante, y aunque vine con residencia por los sacerdotes que me trajeron a trabajar a este país, he visto el dolor de mi pueblo (durante la guerra civil salvadoreña, 1980-1992) y ahora lo veo aquí, miro a las personas cada día en sufrimiento”, señala.
Ante ello, el cura y miembros de su parroquia decidieron tomar acciones para que los fieles y la comunidad en general se sintieran más seguros.
Ahora los servicios religiosos son a puerta cerrada y varios voluntarios custodian la entrada y vigilan los alrededores.
También empezaron a animar a los devotos a que se preparen para cualquier eventualidad migratoria y busquen guardianes temporales para sus hijos, algo contemplado en la legislación estatal.
“Al hacerlo, descubrimos que muchas familias no tienen miembros con residencia (permanente o green card) o ciudadanía estadounidense. Es muy triste ver que no encuentran a nadie, les entra mucha desesperación”, se lamenta Rivas.
“Es ahí donde tuvimos que enseñarles a buscar a personas de confianza que pudieran servirles de tutores”, explica.
Como tantos otros, Mimi, una mujer indocumentada de 40 años y madre soltera de una adolescente de 16, encontró esa figura en el propio Rivas.
“Pasé muchos días y noches pensándolo. Y aunque fue una decisión muy difícil, sé que es la mejor”, le dice a BBC Mundo.
Asegura sentirse aliviada de saber que, si la deportaran, su hija no quedaría “en un limbo”. “Que pueda venir un trabajador social y llevársela, que quede en manos del gobierno y que la den en adopción” sería su mayor pesadilla, explica la mujer, cuyo nombre real y nacionalidad obviamos para proteger su identidad.
Lo que Mimi acordó con el padre Rivas es que se encargue de todo lo necesario para que la menor, diagnosticada en el espectro autista, se reúna con ella en su país de origen.
“Me gustaría que mi hija siguiera estudiando, que terminara sus estudios, pero por la situación nunca nos hemos separado y no creo que quiera estar sin mí”.
Ese es el encargo que Rivas recibió de algunos de los padres de los otros 25 menores para quienes se prestó como tutor temporal. Otros le pidieron que sus hijos se queden en EE.UU. al menos hasta terminar el instituto.
Hasta seis meses y revocable
Para que eso sea posible y esté amparado por la ley, todos ellos rellenaron y firmaron un formulario de designación parental para el inicio de la tutela de reserva.
“Es la ampliación de una figura legal que existe en Maryland desde la epidemia del sida en los 70”, le explica a BBC Mundo Cam Crockett, una abogada especializada en derecho de familia que lleva 40 años ejerciendo en el estado y fue una de las impulsoras de la actual ley de tutela de emergencia.
Desde que el Congreso estatal la aprobara por unanimidad en mayo de 2018, además de para casos de incapacidad mental o debilitamiento físico, permite a un adulto designar a un tutor en reserva para sus hijos por si fuera detenido por las autoridades migratorias o deportado.
“Se activa una vez ocurre la emergencia y dura seis meses, aunque los padres pueden revocarla en cualquier momento”, explica Crockett.
Los progenitores, quienes no pierden la patria potestad, dejan especificado en el formulario qué puede el tutor hacer en su nombre: desde inscribir a los menores en la escuela o ingresarlos en un hospital, hasta reservar vuelos y hoteles para ellos, recibir fondos o tomar decisiones financieras.
“Lo que les sugerimos es que piensen muy bien antes de elegir al potencial tutor, ya que puede que este tenga que acudir a un tribunal, o tomar un vuelo a otro país”, explica la abogada.
Y si quisieran que la situación se extendiese más allá de los 180 días, tendrían que buscar una tutela más permanente o valorar una custodia por terceros, para lo que la experta recomienda consultar el caso concreto con abogados.
Cambios de estado a estado
Sin embargo, la tutela en reserva no existe como tal en todas las legislaciones estatales de EE.UU.
“Por eso es muy importante que los interesados reciban un buen asesoramiento legal, del estado en el que viven, porque las leyes cambian estado a estado”, remarca Sharon Balmer Cartagena, la abogada que dirige el Proyecto de Defensa de la Infancia, Juventud y Familia de la organización Public Counsel.
“Porque hay muchos grupos, también online, en los que la gente aconseja sobre este tema, pero un consejo muy bueno en Texas podría ser uno muy malo en California”.
Por ejemplo en California, donde ejerce Balmer Cartagena, la tutela temporal no existe.
Allí la tutela otorga al designado la custodia legal y física total del niño y, para recuperar la patria potestad, los padres deben solicitarlo ante el juez, quien será el que decida cuál es la mejor opción para el menor.
“Puede ser una buena alternativa si los padres se sienten cómodos con el hecho de que la persona designada se convierta prácticamente en la progenitora de sus hijos”, señala la especialista.
“Pero ¿qué pasa si el tutor, digamos un primo, decide que ya no es beneficioso para el menor que tenga contacto con sus padres? Estaría en su derecho de así decidirlo”, prosigue.
“La tutela es para niños que van a quedarse con otra persona de forma permanente. A quienes quieran que sus hijos se reúnan eventualmente con ellos (en el país de origen) no se la recomendamos; ellos deberían optar por una declaración jurada de autorización de cuidadores”, explica.
Es por medio de ese acuerdo, más sencillo, que cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos o amigos decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
Balmer Cartagena reconoce que, cuando hacen presentaciones en la comunidad sobre cómo hacer un plan de preparación familiar, son muchos les dicen no tener a nadie en EE.UU. que pueda cumplir con ese rol.
“Lo que hacemos es animarlos a pensar de forma más amplia, porque hemos tenido casos en los que una maestra o la familia para la que nuestra clienta trabajaba de cuidadora los apoyaron brevemente para facilitar la reunificación tras una deportación”.
Más conciencia y preparación
Así como Public Counsel, otros grupos, voluntarios y activistas de prácticamente todos los estados del país llevan meses ofreciendo talleres sobre cómo preparar un plan de emergencia familiar y sesiones divulgativas bajo el título de “Conoce tus derechos”, donde insisten a los asistentes en que pueden retener información personal y negarse a firmar cualquier documento, reparten volantes y ofrecen asistencia legal por teléfono.
También reparten la “tarjeta roja“, disponible en 19 idiomas, que recuerda a los inmigrantes sus derechos constitucionales y resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del ICE.
Y patrullas comunitarias recorren barrios y presencian redadas para asegurarse de que se cumplen todos los protocolos o para documentarlas en caso de que se estos se violen. Videos captados por estos voluntarios aparecen en las redes sociales a diario.
Funcionarios de la administración Trump han arremetido contra estas ONGs y voluntarios, alegando que lo que hacen es “ayudar” a los inmigrantes sin residencia legal a “desafiar” a los agentes del ICE y a “esconderse”.
“Ellos le dicen ‘Conoce tus derechos’, yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto'”, dijo en su momento Thomas D. Homan, nombrado “zar de la frontera” por Trump y quien está al frente de las operaciones de deportación.
Sea como fuere, en todo este esfuerzo encaja también una cada vez mayor conciencia de la necesidad de tener que anticiparse y tener listo, sobre todo, un plan que incluya el cuidado infantil.
“Ha habido una campaña relativamente exitosa en la comunidad inmigrante, y cuando hablo con mis clientes, me encuentro con preguntas más reflexivas y matizadas, porque las cuestiones básicas ya las conocen”, le dijo en marzo a BBC Mundo Kate Lincoln-Goldfinch, una abogada de inmigración que ejerce en la zona central del estado de Texas.
“Toda persona indocumentada necesita consultar su situación con un abogado de inmigración”, subraya, y estar bien preparado por si se da una emergencia. “Porque cuando hay una detención, es como en un incendio: nadie tiene tiempo para pensar y después actuar”, explicó.
“Así que es vital tomarse el tiempo de antemano, por muy desagradable que sea, de pensar en quién va a recoger a los niños; si la escuela tiene las autorizaciones que necesita; si hemos juntado los documentos en una carpeta, incluida la información sobre cuentas bancarias; si sabemos dónde están las llaves del coche y el seguro… Y tener todo eso claro y en un mismo lugar para que alguien que lo necesite pueda venir a recogerlo y manejar nuestras vidas por nosotros”, zanjó.
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