Organizaciones acusan patrón de violencia contra personas buscadoras tras el asesinato Rubí Patricia en Mazatlán
El asesinato de Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora e integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, ocurrido el 27 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, generó una ola de condenas de organizaciones nacionales e internacionales que advirtieron que su muerte no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia contra personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México.
Rubí Patricia comenzó a buscar a su hijo, Édgar Daniel López Gómez-Tagle, tras su desaparición el 25 de mayo de 2025. Con el paso de los meses se integró al colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, desde donde acompañó a otras familias y participó en jornadas de búsqueda en Mazatlán y otras zonas del estado.
La desaparición de su hijo marcó un punto de quiebre en su vida. Como muchas madres en México, asumió la búsqueda como una tarea cotidiana: acudir a reuniones, insistir ante autoridades, salir al campo manteniendo la esperanza de encontrarlo. Su historia acompaña a otras miles de mujeres que, ante la insuficiencia institucional, han convertido el duelo en exigencia pública de verdad y justicia.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el cuerpo de Rubí Patriciar fue localizado al interior de su domicilio en Mazatlán y presentaba lesiones producidas presuntamente por arma punzocortante. La autoridad informó que se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, pero hasta el momento no ha dado a conocer más información.
“No es un hecho aislado”
Artículo 19 —organización internacional dedicada a la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos— condenó el asesinato y subrayó que el crimen “se inscribe en un patrón de violencia contra las personas buscadoras en el país”, quienes enfrentan amenazas, desapariciones y asesinatos en un contexto de impunidad estructural.
La organización recordó que, durante el actual sexenio de la presidenta Claudia Sheimbaum, ha documentado 14 agresiones letales contra personas buscadoras: seis desapariciones y ocho asesinatos. En ese registro se incluyen otros casos en Sinaloa, entidad que en los últimos años ha enfrentado una profunda crisis de violencia.
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Por su parte, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México señaló que el asesinato de Rubí Patricia es el primero de una persona buscadora en 2026 y se suma a una lista de 34 familiares asesinados desde 2010 por su labor de búsqueda. La institución advirtió que el crimen ocurre en un estado que registra altos índices de desaparición y homicidio, lo que refleja un entorno de riesgo persistente para quienes exigen verdad y justicia.
Amnistía Internacional —organización global que monitorea violaciones a derechos humanos en distintos países— también condenó el asesinato y sostuvo que el crimen “profundiza la grave situación de riesgo que enfrentan las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en México”, otorgando al caso una dimensión internacional.
Además colectivas y organizaciones de familiares en distintos estados del país expresaron su solidaridad con la familia de Rubí Patricia y exigieron garantías de no repetición, así como medidas efectivas de protección para quienes integran colectivos de búsqueda.
Buscadoras en riesgo
En México, la búsqueda de un familiar desaparecido no sólo implica recorrer oficinas, hospitales o zonas de hallazgo: también supone enfrentar amenazas y agresiones. Así lo documentó en 2024 el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, una articulación que agrupa a más de 90 colectivos en el país. El informe señala que son principalmente mujeres —muchas de ellas madres— quienes sostienen estas labores en un contexto de violencia y ante la insuficiencia institucional para dar respuesta a la crisis de desapariciones.
El informe también detalla que las labores de los colectivos no se limitan a las búsquedas en campo. Las familias realizan asesoría jurídica, participan en mesas de incidencia política, acompañan emocionalmente a otras víctimas y presentan denuncias ante instancias nacionales e internacionales, tareas que amplían su exposición y las colocan en escenarios de mayor riesgo.
Frente a este contexto, organizaciones civiles han reiterado que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar medidas de protección efectivas para las personas buscadoras, reconocidas como defensoras de derechos humanos por su labor en la exigencia de verdad y justicia.
Un mensaje de alarma
El asesinato de Rubí Patricia ocurrió en el contexto de la visita oficial a Sinaloa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de Martha Lidia Pérez Gumercindo, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Para varias organizaciones civiles, el crimen envía un mensaje alarmante: incluso en momentos de presencia institucional de alto nivel, la seguridad de las personas buscadoras no está garantizada.
En un país que enfrenta una crisis prolongada de desapariciones, las madres, hermanas y familiares que salen a buscar no sólo cargan con el dolor y la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos, sino también con el riesgo creciente de ser agredidas por ejercer su derecho a la verdad y a la justicia.
De acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México se mantienen más de 115 mil personas desaparecidas hasta 2025, una cifra que refleja la dimensión estructural de la crisis y el tamaño del desafío que enfrentan las familias que buscan.
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Además de la semana laboral, la aprobación de la ley en México también trajo consigo la apertura del diálogo sobre otros temas vinculados a los derechos laborales, como las vacaciones, las horas extras, la informalidad del empleo y la brecha de género en el mercado.
El Congreso mexicano aprobó este martes una histórica ley de enmienda constitucional para reducir, de forma gradual, la semana laboral de 48 horas a 40, que comenzará a implementarse el próximo año.
La ley, que fue impulsada principalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum y el oficialismo, indica que la semana laboral será de 40 horas para el año 2030, un cambio sustancial para miles de trabajadores en el país y que se alinea con las tendencias globales de reducción de los horarios de trabajo.
En América Latina, otros países como Ecuador ya implementaron la semana laboral de 40 horas.
Sin embargo, distintos analistas y principalmente parlamentarios de la oposición señalaron que la misma ley aumenta las horas extras semanales y, sobre todo, mantiene solo un día de descanso por cada seis trabajados.
De acuerdo a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la segunda economía de América Latina -detrás de Brasil- presenta uno de los peores equilibrios entre vida personal y laboral, además de bajos índices de productividad laboral y los salarios más bajos entre los 38 estados miembro del grupo, que incluye a Colombia, Chile y Costa Rica.
Por ello, el oficialismo celebró la decisión tomada casi de forma unánime por el Congreso mexicano. “La semana laboral de 48 horas ha estado en la legislación mexicana por 106 años. Ya era tiempo de que eso cambiara”, dijo el coordinador sindical y diputado oficialista Pedro Haces, que hizo parte de la propuesta.
“La productividad no se mide por el agotamiento. Se construye con dignidad”, añadió.
Sin embargo, distintos diputados y representantes de los trabajadores criticaron la ley por no incluir los dos días de descanso por cada cinco trabajados, tal como se había previsto en un borrador inicial.
“Es una reforma regresiva en muchos sentidos. En inicio, no se están cumpliendo los dos días de descanso, que es el espíritu original de la propuesta que presentamos como parte del frente”, dijo al diario El País Ángel Castellanos, vocero del Frente Nacional por las 40 horas.
Pero, ¿qué otros países de América Latina tienen 40 horas en su semana laboral y cuáles incluso la han aumentado a 60?
De 40 horas
Aunque la semana laboral de 40 horas, que se divide por lo general en cinco días de ocho horas de trabajo, se ha establecido en gran parte de los países del hemisferio occidental, lo cierto es que ha tardado en volverse norma en América Latina.
En países de Europa incluso se están adelantado iniciativas para reducir la semana laboral a cuatro días, con tres de descanso. Sin embargo, en la región latinoamericana gran cantidad de países continúan con jornadas laborales entre 44 y 46 horas semanales, que incluyen los días sábados.
Esto, a pesar de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que busca entablar un diálogo en los países de la región que permita tener horarios laborales que tiendan a un mejor equilibrio entre vida personal y trabajo.
“El tiempo es un recurso finito e irrecuperable. La forma en que se distribuye entre trabajo, vida personal y descanso impacta profundamente en la salud, la productividad y la cohesión social”, señala la organización en un informe de 2025 dedicado a América Latina.
Hasta el momento, el único país de América Latina que actualmente tiene una semana laboral de ocho horas en cinco días a la semana es Ecuador. Y está en vigor desde hace 46 años.
En agosto de 1980, se convirtió en el primer país de la región en habilitar esta semana laboral limitada.
Los otros países que están en proceso de llegar a las 40 horas semanales son Chile y, desde este martes, México.
En Chile, con la aprobación de la ley 21.561 en abril de 2024, avanza un proceso de reducción de horas laborales. Primero se pasó de 48 a 44 horas; el próximo abril la semana trabajable se reducirá a 42 y se espera que para abril de 2028 finalmente se llegue a una jornada de 40 horas totales por semana.
Con la ley aprobada este martes, México también iniciará un proceso gradual de reducción del horario de trabajo, que espera se termine de implementar en 2030.
Tanto en Ecuador como en Chile se introduce la flexibilidad para aplicar estas determinaciones, donde los trabajadores pueden negociar la mejor forma de trabajar. Sin embargo, en Chile el límite de horas laborables es de 10 al día.
De 42 a 44 horas
Colombia es el país de la región que, detrás de Chile, Ecuador y México, más se acerca a reducir sus horarios laborales a las 40 horas.
Actualmente está por concretar la implementación de la ley 2.101 de 2021, que estableció la reducción de la semana laboral en un país donde durante décadas fue de 48 horas.
En julio de este año se pasará a 42 horas semanales, que podrán ser distribuidas en cinco o seis días, con una extensión máxima de nueve horas por día.
Otros países como Guatemala, El Salvador y Brasil tienen una semana laboral de 44 horas.
Sin embargo, en Brasil, la principal economía de la región, el presidente, Lula da Silva, adelantó esta semana que está buscando poner fin a la semana laboral con solo un día de descanso (conocida como 6 x 1).
Lo llamativo es que Lula no invocó contextos técnicos para justificar su iniciativa, sino que citó a un filósofo surcoreano y su teoría sobre la “sociedad del cansancio”, que habla de la falta de equilibrio entre la vida personal y las horas dedicadas al trabajo.
“El mundo laboral se está transformando. El filósofo coreano Byung-Chul Han afirma que vivimos en una ‘sociedad de la fatiga’, donde la presión por el rendimiento afecta el equilibrio entre la vida personal y profesional”, escribió esta semana en su cuenta de X (ex Twitter).
“En Brasil, se debate la eliminación del llamado horario de trabajo 6 x 1 para garantizar que los trabajadores tengan dos días de descanso a la semana”, añadió.
Además de esto, también existe un debate en el país para incluso reducir la semana laboral a 36 horas. De hecho ya se han hecho algunos pilotos con empresas en distintas partes de Brasil.
El caso argentino
En términos generales, lo más establecido en América Latina es una semana laboral de 48 horas máximo. Hasta hace apenas cinco años, pocos países tenían una carga de trabajo menor a ocho horas al día por seis días a la semana.
Actualmente ese modelo lo mantienen países como Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Costa Rica y Paraguay.
Pero lo cierto es que, de acuerdo con la OIT, en muchos de estos países el promedio de horas trabajadas a la semana se acerca más a las 44.
Por eso en varios de estos países se están adelantando debates políticos para establecer leyes que reduzcan formalmente los horarios laborales, por lo que la decisión tomada por México tiene una fuerte influencia.
Cabe aclarar que en Argentina se está dando un agitado debate sobre las horas laborables, en el que se señala que se pasaría de ocho a 12 horas diarias. Sin embargo, la propuesta es clara en que no se debe superar el número de 48 horas totales por semana.
Sin embargo, especialistas explican que esta propuesta -que se convertiría en ley este viernes- va en contravía de las tendencias que se están viendo alrededor del mundo, que intentan reducir el tiempo dedicado al trabajo.
“Este tipo de medidas se va a convertir en un freno para la innovación empresarial y del desarrollo tecnológico”, le dijo al diario Público el economista argentino Jorge Torres.
“Quieren hacer competitivas las empresas a base de explotar a los trabajadores y no de apostar por la innovación”, añadió.
Además de la semana laboral, la aprobación de la ley en México también trajo consigo la apertura del diálogo sobre otros temas vinculados a los derechos laborales, como las vacaciones, las horas extras, la informalidad del empleo y la brecha de género en el mercado.
Por ejemplo, el promedio de días de vacaciones en América Latina es de 15 días -a diferencia de Europa, donde es 25- y la informalidad alcanza niveles importantes dentro de la actividad económica.
En México, la informalidad llega a un 55%, mientras que en otras economías importantes como Brasil y Argentina se sitúa en torno al 40%.
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