Venezuela: Delcy Rodríguez propone profundizar el extractivismo y no da señales de una política de protección ambiental
El lunes 19 de enero, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el país prevé un aumento en la producción de oro de por lo menos el 30 % para 2026. Al mismo tiempo, hizo un recuento de cómo estuvo el sector minero el año anterior cuando, según la mandataria, el país alcanzó una producción de 9.5 toneladas de explotación aurífera. Rodríguez también dijo que la producción de hierro aumentaría en un 50 % y la de carbón, en un 100 %.
Durante su reunión de trabajo con el sector de Industrias Básicas y Minería también informó que la Asamblea General tiene en agenda la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Minas y Minerales, que de concretarse permitiría la captación de inversiones internacionales.
“Estos planes los estuvimos trabajando con el presidente Maduro el año pasado. Un plan para el incremento de la producción de oro, hierro, bauxita y los minerales estratégicos para el desarrollo de Venezuela y para la generación de divisas”, dijo Rodríguez durante su exposición.
De esta forma, Delcy Rodríguez marca el camino que seguirá Venezuela en su política de extracción de recursos naturales, un rumbo que para varios especialistas entrevistados por Mongabay Latam no se distancia de la política que Nicolas Maduro siguió durante su mandato.
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Una política extractivista que en el sector petrolero está siguiendo los mandatos del Gobierno de Estados Unidos, luego de que el pasado 3 de enero Donald Trump ordenara una incursión militar en el país sudamericano y la captura del entonces presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Siguiendo las demandas de Estados Unidos, el 29 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que permitirá mayor participación de inversionistas privados en la industria petrolera. Estos cambios en la norma ofrecerían a las compañías internacionales facilidades para invertir en conjunto con la firma estatal PDVSA, además de un mayor control sobre los proyectos y acceso más directo a las ganancias de las ventas de petróleo.
Ahora, tras el ingreso de Estados Unidos a Venezuela, surgen interrogantes sobre cuál será el rumbo en las políticas ambientales y en la explotación de recursos naturales que asumirá la mandataria Delcy Rodríguez, quien se desempeñó como la vicepresidenta en el último gobierno de Maduro, además de cargos como ministra de Relaciones Exteriores y de Economía.
Según un informe publicado recientemente por las organizaciones SOSOrinoco y World Heritage Watch, “Rodríguez no es una funcionaria ajena a las operaciones extractivas, sino una de las principales arquitectas y ejecutoras de un modelo económico basado en la minería ilegal”.
El reporte de estas instituciones también señala que la actual presidenta interina de Venezuela “habría supervisado la consolidación del Arco Minero del Orinoco mediante decretos considerados ilegales, sin consulta previa a los pueblos indígenas y en violación de tratados internacionales, incluida la Convención del Patrimonio Mundial”.
“No hay política ambiental en Venezuela”
“Debemos resaltar que ha habido continuidad y que no hay una ruptura. Se extrajo al presidente [Maduro] y a la primera dama pero la estructura de gobierno, prácticamente, es la misma”, comenta el sociólogo Emiliano Teran-Mantovani, investigador de la Universidad Central de Venezuela.
Teran-Mantovani comenta que pese al poco tiempo transcurrido —poco más de un mes— luego de la incursión estadounidense, empiezan a asomar algunas posibilidades sobre el rumbo de Venezuela en su política ambiental. Lo primero que destaca el experto es que cuando habla de continuidad en Venezuela se refiere a que el país mantiene una estructura con “el mismo régimen político” anterior, aun cuando se cuente con un nuevo gobierno. Eso implica que se mantiene la misma “estructura económica y de poder”.
En ese régimen, dice Teran-Mantovani, se dio la “más clara destrucción de la política ambiental venezolana, que siempre estuvo subordinada a la industria petrolera y a los designios del petroEstado”. En ese sentido, el sociólogo precisa que durante décadas los impactos de la industria petrolera “fueron tremendos y se mantuvieron en una gran impunidad”.
Teran-Mantovani añade que esto ocurrió desde la llamada Cuarta República de Venezuela —desde 1958 hasta 1999—, que luego continuó en el periodo de Hugo Chávez (1999-2013) y se mantiene hasta hoy. “Hay una continuidad y queda claro que la política ambiental no es una prioridad para el Gobierno”.
Si bien Teran-Mantovani menciona que durante el Gobierno de Chávez surgió un discurso sobre el ecosocialismo y se “habló de un proyecto político con la naturaleza”, nada de ello se sustentó en la realidad. “La devastación que generó la industria petrolera, la deforestación, la contaminación por mercurio en la Amazonía, la impunidad en torno a los conflictos ambientales se mantuvieron de forma no solo permanente, sino intensa”.
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Es más, para el investigador los problemas ambientales en Venezuela se agudizaron con la crisis política, económica y social que empezó en 2013, por tanto, “lo poco que hubo en relación a una política ambiental terminó destruida”.
En su análisis, el sociólogo venezolano acota que el Gobierno de Delcy Rodríguez está priorizando los acuerdos económicos en la reorganización del país. “Es sacar más petróleo, acelerar los cambios legislativos para que sean favorables a las inversiones extranjeras y no a la protección ambiental ni a los intereses nacionales”, agrega.
“La continuidad de la que hablo se intensifica porque se formaliza la indolencia ambiental con las leyes que regulan claramente la liberalización y el favorecimiento del capital extranjero antes que la protección ambiental”, comenta Teran-Mantovani y agrega otro factor a su evaluación: la política estadounidense actual. “Trump ha sido muy claro en su política antiambiental en los Estados Unidos, en los acuerdos globales sobre el clima. Este factor es importante porque si la democracia ni siquiera está sobre la mesa, lo ambiental está oculto, ni se menciona”.
Alejandro Álvarez, coordinador general de la organización Clima 21, también asegura que en Venezuela “no hay una política ambiental” y menciona que durante todo el periodo denominado bolivariano —que empieza con el gobierno de Chávez— había una gran diferencia entre lo que se decía y lo que pasaba en términos ambientales en el país. “Eso ha sido una tendencia general a lo largo de estos casi 30 años que llevamos de este periodo”.
Álvarez dice que, en los últimos diez años, ha ocurrido una diferenciación cada vez mayor entre el discurso y la práctica, y menciona, específicamente, el decreto de creación del Arco Minero del Orinoco, el 24 de febrero de 2016. “Desde un inicio se sabía que iba a ser dañino para el ambiente, pero se presentó como un gran aporte social y económico y que iba a respetar completamente el tema fiscal y los derechos mineros”.
Otro tema que aborda Álvarez es la total inacción del Gobierno en temas climáticos. “Llevamos once años asegurando que se elaborará el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y hasta este momento no se concreta, mientras el 60 % de la población venezolana no tiene acceso al agua potable de manera regular”.
Álvarez agrega que el cambio de la ley de hidrocarburos es para permitir que empresas de Estados Unidos puedan operar con enorme facilidad. “Algunas personas en el país piensan que una empresa que en su país de origen, Estados Unidos, cumple con regulaciones ambientales posiblemente aplicaría lo mismo en Venezuela, pero yo no estoy seguro de eso, por dos razones: son empresas petroleras cuyo interés, para nada, es la protección ambiental y, adicionalmente, porque Donald Trump desprecia completamente cualquier regulación ambiental”.
¿Hacia dónde va la política ambiental de Rodríguez?
Cristina Burelli, fundadora de SOSOrinoco, también se une a las voces que no ven cambios en las decisiones ambientales. “El único anuncio, digamos, oficial por parte de Delcy Rodríguez fue que aumentará la producción, obviamente, de petróleo, pero también de los minerales, aunque no está muy claro si el 30 % que ha anunciado es de oro o en general de la minería”, comenta sobre el reciente anuncio de la presidenta de Venezuela.
En ese sentido, Burelli cuestiona que la mandataria de Venezuela no mencionara “absolutamente nada sobre la minería ilegal”. Por el contrario, dice que “en las últimas semanas, todo sigue igual en las minas ilegales del sur de Venezuela, sigue llegando maquinaria pesada, siguen las dragas en los ríos, el flujo de gasolina a las minas, que es monopolio de las Fuerzas Armadas”.
Burelli habla de lo caótica que es la minería en el sur del país, “con pequeños mineros controlados por grupos armados organizados”, sin ningún respeto por las leyes ambientales ni atención a las condiciones de trabajo. “Cada vez estamos viendo más accidentes mineros porque hay más minería y más mineros trabajando en la zona en condiciones infrahumanas, sin ningún control», afirma.
Explica, además, que hasta que no haya un anuncio por parte del Gobierno de que van a empezar a limitar y cerrar las minas ilegales, «todo seguirá igual y no tenemos ninguna esperanza de que ocurran cambios”.
Burelli responsabiliza a Delcy Rodríguez por la política minera que existe en Venezuela porque la supervisión del arco minero ha estado bajo su responsabilidad cuando era ministra y vicepresidenta. “Ella ha permitido la cohabitación entre el Estado y los grupos armados organizados que controlan estas minas y que ejercen una gobernanza criminal en todas estas minas”.
Ella tiene responsabilidad directa, asegura Burelli, porque “conoce muy bien lo que está ocurriendo” en esa zona. Además, asegura que fue responsabilidad de Rodríguez que la Misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que tenía el encargo de visitar las minas en septiembre de 2022, no lograra su cometido. “Todos los años la Unesco pide que se defina una fecha para la visita, pero hasta hoy el Gobierno de Venezuela la sigue postergando”.
Para Burelli la política ambiental en Venezuela está impactada por el decreto del Arco Minero del Orinoco, una decisión que convirtió a la pequeña minería “en una máquina de extracción violenta patrocinada por el Estado y controlada por autoridades civiles y militares que se benefician de toda la cadena de suministro.
En ese sentido, la investigadora coincide en que Delcy Rodríguez está siguiendo la misma línea en política ambiental marcada por los gobiernos que la precedieron.
De acuerdo con el informe Una mirada a la minería ilegal de oro en el hemisferio occidental, publicado por Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition, la mayor parte del oro de Venezuela se lava internacionalmente a través de empresas ficticias y cadenas de suministro poco transparentes, incluso en Estados Unidos.
En un artículo publicado en Mongabay Latam, en octubre de 2025, se explica que estas operaciones suelen estar controladas por élites militares, grupos guerrilleros y bandas transnacionales que explotan las lagunas y brechas en los sistemas financieros y comerciales de Estados Unidos.
Mongabay Latam contactó a miembros del equipo de Rodríguez para preguntar sobre los anuncios en temas de minería y petróleo, las decisiones en política ambiental y los problemas presentes en el Arco Minero del Orinoco, pero hasta el cierre de esta nota no recibimos respuesta.
Teran-Mantovani plantea algunos escenarios futuros de la política ambiental de Delcy Rodríguez. Por un lado, “que se mantenga una continuidad total con el autoritarismo, sin democracia y con el desastre ambiental”. Un segundo escenario apunta a “algunas medidas paliativas”, pero sin cuestionar el modelo o las políticas ambientales de fondo. Sin embargo, “podrían aparecer algunas medidas, más bien, cosméticas sobre lo ambiental para refrescar un poco la imagen en relación al medioambiente”.
El sociólogo piensa que Rodríguez podría intentar “un contraste con el Gobierno de Maduro” e iniciar algunas medidas ambientales que calmen las críticas nacionales e internacionales y muestren “una imagen más verde”, como un incentivo para que ingresen inversiones climáticas a Venezuela.
En ese camino, dice Teran-Mantovani, el Gobierno podría formalizar algunas minas en el Arco Minero del Orinoco y despejar un poco el crimen organizado para “dar una apariencia de un camino hacia la legalidad”, que ha sido parte de la propuesta de la oposición. “Esto ya estuvo sobre la mesa, incluso en grandes conferencias mineras, la propuesta que llevaba la oposición era: vengan, inviertan que nosotros vamos a garantizar todo”.
Estos son los dos escenarios que plantea el sociólogo, pero en ninguno de ellos vislumbra “una política ambiental que aborde la restauración del desastre ambiental que ha ocurrido en Venezuela”. Lo que le queda claro, sin embargo, es que continuarán los procesos de facilitación y de regulación para las inversiones petroleras y mineras.
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Los expertos en salud temen un futuro en el que los brotes de sarampión sigan afectando a ciudades con bajas tasas de vacunación.
Antes del año pasado, el pediatra Stuart Simko solo había visto casos históricos de sarampión. Casos de antes de que se inventara una vacuna.
Pero en los últimos dos meses, por primera vez en su carrera ha visto seis pacientes con ella en persona, con su característica erupción roja con manchas.
Los niños que atendió estaban “muy enfermos”, dijo el médico de Carolina del Sur, con fiebre alta difícil de bajar.
“Es una enfermedad terrible, terrible, que puede ser mortal, y no lo decimos para asustar a la gente, pero es necesario que conozcan los riesgos”, dijo Simko, quien trabaja para Prisma Health. “Es difícil ver a un niño enfermo sabiendo que se puede prevenir”.
Los seis pacientes de Simko se encuentran entre las 847 personas infectadas en Carolina del Sur en los últimos meses, la gran mayoría niños no vacunados. Este es el mayor brote de sarampión desde que Estados Unidos declaró la erradicación de la enfermedad en el año 2000.
El país, con brotes en varios estados, está ahora al borde de perder esa condición, siguiendo los pasos del Reino Unido y Canadá. Dos niños en edad escolar murieron en un brote en Texas el año pasado.
A los expertos en salud pública les preocupa que la disrupción causada por el sarampión y otras enfermedades peligrosas y prevenibles pueda convertirse en la nueva normalidad para muchas localidades estadounidenses con tasas de vacunación en descenso.
En esta ocasión, la enfermedad se ha extendido al noroeste de Carolina del Sur, en el condado de Spartanburg, compuesto por varios antiguos pueblos industriales vecinos y con una población de unos 370.000 habitantes.
Kate Martin dice que le recuerda a la pandemia. En la escuela de sus hijos, que sí están vacunados, aparecieron varios casos.
“Es muy parecido a la COVID-19, donde cada día hay casos en otra escuela”, afirmó. Decenas de estudiantes no vacunados de la escuela de sus hijod terminaron teniendo que hacer cuarentena durante 21 días.
La tasa de vacunación contra el sarampión para niños en edad escolar es de aproximadamente el 90% en el condado de Spartanburg, aunque algunas escuelas tienen tasas mucho más bajas debido a exenciones religiosas.
Estados Unidos recomienda dos dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) a los niños de entre uno y seis años. Esa dosis tiene una eficacia del 97% de protección contra la enfermedad.
Para lograr la inmunidad de grupo, que limita su propagación y protege a los no vacunados, alrededor del 95% de la población debe vacunarse.
En supermercados y restaurantes locales, los miembros de la comunidad de Spartanburg reconocieron que cientos de niños de la ciudad se habían infectado con el sarampión. La mayoría conocía a alguien que lo había padecido, pero muchos dijeron que nadie quería hablar del tema o no parecía importarle.
A diferencia del brote de sarampión en Texas, donde las vallas publicitarias advertían sobre la enfermedad a lo largo de las carreteras y la gente hacía cola para hacerse las pruebas, la única advertencia sobre el sarampión en el condado era un cartel en una oficina de atención de urgencias que pedía a las personas con síntomas que esperaran en sus carros.
“La situación es realmente grave aquí”, dijo Martin. “Pero la persona promedio simplemente no cree que sea gran cosa”.
Teorías conspirativas
Durante semanas, el senador estatal Josh Kimbrell evitó intervenir en el debate público sobre el brote de sarampión. Republicano crítico con la gestión de la pandemia por parte del gobierno estadounidense, incluyendo la vacunación obligatoria contra la COVID-19, Kimbrell afirmó que esperaba que la situación se “corrigiera sola”.
Pero en diciembre, recibió la llamada de un hombre cuya esposa estaba hospitalizada con sarampión. Una maestra de primaria de unos 50 años que fue vacunada de niña pero se contagió de un estudiante, lo que la envió a la unidad de cuidados intensivos durante dos semanas, según Kimbrell.
“Pensé que estaba muy cerca de ser nuestra primera muerte”, dijo Kimbrell. “Es algo realmente lamentable para las personas que decidieron vacunarse y que ahora se enfrentan una grave amenaza para la salud pública”.
Kimbrell recurrió a las redes sociales con una declaración que esperaba lograr un “equilibrio”, apoyando la “decisión personal” y enfatizando que el brote ahora requería medidas de salud pública, incluyendo, según declaró a la BBC, limitar los lugares a los que pueden acudir las personas no vacunadas.
Recibió elogios, pero también críticas de padres reticentes a las vacunas, que lo acusaban de violar sus derechos. Pero Kimbrell sintió que no tenía otra opción.
“Las cifras son tan altas que tendré que asistir al funeral de un profesor o de un niño, y eso es algo evitable”, dijo. “Si pasa, me voy a molestar mucho”.
Funcionarios locales y médicos afirman que el reciente brote ha afectado principalmente a inmigrantes rusos y ucranianos en Carolina del Sur, aunque también se han infectado otros.
El estado ha reasentado a cientos de refugiados ucranianos, mientras que miles de inmigrantes eslavos se han mudado a la zona en los últimos años, según estimaciones de población.
Las iglesias eslavas han tenido varias exposiciones al sarampión, y Kimbrell añadió que algunas mantienen una visión ligada a la religión que va en contra de las vacunas. Algunas escuelas de la comunidad tienen tasas de vacunación tan bajas como el 20%.
Kimbrell afirmó que se difundió información errónea sobre que la vacuna triple vírica contiene células fetales, una teoría conspirativa común que intentó combatir reiterando la seguridad y los mecanismos de la vacuna triple vírica.
“Estamos más preocupados por la vacuna”
Inna, miembro de la comunidad inmigrante ucraniana de Spartanburg, quien se negó a compartir su apellido por motivos de privacidad, no ha vacunado a sus hijos contra el sarampión.
Hasta ahora, la familia ha evitado la enfermedad, pero conoce a muchos que no.
Al preguntarle si le preocupa que sus hijos se infecten, Inna se encogió de hombros.
“Nos preocupa más el contenido de la vacuna”, dijo, y añadió que había oído que estaba relacionada con el autismo, un punto que ha sido desmentido.
“Tuvieron varicela y se recuperaron”, dijo sobre sus hijos. El sarampión conlleva un riesgo mucho mayor de complicaciones potencialmente mortales que la varicela.
Algunos padres están más preocupados por los riesgos de una vacuna que por el riesgo, antes bajo, de contraer sarampión, recalcó Jennifer Grier, profesora asociada de inmunología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Sur en Greenville.
“Desafortunadamente, ahora contraer sarampión ya no es un riesgo bajo”, afirmó.
A kilómetros de distancia del lugar, otro brote de sarampión que se extiende ha enfermado a cientos de personas a lo largo de la frontera entre Utah y Arizona.
Lorna White, de 23 años y madre de cuatro hijos, residente del pequeño pueblo de Kanebed, Arizona, decidió no vacunar a sus hijos contra el sarampión, ya que le preocupaba que fuera “mucho para un cuerpo tan pequeño”.
“Si fuera a vacunar a mis hijos con la triple vírica y tuvieran un efecto secundario adverso, les causaría eso”, explicó.
Ella y sus hijos contrajeron sarampión en Navidad.
“O todos tuvimos suerte con los casos leves o el sarampión no es tan grave como dicen”, declaró en enero.
Pero algunos podrían no notar los efectos hasta años después. El sarampión puede provocar complicaciones a largo plazo, como encefalitis y amnesia inmunitaria, que reprograma el sistema inmunitario, dejándolo con una capacidad limitada para responder a nuevas infecciones.
Estos son los tipos de riesgos que Simko menciona cuando habla con pacientes que dudan en vacunarse. También intenta reconocer que existen riesgos pequeños y poco frecuentes con las vacunas, pero que estos riesgos son insignificantes en comparación con la amenaza del sarampión.
“Algunos seguirán optando por no vacunarse”, añadió. “No es lo ideal, pero no puedo obligar a nadie”.
El Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur (DHS) ha logrado algunos pequeños avances, como la vacunación de 62 personas en clínicas móviles, 42 adultos y 20 niños, desde octubre.
Sin embargo, los expertos en salud pública afirman que el gobierno federal, y en particular la reestructuración de la política de vacunación estadounidense impulsada por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha obstaculizado los esfuerzos.
Bajo el liderazgo de Kennedy, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. redujeron drásticamente la cantidad de vacunas infantiles recomendadas, aunque no la vacuna triple vírica (MMR).
Kennedy ha expresado opiniones encontradas sobre la vacuna triple vírica, afirmando en ocasiones que es la mejor manera de protegerse contra la enfermedad, mientras que en otras ocasiones ha puesto en duda su seguridad.
Sus palabras y su escepticismo tienen peso en Spartanburg, según comentaron los residentes.
“Es muy respetado aquí”, dijo Martin. “Creo que eso definitivamente tiene algo que ver con [la reticencia a las vacunas]”.
Silencio sobre el brote de Carolina del Sur
En las últimas semanas, Kennedy, quien desde hace mucho tiempo se muestra escéptico respecto a las vacunas, ha guardado silencio sobre el brote en Carolina del Sur.
En una declaración a la BBC, el Departamento de Salud y Servicios Humanos afirmó que la vacunación es “la forma más eficaz de prevenir el sarampión, y el Secretario ha sido claro y coherente al respecto”.
Algunos aliados de Kennedy han restado importancia a la preocupación por los casos. Al preguntársele la semana pasada si la inminente pérdida del estatus de país que ha erradicado el sarampión era significativa, Ralph Abraham, subdirector de los CDC, respondió: “En realidad, no”.
Esa misma semana, Kirk Milhoan, elegido por Kennedy para dirigir un panel asesor independiente sobre vacunas, afirmó que las vacunas contra la polio y el sarampión deberían ser opcionales.
Sugirió que esto permitiría una mejor recopilación de datos sobre los peligros del sarampión.
“Lo que vamos a tener es una experiencia real de cuándo las personas no vacunadas contraen sarampión: ¿cuál es la nueva incidencia de hospitalizaciones? ¿Cuál es la incidencia de muertes?”, declaró en el podcast “¿Por qué deberíamos confiar en ellas?”.
Para los expertos médicos, no es un misterio.
La enfermedad se propagará por comunidades con bajas tasas de vacunación, infectando a muchos, antes de pasar al siguiente grupo grande de personas no vacunadas, afirmó Chris Lombardozzi, director médico de los hospitales de cuidados intensivos del Sistema Regional de Salud de Spartanburg.
“En última instancia, me preocupan todas las enfermedades contra las que vacunamos que solían ser comunes”, dijo, citando la polio, las paperas y la rubéola.
Tal experimento, y la pérdida del estatus de país que ha erradicado el sarampión, probablemente tendrá consecuencias mortales para los niños estadounidenses, advirtieron los expertos médicos.
“Sería una especie de fracaso de la salud pública en nuestra nación”, declaró Grier. “Tenemos los medios para detener las infecciones, conocemos el riesgo de las mismas, y aun así la enfermedad ha regresado a nuestra comunidad”.
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