
Con 27 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, el Congreso de Michoacán aprobó diversas reformas para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose así en la entidad número 15 en permitir esta práctica.
En el dictamen elaborado y aprobado previamente por la Comisión de Justicia se recogen diversas iniciativas impulsadas desde el 2021 por legisladores, organizaciones y colectivas de la sociedad civil.
A partir de éstas, se propuso reformar los artículos 118, 141, 142, 143 y 146 del Código Penal de Michoacán, así como derogar el 144 y el 145, en los que se establecían castigos tanto para las mujeres y personas gestantes, como para el personal de salud que interrumpiera el embarazo.
De esta manera Michoacán se suma a la lista de estados que han optado por despenalizar el aborto por la vía legislativa, apegándose así al fallo en la materia emitido por la Suprema Corte en septiembre de 2023.
El dictamen aprobado integra un segundo párrafo al artículo 118 del Código Penal de Michoacán en el que se establece que no se perseguirá ni juzgará como homicidio en razón de parentesco o relación cuando el “sujeto pasivo” sea el producto en gestación en cualquier momento del embarazo.
Asimismo, se modifica el artículo 141 para que el aborto se entienda como la interrupción del embarazo posterior a las 12 semanas de gestación.
Mientras que en el artículo 143 se propuso una pena de 10 a 20 años de prisión para las personas que realicen abortos sin consentimiento y de 20 a 40 años de prisión si lo hacen con violencia física o psicológica. Además, se les suspenderá de su profesión u oficio por el doble de tiempo de la pena de prisión impuesta.
En tanto que el artículo 146 incorpora dos nuevas causas de aborto que eximen de responsabilidad a las mujeres o personas gestantes sin importar la etapa gestacional en la que se encuentren. Una es por encontrarse en una situación económica precaria y la otra, cuando se demuestre que solicitó la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación y que el acceso a dicho servicio fue negado o aplazado por el personal de salud.
El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular con una reserva al artículo 142. A petición de dos legisladores, el artículo fue modificado para imponer de seis meses a un año de trabajo comunitario a las personas que realicen un aborto con consentimiento después de las 12 semanas de gestación.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán.
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La sesión prevista a las 9:00 horas de este jueves se retrasó unos minutos después de que grupos “provida” bloquearan las puertas del Congreso, impidiendo el paso a las y los legisladores.
Con pañuelos azules y pancartas en mano, pidieron que sus demandas fueran escuchadas antes de la discusión del dictamen. Sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad del estado lograron disiparlos después de un breve forcejeo.
Una vez iniciada la sesión, hubo distintos intentos para suspender la discusión. En un primer momento, la diputada del PAN, Teresita de Jesús Herrera, solicitó un receso para atender a los manifestantes a través de la Comisión Integral de la Familia, pero la mayoría del Pleno rechazó la propuesta.
Tras la lectura del dictamen, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona, solicitó a la Comisión de Justicia aclarar la modificación del concepto de aborto propuesta en el dictamen, pero su petición también fue rechazada por mayoría.
Posteriormente, solicitó una moción de suspensión para que, en vista de no poder resolver las aclaraciones debido a la ausencia de los integrantes de la Comisión de Justicia, el dictamen regresara a comisiones. Sin embargo, ésta fue rechazada nuevamente.
Durante el debate, diputados del PAN argumentaron que el dictamen fue aprobado en comisiones “a oscuras” sin discusión previa y sin llegar a consensos. También acusaron falta de transparencia en la publicación del orden del día, ya que previamente se aprobó uno en donde se proponía la discusión de tres iniciativas en la materia presentadas por el grupo parlamentario Morena.
Hasta ahora, estas 15 entidades han despenalizado el aborto en las primeras semanas de gestación: Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo, Aguascalientes, Puebla, Jalisco y Michoacán.
En el caso de Sinaloa, desde marzo de 2022, el aborto voluntario está permitido hasta las 13 semanas de gestación cuando en otras entidades es sólo hasta 12.
Mientras que en Guerrero se reformó el Código Penal local para permitir el aborto voluntario en cualquier momento del embarazo sin que sea considerado como un delito, aunque aún se puede perseguir a quien auxilie a abortar en embarazos con más de doce semanas de gestación.

Su imperio de estafas se derrumbó en 2023, cuando fueron detenidos y entregados a China por milicias étnicas.
China ejecutó a 11 miembros de una conocida familia mafiosa que dirigía centros de estafa en Myanmar, a lo largo de su frontera nororiental, según informan los medios de comunicación estatales.
Los miembros de la familia Ming fueron condenados en septiembre por diversos delitos, entre ellos homicidio, detención ilegal, fraude y gestión de casas de juego, por un tribunal de la provincia china de Zhejiang.
Los Ming eran uno de los muchos clanes que controlaban la ciudad de Laukkaing, transformando una urbe empobrecida y aislada en un llamativo centro de casinos y barrios rojos.
Su imperio de estafas se derrumbó en 2023, cuando fueron detenidos y entregados a China por milicias étnicas que habían tomado el control de Laukkaing durante una escalada de su conflicto con el ejército de Myanmar.
Con estas ejecuciones, Pekín está enviando un mensaje disuasorio a los posibles estafadores. Pero el negocio se ha trasladado ahora a la frontera de Myanmar con Tailandia, y a Camboya y Laos, donde China tiene mucha menos influencia.
Según estimaciones de Naciones Unidas, cientos de miles de personas han sido víctimas de la trata para llevar a cabo fraudes en línea en Myanmar y otros lugares del sudeste asiático.
Entre ellas hay miles de chinos, y sus víctimas, a las que estafan miles de millones de dólares, también son principalmente chinas.
Frustrado por la negativa del ejército de Myanmar a poner fin al negocio de las estafas, del que presuntamente se beneficiaba, Pekín respaldó tácitamente una ofensiva de una alianza insurgente étnica en el estado de Shan a fines de 2023.
La alianza arrebató un territorio significativo al ejército y tomó Laukkaing, una importante ciudad fronteriza.
Los once miembros de la familia Ming son los primeros jefes de esquemas fraudulentos de Myanmar en ser ejecutados por China.
Pero no serán los últimos. Cinco miembros de la familia Bai también fueron condenados a muerte en noviembre, y los juicios de otros dos grupos de acusados de las familias Wei y Liu aún no han concluido.
El juicio de la familia Ming se celebró a puerta cerrada, aunque el año pasado se permitió la asistencia de más de 160 personas a la audiencia para dictar sentencia, entre ellas familiares de las víctimas.
Las operaciones fraudulentas y las casas de juego de la mafia Ming generaron más de 10.000 millones de yuanes (US$1.400 millones) entre 2015 y 2023, según el tribunal supremo de China, que rechazó sus apelaciones en noviembre.
Sus delitos provocaron la muerte de 14 ciudadanos chinos y lesiones a muchos otros, según el tribunal.
Más de 20 miembros de la familia Ming fueron condenados en septiembre a penas de cárcel que iban de cinco años a cadena perpetua. Ming Xuechang, el patriarca del clan, se suicidó en 2023 mientras intentaba evitar su detención, según informó entonces el ejército de Myanmar.
Las confesiones de los detenidos se difundieron en documentales de los medios de comunicación estatales, para subrayar la determinación de las autoridades chinas de erradicar las redes de estafa.
Los Ming estaban entre un puñado de familias al estilo “El Padrino” que ascendieron al poder en Laukkaing a comienzos de la década de 2000.
Esto ocurrió después de que el entonces “señor de la guerra” de la ciudad fuera derrocado en una operación militar encabezada por Min Aung Hlaing, quien se convirtió en líder del gobierno militar de Myanmar tras el golpe de 2021.
El cabeza de familia, Ming Xuechang, dirigía uno de los centros de estafas más infames de Laukkaing, Crouching Tiger Villa.
Al principio, el juego y la prostitución eran las principales fuentes de ingresos de estas familias, pero con el tiempo comenzaron a dedicarse al fraude en línea, con personal compuesto en su mayoría por personas secuestradas y obligadas a llevar a cabo estos delitos.
Dentro de los muros de los extensos y bien vigilados recintos se desarrollaba una cultura de violencia. Las palizas y las torturas eran habituales, según los testimonios recogidos de los trabajadores liberados.
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