Todo pasó tan rápido, que en estos casi 12 años que dos de sus hijos y su esposo llevan desaparecidos, Guadalupe Vicario sigue en la reconstrucción del momento en que unos hombres vestidos como policías los sacaron por la fuerza de su casa, ubicada en la colonia PRD parte alta, de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y se los llevaron.
Estuvo tirada en el piso, encañonada con un arma y la advertencia de no moverse por un buen rato o de lo contrario regresarían y matarían a todos. Pensó en sus otros dos hijos que estaban en casa: un niño de 12 años y una niña de seis. También se encontraba su nieta, de tres. Solo dejó correr los minutos.
Pasaban de las seis de la tarde del 25 de junio de 2013 cuando todo ocurrió. Guadalupe todavía hacía tortillas a mano, tenía un puesto afuera de su casa.
Agustín Martínez, su esposo, estaba en el patio ocupado en la compostura de una camioneta. Le ayudaban sus hijos Agustín, de 21 años, y Héctor, que estaba por cumplir 18 años el 30 de junio. Usaban ese vehículo para acarrear leña desde la Sierra de Chilpancingo, que le servía a Guadalupe para hacer tortillas.
En épocas de lluvias, cuando el padre no tenía trabajo como conductor de camión de carga para transportar madera que cortan en las zonas serranas, acarreaba la leña que podía para venderla. En las secas era cuando más le contrataban como chofer; la venta de madera no era un negocio de ellos, su trabajo estaba limitado a llevar los troncos a los aserraderos.
En este oficio solía involucrarse su hijo Agustín, porque dejó los estudios desde que acabó la secundaria y se dedicó a trabajar. Héctor recién estudiaba mecánica.
Guadalupe recuerda que uno de los dos hijos desaparecidos le dijo que tenía hambre. Comenzaba a preparar los alimentos para darle de comer, cuando un grupo de hombres con apariencia de policías entraron de manera intempestiva. “No sé si fueron policías, pero ellos venían de policía”, comparte.
En la reconstrucción de los hechos, que ha tejido con los recuerdos de todos los que estuvieron en casa ese día, sabe que los presuntos policías que se llevaron a sus hijos y a su esposo, llegaron en carros particulares hasta su domicilio.
Los hombres la tumbaron al piso y la mantuvieron ahí por la fuerza. “A mí me encañonaron con la armas, me agacharon al piso, me tumbaron. Yo los tuve enfrente, pero es como un casete que se borra, yo nada más oí gritos”.
Entre esos gritos e insultos, escuchó que su esposo preguntó a los hombres vestidos de policías qué querían. Después les dijo que dejaran a sus hijos y se lo llevaran a él.
Al final cargaron con los tres y Guadalupe permaneció en el lugar pasmada por un rato más. Cuando los vio perderse, fue a buscar a sus otros hijos y a su nieta que estaban impávidos de la impresión. “Luego nos ponemos a platicar, pero como dicen ellos, ya no quieren recordar, porque vivieron con ese temor y hasta la fecha viven con él”.
Les ha costado mucho, dijo, salir de esa escena.
Guadalupe revisó el expediente del caso de la desaparición de sus familiares que lleva la Fiscalía General del Estado y halló en el documento un dato inesperado: sus hijos y esposo estarían enterrados en un punto de Chilpancingo conocido como Cerrito Rico, ubicado al norte de la ciudad. El sitio es conocido porque ahí está una presa de agua a la que le atribuyen el mismo nombre y suele desbordarse cada temporada de lluvias.
“Me quedé así, asombrada (…). Yo en ningún momento di esa información, hasta me dijo el fiscal, ‘nuestro MP (Ministerio Público) hasta me preguntó, ¿eso dijo usted?’, y le dije no, yo en ningún momento di esa información, yo ni sé cómo apareció esa información allí en mi carpeta”, narra.
Guadalupe se pregunta de dónde sacó la Fiscalía esa versión si tampoco está acreditado.
“Hasta me dijo el MP, ‘pero si sabe algo, usted nos puede informar o investigue’. Cómo voy a investigar yo si de por sí vivo con ese miedo”. Los investigadores locales le pidieron a Guadalupe hacerse cargo también de las indagatorias oficiales.
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La dependencia, por lo que ha interpretado Guadalupe de la carpeta, tampoco ha confirmado el dato del posible entierro clandestino de sus hijos y esposo. “Ya ve, las autoridades aquí todo quiere que les pongamos en charola de plata”, agrega.
Guadalupe informó a instancias federales sobre este dato que podría cambiar el curso de la investigación. Ahora, ella logró que el gobierno federal también asuma las investigaciones del caso.
Guadalupe pertenece al Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, que participó en la Segunda Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria el fin de semana pasado. El grupo de buscadoras también está presente en mesas de trabajo organizadas por el gobierno federal desde el lunes pasado hasta este jueves.
Como parte de la jornada nacional, los familiares de desaparecidos realizaron concentraciones en plazas y espacios públicos en Chilpancingo y Acapulco. El domingo estuvieron en Atoyac de Álvarez en un acto convocado por la familia de Rosendo Radilla, desaparecido durante la década de los setenta, en la llamada guerra sucia.
En las mesas de esta semana tras la jornada nacional, Gema Antúnez Flores, fundadora del Colectivo María Herrera al que pertenece también Guadalupe, informó que exigen al gobierno federal una revisión constante de las carpetas de todos los casos de desaparición con expediente, incluso si son de larga data como el de ella. El 27 de febrero de 2011 desapareció el hijo de Gema, Juan Sebastián García Antúnez.
“Yo tengo el caso de mi hijo desaparecido desde el 2011, entonces está contemplado como una desaparición de larga data, y se les está pidiendo que esas carpetas sean manejadas de manera virtual, porque yo como madre sigo en la búsqueda”, expone.
Durante décadas, el PKK ha luchado con Turquía para ganar territorio para los kurdos de Medio Oriente.
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha decidido disolverse y deponer las armas, marcando el fin de un conflicto de más de cuatro décadas con Turquía que dejó más de 40.000 muertos.
La decisión se produjo tres meses después de que su líder, Abdullah Ocalan, preso desde 1999, hiciera un llamado a la disolución del grupo.
Turquía aún no ha hecho ningún anuncio oficial, pero la disolución representaría una gran victoria para el presidente Recep Tayyip Erdogan.
También tendrá importantes repercusiones en la región, especialmente en la vecina Siria.
El grupo, de raíces izquierdistas, fue formado a finales de los años 70 y lanzó una lucha armada contra el gobierno turco en 1984, reclamando un Estado kurdo independiente dentro de Turquía.
Los kurdos son uno de los pueblos originarios de las montañas y llanuras de Mesopotamia, una región que se extiende por el sureste de Turquía, noreste de Siria, norte de Irak, noroeste de Irán y suroeste de Armenia.
Se estima que entre 25 y 35 millones de kurdos viven en esta zona. Son el cuarto grupo étnico más numeroso de Medio Oriente (después de árabes, persas y turcos), pero no tienen un Estado-nación propio.
Durante siglos, los kurdos vivieron bajo el dominio del Imperio Otomano. Cuando este colapsó al final de la Primera Guerra Mundial, muchos kurdos comenzaron a considerar la creación de una patria propia, usualmente denominada “Kurdistán”. Los aliados occidentales vencedores contemplaron esa posibilidad en el Tratado de Sèvres de 1920.
Sin embargo, este fue reemplazado en 1923 por el Tratado de Lausana, que fijó las fronteras de la Turquía moderna y no incluyó ninguna disposición para un Estado kurdo.
Los kurdos quedaron como minoría en todos los países donde habitaban. Durante los siguientes 80 años, todos los intentos kurdos por establecer un país independiente fueron reprimidos.
Los kurdos representan entre el 15 % y el 20 % de la población de Turquía.
En respuesta a los levantamientos ocurridos en las décadas de 1920 y 1930 en Turquía, muchos kurdos fueron reubicados, se prohibieron los nombres y vestimentas kurdas, se restringió el uso del idioma kurdo, e incluso se negó la existencia de una identidad étnica kurda, denominando a estas personas como “turcos de las montañas”.
En 1978, Abdullah Ocalan -un activista político de izquierda originario del sureste de Turquía- fundó el PKK, que abogaba por la creación de un Estado independiente dentro de Turquía. En 1984, el grupo inició una lucha armada.
Desde entonces, aproximadamente 40.000 personas han muerto en Turquía y en zonas de Siria e Irak cercanas a la frontera turca, como consecuencia del conflicto entre el PKK y las fuerzas de seguridad turcas. Cientos de miles de personas han sido desplazadas dentro de Turquía.
El PKK ha sido calificado como grupo terrorista en Turquía, Estados Unidos, Reino Unido y países de la Unión Europea.
En la década de 1990, el PKK dio marcha atrás en sus demandas de un Estado independiente, y comenzó -en cambio- a pedir una mayor autonomía para los kurdos.
En una entrevista con la BBC en 2016, el líder militar del PKK, Cemil Bayik, declaró:
“No queremos separarnos de Turquía y formar un Estado. Queremos vivir dentro de las fronteras de Turquía, en nuestra propia tierra, con libertad”.
“La lucha continuará hasta que se reconozcan los derechos innatos de los kurdos”, añadió.
Sin embargo, Turquía sostiene que el PKK “intenta crear un Estado separado dentro de Turquía”.
A mediados de los años noventa, se produjeron intensos combates entre las fuerzas de seguridad turcas y el PKK. Miles de aldeas fueron destruidas en el sureste y este de Turquía -zonas de mayoría kurda-, lo que obligó a cientos de miles de kurdos a huir hacia ciudades en otras partes del país.
El grupo pidió participar en la vida política de Turquía, mayor reconocimiento de los derechos culturales de la población kurda del país y la liberación de sus miembros encarcelados.
Turquía se negó a negociar con el PKK y ofreció únicamente una amnistía limitada a sus miembros.
Entre 2009 y 2011, el PKK y el gobierno turco mantuvieron conversaciones secretas en Noruega, pero estas fracasaron.
En marzo de 2013, Ocalan anunció un nuevo alto el fuego tras mantener diálogos con el gobierno, y pidió a las fuerzas del PKK que se retiraran de Turquía. Sin embargo, ese alto el fuego se rompió en julio de 2015.
Desde 2015, más de 7.000 personas han muerto en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad turcas y los combatientes del PKK en Turquía e Irak, según la organización de investigación Crisis Group.
Los combates fueron especialmente intensos en 2015 y 2016, y ocurrieron principalmente en el sureste de Turquía.
Para 2019, las fuerzas de seguridad turcas habían expulsado a muchos militantes del PKK fuera del país, y la mayor parte de los enfrentamientos se ha trasladado desde entonces a la región autónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, y al norte de Siria.
En Siria, las tropas turcas (junto con una milicia aliada llamada Ejército Nacional Sirio) también han estado combatiendo a las Unidades de Defensa del Pueblo (YPG), lideradas por kurdos, a las que Turquía considera la rama siria del PKK.
Pero desde octubre de 2024, el gobierno turco -junto con Devlet Bahceli, líder del ultraderechista Partido del Movimiento Nacionalista- ha estado manteniendo conversaciones con el PKK, que han incluido visitas a Ocalan en la prisión de la isla de Imrali, una cárcel de alta seguridad en el mar de Mármara.
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