El presidente Donald Trump acusó que los cárteles de la droga tienen una “alianza intolerable” con el gobierno de México, lo que les ha permitido operar y continuar con la fabricación y el transporte de sustancias como el fentanilo, que han causado una crisis de seguridad y salud en Estados Unidos.
Bajo estos argumentos, el mandatario norteamericano justificó la imposición de aranceles del 25% a productos mexicanos e incluyó a Canadá, el otro socio del TMEC y a China, su principal rival económico.
“Las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México que además ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles”, dice la justificación publicada por la Casa Blanca.
En el caso de Canadá, el gobierno norteamericano dijo que en su territorio hay una creciente presencia de cárteles mexicanos que operan laboratorios de síntesis de fentanilo y nitazeno. “Un estudio reciente reconoció la mayor producción interna de fentanilo en Canadá y su creciente presencia en la distribución internacional de narcóticos”.
Mientras que alegaron que las autoridades chinas no han tomado las medidas necesarias para frenar el flujo de precursores químicos a cárteles criminales conocidos y acabar con el lavado de dinero por parte de organizaciones criminales transnacionales.
Trump señaló que estas medidas buscan responsabilizar a México, Canadá y China por su incumplimiento en la lucha contra las drogas, asegurando que el acceso al mercado estadounidense es un privilegio que debe garantizar la seguridad del país.
“Las administraciones anteriores no aprovecharon al máximo la posición económica de Estados Unidos como herramienta para asegurar nuestras fronteras contra la migración ilegal y combatir el flagelo del fentanilo, prefiriendo dejar que los problemas se agraven”, criticó Trump.
Trump mencionó también que si bien el comercio representa el 67% del PIB de Canadá, el 73% del PIB de México y el 37% del PIB de China, representa solo el 24% del PIB de Estados Unidos. Y señaló como noticias falsas que la economía norteamericana vaya a resultar severamente afectada.
En la publicación de la Casa Blanca, se hizo mención a un estudio de 2024 sobre los efectos de las tarifas impuestas en la primera administración de Trump el cual supuestamente concluyó que “fortalecieron la economía” y “condujeron a una relocalización significativa en industrias como la manufactura y la producción de acero”.
Con la firma de estos decretos, Trump busca detener el ingreso de inmigrantes irregulares y drogas.
El mandatario argumentó que las políticas de la Administración Biden provocaron la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos y mencionó que la llegada de migrantes ha causado violencia, sobrepoblación y ha dañado su sistema de bienestar social.
“El flujo sostenido de inmigrantes ilegales tiene consecuencias profundas en todos los aspectos de nuestra vida nacional: satura nuestras escuelas, reduce nuestros salarios, reduce nuestra oferta de viviendas y aumenta los alquileres, sobrepobla nuestros hospitales, agota nuestro sistema de bienestar social y causa delitos. Pandillas, contrabandistas, traficantes de personas y drogas ilegales y narcóticos de todo tipo están cruzando nuestras fronteras y llegando a nuestras comunidades”, dijo.
Tras el anuncio de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al rechazar que el gobierno mexicano tenga nexos con el crimen organizado y, por el contrario, señaló que estas alianzas sí existen pero con armerías norteamericanas.
“Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año”.
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La mandataria rechazó cualquier “actitud injerencista en nuestro territorio” y mencionó que pondrán en marcha un plan que incluye el establecimiento de aranceles para Estados Unidos. Además, invitó a Trump a dialogar y a establecer mesas de trabajo como ya se había estado haciendo con el Departamento de Estado.
Agregó que durante sus cuatro meses de gobierno se han asegurado más de 40 toneladas de drogas, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de diez mil personas. Y reclamó que Trump no ha combatido la venta de estupefacientes en sus principales ciudades ni el lavado de dinero por estas actividades ilegales.
“También podría iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes, como lo hemos hecho en México. El consumo y la distribución de drogas está en su país y ese es un problema de salud pública que no han atendido. Además, la epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos, tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo, autorizados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) como lo demuestra el juicio contra una farmacéutica”.
En su respuesta, la mandataria aseguró que no busca confrontación, sino diálogo y colaboración pero que la soberanía no será negociable.
“México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí; subordinación, no”.
Es la iniciativa que el gobierno de Xi Jinping lanzó en 2013 y desde entonces se han sumado más de un centenar de países, pero Panamá decidió ahora retirarse.
Panamá no renovará el acuerdo entendimiento que firmó con China en 2017 en el marco de la llamada Ruta de la Seda.
La medida fue anunciada el domingo por el presidente José Raúl Mulino horas después de reunirse con el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio.
Rubio había exigido “cambios inmediatos” sobre el Canal de Panamá, ante lo que dijo era “la influencia y el control del Partido Comunista Chino”.
El Canal de Panamá es una ruta comercial vital que maneja el 6% de todo el tráfico marítimo mundial.
La visita de Rubio a Panamá se produce tras más de un mes de tensiones diplomáticas después de que el presidente Trump manifestara su intención de recuperar el control del Canal.
Tras su reunión con Rubio el presidente Mulino no hizo mención a su decisión de no renovar el acuerdo con China.
“Fue un encuentro muy tranquilo y respetuoso”, dijo, y agregó: “Queremos trabajar con Estados Unidos como siempre lo hemos hecho”.
El llamado memorándum de entendimiento de la Ruta de la Seda fue firmado entre Panamá y China en noviembre de 2017, bajo el gobierno del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019).
Panamá se convirtió así en el primer país latinoamericano que se incorporaba a la iniciativa, que es emblema del gobierno de Xi Jinping, y que consiste en una ola de fondos chinos para grandes proyectos de infraestructura en todo el mundo.
Al igual que la antigua ruta comercial marítima, la Nueva Ruta de la Seda tiene como objetivo vincular a China con Europa, Medio Oriente, África y América Latina.
Xi lanzó la iniciativa en 2013, y desde entonces se han sumado más de un centenar de países.
Y el conocimiento y dinero chinos se han esparcido por el mundo, principalmente en la construcción de puentes, carreteras, puertos comerciales, centrales eléctricas y proyectos de telecomunicaciones.
Al comienzo, América Latina quedó fuera del mapa oficial de la iniciativa, pero tras el acuerdo alcanzado con Panamá varios países de la región se fueron sumando a la misma mediante memorandos de entendimiento.
Hasta ahora 21 países latinoamericanos se han unido a la Ruta de la Seda, incluidos incluidos Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Perú, Nicaragua y Argentina.
Los memorandos ya se tradujeron en proyectos e infraestructuras concretas en la región.
En Ecuador, la reconstrucción del aeropuerto internacional “Eloy Alfaro”, en la ciudad de Manta -que se vio afectado por el terremoto de magnitud 7,8 en abril de 2016- se llevó a cabo con capital chino.
Ecuador recibió un crédito por US$20,7 millones de un banco chino, y un aporte del Estado ecuatoriano de US$4,5 millones, según la agencia china Xinhua.
Un consorcio chino también construye dos puentes en las localidades de Canuto y Pimpiguasí, todas ellas en la provincia de Manabí, en el occidente del país.
En Perú el propio presidente Xi Jinping asistió a la inauguración del megapuerto de Chancay en 2024.
El complejo portuario, a unos 70 kilómetros al norte de Lima, se inauguró con grandes expectativas de los gobiernos peruano y chino y de los sectores económicos potencialmente beneficiados.
Se trata de un gigantesco proyecto liderado por Cosco Shipping Company, empresa estatal china dedicada al transporte marítimo, con una inversión total prevista de US$3.400 millones, para construir un complejo de 15 muelles, oficinas, servicios logísticos y un túnel de 2 kilómetros de largo para dar salida a la carga.
Cabe destacar, sin embargo, que aún sin la Ruta de la Seda, China lleva más de una década siendo un actor protagonista en las inversiones América Latina, donde sus bancos de desarrollo han prestado más de US$150.000 millones en los últimos 15 años.
El objetivo de China con su iniciativa es acelerar la llegada de sus productos a mercados más lejanos.
China ya ha financiado trenes, carreteras y puertos, y las empresas de construcción chinas han obtenido contratos lucrativos para conectar puertos y ciudades, financiados por préstamos de bancos chinos.
Se espera que la iniciativa implique un total de US$1 billón en inversiones.
Pero para los críticos, la Nueva Ruta de la Seda no solo representa un audaz aumento de la influencia geopolítica y estratégica de China, sino también el endeudamiento de los países receptores.
Desde 2023, el derroche sin precedentes de infraestructura de China ha inyectado dinero a casi 150 países de todo el mundo.
Los resultados no siempre han sido beneficiosos: muchos proyectos quedaron sin terminar y muchos países en desarrollo que se adhirieron a la generosidad de Beijing se encontraron agobiados por la deuda.
Ahora, igual que el resto del mundo, América Latina se prepara para cuatro años difíciles, y si Estados Unidos y China inician una guerra comercial de gran escala, la región corre el riesgo de quedar atrapada en el fuego cruzado.
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