Blindan al nuevo fiscal anticorrupción de Tamaulipas: no podrá ser removido por el gobernador, determina la Corte
Por unanimidad de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) blindó al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Tamaulipas de cualquier intento de remoción por el gobernador de la entidad, al señalar que este funcionario público cuenta con una protección especial que impide su destitución.
Así lo señaló al resolver la acción de inconstitucionalidad 219/2023, por la cual la Suprema Corte también estableció que, aunque las reformas aprobadas por el Congreso local a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado son válidas en lo general, el artículo que permite al gobernador remover a los fiscales por “causas graves” no es aplicable al Fiscal Anticorrupción.
De esta forma, la nueva Corte blindó al morenista Andrés García Repper Favila, recién nombrado titular de la Fiscalía Anticorrupción del estado, señalando que solo puede ser removido por juicio político o por proceso de desafuero.
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El blindaje constitucional a Repper
El punto medular de la sentencia, que fue propuesta por la ponencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, se centró en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el cual enlista motivos por los que se puede destituir a los titulares de las fiscalías, tales como ser vinculado a un proceso penal, no aprobar exámenes de control de confianza o cometer faltas administrativas.
Sin embargo, la Corte concluyó que aplicar este artículo al Fiscal Anticorrupción sería inconstitucional, al asegurar que la Constitución de Tamaulipas otorga a este funcionario un régimen exclusivo.
Por ejemplo, a diferencia de otros fiscales, el titular de Anticorrupción no es propuesto por el Fiscal General, sino elegido por el Congreso mediante convocatoria pública.
Además, la Constitución local establece explícitamente que este funcionario solo puede ser removido mediante un juicio político o declaración de procedencia (desafuero), procedimientos que requieren mayorías calificadas en el Congreso y, en su caso, la intervención del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad.
Por lo tanto, la Corte sentenció que el mecanismo de remoción aprobado en la ley secundaria, que es más sencillo y depende del Ejecutivo, no puede utilizarse contra el Fiscal Anticorrupción.
La figura de Andrés Repper ha sido polémica debido a que tras figurar como representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) y luego ante el Instituto Nacional Electoral (INE), formó parte del Comité de Evaluación del Poder Legislativo durante el proceso de la implementación de la reforma judicial, un proceso por el que fueron removidos ministros, magistrados y jueces del país.
Además, a pesar de tener afinidad por el partido en el poder, durante ese proceso judicial también intentó ser magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial de Tamaulipas, aunque perdió por la vía electoral, y más tarde integrante del Órgano de Administración Judicial del mismo estado.
La Corte deja pasar irregularidades en la legislación
Además de definir el estatus del Fiscal, la Suprema Corte analizó la forma en que se aprobaron las reformas. Un grupo de diputados de oposición había impugnado el Decreto 65-677, argumentando irregularidades como fallas en el turno a comisiones y la falta de consulta a la sociedad civil.
Así, si bien la Corte reconoció que existieron algunas inconsistencias en el trámite legislativo, determinó que estas no fueron lo suficientemente graves para invalidar la votación, ya que se respetó la participación de las distintas fuerzas políticas y el debate democrático.
La sentencia también aclaró que ya no era necesario discutir la creación de las “vicefiscalías” adscritas a la Fiscalía Anticorrupción, otro de los puntos polémicos de la demanda original.
Esto se debe a que, en noviembre de 2024, se publicó un nuevo decreto (66-68) que eliminó dichas figuras de la estructura orgánica, por lo que esa parte de la queja fue desestimada por haber cesado sus efectos.
Con esta resolución, la Corte validó la Ley Orgánica de la Fiscalía de Tamaulipas, pero bajo la condición estricta de que sus normas de remoción no afecten al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
