
Los vecinos desalojados del edificio en República de Cuba 11 llevan más de 100 días viviendo en la calle, sin que hasta el momento tengan certeza de cuánto tiempo pasará antes de que puedan volver a los departamentos que habitaron durante décadas, o si eso no ocurrirá.
“Es muy difícil estar aquí con los cambios de clima. Hace dos meses las lluvias nos inundaban y ahorita ha hecho mucho frío y nos enfermamos cada rato. Yo de por sí estoy mal de los pulmones, me quedaron secuelas del Covid y debo usar oxígeno, pero me tengo que desconectar para venir a apoyar al campamento”, señala Sonia González, quien llegó a este edificio hace 25 años.

Las primeras semanas después del desalojo, por ser adulta mayor recibió un apoyo del gobierno capitalino para pagar una habitación de hotel, sin embargo, dejó de recibirlo y ahora, enferma y con 64 años, se queda en el campamento con sus dos hijos.
Entre lonas y casas de campaña, González, al igual que más de una treintena de vecinos que siguen en la incertidumbre, han acomodado los pocos muebles que rescataron, así como un árbol de navidad y otros adornos de temporada, pues saben que pasarán las fiestas decembrinas en la calle.
“Hemos puesto decoraciones conforme la temporada, siquiera para alegrarnos un poquito, porque pensar que vamos a pasar aquí navidad es muy desagradable, pero ¿qué hacemos? No tenemos dónde vivir“, lamenta Sonia.
La mayoría de quienes fueron desalojados de República de Cuba 11 son personas adultas mayores, cuya salud se ha visto afectada por la angustia de haber perdido su vivienda y las complicaciones de estar quedándose en la calle. Dos de ellas han fallecido desde que los sacaron del edificio, lo que, de acuerdo con Sonia, les ha pegado bastante.
“Cuando recién nos sacaron, al primer vecino que falleció le dio un infarto por tanto estrés, y hace un par de semanas murió otro señor cuya salud se agravó por las situaciones que hemos pasado, y eso nos tiene con la preocupación de pensar ¿ahora quién sigue?”, cuestiona.

Blanca Tello, de 72 años, describe su sentir como preocupación y enojo, “porque el fallecimiento de los vecinos se dio por esta situación tan irregular. La mayoría ya no somos jovencitos y para mi gusto las pláticas con las autoridades van lento, aunque creo que sí están poniendo de su parte”.
Aunque intenta mantener el buen ánimo, Blanca reconoce estar desgastada por el cansancio de montar guardias en el campamento y los traslados que debe hacer a diario para ir a dormir y a trabajar en casa de uno de sus nietos. Antes del desalojo tenía su taller de elaboración de sellos en República de Cuba, por lo que además de perder la vivienda ha visto mermado el número de clientes, ya que no tienen cómo contactarla para hacerle nuevos encargos.
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“Tenía una línea telefónica donde recibía pedidos desde hace más de 30 años, pero ya van más de tres meses en que el trabajo disminuyó demasiado”, aunque de todos modos “duermo poco, porque tengo que llegar a hacer lo que me piden hasta la casa y volver al campamento para entregar”.
Con todo y dificultades, asegura que “hay personas que se desaniman, pero habemos otras que procuramos estar alegres de pensar que nos van a devolver nuestra vivienda. Tratamos de llevarla bien, platicando y cotorreando un poco, aunque como en todas las familias —porque ya somos una familia como de 30 personas— a veces hay molestias, pero son sólo conflictos pasajeros”.

Para Manuel, de 62 años, aunque hay apoyos para algunos de los adultos mayores, se requiere que haya mayor presión de los vecinos desalojados para que las autoridades solucionen la situación legal del inmueble y les permitan adquirir los departamentos,
“Nadie había previsto vivir así, y no dejo de pensar que no debería estar sucediendo. Aunque estamos a gusto socializando, platicando, sentaditos aquí toda la tarde, hemos presionado pocas veces al gobierno, algunos parecen estar conformes y yo no estoy de acuerdo con ello”, se queja.
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Sin embargo, dice, “aquí andamos, con todo y que ya no tenemos apoyos externos, únicamente algunos reciben dinero del gobierno. Por otro lado, no tenemos diálogo con ellos y eso me molesta, porque aunque sabemos que tienen mucho trabajo y hay urgencias qué atender nos tienen que dar la cara”.
“Con lo que ha pasado me doy cuenta de que el gobierno no es de izquierda, no le interesa que tenemos que seguir en la lucha con todo y la pérdida de compañeros que murieron sin casa”, reflexiona.

Asimismo, se cuestiona: “¿Vendrán tiempos mejores? No lo sé. Yo soy muy hipocondríaco y pienso que quizá el siguiente voy a ser yo, porque no hay plazo de nada”.
Sonia, por el contrario, se aferra al convencimiento de que hay una fuerza divina que los ayudará a sostener la lucha “y que se va a arreglar de alguna manera esto, que va a poner la bondad y la compasión por nosotros en las autoridades correspondientes. No nos queda de otra que creer en ello, porque sin eso yo creo que ya todos nos hubiéramos ido como los vecinos que murieron”.
En tanto que se resuelve su situación, en conjunto con el abogado Arturo Aparicio los vecinos han intentado avanzar para impedir que otros habitantes de la ciudad estén en riesgo de ser desalojados. Este lunes entregaron una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para que se legisle un protocolo que respete los derechos de inquilinos y se sancione con cárcel a quienes cometan despojos, como ocurrió en su caso.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la suspensión comenzará el 21 de enero y que la medida busca que se nieguen visas a personas que puedan depender de recursos públicos en algún punto.
El gobierno de EE.UU. congelará de manera indefinida el procesamiento de visados de inmigrante para al menos 75 países, según confirmó este miércoles un portavoz del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado dijo que el objetivo era poner fin al “abuso” del sistema “por parte de quienes pretenden obtener beneficios económicos a costa del pueblo estadounidense” mediante el uso de programas de asistencia social y beneficios públicos.
Según informó previamente la cadena Fox News, la suspensión entrará en efecto el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indeterminada hasta que el Departamento de Estado “revise sus procedimientos” migratorios.
El reporte indica que dentro de los 75 países hay varios de América Latina y el Caribe, incluidos Antigua y Barbuda, Brasil, Bahamas, Belice, Barbados, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, Saint Vincent y las Granadinas y Uruguay.
También están incluidos en la lista Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, y Yemen, entre otros países.
Tommy Pigott, del Departamento de Estado, señaló: “El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar no elegibles a los posibles inmigrantes que pudieran convertirse en una carga pública para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense.
Y añadió: “El procesamiento de visas de inmigrante provenientes de estos 75 países se suspenderá mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para evitar la entrada de ciudadanos extranjeros que harían uso de la asistencia social y los beneficios públicos”.
Tras la detención en noviembre de un inmigrante afgano acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., la administración prohibió o restringió la entrada de ciudadanos de 19 países.
En diciembre, amplió la prohibición de viajes a personas de otros cinco países y a quienes viajaban con documentos emitidos por la Autoridad Palestina.
Los casos de asilo, la tramitación de la ciudadanía y las solicitudes de residencia permanente para inmigrantes de los 19 países inicialmente afectados por la prohibición también han sido suspendidos.
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