
Daniel García Rodríguez, víctima del caso García Rodríguez vs México, e integrantes del Colectivo “Pena Sin Culpa” se reunieron este martes con el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para solicitar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que ordenó eliminar del marco jurídico mexicano la figura de la prisión preventiva oficiosa.
El encuentro respondió a una solicitud realizada por el colectivo desde el pasado mes de agosto, en la cual pidieron un espacio de diálogo con la nueva administración del Máximo Tribunal para exponer sus inquietudes sobre la prisión preventiva oficiosa en México, una figura criticada por ser violatoria de derechos humanos.
Durante la reunión, el equipo de “Pena sin Culpa” presentó una serie de solicitudes específicas para avanzar en la agenda de justicia y derechos humanos, entre las que se incluyeron retomar el análisis del amparo directo 5/2025 y del expediente de cumplimiento de sentencia internacional 3/2023, los cuales se encuentran actualmente en la Corte.
Además, pidieron al Pleno de la Corte que “atienda de manera objetiva” la valoración de los posibles impedimentos tramitados en contra de las ministras Estela Ríos y Yasmín Esquivel en este proceso.

El colectivo también recordó la solicitud de la realización de audiencias públicas sobre la prisión preventiva oficiosa, proponiendo que en estas sesiones se escuche a familiares de personas privadas de la libertad, a procesados bajo esta medida, así como a universidades, colegios de abogados y organismos internacionales.
Durante la reunión estuvieron presentes integrantes del equipo de trabajo del ministro Hugo Aguilar, incluyendo a la coordinadora de asesores de la presidencia y el coordinador de la ponencia, mientras que en representación del colectivo acudió Daniel García Rodríguez acompañado por un equipo legal conformado por los abogados Simón Hernández León, David Pena Rodríguez, Leslie Valencia González y la abogada e hija de la víctima, Aribel García Pérez.

De esta forma, el colectivo reconoció la apertura del ministro Aguilar para mantener una política de puertas abiertas, después de la separación y el desaire del que fueron víctimas en días pasados por parte de autoridades de la Suprema Corte, y expresó su esperanza de que las y los ministros acepten las reuniones solicitadas para escuchar directamente a Daniel García y Reyes Alpízar, quienes han luchado por demostrar su inocencia y denunciar la fabricación de delitos y los efectos nocivos de la prisión preventiva oficiosa ante instancias internacionales.