Congreso de Jalisco despenaliza el aborto, pero deja restricciones para usuarias y personal médico
En una segunda votación, con 20 votos a favor, 16 en contra y una abstención, el Congreso de Jalisco aprobó una reforma para despenalizar el aborto y así convertirse en la entidad número 14 en despenalizarlo por vía legislativa.
Sin embargo, el dictamen aprobado mantiene restricciones en el acceso para las mujeres y personas gestantes que deseen acceder al servicio de interrupción del embarazo, pues solo podrán acceder al servicio hasta las 12 semanas de gestación, y en caso de estar en condición de pobreza, ser discriminada o desconocer previamente su derecho podrá interrumpir hasta la 14 semana de gestación.
También permanecen sanciones para el personal médico que intervenga en el servicio cuando sea en contra de la voluntad de la persona gestante, pese a que colectivas solicitaron eliminar la medida para que el personal no tema ser criminalizado.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) calificaron el dictamen de ambiguo porque no deroga el concepto de ir a prisión. “No queremos un dictamen ambiguo que continúe penalizando a las mujeres por tomar sus decisiones sobre su cuerpo y su vida”, expresaron en un comunicado.
Los cambios realizados en el Código Penal
Los artículos referentes al aborto en el Código Penal no habían sido modificados desde 1982. La petición de organizaciones como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) era sacar el concepto de aborto del Código Penal.
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Sin embargo, el dictamen aprobado solo elimina el artículo 227 que “aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, y mantiene los artículos 228 y 229 con modificaciones.
Ahora el artículo 228 permite el acceso al aborto hasta la semana 12 de gestación y establece que al superar las semanas límite, pueden ir a prisión hasta por un año o la medida puede ser sustituida por un “proceso de atención integral”.
Se mantiene prisión de tres a seis años y la suspensión del ejercicio de su profesión de uno a cinco años para médicos, pasantes, estudiantes, enfermeras, profesional de partería y personal que apoye en la interrupción cuando sea en contra de la voluntad o sin el consentimiento de la gestante.
De acuerdo a la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Jalisco la mayoría del personal médico es objetor de conciencia y se debe a la incertidumbre del margen legal para los trabajadores, pues temen ser criminalizados bajo este artículo.
En tanto el artículo 229 amplía el catálogo de causales por las cuales se permite interrumpir, como ser víctima de violación o de abuso sexual infantil, ser forzada a una inseminación articial, tener un accidente que provoque el aborto, poner en grave riesgo la salud de la gestante, cuando existan alteraciones generica o congenitas en el producto, cuando se acredite que la autoridad se negó a realizar la interrupción durante las primeras doce semanas, y cuando exista un transtorno ginecologico que le impida saberse embarazada durante las primeras 12 semanas de gestación.
Por mandato, diputados debían de despenalizar
En abril de este año, se determinó que eran inconstitucionales los artículos que prohíben el aborto voluntario o autoprocurado dentro del Código Penal del estado de Jalisco, de acuerdo a un pronunciamiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, tras revisar el amparo 344/2023.
Ese mismo mes, el Congreso de Jalisco fue notificado y se le ordenó modificar su Código Penal antes de que termine la Legislatura número 63 el próximo 31 de octubre. Los diputados dejaron en espera la votación por más de cinco meses y finalmente el viernes 4 de octubre apareció en el orden del día la posible discusión para despenalizar el aborto.
La medida se dio después de que organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos de las mujeres, como GIRE y CEPAD, por mencionar algunas, presentaran una estrategia jurídica para recordar al tribunal que desde septiembre de 2023 existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que despenalizó el aborto a nivel federal y Jalisco no está armonizado con el pronunciamiento.
De no acatar el mandato, los integrantes del Congreso podrían recibir una multa de 100 a mil días de salario mínimo, sufrir la separación del puesto e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, y prisión de entre cinco y diez años.
Se necesitaron dos votaciones para aprobar la despenalización
El dictamen que elimina el artículo 227, y modifica los artículos 228 y 229 del Código Penal de Jalisco fue presentado por la bancada de Movimiento Ciudadano, —con mayoría en el Congreso—, por la tarde fue aprobada por una comisión temporal integrada por los diputados Mara Robles, Enrique Velazquez, Susana de la Rosa y Dolores López, pues a que ninguna comisión quería discutir la reforma, y por la noche fue aprobado por el pleno.
En la sesión, la diputada por el partido Futuro, Susana de la Rosa, pidió que la votación se llevará a cabo a través de cédulas, es decir de manera secreta, y solo los diputados José María “Chema” Martínez de Morena y Mirelle Montes del PAN se opusieron. “Ya pasaron las elecciones, no se preocupen”, insistió en el templete la diputada Mirelle, mientras pedía a sus compañeros transparentar el voto.
De la Rosa logró la mayoría, y los diputados votaron de manera secreta por lo que se desconoce cuáles votaron a favor, en contra y quién se abstuvo de votar.
En un primer intento de votación, los resultados fueron 18 votos a favor, 18 en contra y una abstención, por lo que se decidió realizar una segunda votación, donde se obtuvo la mayoría con 20 votos a favor, 16 en contra y una abstención. La única diputada ausente fue Erika Ramírez del partido Verde Ecologista.
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El gobierno guatemalteco atribuye a sus rivales políticos el asesinato hace unos días de una decena de policías.
Células de la pandilla Barrio 18 asesinaron la mañana del 18 de enero a diez policías e hirieron a otros ocho, en uno de los ataques más letales de los últimos años contra las fuerzas de seguridad en Guatemala.
La ofensiva criminal comenzó un día antes en la capital del país con la toma de tres presidios de forma simultánea, donde reos vinculados a las maras mantuvieron como rehenes a 46 empleados de prisiones.
El presidente Bernardo Arévalo, que gobierna desde hace un año en un contexto de fuerte confrontación con la poderosa y cuestionada fiscalía guatemalteca, decretó el cierre provisional de escuelas y un estado de sitio por 30 días en todo el país.
El gobierno acusa a sus adversarios políticos de estar detrás de los ataques para generar caos; la oposición se desliga y acusa al gobierno del presidente Arévalo de tibieza en el combate a las pandillas; Barrio 18 se muestra hermético con la prensa y apenas esboza unas quejas sobre las condiciones de vida de los penales; y la población, ajena a las disputas entre criminales y élites políticas, espera no ser blanco del siguiente ataque.
Para entender el origen y las implicaciones de esta nueva crisis, BBC Mundo habló con miembros del Barrio 18, altos mandos de la cartera de seguridad del gobierno guatemalteco, personeros de la policía, activistas en los territorios controlados por pandillas y personas cercanas al ejecutivo.
Un ataque anunciado
BBC Mundo contactó con un alto funcionario del gobierno involucrado directamente con el manejo de esta crisis, quien brindó declaraciones bajo el compromiso de no ser identificado en esta nota, y a quien nos referiremos como funcionario 1.
Esta persona aseguró que agentes de inteligencia penitenciaria detectaron el jueves 15 de enero un plan de la pandilla Barrio 18 para coordinar una ofensiva en el sistema penitenciario y en las calles. No sabían cuándo este plan sería ejecutado.
Según este funcionario, se informó de esto a la policía guatemalteca a fin de resguardar la vida de los agentes; sin embargo, policías de calle consultados para esta nota dijeron no haber tenido información al respecto y haber estado haciendo los patrullajes de forma rutinaria el domingo 18.
BBC Mundo habló el 22 de enero con Jorge Aguilar, vocero oficial de la Policía Nacional Civil de Guatemala, quien confirmó que efectivamente se conocía el plan del Barrio 18 tanto para la toma coordinada de las tres cárceles como para la ofensiva en la calle.
No obstante, ante la pregunta de si se advirtió a los patrulleros sobre una amenaza concreta e inminente, respondió que a diario se les instruye a “extremar medidas de protección personal” como parte del protocolo habitual. No hubo, reconoció, una alerta específica previa a los ataques que terminaron con la vida de diez agentes.
Todo indica que la información sobre la ofensiva se filtró por diferentes canales. Esto es coherente con lo dicho a BBC Mundo por una activista que, por sus más de diez años trabajando en centros penitenciarios, tiene contacto cercano y acceso a miembros de la “rueda”, el grupo de líderes del Barrio 18.
Esta persona mostró a este medio mensajes de un líder medio del Barrio 18 que recomendaba: por su seguridad “no se acerquen a ningún puerco” (término despectivo para llamar a los policías en el argot pandillero), ya que habría consecuencias.
Esa comunicación se produjo el miércoles 14 en la localidad de Villa Nueva, donde se dio uno de los ataques más graves la mañana del domingo 18 con la muerte de dos policías que custodiaban el Centro de Justicia de esa localidad.
Otra señal previa que no fue tomada en cuenta por las autoridades fue la cancelación, por orden directa de Barrio 18, de partidos de fútbol en decenas de ligas barriales programados para ese mismo domingo, una medida habitual de control territorial cuando se anticipan hechos violentos.
Pandilleros de Barrio 18 y miembros veteranos de esa estructura aseguraron a BBC Mundo que los ataques tienen que ver con el traslado de sus líderes a centros penitenciarios de mayor seguridad y a las malas condiciones de los centros penales.
Sin embargo, ese mismo domingo, un líder carcelario no pandillero recluido en el penal de máxima seguridad Renovación 1, Mario Roberto Barneon García, difundió un video desde prisión en el que instaba a la población a derrocar mediante un golpe de Estado al presidente Arévalo.
El líder penitenciario portaba un chaleco antibalas con el logo de la policía guatemalteca, el cual, según sus propias palabras, había sido arrebatado a un agente penitenciario. El vocero de la policía Jorge Aguilar afirmó a este medio que según sus informaciones fue la mara Barrio 18 quien pagó a este líder no pandillero para lanzar ese mensaje.
Pero, ¿por qué quieren derrocar al presidente y quién estaría detrás?
¿Motivaciones políticas?
Una persona cercana al ejecutivo, que pidió no ser identificada por su nombre o cargo, aseguró que la postura interna del gobierno es que el ataque tiene motivaciones políticas que buscan desestabilizar al Ejecutivo.
En la misma línea, el funcionario 1 afirmó contar con pruebas de que personas vinculadas a la ex primera dama Sandra Torres, fundadora y líder del partido UNE, que perdió las elecciones presidenciales de 2023 frente a Arévalo, estarían detrás de la ofensiva atribuida al Barrio 18.
Aunque no facilitó a BBC Mundo acceso a esas pruebas, su testimonio da cuenta de hacia dónde apunta la lectura interna del gobierno.
El propio Arévalo aseguró que, incluso antes de asumir el cargo, tuvo conocimiento de que se preparaba un atentado en su contra.
“Una fiscal del Ministerio Público nos informó de una escucha que habían hecho, porque estaban utilizando los métodos en el marco de una investigación, en donde Barrio 18 discutía el encargo que les habían hecho de cometer un atentado en mi contra”.
No obstante, el mandatario reconoció no contar con pruebas que le permitan señalar responsables concretos.
“Es un fenómeno que caracteriza este Estado cooptado por las élites político-criminales. Es un sistema de colusión en donde los actores que trafican corrupción, trafican impunidad, trafican negocios turbios, negocian, se unen y tienen capacidad de acción para intereses comunes de la colusión entre los grupos de pandillas”, dijo la pasada semana.
El presidente cree que estas acciones para debilitar al gobierno se han intensificado en un momento en el que se esperan cambios importantes.
En los próximos meses toca renovar instituciones clave, con la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, el proceso de renovación de la Corte de Constitucionalidad y sobre todo el relevo en la fiscalía previsto para mayo.
Este proceso llegará en pleno pulso entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, a quien el gobierno acusa de instrumentalizar la justicia para frenar reformas y cambios institucionales en un sistema plagado de corrupción.
La respuesta del Estado
El Estado guatemalteco respondió el 18 de enero con una fuerza intermedia: una operación rápida para retomar el control de los centros penitenciarios combinada con medidas de excepción.
Los tres penales tomados -Preventivo de la Zona 18, Fraijanes II, y Renovación 1, estos dos últimos de máxima seguridad- fueron recuperados el mismo día.
Según fuentes de inteligencia, el objetivo principal de la operación era desarticular el motín en Renovación 1 y capturar al principal líder del Barrio 18, Aldo Dupie, alias “El Lobo”.
El funcionario 1 explicó a este medio que la estrategia consistió en saturar el penal con gas lacrimógeno, aprovechando que El Lobo padece asma crónica y otros problemas respiratorios. Se lanzaron decenas de latas de gas para reducir a los amotinados, obligarlos a entregar las armas y rendirse en pocas horas.
Según esta fuente, el objetivo era recuperar el penal sin tener causar la muerte a los reos amotinados. Todo apunta a una operación limpia: no hubo ningún muerto ni herido de gravedad en ninguno de los bandos. El Lobo fue reducido y capturado. Se le mostró con la cara ensangrentada, esposado de manos y caminando lento, pero sin lesiones de consideración.
A las seis de la tarde, el presidente Arévalo se dirigió al país en cadena nacional para informar sobre la recuperación de los centros penitenciarios y decretar luto nacional por la muerte de ocho agentes policiales —una cifra que horas más tarde se elevó a diez—.
Como medida central, Arévalo decretó un estado de sitio por 30 días, que amplía las facultades de las fuerzas de seguridad para realizar capturas y allanamientos, y permite la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.
Esta medida se da en un contexto centroamericano donde las narrativas populistas y los grupos de derecha claman por medidas de más fuerza, como las tomadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele
Bukele mantiene desde hace tres años y nueve meses un régimen de excepción que ha permitido capturar a más de 90.000 presuntos delincuentes, situando a El Salvador como el país con más presos per cápita del mundo.
Como parte de esa estrategia de mano dura, se registra una caída masiva en la tasa de homicidios.
Al cierre de esta nota, el gobierno guatemalteco había desplegado múltiples operativos policiales que resultaron en al menos 25 capturas de presuntos miembros del Barrio 18 y al menos uno de la Mara Salvatrucha 13. Aldo Dupie fue además aislado dentro del sistema penitenciario.
Sin embargo, en un hecho insólito en el universo de las pandillas centroamericanas, el gobierno de Arévalo apunta a la esposa de El Lobo como responsable de ordenar y coordinar los ataques.
Se trata de María Marta Castaneda Torres, sobrina directa de la excandidata presidencial y principal opositora al gobierno de Arévalo, Sandra Torres.
Castaneda fue capturada en agosto de 2025 y se encuentra ligada a un proceso penal por delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita, vinculados presuntamente a ataques contra una fiscal del Ministerio Público.
Este 20 de enero, como parte de las acciones del gobierno contra el Barrio 18, fue enviada a aislamiento en el centro de reclusión preventiva de la base militar Mariscal Zavala, conocida como la cárcel VIP por haber albergado a reclusos de alto perfil.
Esta decisión reforzó la lectura del Ejecutivo de que detrás de la masacre de policías y de la crisis penitenciaria hay actores políticos interesados en desestabilizar al gobierno.
Preguntamos sobre esto al vocero de la policía Jorge Aguilar y respondió que “la policía no hablará de política; eso que se lo respondan los políticos”.
Aseguró que la policía trabaja bajo una premisa más sencilla: “Barrio 18 ataca como una forma de presión para que se traslade a su líder, alias Lobo, quien desde mediados de 2025 se encuentra en el penal de máxima seguridad Renovación 1, hacia el penal preventivo de la zona 18”.
Las versiones divergentes dentro del propio gobierno de Arévalo evidencian la falta de una explicación unificada sobre los motivos de la masacre.
El ministro de Gobernación declaró el 21 de enero que los ataques ocurrieron como respuesta a la recuperación de los penales, una afirmación difícil de sostener, ya que los asesinatos de policías comenzaron por la mañana, cuando los centros aún estaban bajo control del Barrio 18.
En esa misma comparecencia, el presidente Arévalo reiteró su tesis sobre la participación de actores políticos: “Vemos que, efectivamente, hay actores que están detrás de esto y están lanzando mensajes en el momento en el que estamos enfrentándonos a un proceso en donde vamos a recuperar el sistema de justicia gracias a estas elecciones que tenemos en los próximos días”, en referencia a la renovación de la fiscalía.
Sandra Torres, por su parte, respondió a las alusiones del Ejecutivo acudiendo a la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde responsabilizó al presidente de cualquier atentado contra su integridad.
El diputado José Inés Castillo, vocero del partido UNE, el de Torres, rechazó las acusaciones y defendió a su dirigente.
“Es cierto, es verdad, una sobrina de nuestra dirigente del partido, Sandra Torres, está casada o vive con un jefe de una banda de terroristas. Pero Sandra Torres no tiene la culpa de que su sobrina tenga una conducta inapropiada dentro de la sociedad. Y además la responsabilidad penal es personalísima en este país”, alegó.
La confrontación política entre el Ejecutivo y otros actores del Estado se ha convertido así en el telón de fondo de la masacre de los policías.
Mientras las responsabilidades se debaten en despachos oficiales y espacios políticos, los diez agentes asesinados -dos de ellos mujeres- fueron sepultados por sus familias en distintos cementerios del país.
Los motivos últimos de sus muertes siguen siendo objeto de disputa.
Reacomodos en el universo criminal
Las pandillas en Guatemala tienen su origen en la ciudad de Los Ángeles, donde surgieron y se organizaron bajo un conjunto de normas internas conocido como el Sur.
Este régimen normativo (que en California sigue vigente) establecía reglas para los enfrentamientos entre pandillas y promovía, en determinados contextos, una suerte de frente común contra otros conglomerados criminales.
En Centroamérica, y concretamente en Guatemala, este pacto fue invocado por los líderes pandilleros en las prisiones a principios de la década de los 2000 para enfrentarse a las estructuras carcelarias de poder, en su mayoría gobernadas por exmilitares o capos ligados al mundo militar.
Las pandillas hicieron un frente común y lograron derrotar a esas otras estructuras carcelarias, decapitando a dirigentes emblemáticos y asesinando a decenas de sus hombres.
Ese frente común se terminó el día 15 de agosto de 2005 en el penal de Pavón, cuando la MS13, al mando de Jorge Hair de León Hernández, conocido como El Diabólico, perpetró una masacre contra los miembros del Barrio 18.
Desde entonces ambas estructuras han mantenido una guerra sostenida por control territorial y venganzas, tanto en barrios urbanos como dentro del sistema penitenciario.
Sin embargo, en la ofensiva reciente se observan indicios de una coordinación inédita entre ambas pandillas, al menos en la forma de un pacto tácito de no agresión en medio del caos.
El funcionario 1 afirma que Diabólico (MS-13) y El Lobo (Barrio 18) estuvieron en celdas contiguas durante 2025 donde, según inteligencia del Estado, alcanzaron algún tipo de entendimiento.
BBC Mundo realizó un recorrido por diversas zonas de la capital, incluyendo lugares en los que fueron perpetrados los ataques, donde no se pudo constatar un ambiente especialmente hostil.
La actividad comercial continuaba y el transporte público operaba con normalidad. Aunque escuelas y universidades fueron cerradas de forma preventiva el lunes 19 de enero por orden presidencial, al día siguiente retomaron su funcionamiento habitual.
En el recorrido del día 19 de enero no se detectó presencia anormal de policías o militares en estas zonas, lo que, según testimonios de vecinos, genera en la población una idea de abandono, ineficiencia y poca respuesta por parte del Estado ante la ofensiva pandillera.
En los territorios visitados, BBC Mundo constató además una expansión sin precedentes del Barrio 18 en Guatemala. Barrios y zonas periféricas de la capital que hasta hace poco estaban bajo control de la MS-13 han pasado en los últimos meses a manos de esta pandilla rival, reconfigurando el mapa criminal del país.
Fuentes cercanas al mundo pandillero señalan que, en paralelo, se ha producido el desplazamiento de decenas de integrantes del Barrio 18 hacia ciudades fronterizas de México, un movimiento que podría responder tanto a la presión estatal como a estrategias de expansión regional.
Como dato simbólico, un exmiembro del Barrio 18 indicó que los ataques se realizaron el día 18 de enero, una fecha con un significado particular dentro del imaginario de esta banda criminal.
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