
Para entender mejor
Un grupo de educadoras comunitarias del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), provenientes de los municipios de Madera, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza y diversas comunidades rurales de la región de la Sierra en Chihuahua, se manifestaron en contra de las condiciones laborales que viven, consideradas como injustas, principalmente por la carga excesiva de trabajo y los apoyos económicos insuficientes que reciben, incluso en periodos como el cierre de año.
La protesta se realizó de manera pacífica al exterior de las oficinas de Recaudación de Rentas del ayuntamiento de Madera el lunes pasado, pese a las bajas temperaturas que alcanzaron alrededor de cuatro grados centígrados bajo cero.
Las manifestantes señalaron que el recurso otorgado no corresponde con las responsabilidades que asumen, ni con los gastos que deben cubrir para llevar educación a comunidades alejadas y en condiciones de alta marginación.
De acuerdo con las educadoras, sólo una parte del personal logró asistir a la manifestación, debido a que muchas de sus compañeras se encontraban en comunidades de difícil acceso, lo que implica largos traslados que suelen solventar con recursos propios.
“Somos encargadas de llevar la educación a las comunidades más marginadas, donde por el número de matrícula de niños y por lo lejano de estos lugares no puede llegar la educación regular; los maestros regulares, por la lejanía, por ahorita la delincuencia, por todo ese tipo de situaciones, no llegan. Los educadores de Conafe son quienes hacen posible que estos niños tengan su educación”, comentó Lizbeth Mendoza, una de las manifestantes.

Además indicaron que, de manera constante, las educadoras de Conafe destinan dinero de su bolsillo para transporte, alimentación y hospedaje, con el fin de cumplir con su labor educativa.
Lizbeth Mendoza, educadora comunitaria de acompañamiento regional en el municipio de Madera, explicó que las exigencias administrativas y académicas que reciben desde oficinas centrales no toman en cuenta las condiciones reales en las que trabajan quienes están en territorio, y pidió que las autoridades de Conafe sean más empáticas y reconozcan el valor del trabajo comunitario.
Señaló que las docentes demandan un apoyo económico digno y equiparable a otros programas federales, como Jóvenes Construyendo el Futuro, así como un reconocimiento real a su labor.
Asimismo, Mendoza informó que recibieron respaldo por parte de autoridades municipales, quienes les facilitaron un espacio digno. Indicó que los lugares donde normalmente se reúnen para sus capacitaciones mensuales se encuentran en condiciones precarias.
Como ejemplo de la situación que enfrentan, la educadora explicó que Conafe convoca a reuniones mensuales de capacitación que implican costos elevados para quienes viven en la Sierra, muchas de las cuales no pudieron asistir a la protesta por falta de recursos.

“Para que ellas puedan venir a prepararse una vez al mes, Conafe les hace llegar un apoyo económico de 800 a 900 pesos, lo cual ellas simplemente para trasladarse de su comunidad a ciudad Madera hacen un gasto de 2 mil pesos en el puro traslado ida y vuelta; no estamos contando hospedaje, que estos cursos duran una semana, ni estamos contando comida”.
Durante la manifestación, las educadoras portaron carteles con consignas como: “No a la burla educativa, la educación rural no se recorta”, “Paro nacional Conafe, trabajo digno”, “No más sueldos miserables”, “Mucho trabajo, mucha responsabilidad, muy poco sueldo”, “Exigimos cumplimiento y justicia laboral” y “Nuestro trabajo transforma vidas, nuestro salario nos estanca la vida, eso no es servicio, es abuso”.
También exigieron recibir el mismo apoyo que otros programas federales y un pago de fin de año digno para la región Madera.
Las manifestantes hicieron un llamado a las autoridades de Conafe para que volteen a ver la realidad que enfrentan las educadoras comunitarias y atiendan sus demandas de manera urgente.
Esta nota se publicó originalmente en Raíchali.

La agencia está bajo escrutinio tras el letal tiroteo de una mujer en Mineápolis llamada Renee Nicole Good.
El letal tiroteo de Renee Nicole Good, de 37 años, en Mineápolis provocó protestas y aumentó el escrutinio sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
El ICE ha realizado miles de arrestos desde que Trump regresó a la Casa Blanca, por lo general en espacios públicos.
Estas acciones están llevando a sus agentes con cada vez más frecuencia a comunidades de todo el país, lo que ha generado resistencia por parte de algunos residentes locales que se oponen a sus operaciones.
El ICE está liderando la implementación de la iniciativa de deportación masiva de la administración Trump, una promesa central de su campaña electoral.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha ampliado significativamente el ICE, su presupuesto y su misión.
La agencia hace cumplir las leyes de inmigración y realiza investigaciones sobre la inmigración indocumentada. También participa en la expulsión de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.
El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Esta legislación creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con el ICE como una de sus agencias subsidiarias.
El ICE considera que su misión abarca tanto la seguridad pública como la seguridad nacional. Sin embargo, sus facultades son diferentes a las de un departamento de policía local promedio en Estados Unidos.
Sus agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en Estados Unidos sin documentación legal.
Pueden detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto, agrede a un oficial o si el ICE sospecha que la persona está en Estados Unidos sin documentos.
A pesar de esto, según ProPublica, una agencia de noticias independiente sin ánimo de lucro, durante los primeros nueve meses de la presidencia de Trump se produjeron más de 170 incidentes en los que agentes federales retuvieron a ciudadanos estadounidenses contra su voluntad.
Estos casos incluían a estadounidenses que los agentes sospecharon eran inmigrantes indocumentados.
Las acciones de uso de la fuerza por parte del ICE se rigen por una combinación de la Constitución de los Estados Unidos, la legislación estadounidense y las propias directrices del Departamento de Seguridad Nacional.
Según la Constitución de Estados Unidos, las fuerzas del orden “solo pueden usar fuerza letal si la persona representa un peligro grave para sí misma o para otras personas, o si ha cometido un delito violento”, declaró Chris Slobogin, director del programa de justicia penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vanderbilt.
Sin embargo, históricamente la Corte Suprema de los Estados Unidos ha concedido una amplia indulgencia a los agentes que toman decisiones en el momento sin el beneficio de la retrospectiva.
Un memorando de política del DHS de 2023 establece que los agentes federales “solo pueden usar fuerza letal cuando sea necesario” cuando tengan “una creencia razonable de que la persona a la que se aplica dicha fuerza representa una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves” para sí misma o para otra persona.
Normalmente, el ICE opera dentro de Estados Unidos, con algún personal en el extranjero. Su agencia hermana, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., técnicamente patrulla las fronteras estadounidenses.
Sin embargo, estas funciones se han desdibujado cada vez más, a medida que la administración Trump retiró agentes de diversas agencias federales del orden público para participar en la aplicación de la ley migratoria.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza operan cada vez más dentro de EE.UU., participando en redadas con el ICE.
El ICE y otras agencias han desplegado cientos de agentes en ciudades como Los Ángeles, Chicago y ahora Mineápolis, en colaboración con otras agencias federales del orden público.
Hasta 2.000 agentes federales se desplegarán en Mineápolis como parte de la última operación, según informó Associated Press.
La magnitud de las deportaciones durante la era Trump ha sido significativa.
La administración afirmó haber deportado a 605.000 personas entre el 20 de enero y el 10 de diciembre de 2025.
También indicó que 1,9 millones de inmigrantes se habían “autodeportado voluntariamente”, tras una agresiva campaña de concienciación pública que animaba a las personas a abandonar el país por su cuenta para evitar ser arrestados o detenidos.
Un inmigrante que se encuentra con el ICE puede enfrentar diversas consecuencias.
En ocasiones, una persona es retenida temporalmente y luego liberada tras un interrogatorio. En otras circunstancias, el ICE la detiene y la traslada a un centro de detención más grande, de los cuales existen varios en todo Estados Unidos.
Aunque muchos inmigrantes continúan luchando por su estatus legal mientras están detenidos, si no lo logran podrían ser deportados.
Alrededor de 65.000 personas se encontraban detenidas por el ICE a 30 de noviembre de 2025, según datos obtenidos por el proyecto de inmigración del Transactional Records Access Clearinghouse, un compendio de datos gubernamentales de la Universidad de Syracuse.
Abogados de inmigración dijeron a la BBC que, una vez que el ICE detiene a una persona, a veces puede llevar días para que las familias o los abogados averigüen dónde se encuentra.
Muchas comunidades han respondido cuando el ICE y agencias asociadas, como la Patrulla Fronteriza, realizan operativos.
Ahora es común que los residentes filmen a los agentes del ICE mientras realizan arrestos. Algunos encuentros entre los agentes y el público se han tornado agresivos o violentos.
Durante operativos del ICE en Chicago, Illinois, un colectivo de organizaciones de medios de comunicación demandó a la Patrulla Fronteriza. Alegaron que los agentes usaron fuerza indebida contra periodistas, líderes religiosos y manifestantes.
Un juez federal falló a favor del grupo, antes de que un tribunal de apelaciones revocara la decisión.
El tiroteo en Mineápolis no es el primero en que una persona resulta herida por disparos durante un operativo de control migratorio.
En octubre hubo dos incidentes en Los Ángeles en los que los agentes dispararon a conductores, según informó Los Angeles Times. El DHS afirmó en ambos casos que los conductores habían amenazado a los oficiales con sus vehículos.
Los oficiales del ICE y otros agentes de inmigración han sido criticados por usar máscaras para ocultar su rostro mientras realizan sus operativos.
Funcionarios del DHS defienden esta práctica, argumentando que protege a los agentes de la divulgación de información personal o el acoso.
Las encuestas sugieren que los estadounidenses tienen una visión compleja de los planes de Trump para controlar la inmigración.
Poco más de la mitad cree que es necesario algún nivel de deportación, según una encuesta realizada en octubre de 2025 por el Centro de Investigación Pew, una entidad no partidista.
Esta cifra es aproximadamente la misma que Pew encontró en marzo del año anterior.
Sin embargo, la misma encuesta sugiere que a los estadounidenses les preocupan los métodos de Trump.
Se encontró que la mayoría de los adultos estadounidenses (53%) creía que la administración Trump estaba yendo “demasiado lejos” para deportar a inmigrantes indocumentados. Alrededor del 36% apoyó este enfoque.
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