Obstáculos al acceso gratuito al aborto en estados donde ya se ha despenalizado, denuncias por el delito que incrementan en todo el país, retrocesos en el límite del periodo gestacional, como sucedió en Aguascalientes, y cambios en el poder judicial que dejan en la incertidumbre si seguirá teniendo un papel central en la legalización caracterizan el panorama al que se enfrentará la primera presidenta de México en materia de derechos reproductivos.

Además de la Ciudad de México, que lo hizo en 2007, de 2019 a la fecha 12 estados más han llevado a cabo reformas –por iniciativa de sus congresos o por orden judicial– para permitir el aborto parcialmente, sujeto a determinados periodos gestacionales. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han documentado que persisten obstáculos de información, personal médico, insumos o incluso negación para que el servicio se preste de manera efectiva. 

Por un lado, son necesarias directrices claras para el sistema de salud, además de información suficiente y accesible en torno a que el servicio existe y puede ser solicitado. Aunado a ello, la sociedad civil adelanta que seguirá atenta a la defensa de las decisiones alcanzadas para evitar retrocesos jurídicos, al tiempo de ampliar la conversación pública para dejar de ver al aborto como un tema exclusivamente penal.  

En ello coinciden el Centro de Derechos Reproductivos, organización internacional, y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que en México ha llevado a cabo diferentes estrategias para impulsar la despenalización del aborto. Mediante la experiencia local y global, ambas organizaciones pretenden fortalecer de manera conjunta los pasos que ya se han dado en el país.

“Hay un tema muy importante de difusión de la información, de que las personas realmente conozcan, tengan información, educación sobre estos temas, sepan que pueden exigir sus derechos, que pueden pedir los servicios; es una parte desafiante sobre lo que tenemos que trabajar en alianza con muchísimas organizaciones, activistas y defensoras de derechos reproductivos”, afirma Catalina Martínez, directora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. 

Frania Colmenero, abogada de GIRE, precisa que tres mensajes medulares persisten en la agenda pública. El primero, hablar del aborto como un tema prioritario de salud pública: “Si no lo vemos así, el poder acceder a él se complejiza mucho, porque el hecho de que se niegue la posibilidad de acceder a un aborto legal y seguro no reduce las tasas de aborto, más bien lo que hace es orillar a las mujeres y personas con capacidad de gestar a buscar medios para acceder que tienden a la clandestinidad, pero también a condiciones que ponen en peligro su salud y su vida”.

“Estamos generando condiciones donde las personas realmente no saben si tienen ese derecho, y muchas veces también el personal de salud y los actores operativos, quienes ven las partes administrativas, no tienen esta certeza generalizada de cuándo se puede brindar el servicio. Por eso la inclusión del aborto en la regulación sanitaria es el medio idóneo”, apunta Colmenero. 

Adicionalmente, es necesario dejar de usar el derecho penal como la primera vía de regulación del aborto porque mientras se siga utilizando ese instrumento y prevalezca un modelo de causales y plazos, el aborto continuará siendo un delito en determinadas circunstancias y quienes lo solicitan, lo asisten o proveen información seguirán enfrentando denuncias y estigmas.   

Aún con despenalización, estados criminalizan el aborto

Además de los 13 estados que han despenalizado el aborto en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en 2021 que era inconstitucional criminalizar a las mujeres y en 2023 resolvió un amparo que lo legaliza a nivel federal. Sin embargo, esto no ha impedido que se sigan iniciando carpetas de investigación por este delito. De hecho, a nivel nacional han aumentado, al pasar de 605 en 2018 a 810 en 2023.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero de 2018 y agosto de 2024 se iniciaron 4 mil 813 carpetas de investigación por el delito de aborto, la mayoría de ellas en el Estado de México (935), la Ciudad de México (910), Nuevo León (741), Tamaulipas (302) y Baja California (300).

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Los estados que tuvieron menos carpetas de investigación por aborto fueron Tlaxcala (0), Yucatán (4), Durango (9), Campeche (10), Nayarit (12) y Colima (16).

La Ciudad de México, gobernada por la futura presidenta entre 2018 y 2023, fue la primera entidad del país en despenalizar la interrupción del embarazo hasta las primeras 12 semanas de gestación en 2007. Aún así, ocupa el segundo lugar a nivel nacional por carpetas de investigación de este delito: en 2018 inició 110; en 2019, 132; en 2020, 79; en 2021, 102; en 2022, 192; en 2023, 181, y entre enero y agosto de 2024 se iniciaron 114.

“Si bien la persecución penal no necesariamente finaliza en una sentencia condenatoria, la realidad es que sí marca un estigma y un desgaste físico, económico y emocional en las personas, eso por un lado; por otro, también está el hecho de que, por ejemplo, en particular la única causal que se acepta a lo largo del país es la causal violación”, dice Colmenero luego de destacar que entre 2018 y 2022 la capital ocupó el primer lugar en carpetas abiertas. 

Las otras 12 entidades que han despenalizado el aborto también cuentan con carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto. Entre enero de 2018 y agosto de 2024, Baja California inició 300, Veracruz abrió 103, Hidalgo registró 114 y Oaxaca 87.

Baja California Sur abrió 68 carpetas de investigación en el mismo periodo de tiempo, seguido de Aguascalientes con 62, Quintana Roo con 47, Sinaloa con 36, Guerrero con 33, Puebla con 28, Coahuila con 21 y Colima con 16.

Amenazas: retroceso en Aguascalientes e incertidumbre sobre Poder Judicial

Si bien las organizaciones de la sociedad civil descartan riesgos de retrocesos grandes en la legislación del aborto, sí alertan respecto a dos factores que, por lo menos, abren esa puerta o generan incertidumbre: la reciente modificación en Aguascalientes en agosto pasado que redujo de 12 a 6 el periodo gestacional permitido para abortar, y la reforma al Poder Judicial que implicará la elección popular de jueces, magistrados y ministros. 

La Suprema Corte de México ha tenido un papel fundamental en el avance en torno a los derechos de las mujeres, en particular el acceso al aborto, por lo que es necesario que quienes lleguen a formar parte de ella sean personas lo suficientemente calificadas en el análisis del derecho para poder seguir generando controles constitucionales y convencionales, apunta Martínez.

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“Existe el derecho a decidir en México porque la Corte lo creó, y lo creó haciendo un análisis de su constitución a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos. Si nosotros leemos las decisiones que toma la Corte recientemente, vamos a ver cómo hacen análisis no solo de los artículos de la Constitución mexicana, sino que tran también jurisprudencia internacional de derechos humanos, estándares de comités de Naciones Unidas para concluir que, efectivamente, el derecho a decidir si continuar o no con un embarazo está claro en derechos humanos como el derecho a la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana”, añade. 

Desde la perspectiva de GIRE, que destaca el trabajo de la Corte como base para despenalizar el aborto en Coahuila en 2021, por ejemplo, sus resoluciones marcan el reconocimiento de los derechos reproductivos pero también confirman que hay sustancia en el entramado jurídico del país para fundamentarlo como un derecho.

“Si bien es una preocupación, sobre todo porque todavía no tenemos la claridad de las normas reglamentarias (de la reforma judicial), no sabemos bien cómo se van a dar estas tomas de decisión ni quién las va a tomar, la realidad es que a quien le toca la tarea de regular no es el Poder Judicial, es a los congresos estatales y ahorita ya hay argumentos sustanciados que permiten despenalizar”, explica Colmenero.

Aunque dada la falta de voluntad de los congresos, el propio Grupo optó por la vía judicial para promover amparos en diversos estados, varios de los cuales ya han dado frutos. Fue incluso uno de estos el que obligó al Congreso de Aguascalientes a despenalizar a finales de 2023. Ese mismo órgano, decidió, menos de seis meses después, reducir el plazo autorizado de 12 a 6 semanas, con complejidades y burocracias adicionales.

“Aguascalientes resiste, definitivamente. Algo muy importante es que las mujeres y las personas gestantes seguiremos decidiendo sobre nuestros cuerpos porque no necesitamos el permiso del Estado ni del Congreso, pero el Estado y el Congreso sí deberían garantizar la no criminalización y nos queda claro que no lo están haciendo, prefirieron criminalizar antes que brindar educación, información y acompañamiento seguro y no violento”, reclama Angie Contreras, de la organización hidrocálida Cultivando Género. 

A la primera presidenta: “Que realmente lleguemos todas”

Ante la próxima toma de posesión de la primera mujer presidenta en México dentro de tres días, la activista admite que, por un lado, le alegra mucho que después de 200 años una mujer llegue a ocupar ese cargo, porque es algo que muchas jamás imaginamos que veríamos suceder en nuestra vida entera.

“Pero también es importante que recordemos que el que sea una mujer no garantiza los derechos de todas. Hay mucho esta frase que dicen: ‘llega una, llegamos todas’, y yo creo que no es cierto. La experiencia de Aguascalientes nos dice que tenemos una gobernadora, la primera, y es justo en su periodo en donde hemos visto un retroceso a los derechos de todas”, argumenta Contreras.

Lo que mujeres y activistas tendríamos que pedirle y exigirle a la siguiente presidenta es que lleguemos realmente todas, que escuche las diferentes visiones, perspectivas y necesidades de todos los estados, porque hoy en día, añade, vivir en México no significa tener los mismos derechos en todos los estados.

“Si queremos que lleguemos todas, hay que ver que México es tan diverso y tan distinto que necesitamos justamente que la presidenta vea esas diferencias y que apueste porque se garanticen estos servicios. De nada sirve que se queden en la letra, si operativamente las áreas, sobre todo las federales, que es el Seguro Social, están pidiendo que tienes que llevar el ultrasonido o la ecografía, o te están haciendo escuchar los latidos del corazón, cuando todo eso ya se ha dicho que revictimiza”, señala. 

Ante la negación del servicio que persiste en muchos escenarios, incluso de violación sexual, Colmenero, de GIRE, recuerda que eso en parte es consecuencia del desconocimiento del personal de salud, pero también de que no existe un mensaje claro desde las instituciones a nivel nacional. 

Recuerda que a la actual administración le faltó avanzar hacia la despenalización en los estados que conservan una prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo, que además debería ocurrir en el poder legislativo, lo que implicaría un gran punto de inflexión. El gobierno de la primera presidenta podría distinguirse, además, si se propone mantener y mejorar las políticas públicas que ya existen, pero que deben ser más claras para los prestadores de servicios de salud. 

“Si construimos política pública alrededor del aborto como un servicio esencial de salud, y se mantiene y va incrementándose a lo largo de la administración, va a ser un punto sustancial, y con esto quiero decir no nada más hablar de que vamos a hacer políticas públicas pero también que se refleje en la planeación estatal, en el presupuesto, en las instituciones que brindan los servicios de salud, y se replique de manera similar a nivel federal y a lo largo de la República”, pide la abogada.