¿Pfizer alertó sobre mil 291 efectos secundarios incluso mortales por su vacuna contra COVID-19? No, usuarios de redes comparten una supuesta lista publicada por la farmacéutica, sin embargo, esto es falso.
En la desinformación compartida en más de 30 mil veces en Facebook se lee: “PFIZER PUBLICA OFICIALMENTE LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE SU VACUNA. Tras haber forzado a vacunar a miles de millones de seres humanos, Pfizer publica la lista de 1.291 efectos secundarios graves de su vacuna. Pero aún así, dice que todos deberían ponerse una nueva dosis cada año”.
Entre los falsos efectos secundarios que se enlistan están: paro cardiaco, muerte neonatal, parálisis facial, pancreatitis, neumonía, diabetes mellitus tipo 1. La mayoría de ellas refiriéndose a la mortalidad.
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Pero ni la farmacéutica Pfizer o alguna autoridad médica nacional o internacional han emitido recientemente un comunicado sobre estos posibles efectos adversos. El informe más reciente del que se tiene registro en México sobre la vacuna Comirnaty de Pfizer contra COVID-19, lo emitió la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en 2023 y detalla que el uso de la vacuna es favorable.
Además, la Agencia Europea de Medicina y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (EMA y FDA respectivamente por sus siglas en inglés) también informaron que el uso de la última vacuna de Pfizer contra el COVID-19 llamada Comirnaty es adecuado para su uso contra el virus descubierto en 2019.
De acuerdo con la FDA, sí es posible que haya efectos secundarios, pero ninguno mortal, y detalla que se pueden presentar síntomas leves y de poca duración. Por otra parte, en el informe de la EMA únicamente coinciden dos efectos secundarios con respecto a la lista que desinforma, la parálisis facial, catalogado como efecto secundario “raro” y la miocarditis, calificado como efecto secundario “muy raro”.
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Además los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan vacunarse contra el COVID-19 para evitar enfermedades graves, hospitalización o la muerte. Y también otros medios de verificación, como AFP Factual y Chequeado, ya han desmentido la falsa lista de efectos adversos.
Si bien la desinformación al respecto de las vacunas se ha presentado desde la pandemia por COVID-19, la supuesta lista con efectos adversos se viraliza después de que recientemente Robert F. Kennedy Jr, un activista antivacunas, fuera designado como Secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos.
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Robert F. Kennedy Jr es abogado, hijo del senador asesinado Robert Kennedy y sobrino del expresidente, quien también fue asesinado, John F. Kennedy Jr. En 2007 fundó la organización Children’s Health Defense, la cual usó para promover discursos falsos sobre las vacunas en niñas y niños, detallando que les causaba autismo. Y durante la pandemia de COVID-19 propagó teorías de conspiración en contra de las vacunas que previenen el COVID.
En conclusión, la farmacéutica Pfizer no publicó recientemente una lista sobre efectos secundarios mortales de su vacuna contra el COVID-19. Información oficial afirma que las vacunas contra el virus de la farmacéutica son seguras y las dependencias internacionales recomiendan su uso.
Zamora, que destapó importantes casos de corrupción, denuncia una persecución política por parte de la fiscalía guatemalteca.
Un juez de Guatemala ordenó este lunes el regreso a prisión preventiva de José Rubén Zamora, un laureado periodista al que fiscales acusan de lavado de dinero en un proceso ampliamente señalado como una persecución política.
Zamora, fundador del desaparecido diario El Periódico en el que destapó importantes casos de corrupción, calificó la resolución como “arbitraria” durante su comparecencia en el tribunal.
También afirmó que el juez no tenía otra opción: “Lo dejaron acorralado, sin salida”, declaró”.
La orden del magistrado llegó después de que un tribunal superior revocara la medida de arresto domiciliario que se le había concedido previamente.
El periodista, que durante sus más de 40 años de carrera había recibido constantes amenazas y ataques, entró en prisión preventiva en julio de 2022, acusado de lavado de dinero por la venta de un cuadro por valor de unos US$30.000.
En junio de 2023 lo condenaron a seis años de prisión, pero un tribunal de apelaciones revocó la sentencia por errores en el proceso y está a la espera de un nuevo juicio.
El 18 de octubre del año pasado, cuando llevaba 813 días entre rejas, un juez dictó que José Rubén Zamora pasara a arresto domiciliario al considerar que no tenía sentido mantenerlo en prisión preventiva.
Un mes después el tribunal superior ordenó su regreso a la cárcel, pero los abogados de Zamora habían logrado retrasar la aplicación del fallo en los últimos meses.
Zamora aseguró haber sufrido torturas durante su estancia de más de dos años en prisión y denunció ser víctima de un montaje a cargo del Ministerio Público.
Este organismo está liderado por la fiscal Consuelo Porras y su mano derecha, el fiscal Rafael Curruchiche.
Ambos figuran en las listas de “actores corruptos” de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntamente usar la justicia para beneficiar a aliados y perseguir a disidentes desde el anterior gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
El periodista guatemalteco había destapado varias tramas corruptas vinculadas al expresidente Giammattei, entre ellas la presunta concesión de una explotación minera a una empresa rusa mediante sobornos.
La fiscalía guatemalteca sostiene que el proceso contra Zamora está completamente desvinculado de su actividad periodística, pero en la comunidad internacional se considera ampliamente una represalia y un intento de amordazarlo.
Amnistía Internacional considera las causas contra él “infundadas”, en línea con otras organizaciones internacionales.
Estas han denunciado en los últimos años una campaña represiva del anterior gobierno y los fiscales contra funcionarios, jueces y medios de comunicación independientes, con decenas de ellos en la cárcel o en el exilio.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también considera que Zamora es víctima de una persecución política de la fiscalía.
Arévalo, que asumió el cargo en enero de 2024, mantiene un tenso enfrentamiento con el Ministerio Público, dominado aún por los citados fiscales afines a Giammattei que han tratado de destituirlo del cargo en varias ocasiones.
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