Golpe al CJNG en Zacatecas: detienen a 18 personas, entre ellas un presunto jefe criminal vinculado a ataques federales
El fiscal general de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, informó este sábado que un operativo de fuerzas federales en el municipio de Nochistlán culminó con la captura de un líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, la desarticulación de parte de su estructura y la detención de 18 personas —entre ellas el propio jefe criminal— además del aseguramiento de armas, drogas, vehículos e inmuebles.
El funcionario explicó que el despliegue tenía como objetivo la captura de un líder criminal con presencia en Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes, señaló durante una entrevista con medios.
Lee: Tras muerte de “El Mencho”, el gobierno federal identifica a dos posibles sucesores dentro del CJNG
Detalló que la operación permitió afectar de manera directa su red cercana. “Se logró desarticular una esfera importante de estos 18, tres personas consideradas a través de las unidades de inteligencia como relevantes de este líder o cercanos a este líder criminal, siendo 13 masculinos, cinco personas del sexo femenino, hay diverso aseguramiento de armas de fuego, más de 500 dosis de droga, más de 70 envoltorios, hay equipo táctico, armas de fuego, vehículos y así mismo se logró el aseguramiento de diversos inmuebles”.
De acuerdo con medios locales, al líder detenido se le atribuye el ataque contra una base de la Guardia Nacional en Teocaltiche, que dejó un agente federal muerto y dos más heridos. Ese ataque formó parte de la ola de violencia desatada en varias entidades tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, abatido el domingo 22 de febrero durante un operativo de fuerzas federales en Tapalpa.
El fiscal afirmó que el operativo se desarrolló sin incidentes ni riesgos para la ciudadanía: “Ahorita en este momento te puedo comentar que la estación está totalmente controlada, no hubo ninguna reacción, fue un despliegue operativo muy estratégico donde incluso se tuvieron cuidados en zonas y puntos totalmente estratégicos y que no fueran vulnerables para la ciudadanía”.
Violencia posterior a la muerte de “El Mencho”
La eliminación del líder del CJNG provocó una inmediata desestabilización interna en la organización criminal y una respuesta violenta en distintas zonas del país. El abatimiento de Oseguera Cervantes generó un vacío de poder que ha abierto múltiples posibles escenarios sucesorios dentro del cártel, desde intentos de cohesión hasta fragmentaciones y disputas entre mandos regionales.
El día siguiente al operativo que derivó en la muerte de “El Mencho” estuvo marcado por bloqueos, incendios de vehículos, suspensión de clases, fuga de reos y una fuerte presencia militar en Guadalajara y otros municipios de Jalisco y Nayarit, además de efectos en entidades como Michoacán, Oaxaca, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas y Baja California.
Entre las acciones derivadas de esa jornada figuró la localización y abatimiento de Hugo “H”, alias “El Tuli”, presunto operador del CJNG y señalado como responsable de coordinar bloqueos, incendios y agresiones contra fuerzas federales.
La jornada también estuvo marcada por el saldo oficial del operativo en Jalisco, donde 25 elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida, así como un custodio y un integrante de la fiscalía estatal. Al respecto, el general Trevilla expresó que esos fallecimientos evidenciaban “la fortaleza del Estado mexicano”.
En el análisis de los posibles escenarios internos del CJNG tras la muerte de “El Mencho”, expertos han identificado a varios liderazgos con presencia determinante en distintas regiones del país, entre ellas Zacatecas. Figuras como Audias Flores Silva “El Jardinero”, con zonas de operación en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Guerrero y Morelos, aparecen entre las más mencionadas como posibles aspirantes al control del cártel.
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El crimen de Franco fue motivado por su resistencia contra una ley que legalizaría unos condominios en la zona oeste de Río de Janeiro.
Un tribunal en Brasil condenó este miércoles a cinco hombres implicados en el asesinato a tiros de la concejala Marielle Franco y de su chofer, Anderson Gomes, ocurrido en 2018 en Río de Janeiro.
Todos ellos ocuparon cargos en el gobierno del país sudamericano.
Y, de acuerdo con la policía, la ejecución se debió a la resistencia de la también activista y su agrupación, el Partido Socialismo e Liberdade, a un proyecto de ley que legalizaría los condominios en la zona oeste de la ciudad carioca.
Los barrios del área están controlados por milicias que explotan desarrollos inmobiliarios ilegales.
Los condenados son: Domingos Brazão, miembro del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro; el exdiputado federal Chiquinho Brazão, hermano de Domingos; el mayor Ronald Alves de Paula, de la Policía Militar; y el expolicía militar Robson Calixto, asesor de Domingos.
El exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Rivaldo Barbosa, fue absuelto por el asesinato. Sin embargo, fue sentenciado a 18 años de prisión por los delitos de obstrucción a la justicia y corrupción pasiva, por haber recibido dinero de la milicia para obstaculizar las investigaciones.
“El tema político se combinó con la misoginia, el racismo y la discriminación. Marielle era una mujer negra y pobre que estaba desafiando los intereses de los milicianos. ¿Qué mensaje más fuerte se podía enviar? Y en las mentes misóginas de los perpetradores, ¿a quién le importaría eso?”, señala un comunicado del ministro Alexandre de Moraes, relator del caso.
Los hermanos Brazão, señalados como los autores intelectuales, recibieron condenas de 76 años y 3 meses de prisión cada uno por doble homicidio, tentativa de homicidio y asociación delictiva armada.
El cargo de tentativa de homicidio corresponde a que en el auto, que fue alcanzado al menos por nueve disparos, también viajaba la colaboradora de la concejala, Fernanda Chaves, quien sobrevivió al ataque.
Por su parte, Alves de Paula fue condenado a 56 años de prisión por doble homicidio y tentativa de homicidio, mientras que Calixto a nueve años de prisión por participación en asociación delictiva.
Todos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Los hermanos Brazão
Los hermanos Brazão tienen una larga trayectoria en la política de Río de Janeiro.
Chiquinho Brazão, el hermano mayor, fue diputado federal por Río de Janeiro hasta su destitución en abril de 2025.
En octubre de 2023, fue nombrado por el alcalde de Río, Eduardo Paes, para la Secretaría Especial de Acción Comunitaria, pero dejó el cargo después de que el nombre de su familia fuera mencionado en el testimonio de Élcio Queiroz, expolicía militar arrestado y acusado de conducir el vehículo utilizado el día del asesinato de la concelaja.
Domingos Brazão, por su parte, mantuvo su cargo como miembro del Tribunal de Cuentas del Estado (TCE) hasta su condena, y recibió su compensación de 56.000 reales (más de US$10.000), incluso estando en prisión preventiva.
Exdiputado estatal y empresario de la industria petrolera, ganó sus primeras elecciones en 1996, convirtiéndose en concejal en Río de Janeiro.
Su base electoral es la zona oeste de la ciudad, cuna de las milicias del estado. En el año 2000, se postuló a la alcaldía, pero quedó en octavo lugar; su labor siempre fue regional.
En 2015 fue elegido miembro del Tribunal de Cuentas del Estado.
Controvertido, el nombre de Brazão fue incluido en un informe sobre milicias de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro en 2007.
El asesor del Tribunal de Cuentas siempre negó las acusaciones de participación en delitos e irregularidades. Las atribuyó a disputas políticas, a la lucha por votos y a bastiones electorales.
Brazão admitió, sin embargo, haber asesinado a un hombre durante un debate legislativo en 2014.
“Sí, maté a alguien”, dijo Brazão, quien también reconoció haber sido arrestado por el crimen, pero afirmó haber sido absuelto, según el periódico O Dia.
“Pero eso fue hace más de 30 años, cuando tenía 22 años. Fue un matón que fue a mi calle, a mi casa, el día de mi cumpleaños, para confrontarme a mí y a mi familia. La justicia falló a mi favor”, afirmó en aquel momento.
En 2017, también fue vinculado a una presunta trama de sobornos, caso del que salió airoso.
Un exdirector de la Policía
Rivaldo Barbosa, exdirector de la Policía Civil de Río de Janeiro, asumió el control de la agencia un día antes de la muerte de Marielle.
Fue condenado por obstrucción a la justicia y corrupción pasiva por usar su cargo para proteger a los hermanos Brazão de las investigaciones.
Dirigió la policía entre marzo y diciembre de 2018, dejando el cargo tras la investidura del exgobernador Wilson Witzel.
Se destacó como jefe de policía en la década de 2010, desempeñándose como director de la División de Homicidios de 2012 a 2015. Su labor resultó en un aumento en la resolución de casos de homicidio en Río.
Barbosa fue nombrado jefe de la Policía Civil en 2018 durante una intervención federal en Río de Janeiro ordenada por el entonces presidente Michel Temer tras un aumento de la delincuencia durante el Carnaval.
En la primera fase de la investigación del caso de Marielle Franco, dijo que garantizaría una investigación exhaustiva y que el crimen no quedaría impune.
En una entrevista con GloboNews, la madre de Marielle, Marinete Silva, confirmó que el jefe de policía recibió a la familia después del crimen.
“Era un hombre que decía que era una cuestión de honor para él resolver este caso”, declaró.
El mayor Ronald y Robson Calixto Fonseca
El expolicía militar Ronald Paulo de Alves, conocido como el “mayor Ronald”, está acusado de vigilar a la concejala. Anteriormente había sido arrestado por su participación en la milicia en Rio das Pedras y sus alrededores, en la zona oeste de Río.
En 2004, recibió una condecoración del entonces diputado Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro por sus servicios al Estado.
Estaba destacado en el 22.º Batallón de la Policía Militar en el Complexo da Maré y fue condecorado por el parlamentario tras un operativo que abatió a tres delincuentes en la comunidad.
Robson Calixto Fonseca, conocido como Peixe, es un policía militar retirado y exasesor de Brazão en la legislatura de Río de Janeiro y posteriormente en el Tribunal de Cuentas.
Según una denuncia presentada por la Fiscalía General de la República, también está involucrado en las milicias de Río.
Con información de Wilson Tosta para BBC News Brasil.
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