En 2015, dos hombres atacaron a Fausia, una mujer indígena defensora del derecho al territorio del pueblo Nahua en Honduras. Uno de ellos la violó sexualmente como represalia por su labor, con el fin de despojarla de su tierra. 

Su caso llegó este año al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, donde es analizado. Con ello, la organización Centro de Derechos Reproductivos busca que el órgano internacional ayude a seguir construyendo estándares alrededor del aborto y el acceso a anticonceptivos, incluida la pastilla de emergencia, también conocida como “del día siguiente”. 

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Fausia estaba decidida a no continuar su embarazo, pero cuando acudió al hospital, el personal médico la intimidó y amenazó con denunciarla si abortaba. Unos meses después, se convirtió en madre de manera obligada.

Países que prohiben el aborto

Sumando al Caribe, Surinam, Haití, República Dominicana y Jamaica mantienen también una prohibición absoluta. Mientras que otras naciones de la región lo permiten solo en casos específicos, como cuando peligra la vida de la mujer o es preciso preservar la salud, los únicos que contemplan el aborto voluntario a nivel nacional, a solicitud de la mujer por etapa gestacional, son Uruguay, Guyana, Guyana Francesa, Cuba, Argentina y Colombia.

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“No es suficiente liberalizar por causales o etapas gestacionales”

El caso de Fausia en Naciones Unidas no solo sería un precedente para los estados de la región que aún prohíben el aborto de forma absoluta, sino que al mismo tiempo abonaría a establecer estándares internacionales más sólidos en torno al acceso amplio e integral a toda la gama de salud sexual y reproductiva, incluido el derecho a la educación sexual. 

“Particularmente, queremos que el Comité asegure que no es suficiente con liberalizar el aborto por causales o por etapas gestionales cortas y mantener el delito, que en realidad lo que debería pasar es que se elimine el delito del Código Penal, que es un poco la conversación que está habiendo en México, que hubo en Colombia, pero queremos que órganos internacionales y regionales de derechos humanos también den esa conversación”, señala en entrevista Catalina Martínez, directora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.

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La especialista explica que a final de cuentas, lo que resulta contrario al pacto de derechos civiles y políticos no es el hecho de que exista una prohibición absoluta, sino de que persista el aborto como delito. Cuando se toma como referente la prohibición absoluta, se entiende que lo contrario es liberalizarlo solo por causales o períodos gestacionales.

Sin embargo, el aborto es y debe entenderse como un servicio de salud, por lo que debería estar regulado solamente en el sistema sanitario: ahí puede hablarse de plazos y otras características, pero el Código Penal no debe ser la herramienta regulatoria de un servicio de salud, sostiene Martínez.

“Así como la OMS lo reconoció, como se está dando la discusión en algunas cortes nacionales, como México y Colombia, que todavía no han dado los saltos más profundos pero se está dando la conversación, que la misma conversación llegue al ámbito internacional y regional”, añade.

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“Sería la voz de muchas mujeres que sufren violencia” 

Para Fausia, el análisis de su caso a las Naciones Unidas es importante porque sería la voz de muchas mujeres que viven violencia.

Debido a las amenazas de sus agresores y a la falta de protección del Estado de Honduras, Fausia ha tenido que abandonar su territorio y desplazarse con su familia muchas veces. Sin embargo, no ceja en su lucha. 

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“Dije que llegaría hasta las últimas instancias para esclarecer el caso y para buscar justicia. En mi país difícilmente iba a ser escuchada, iba a ser atendida, por el contexto en el que se desarrollan o se desenvuelven las leyes de mi país”, señala en su testimonio.

De acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos, el caso de Fausia es muestra de las múltiples violaciones a derechos humanos que se derivan de la penalización de un servicio esencial de salud. Esta medida afecta a todas las personas que necesitan un aborto, y en particular a aquellas en situación de vulnerabilidad, como las sobrevivientes de violencia sexual.

Piden que Honduras garantice acceo al aborto

A fin de que la historia de Fausia no se repita, la organización solicita ante las Naciones Unidas que el Estado hondureño garantice el acceso al aborto en condiciones seguras, restituya derechos fundamentales y ponga fina a la penalización de la interrupción del embarazo. Al mismo tiempo, que dé garantías de acceso a la pastilla de anticoncepción de emergencia, específicamente cuando se trata de sobrevivientes de violencia sexual, y que proteja el secreto profesional médico.

“La marea verde me motivó personalmente a involucrarme en el proceso, ha sido como una insignia de lucha; también motivo a las mujeres de Latinoamérica, de América, a que luchen o nos unamos todas en una lucha colectiva para defender nuestros derechos y los derechos de las que callan o no tienen voz por temor”, dice Fausia.

Según datos de la Secretaría de Salud de Honduras, en ese país cada día tres niñas menores de 14 años son forzadas a mantener embarazos producto de violaciones, y a ser madres. En los últimos 30 años, más de 60 países han liberalizado sus leyes para ampliar el acceso al aborto, incluidos algunos de Latinoamérica, como Colombia y Argentina, y México a nivel local. Solo cuatro países, incluido Honduras, han retrocedido en sus leyes.