La madrugada del 6 de diciembre, un vehículo cargado con explosivos estalló en pleno centro de Coahuayana, en la costa michoacana del Pacífico, dejando al menos cinco personas muertas y más de una decena de heridas, entre ellas policías comunitarios y civiles.

El estallido destruyó fachadas, vehículos y parte de un hospital cercano, y detonó también un debate nacional: autoridades federales informaron inicialmente que investigaban el hecho como posible acto de terrorismo, aunque después la Fiscalía General de la República (FGR) rectificó y reclasificó la indagatoria como delincuencia organizada, en una región donde operan células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos locales, como Cárteles Unidos o Los Caballeros Templarios.

El vehículo, una pickup Dakota, habría ingresado desde el puente que divide Colima de Michoacán, en Coahuayana, y explotado frente a la base de la Policía Comunitaria de ese municipio, apuntando a una escalada inédita de violencia con artefactos explosivos incluso para una zona marcada por años de disputa armada entre cárteles, grupos de autodefensa, Ejército y policías.

Municipios como Aguililla, Tepalcatepec, Coalcomán y Apatzingán han documentado el uso sistemático de estas tácticas de “guerrilla urbana”, y Coahuayana, que lleva varios años resistiendo el asedio del Cártel Jalisco —tal y como Animal Político documentó en esta crónica—, se suma a ese mapa de violencia explosiva.

El coche bomba que los criminales detonaron en ese pequeño municipio del Pacífico confirma una tendencia: la guerra criminal en la región ha escalado del control territorial al uso de armamento artesanal con capacidad de producir daños masivos, en un contexto donde la presencia estatal es insuficiente y las comunidades atrapadas entre los grupos en pugna se ven obligadas a huir.

“En Michoacán hay una carrera armamentística”

“Definitivamente, en este 2025 ha habido un incremento de la violencia con uso de drones, minas y explosivos en Michoacán”, subraya una persona integrante del Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán, que pide anonimato por seguridad.

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Además, el uso cada vez más frecuente de drones cargados con bombas artesanales y de minas antipersona que entierran en caminos rurales —hasta mayo, se habían registrado 10 víctimas por minas explosivas, una cada 14 días— también está generando numerosos episodios de desplazamientos forzados.

En abril pasado, Animal Político fue testigo en El Alcalde y El Guayabo de ese éxodo masivo: al menos 500 familias huyeron, luego de que facciones del Cártel Jalisco y Los Caballeros Templarios se enfrentaran con drones y por vía terrestre, y minaran los caminos de acceso a las comunidades, donde varios cortadores de limón han sido víctimas de las minas explosivas.

“El uso de artefactos explosivos es algo que preocupa mucho, sobre todo por la desmovilización de las actividades cotidianas de la ciudadanía. Y nos referimos a actividades productivas, como el corte de limón y también a la suspensión de clases, que es un efecto casi inmediato. Ante la presencia de explosivos en el territorio, ya sea por decisión de las autoridades, o de los padres de familia, la niñez y la juventud están dejando de ir a la escuela. Y esto es algo muy grave, tanto económica como educativamente”, plantea la persona integrante del Observatorio.

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Sobre el uso cada vez más frecuente de drones y minas, advierte que cada vez es más evidente que existe “una carrera armamentística” entre los al menos 17 grupos criminales que operan en varias regiones de Michoacán, especialmente en Tierra Caliente.

Están desarrollando “tecnología de guerra” y reclutando a “mineros” (especialistas en “plantar” minas antipersona) y “droneros” (operadores de drones), como parte de esa “carrera” por alzarse con la mayor cantidad de armamento de alto poder.

El uso de drones, al alza

Preguntado acerca de por qué esta carrera se está produciendo principalmente en Michoacán, el consultor y experto en seguridad David Saucedo lo explica de la siguiente manera: “en Michoacán, junto con Guanajuato, las mafias locales han ofrecido más resistencia en contra del avance del Cártel Jalisco. Esas mafias locales han contestado a ese avance con una estrategia de utilización de drones cargados con explosivos, minas antipersona, y ahora, como se ha visto en Coahuayana, con la utilización de coches bomba. Y, obviamente, el Cártel Jalisco también está haciendo uso de esas mismas herramientas”.

En el caso de los drones, Saucedo señala que los cárteles descubrieron que pueden hacer ataques a distancia contra sus rivales y contra el Ejército y las autoridades, sin que quienes los operan se pongan en riesgo.

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“Además, los drones tienen la característica de que son de bajo costo, pues tanto los aparatos, como las cargas explosivas, pueden construirse de manera artesanal, hechiza”.

“Antes —añade—, se utilizaban como ‘bombas voladoras’. Es decir, se enviaba el dron a estrellarse directamente contra el objetivo. Ahora, los drones pueden soltar las cargas desde el aire y ser recuperados. Además, son muy difíciles de detectar, sobre todo cuando hacen vuelos nocturnos”.

El Observatorio coincide: los drones son el recurso explosivo más empleado, aunque no hay datos precisos sobre cuántos circulan. Identifican focos de uso constante en Buenavista, Paredes del Ahogado, La Ruana y otros poblados fronterizos entre Tepalcatepec y Jalisco, como El Olivo y Cholula.

David Saucedo remarca que, si bien el uso de explosivos y de armas de grado militar, es algo que los grupos del crimen organizado llevan empleando desde años atrás —especialmente organizaciones delictivas, como Los Zetas, de corte paramilitar—, en la actualidad se está convirtiendo en una práctica cada vez más recurrente.

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“Antes, solo los ‘diamantes’ de seguridad de narcotraficantes de alto perfil contaban con personal altamente capacitado, con soldados de élite y armas de grado militar. Pero, ahora, ya no es una guardia pretoriana utilizando este tipo de herramientas explosivas, sino que ya las utilizan también las tropas regulares”.

“Además —agrega—, hay una variante en todo esto, y es el uso de esas armas en contra de la población civil, como se ha visto en Coahuayana con el coche bomba. Esto ya forma parte de una estrategia de ‘narcoterrorismo’ que están aplicando algunos cárteles”.

Las exigencias al Estado

El Observatorio Regional expresa preocupación porque ni el gobierno estatal de Alfredo Bedolla ni el gobierno federal de Claudia Sheinbaum han delineado una estrategia explícita para frenar esta “tecnología de guerra”.

“No vemos líneas de trabajo serias. Y el nuevo Plan Michoacán no dice nada explícitamente sobre esta situación”, señala la persona consultada del Observatorio, que plantea tres demandas al Estado.

En primer lugar, “cero tolerancia a las actividades criminales que implementan tecnología de guerra en los territorios de Michoacán”.

“Se necesita una política que haga efectiva la promesa de inteligencia para rastrear las líneas de suministro de los insumos para fabricar estos artefactos explosivos, y de esta manera garantizar que no se van a seguir produciendo en el territorio”.

El Observatorio reconoce la importante labor de retiro de minas antipersona que está llevando a cabo el Ejército y otras autoridades en Michoacán. “Pero también es una realidad que después de que liberan un camino de minas, pasa poco tiempo antes de que vuelva a ser sembrado. Es un cuento de nunca acabar”.

En segundo lugar, el Observatorio exige “erradicar la impunidad” y que sucesos de alto impacto, como los asesinatos el 1 de noviembre del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y doce días antes del productor de limón Bernardo Bravo, y ahora el coche bomba de Coahuayana, no desplacen o tapen lo que está sucediendo en las comunidades.

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“Parece que cada caso nuevo desplaza al anterior y esto genera un riesgo de que se vayan quedando impunes”.

Y en tercer lugar, el Observatorio exige que “los indicadores de éxito” de iniciativas gubernamentales, como el Plan Michoacán, “no se limiten sólo al número de aprehensiones, decomisos y desmantelamiento de laboratorios”.

“Todo eso es muy importante, pero también se necesita que informen respecto de qué condiciones están construyendo, por ejemplo, para el retorno seguro de cientos de pobladores en comunidades desplazadas. Se debe poner el enfoque sobre la estadística asociada a las víctimas, pues es algo que no se refleja en los informes gubernamentales”, concluye la persona consultada del Observatorio.