Aumenta 75% el ingreso de mujeres a refugios para víctimas en 7 meses; tres entidades tienen mayor número de solicitudes
El ingreso de mujeres a refugios para víctimas de violencia incrementó 75% en los primeros siete meses de 2024, con mayor número de solicitudes de atención en Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Chihuahua, Coahuila, Oaxaca y el Estado de México.
Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), explicó que el incremento de solicitudes se encuentra relacionado con la mayor difusión sobre el apoyo que brindan estos centros, así como el hecho de que las violencias psicológica, física y sexual contra mujeres persisten en altos niveles en el país.
“Al hacer un análisis de los datos que tenemos por las mujeres que acuden a los refugios no sólo confirmamos el dato de que 7 de cada 10 mujeres ha vivido violencia, sino que además observamos que estas violencias se entrecruzan con temas como el crimen organizado y la militarización del país. Las víctimas están cada vez más expuestas a situaciones de opresión y desigualdad que se vuelven sistemáticas, y son la antesala de los feminicidios“, apuntó Figueroa.
Entre enero y julio pasados, la RNR acompañó a 9 mil 167 personas a nivel nacional de manera presencial y virtual. En los 77 espacios de prevención, atención y protección que integran la red, en el mismo periodo de tiempo se atendió de manera gratuita a 8 mil 88 familias -integradas por mujeres con sus hijas e hijos víctimas de violencia-, de los cuales 84% reportaron vivir violencia física, 60% patrimonial, 91% psicológica, 70% económica y 53% sexual.
De acuerdo con los datos de la Red, en 10% de los casos las mujeres reportaron que sus agresores tienen vínculos con el narcotráfico, 67% tienen una adicción y 13% están relacionados con militares o políticos.
Ingresos a refugios para mujeres aumentan, pero su presupuesto no
La directora de la RNR señaló que los refugios han hecho frente al incremento de los ingresos de mujeres víctimas apenas con un incremento presupuestal del 0.02% para este año, con respecto al que tuvieron en 2023, y con retrasos en el pago de los recursos en el 50% de los espacios para víctimas.
“La mitad de los refugios están sin la segunda ministración de presupuesto que nos deben dar en el año, se les pidió el CFDI (que es una clave requerida para el pago de las ministraciones) desde hace bastante tiempo y nos han dicho que esperan que el dinero se libere en septiembre, pero eso nos genera problemáticas para la atención integral de las mujeres y sus hijas e hijos, y nos da poco tiempo para ejercer los recursos”, comentó Wendy Figueroa.
Por ello, dijo que esperan tener la oportunidad de reunirse con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, así como con las próximas secretarias de la Mujer, Citlalli Hernández, y de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para plantearles sus necesidades y buscar mayor apoyo para la operación de estos espacios.
Sin embargo, hasta ahora la respuesta que les han dado a las solicitudes de diálogo con quienes estarán a cargo de la siguiente administración es que esperen a que lleguen a los cargos para ser atendidas, “aunque a nosotras nos parece que si ya hay nombramientos en estas áreas, podríamos empezar a compartir información de nuestro trabajo y ver cómo podemos sumarnos a las acciones para atender la problemática de la violencia contra las mujeres“.
“Para nosotras es una preocupación la atención de la deuda histórica que tiene México con las mujeres, las políticas públicas para atender las violencias son urgentes y requieren de autoridades que actúen de manera independiente de cuestiones partidistas”, señaló.
Red de Refugios para mujeres advierte riesgos ante reformas de AMLO
Figueroa también expresó la preocupación de la RNR por la reforma al Poder Judicial que actualmente discute el Congreso, así como la propuesta planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de aumentar la regulación para el financiamiento de organizaciones de la sociedad civil.
“Todos los cambios que son unilaterales, que no son considerados desde la escucha a la ciudadanía, definitivamente van a tener un sesgo y tendrán respuestas que no abonen a un fortalecimiento del acceso a la justicia integral, mucho menos a la garantía de los derechos humanos”, expresó la directora de la Red.
Sobre la reforma al poder judicial presentada por el presidente ante el Congreso, misma que ya fue aprobada por la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y turnada al Pleno para su próxima discusión, la especialista lamentó que esta ponga “en riesgo la autonomía de la toma de decisiones de los jueces sin identificar lo que realmente se tendría que arrancar de raíz para acabar con la corrupción y la impunidad”.
En cuanto a la propuesta de limitar el financiamiento privado para organizaciones de la sociedad civil, la directora de la RNR consideró que “sigue enfatizando el no reconocimiento de la importancia del trabajo que realizamos de forma corresponsable y colaborativa con el Estado mexicano”.
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“Desde 2019 muchas organizaciones de la sociedad civil hemos atravesado obstáculos, a pesar de que cada año somos auditados por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, ahí está la transparencia, ahí está la evidencia de nuestro trabajo, pero en vez de proponer refuerzos insisten en poner candados para asfixiar a una parte indispensable del país”.
Por ello, afirmó que desde la Red de Refugios “seguiremos insistiendo, resistiendo y buscando financiamiento internacional y de particulares, como hemos hecho hasta ahora”.
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El nuevo gobierno impuesto por Rusia para controla la ciudad está declarando que las casas de personas que huyeron de la guerra “no tienen dueño”.
Las autoridades rusas están confiscando sistemáticamente miles de viviendas a residentes ucranianos de Mariúpol, según una investigación de BBC Verify, al cumplirse tres años de ocupación.
Según nuestro análisis de documentos publicados por las autoridades municipales -instaladas en la ciudad por Rusia-, se han identificado al menos 5.700 viviendas para su confiscación, muchas de ellas pertenecientes a personas que tuvieron que huir de la ciudad desde julio de 2024.
Para salvar sus hogares, los ucranianos tendrían que enfrentarse a un peligroso regreso a Mariúpol a través de Rusia, a arduos controles de seguridad, a un complejo proceso burocrático y a una presión abrumadora para aceptar un pasaporte ruso.
La mayoría de las propiedades afectadas eran habitadas por ucranianos que huyeron o murieron durante el asedio de 86 días que Rusia impuso a esta estratégica ciudad en 2022. Human Rights Watch afirmó que el bombardeo mató a más de 8.000 personas, pero señaló que esa cifra probablemente sea una subestimación significativa.
Las confiscaciones parecen formar parte de un plan mayor para rusificar la ciudad costera ocupada, que incluye la construcción de nuevas instalaciones militares y el cambio de nombre de calles a nombres aprobados por Moscú.
El asedio ruso dejó el 93% de los rascacielos de Mariupol (443 torres) destruidos o dañados, según un estudio de Human Rights Watch. Desde entonces, Rusia afirma haber construido más de 70 nuevos bloques de pisos, pero los residentes locales afirman que persiste una enorme escasez de viviendas.
“Robo de tierras legalizado”
Desde hace tiempo se ha informado de que Rusia ha estado confiscando propiedades en la Ucrania ocupada. Sin embargo, una nueva ley ha acelerado el proceso y ha dificultado que los propietarios ucranianos ejerzan sus derechos.
Además de las 2.200 viviendas que las autoridades municipales tienen previsto confiscar de forma inminente, otras 3.550 han sido identificadas para su posible confiscación, según documentos municipales analizados por BBC Verify.
Las autoridades de Mariúpol no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Halyna se encuentra entre los 350.000 ucranianos que se estima que huyeron de Mariúpol para escapar de la ocupación rusa. Hemos acordado no revelar su apellido por motivos de seguridad para su familia, que permanece en la ciudad.
Halyna afirmó que su bloque de apartamentos en la ciudad costera, que antes de la guerra tenía una población de 425.000 habitantes, sufrió graves daños por el fuego de los tanques rusos durante el asedio.
Le han dicho que las “ventanas y puertas” de su apartamento ya fueron reparadas pero que hay gente viviendo allí sin su permiso. Tiene miedo de que le confisquen su apartamento.
“Esto es un robo de propiedad legalizado”, dijo.
“Sin dueño”
Las autoridades rusas utilizan el término “sin dueño” para describir las viviendas que, según dicen, no están en uso o carecen de propietario legal; es decir, propiedades no registradas en Rusia.
Sin embargo, estos apartamentos sí tienen propietarios legales: residentes ucranianos que huyeron de la ocupación rusa o los herederos de quienes murieron en los ataques rusos.
Los documentos oficiales publicados en el sitio web de la administración prorrusa muestran el complejo proceso, que describimos a continuación, que lleva a la incautación de propiedades tras ser denunciadas por inspectores locales o residentes.
- LISTA INICIAL: Dentro de los 10 días siguientes al informe inicial, las autoridades rusas publican un anuncio en su sitio web indicando que la propiedad presenta indicios de estar sin propietario.
- COMIENZA EL REGISTRO: Posteriormente, el propietario debe presentarse en Mariúpol con los documentos de propiedad y un pasaporte ruso. Las autoridades afirman que también aceptarán otros documentos de identidad, aunque no especifican cuáles.
- PROPIEDAD REGISTRADA: Si el propietario no se presenta en persona dentro de los 30 días posteriores a la publicación de la lista, las autoridades comienzan a registrar la propiedad como “sin propietario”.
Una vez inscrita la propiedad en el registro de “sin propietario”, las autoridades esperan tres meses antes de solicitar una orden judicial para transferir la propiedad a la ciudad.
No pudimos encontrar registros de cuántos apartamentos han superado la fase final del proceso judicial. Sin embargo, en una conferencia reciente el alcalde instalado por Rusia de Mariúpol, Oleg Morgun, afirmó que se había tomado una decisión judicial definitiva para embargar unos 600 apartamentos.
En la práctica, si la vivienda figura en alguna de esas listas, es prácticamente imposible recuperarla, declaró Petro Andrushenko, exasesor del alcalde ucraniano de Mariúpol. A principios de este mes, Morgun insistió en que las viviendas se eliminarán del registro si el propietario presenta un recurso.
Una vez embargadas las viviendas, una ley aprobada a finales del año pasado permite a las autoridades transferir la propiedad a particulares. Solo los residentes de la autoproclamada República Popular de Donetsk que hayan perdido su propiedad y posean pasaportes rusos pueden obtener viviendas bajo este programa.
Entorpecer a los ucranianos
Las autoridades parecen estar intentando dificultar a los ucranianos el ejercicio de sus derechos.
Todas las viviendas en lugares como Mariúpol deben estar registradas en Rusia, pero un decreto firmado por el presidente Vladimir Putin en marzo prohibió a los ciudadanos de países “poco amigos”, incluida Ucrania, registrar propiedades en los territorios ocupados hasta 2028 sin un permiso especial.
En efecto, esto deja a los ucranianos ante una disyuntiva imposible: su seguridad y su identidad, o sus hogares.
Pavlo contó que tuvo que permanecer en Mariúpol durante todo el asedio, tras recibir disparos de soldados rusos. Logró evitar que le confiscaran su casa obteniendo un pasaporte ruso y afirma que “el 95% de las conversaciones en la ciudad giran en torno a la propiedad”. La BBC ha acordado ocultar su nombre real para proteger su identidad.
En los chats de Telegram revisados por BBC Verify —algunos con miles de usuarios— muchos residentes locales parecían confundidos por el proceso y, en ocasiones, no entendían cómo su propiedad había sido declarada “sin dueño”.
“Las normas no son claras y no se publican en ningún sitio”, declaró Halyna. “Puedes ser procesado por cualquier cosa ucraniana en tu teléfono o en los registros que tengan sobre ti”.
Diana Berg también huyó de la ciudad para evitar la ocupación rusa, dejando atrás su hogar familiar. Ahora se encuentra en otro lugar de Ucrania.
Para evitar que la propiedad pase a manos de la ciudad, un familiar de Diana tendría que regresar a Mariúpol. La única manera de hacerlo es volar al aeropuerto Sheremetyevo de Moscú, donde se enfrentarían a rigurosos controles de seguridad por parte del Servicio Federal de Seguridad (FSB), conocidos como “filtración”.
Diana afirmó que “no hay manera” de que su familia pudiera viajar a Mariúpol. “El procedimiento de ‘filtración’… puede durar hasta una semana. No te encarcelan, sino que te mantienen en este centro mientras te revisan”.
Los planes de vivienda parecen formar parte de una campaña más amplia destinada a “rusificar” la ciudad del sur de Ucrania. Imágenes satelitales e informes de prensa muestran que se está construyendo una nueva academia naval y un gran monumento de guerra.
También se ha adoptado un nuevo escudo de armas de la ciudad que elimina el idioma ucraniano y añade símbolos rusos.
Resistencia
Si bien muchos de estos cambios se han impuesto con escasa resistencia, el plan de vivienda ha suscitado críticas poco comunes por parte de los residentes restantes de Mariúpol, quienes se sienten incómodos con la situación de los apartamentos que se les ofrecen.
Las protestas surgieron después de que el presidente Putin aprobara personalmente el plan en diciembre.
Un experto legal afirmó que el plan representaba una clara violación de las leyes de la guerra establecidas en la Cuarta Convención de Ginebra y la Convención de La Haya, que prohíben la confiscación de bienes civiles excepto en casos muy limitados.
El profesor Nehal Bhuta, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Edimburgo, afirmó que las confiscaciones eran ilegales, ya que se derivan de una “anexión ilegal” aprobada por el parlamento de Moscú en 2022.
Para los ucranianos, Andrushenko dijo que era un proceso angustioso y confuso.
“Es como si alguien te hiciera daño una y otra vez”, afirmó. No puedes entender cómo es posible que tu apartamento, tu propiedad, esté sin dueño.
Es como si te hubieran dado un martillazo en la cabeza.
La BBC descargó documentos con listas de direcciones del sitio web oficial de las autoridades rusas, disponibles públicamente en Mariúpol. Las direcciones se estandarizaron y se añadieron valores para la latitud y longitud de cada ubicación, lo que permitió dibujar mapas.
Información adicional
Alex Murray, Yaroslava Kiryukhina y Harriet Agerholm
Diseño de
Mesut Ersoz, Erwan Rivault y Louise Hunter
Desarrollado por
Giacomo Boscaini-Gilroy y Shawn Hardern
Datos
ISW (7 de abril de 2025), Open Street Map
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