Argentina: expertos analizan cómo las decisiones del presidente Milei agravaron los incendios en la Patagonia
Los incendios en la Patagonia argentina no dan tregua. El fuego aún ilumina el cielo nocturno de muchas regiones de la provincia de Chubut. Así, las llamas avanzan y también las críticas a la gestión ambiental del presidente Javier Milei. Expertos detectan las decisiones erróneas del Gobierno, que, aseguran, permitieron la crecida de los incendios.
Una de las más cuestionadas es la decisión tardía de declarar zona de desastre y emergencia en cuatro provincias de la Patagonia. Además, el recorte de recursos económicos para estas tareas es otra crítica a la administración de Milei. Solo en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén los incendios arrasaron al menos 230 mil hectáreas en lo que va del año, según la agencia AP.
Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explicó a Mongabay Latam que los incendios forestales en la Patagonia y otras regiones todavía persisten, aunque la situación crítica ya pasó en algunas zonas.
Napoli dijo que la declaratoria de desastre y de emergencia decretada por Milei el 30 de enero “llegó tarde” y que los fondos económicos para el manejo del fuego fueron derogados por el Gobierno argentino, lo que agravó la tragedia ambiental. “Cuando desaparecen esos fondos del presupuesto, lo que hay que hacer es buscar otros fondos. Esa es una manera muy compleja de abordar el tema. El nuevo presupuesto de 2026 asigna un 71 % menos del presupuesto que se tenía en 2025 para el manejo del fuego”, afirmó.
El director de FARN también sostuvo que la gestión de Milei, al negar el cambio climático inducido por la actividad humana, quiebra la labor de instancias dedicadas a favor del medioambiente. Puso como ejemplo el descenso de categoría del extinto Ministerio de Ambiente, que pasó a ser una subsecretaría de Estado, y la reducción de personal en áreas protegidas. “Hace dos años, el manejo del fuego estaba en la órbita del Ministerio de Ambiente; ahora está en la órbita del Ministerio de Criminalidad y Seguridad. Todo eso va dando una idea de hacia dónde apuntan las políticas públicas ambientales. Lo que está sucediendo con los incendios es una cadena de consecuencias”, afirmó Napoli.
Además de la declaración de emergencia por el plazo de un año, Milei dispuso el envío de fondos especiales por 100 millones de pesos (alrededor de 70 mil dólares) para que sean utilizados para combatir los incendios. Pero esto llegó luego de los recortes iniciales. Por eso, existen reclamos por parte de autoridades de las provincias afectadas y de comunidades que denuncian fuertes recortes en los presupuestos de las agencias federales encargadas de prevenir y combatir el fuego.
La provincia de Chubut se convirtió en uno de los epicentros de la tragedia ambiental. En Puerto Patriada, cerca de la frontera con Chile, el fuego iniciado a comienzos de enero ya consumió más de 25 mil hectáreas. Otra zona afectada es el Parque Nacional Los Alerces, donde el incendio comenzó en diciembre tras el impacto de un rayo y dañó al menos 13 mil hectáreas, según medios locales.
Críticas a la gestión ambiental de Milei por falta de prevención de incendios
Varias organizaciones ambientalistas advirtieron que estos incendios no son fenómenos aislados, sino consecuencia de decisiones humanas estructurales y de una respuesta estatal deficiente frente a la crisis climática.
José María Musmeci, director de la Fundación Patagonia Natural, consideró que la declaratoria de desastre y emergencia emitida por el Gobierno argentino “no significó ningún aporte especial a la lucha contra el fuego” y culpó del escenario ambiental a Milei por “quitar” el 70 % de presupuesto al Plan Nacional de Fuego, al igual que señaló Nápoli.
“Faltó la decisión de mitigar, adaptar, prevenir, equipar, instruir y dedicar más recursos y mentes al tema, por lo tanto, [también] inversión y coordinación con las provincias. La declaración de emergencia surgió cuando ya habíamos perdido 40 mil hectáreas solo en la provincia de Chubut”, afirmó a Mongabay Latam.
Sobre la decisión del Gobierno de Milei de intervenir el Parque Los Alerces, el experto recalcó que esa decisión le pareció “incomprensible” y consideró que es “más una medida de esas que muestran que ‘el hilo se corta por lo más delgado’”, ya que la intervención implica desplazar a las autoridades del parque nacional en lugar de rever la política a nivel nacional.
Ariel Slipak, coordinador del área de Investigación de FARN, afirmó que la Ley 25.054 establece montos ya establecidos para el manejo del fuego en caso de que sucedan tragedias ambientales, como los incendios. “Lo que hizo la resolución del Gobierno argentino fue sencillamente dar el paso administrativo para la asignación de esos fondos que ya estaban en el presupuesto; no le dio absolutamente ningún peso adicional al Servicio Nacional de Manejo del Fuego ni a las asociaciones de bomberos”, explicó.
El Gobierno de Argentina publicó la semana pasada la resolución 91/2026, que establece el destino de 108 mil millones de pesos argentinos (que equivale a 76 millones 260 mil 214 dólares) para asociaciones de bomberos voluntarios. Según Slipak, en la comunicación oficial no se aclaró que esta resolución se publica todos los años —por lo general en marzo— y que corresponde a una obligación del Estado argentino en el marco de la ley.
Presupuesto deficiente para el manejo y combate del fuego
Este financiamiento, dijo Slipak, “se sostiene a partir del 22 % del producto del impuesto interno a las primas de la totalidad de los seguros” que se contratan en el país y la distribución de ese presupuesto se encuentra determinada en la misma ley. “Lo que hizo la resolución del Gobierno fue sencillamente dar el paso administrativo para la asignación de esos fondos que ya estaban en el presupuesto”, detalló el experto.
El Gobierno argentino también dijo que está considerando retirarse del Acuerdo de París, el principal pacto climático del mundo, siguiendo el ejemplo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un aliado cercano de Milei, quien ya abandonó el acuerdo. Mongabay Latam se comunicó con la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y con el Ministerio de Seguridad para conocer su postura frente a las críticas de los expertos, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.
“Seguir negando o subestimando los efectos del cambio climático, sobre el que la ciencia y el movimiento ecologista vienen advirtiendo desde hace tiempo, es una irresponsabilidad política que pagaremos con los bosques y las viviendas“, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, en un comunicado publicado por la organización en sus redes sociales.
La problemática de los incendios en la Patagonia argentina también llegó al Congreso. Varios legisladores impulsan iniciativas con el fin de endurecer penas a los responsables de las quemas, como la que se inició en un sector de Chubut, que es investigada por la Justicia.
La diputada nacional Marcela Pagano, del partido Coherencia y exaliada de Milei, es una de las legisladoras que busca modificar el Código Penal para aquellos que provoquen el fuego en bosques nativos o implantados, montes, selvas, áreas rurales, pastizales, humedales u otros ecosistemas naturales.
La iniciativa de Pagano busca elevar las penas de cinco a 15 años y de diez a 20 años de prisión —en caso de agravantes— para aquellos que inicien incendios que afecten bosques nativos protegidos por la Ley de Bosques, que el Gobierno de Milei desfinanció mediante un ajuste previsto en el presupuesto de 2026. En el caso de los incendios producidos por imprudencia, se elevarían las penas de tres a diez años de cárcel.
El diputado Sergio Capozzi, de la agrupación Provincias Unidas, presentó un proyecto similar, que también eleva las penas y prevé la inhabilitación especial para quienes provoquen incendios que produzcan la destrucción o un peligro común para bienes jurídicos, personas, comunidades o el ambiente.
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Casi 12 horas después de que dejara la celda donde permanecía, el opositor fue capturado nuevamente por hombres armados, denunció su familia. La fiscalía anunció su nuevo arresto por “incumplimiento de las condiciones impuestas”.
Casi 12 horas después de que fuera excarcelado en Venezuela, el opositor Juan Pablo Guanipa ha sido “secuestrado” por “un grupo de personas armadas”, según denunció su hijo Ramón Guanipa en redes sociales.
“Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas (…). Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación”, decía el mensaje que fue publicado en la cuenta oficial de X del opositor.
A la denuncia se sumó rápidamente María Corina Machado, líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, quien también publicó un mensaje de alerta en su cuenta de X:
“Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”.
Primero Justicia, el partido de Guanipa, también publicó un mensaje en X diciendo que su líder había sido “secuestrado por cuerpos represivos de la dictadura” y hacían responsables a “Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello de cualquier daño contra la vida de Juan Pablo”.
Poco después, la Fiscalía de Venezuela emitió un comunicado en el cual confirmó que el opositor había sido aprehendido nuevamente a solicitud suya.
“Se ha solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas”, se lee en el escrito, en el cual no se aclara dónde se encuentra el político.
Aunque no se han informado las condiciones impuestas a Guanipa para excarcelarlo, en la mayoría de los casos los jueces venezolanos prohíben a los beneficiarios de estas medidas realizar declaraciones a los medios o a través de sus redes sociales, algo que el opositor hizo.
La Fiscalía también agrega que había solicitado al tribunal que pasara “a un régimen de detención domiciliaria”.
La excarcelación
Juan Pablo Guanipa, de 61 años y cercano a María Corina Machado, había sido excarcelado horas antes tras pasar ocho meses en prisión.
Fue su hijo Ramón, quien también confirmó esa noticia en su cuenta de X hacia el mediodía hora local: “Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos”.
Al poco tiempo se conoció un video del mismo Guanipa, ya fuera de su celda, en el que se dirigió a sus seguidores:
“Aquí estamos saliendo en libertad después de año y 10 meses escondido, casi nueve meses aquí detenido, hoy, estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar del presente y futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”.
Y aunque la de Guanipa no fue la única excarcelación ocurrida este domingo, sí ha sido quizá la más sorprendente, al tratarse de un abogado que fue diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento) y ganó la gobernación del Zulia en las elecciones regionales de 2017, pero jamás pudo asumir su cargo al negarse a reconocer a la Constituyente que entonces se instaló en el país.
Según la organización Foro Penal, este domingo hubo al menos “35 excarcelaciones de presos políticos y verificadas”. De esas personas, al menos seis formaron parte de los equipos y comandos de campaña de Machado.
El arresto
Guanipa fue detenido por las autoridades venezolanas en mayo de 2025, dos días antes de que se llevaran a cabo los comicios regionales y legislativos.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, hizo público el arresto en una rueda de prensa en la que mostró un video del momento de la captura del opositor, quien permanecía en la clandestinidad desde las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024.
En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció a Nicolás Maduro como ganador sin publicar datos detallados. A su vez, la oposición denunció fraude electoral y mostró las actas de votación que convalidaban el triunfo de su candidato Edmundo González.
Foro Penal detalló que al menos 1.800 personas fueron detenidas en los días que siguieron a los comicios de 2024.
Al arrestar a Guanipa, Cabello precisó en ese entonces que 70 personas más fueron aprehendidas como parte de la llamada “Operación Tun Tun”, un operativo de seguridad que el gobierno venezolano ha aplicado en años anteriores contra políticos y activistas a los que acusa de organizar “actos desestabilizadores”.
Otras excarcelaciones
Desde que EE.UU. atacó el territorio venezolano, el pasado 3 de enero, las autoridades venezolanas han excarcelado a decenas de personas.
En la intervención militar murieron más de 100 personas, según cifras del gobierno de Venezuela, y fue capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen en Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en días pasados que tras la intervención más de 600 prisioneros habían salido de las cárceles y comisarias policiales, pero Foro Penal dice que esa cifra ha sido inflada.
La misma ONG informó que hasta el 8 de enero habían sido excarcelados 158 detenidos y que el pasado 26 de enero otros 110 corrieron la misma suerte, a los cuales hay que sumar 35 de este domingo.
Entre los favorecidos de este domingo están el abogado Perkins Rocha, del equipo legal de Machado y preso desde agosto de 2024; Dignora Hernández, secretaria política del partido Vente Venezuela; María Oropeza, jefa del Comando ConVenezuela y coordinadora del partido opositor Vente Venezuela en el estado Portuguesa; Luis Tarbay, coordinador de los equipos internacionales del comando, y Catalina Ramos, coordinadora nacional de asociaciones ciudadanas del partido Vente Venezuela.
El caso de Guanipa revela que las excarcelaciones no pueden considerarse liberaciones en sentido estricto, porque los procesos penales contra opositores y disidentes continúan, y en cualquier momento las autoridades pueden aprehenderlos nuevamente si consideran que violaron las condiciones impuestas.
Sin embargo, esto podría cambiar si se aprueba la Ley de Amnistía anunciada por Rodríguez, la cual efectivamente cerraría los juicios e investigaciones en curso.
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