
El atroz asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha visibilizado una crisis de seguridad que hace años se vive en Michoacán, en donde la mayor parte de los municipios de la entidad se encuentran a merced de las organizaciones criminales y ningún sector productivo relevante se salva de la extorsión.
La presión social y mediática ha sido tanta que, con muy poco tiempo para su diseño, el pasado domingo 9 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que se despliega en tres ejes, incluido el de la seguridad, que contempla el arribo a la entidad de 12 mil militares; también uno económico centrado en apoyos para los productores agrícolas que han sufrido extorsiones los últimos años, así como un programa de obras y conectividad para todo el estado. Por último un componente social y educativo, que busca ampliar las oportunidades para los habitantes de dicho estado. Se propone invertir en toda la estrategia cerca de 57 mil millones de pesos.
En el proceso para implementar este plan, el Gobierno de la República tendrá que enfrentar tres grandes retos: el primero es aplicar un plan que tuvo poco tiempo para diseñar, que es probable que tenga ajustes sobre la marcha; el segundo, la colusión de autoridades locales con el crimen organizado y, el tercero, un complejo entramado de organizaciones criminales que operan en la entidad.
Sobre este tercer reto, he aquí una radiografía propia del grado de penetración de las organizaciones criminales en los 113 municipios de Michoacán, elaborada a partir de fuentes hemerográficas.
Un primer hallazgo del ejercicio es que, en todos los municipios de Michoacán opera al menos una organización criminal, es decir, ninguno se libra de la influencia del crimen organizado. En 30 municipios se ha registrado la presencia de una sola organización criminal, en 31 hay dos organizaciones criminales operando, en 30 hay tres organizaciones, en 5 hay cuatro organizaciones, en 9 hay cinco organizaciones (Incluyendo a Morelia y La Piedad), en 5 hay seis organizaciones (Uruapan, Buenavista, Tepalcatepec, Parácuaro y Tumbiscatío), en 2 hay 7 (Aguililla y Múgica) y en la restante Apatzingán operan 8 organizaciones, siendo este el municipio con la combinación más compleja.
Como se puede ver en el siguiente mapa, la zona de Tierra Caliente que circunda a Apatzingán es la de mayor densidad de organizaciones criminales; le sigue la zona aledaña a Uruapan, en especial la que colinda con Jalisco y una tercera área de riesgo la encontramos en la Zona Metropolitana de Morelia, mientras que, por el contrario, la zona del Bajío es la que presenta una menor cantidad de organizaciones.

La revisión hemerográfica, cuya base de datos puede ser consultada en este enlace, nos muestra que en Michoacán operan en este momento 17 diferentes organizaciones criminales de distintos tamaños, las cuales coexisten en una compleja trama de alianzas que cambia de forma frecuente.
Esto es producto en gran medida de la fragmentación que sufrieron los Caballeros Templarios, organización que hasta 2014 era la dominante en el estado y que hoy siguen existiendo, pero con una pequeña fracción del poder que tenían antaño.
En la actualidad la organización criminal que concentra mayor poder es el Cártel Jalisco Nueva Generación, la cual está presente en 110 de los 113 municipios de Michoacán. De hecho, no se pudieron encontrar registros de su presencia sólo en Acuitzio, Huiramba y Nocupétaro, por lo que se puede decir que es el grupo más fuerte en Michoacán, al estar presentes en todas las regiones y los municipios de mayor importancia. Sin embargo, en muchos de ellos tienen competencia.

A pesar de que el CJNG hace referencia al vecino estado de Jalisco, los fundadores de dicha organización provienen de Michoacán, en concreto del municipio de Aguililla, ya que ahí nacieron Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y los hermanos González Valencia, “Los Cuinis”, herederos del otrora Cártel del Milenio.
Estos habían sido expulsados a Jalisco por la Familia Michoacana (el antecedente de los Caballeros Templarios), pero ante el surgimiento de las autodefensas en 2013 vieron la oportunidad de recuperar la posición, financiando a algunos de estos grupos y enviando células a diferentes municipios, al grado que para 2015 ya eran la organización con más poder en la zona.
En los últimos 10 años el CJNG ha crecido en influencia y cuenta con varios liderazgos regionales fuertes, como el de Ramón Álvarez Ayala, “El R1”, que tiene a su centro de operación en Apatzingán y Uruapan; William Edwin Rivera Padilla, “El Barbas”, en Zitácuaro, y Jesús Rivera Aguirre, “Don Chuy”, en Morelia.
Frente al CJNG se encuentra un conglomerado de organizaciones que reciben el nombre de Cárteles Unidos, que no se trata de un cártel en forma, sino de una especie de alianza, aunque la misma ha sido inestable en el tiempo. Se conforma por la suma de los Viagras, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Tepalcatepec, los Caballeros Templarios, el Cártel de Sinaloa en su facción de la Mayiza, el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel de los Reyes.
Sin embargo, es importante recalcar la inestabilidad de esta alianza, porque los Viagras lo mismo han sido enemigos que aliados del CJNG; de igual forma, en el pasado la Nueva Familia Michoacana trabajó en conjunto con los de Jalisco. Quizá los más constantes en su enfrentamiento con el CJNG sea el Cártel de Tepalcatepec, quienes tienen una posición fuerte en Tierra Caliente. Todos ellos como un conjunto fueron designados por el gobierno de los Estados Unidos como organización terrorista.
Cárteles Unidos se encuentran presentes en 81 de los 113 municipios de Michoacán, con influencia en todas las zonas, salvo en el Bajío, donde tienen una incidencia baja, tal como se puede observar en este mapa.

Dentro de Cárteles Unidos la organización más relevante son los Viagras, que se formó por exoperadores de los Caballeros Templarios, quienes constituyeron primero un grupo de autodefensa en 2014, que evolucionó a organización criminal, la cual comanda Nicolás Sierra Santana, “El Gordo”, junto con varios de sus hermanos.
Los Viagras tienen presencia en 44 de los 113 municipios de Michoacán, abarcando sobre todo Tierra Caliente y la parte central de Michoacán, con algo de presencia en la zona norte. Se dedican sobre todo a la extorsión de agricultores de limón, aguacate y berries, así como cobro de piso a mineros y a la producción de drogas sintéticas.

Existe una organización derivada de los Viagras llamada Blancos de Troya, que tienen presencia en 11 de los 113 municipios, en específico en Tierra Caliente y en la Zona Metropolitana de Morelia. Están bajo las órdenes de César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Bótox”, y son quienes perpetraron el asesinato del líder de los limoneros, Bernardo Bravo.
La siguiente organización en relevancia es la Nueva Familia Michoacana, que tuvo una especie de resurgimiento, ya que en 2010 una parte de la misma anunció su separación de los Caballeros Templarios, que se quedaron con la mayor parte de los territorios, y la Familia Michoacana tuvo que refugiarse en Guerrero y el Estado de México. Crecieron con los años en poder bajo el liderazgo de los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga.
A partir de la presente década, la Nueva Familia Michoacana recuperó terreno al grado que ahora tienen presencia en 30 de los 113 municipios de Michoacán, es especial en la parte este de la entidad que hace frontera con Guerrero y el Estado de México.
Por su parte, el Cártel de Tepalcatepec fue fundado por Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, el cual recibe el nombre del municipio de origen de su fundador, que fue durante años operador del Cártel del Milenio y del CJNG, pero que rompió en 2019 para establecer su propia organización, la cual disputa al CJNG la región de Tierra Caliente y la zona limítrofe con Jalisco, así como el control de la producción de las drogas sintéticas de la región.
Juan José Farías ha sido el líder más combativo frente al CJNG y por tanto uno de los principales generadores de violencia en la entidad, el cual tiene presencia en 27 municipios, con áreas de dominio muy claras en Tepalcatepec y Buenavista.
El Cártel de los Reyes opera en once municipios en el noroeste de Michoacán en los límites con Jalisco y tiene su centro de operaciones en el municipio de los Reyes, bajo el mando de Luis Enrique Barragán Chávez, “El Güicho”.
Completan este grupo dos organizaciones que son muy poderosas en otras entidades, pero con presencia muy discreta en Michoacán. La primera es el Cártel de Sinaloa en su facción de la Mayiza, que tiene presencia en un solo municipio, Lázaro Cárdenas, debido a la importancia de este puerto en el ingreso al país de precursores químicos para fabricar drogas sintéticas. La segunda es el Cártel Santa Rosa de Lima, organización dedicada principalmente al huachicol en Guanajuato, pero que ha tenido presencia dos municipios colindantes de Michoacán: Cuitzeo y Tarímbaro.
Además del CJNG y de las organizaciones que conforman Cárteles Unidos, el elenco de las 17 organizaciones con presencia en Michoacán lo completan otras ocho bandas independientes, algunas de las cuales se alinean con el CJNG y otras trabajan por su cuenta.

Dentro del bloque destaca el Cártel de Zicuirán, originario de la población del mismo nombre en el municipio de La Huacana, pero con presencia en siete municipios de la parte sureste de la entidad. Lo encabeza Miguel Ángel Gallegos Godoy, “El Migueladas”, líder de un grupo de autodefensas que se convirtió en banda criminal y que en ocasiones ha sido aliado del CJNG y, en otras, enemigo.
También se encuentran Los Tena, con presencia en ocho municipios del sur de la entidad y dirigido por uno de los exlíderes de los Caballeros Templarios, Fernando Cruz Mendoza, “el Tena”; El Cártel de la Virgen o Cártel de Acahuato, con sede en Apatzingán y presencia en seis municipios de Tierra Caliente, y Los Correa, que tienen un área de operación que abarca 13 municipios de la zona noreste de la entidad.
De igual forma, se incluye a dos grupos escindidos del CJNG. El primero es Los Pájaros de la Sierra, que tiene presencia en 10 municipios del noroeste de la entidad, y el segundo son Los Panchitos, que se separaron de dicha organización y ahora operan en cuatro municipios de la región del Lago de Pátzcuaro.
Completan este segundo bloque Pueblos Unidos, una organización de autodefensas que ha incursionado en actividades criminales; cuentan con un área de operación que abarca seis municipios de la parte central de la entidad. También Los Revuelta, una banda que opera en dos municipios, Apatzingán y Aguililla.
Ante este escenario de alta fragmentación de las organizaciones criminales y el hecho de que los territorios de las mismas se empalman en muchos casos, podemos prever que el proceso de pacificación de Michoacán no será sencillo y requerirá de esfuerzos importantes, los cuales se tienen que dar para recuperar zonas que literalmente han quedado a merced de los criminales por años.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: [email protected].

El crimen de Franco fue motivado por su resistencia contra una ley que legalizaría unos condominios en la zona oeste de Río de Janeiro.
Un tribunal en Brasil condenó este miércoles a cinco hombres implicados en el asesinato a tiros de la concejala Marielle Franco y de su chofer, Anderson Gomes, ocurrido en 2018 en Río de Janeiro.
Todos ellos ocuparon cargos en el gobierno del país sudamericano.
Y, de acuerdo con la policía, la ejecución se debió a la resistencia de la también activista y su agrupación, el Partido Socialismo e Liberdade, a un proyecto de ley que legalizaría los condominios en la zona oeste de la ciudad carioca.
Los barrios del área están controlados por milicias que explotan desarrollos inmobiliarios ilegales.
Los condenados son: Domingos Brazão, miembro del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro; el exdiputado federal Chiquinho Brazão, hermano de Domingos; el mayor Ronald Alves de Paula, de la Policía Militar; y el expolicía militar Robson Calixto, asesor de Domingos.
El exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Rivaldo Barbosa, fue absuelto por el asesinato. Sin embargo, fue sentenciado a 18 años de prisión por los delitos de obstrucción a la justicia y corrupción pasiva, por haber recibido dinero de la milicia para obstaculizar las investigaciones.
“El tema político se combinó con la misoginia, el racismo y la discriminación. Marielle era una mujer negra y pobre que estaba desafiando los intereses de los milicianos. ¿Qué mensaje más fuerte se podía enviar? Y en las mentes misóginas de los perpetradores, ¿a quién le importaría eso?”, señala un comunicado del ministro Alexandre de Moraes, relator del caso.
Los hermanos Brazão, señalados como los autores intelectuales, recibieron condenas de 76 años y 3 meses de prisión cada uno por doble homicidio, tentativa de homicidio y asociación delictiva armada.
El cargo de tentativa de homicidio corresponde a que en el auto, que fue alcanzado al menos por nueve disparos, también viajaba la colaboradora de la concejala, Fernanda Chaves, quien sobrevivió al ataque.
Por su parte, Alves de Paula fue condenado a 56 años de prisión por doble homicidio y tentativa de homicidio, mientras que Calixto a nueve años de prisión por participación en asociación delictiva.
Todos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Los hermanos Brazão tienen una larga trayectoria en la política de Río de Janeiro.
Chiquinho Brazão, el hermano mayor, fue diputado federal por Río de Janeiro hasta su destitución en abril de 2025.
En octubre de 2023, fue nombrado por el alcalde de Río, Eduardo Paes, para la Secretaría Especial de Acción Comunitaria, pero dejó el cargo después de que el nombre de su familia fuera mencionado en el testimonio de Élcio Queiroz, expolicía militar arrestado y acusado de conducir el vehículo utilizado el día del asesinato de la concelaja.
Domingos Brazão, por su parte, mantuvo su cargo como miembro del Tribunal de Cuentas del Estado (TCE) hasta su condena, y recibió su compensación de 56.000 reales (más de US$10.000), incluso estando en prisión preventiva.
Exdiputado estatal y empresario de la industria petrolera, ganó sus primeras elecciones en 1996, convirtiéndose en concejal en Río de Janeiro.
Su base electoral es la zona oeste de la ciudad, cuna de las milicias del estado. En el año 2000, se postuló a la alcaldía, pero quedó en octavo lugar; su labor siempre fue regional.
En 2015 fue elegido miembro del Tribunal de Cuentas del Estado.
Controvertido, el nombre de Brazão fue incluido en un informe sobre milicias de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro en 2007.
El asesor del Tribunal de Cuentas siempre negó las acusaciones de participación en delitos e irregularidades. Las atribuyó a disputas políticas, a la lucha por votos y a bastiones electorales.
Brazão admitió, sin embargo, haber asesinado a un hombre durante un debate legislativo en 2014.
“Sí, maté a alguien”, dijo Brazão, quien también reconoció haber sido arrestado por el crimen, pero afirmó haber sido absuelto, según el periódico O Dia.
“Pero eso fue hace más de 30 años, cuando tenía 22 años. Fue un matón que fue a mi calle, a mi casa, el día de mi cumpleaños, para confrontarme a mí y a mi familia. La justicia falló a mi favor”, afirmó en aquel momento.
En 2017, también fue vinculado a una presunta trama de sobornos, caso del que salió airoso.
Rivaldo Barbosa, exdirector de la Policía Civil de Río de Janeiro, asumió el control de la agencia un día antes de la muerte de Marielle.
Fue condenado por obstrucción a la justicia y corrupción pasiva por usar su cargo para proteger a los hermanos Brazão de las investigaciones.
Dirigió la policía entre marzo y diciembre de 2018, dejando el cargo tras la investidura del exgobernador Wilson Witzel.
Se destacó como jefe de policía en la década de 2010, desempeñándose como director de la División de Homicidios de 2012 a 2015. Su labor resultó en un aumento en la resolución de casos de homicidio en Río.
Barbosa fue nombrado jefe de la Policía Civil en 2018 durante una intervención federal en Río de Janeiro ordenada por el entonces presidente Michel Temer tras un aumento de la delincuencia durante el Carnaval.
En la primera fase de la investigación del caso de Marielle Franco, dijo que garantizaría una investigación exhaustiva y que el crimen no quedaría impune.
En una entrevista con GloboNews, la madre de Marielle, Marinete Silva, confirmó que el jefe de policía recibió a la familia después del crimen.
“Era un hombre que decía que era una cuestión de honor para él resolver este caso”, declaró.
El expolicía militar Ronald Paulo de Alves, conocido como el “mayor Ronald”, está acusado de vigilar a la concejala. Anteriormente había sido arrestado por su participación en la milicia en Rio das Pedras y sus alrededores, en la zona oeste de Río.
En 2004, recibió una condecoración del entonces diputado Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro por sus servicios al Estado.
Estaba destacado en el 22.º Batallón de la Policía Militar en el Complexo da Maré y fue condecorado por el parlamentario tras un operativo que abatió a tres delincuentes en la comunidad.
Robson Calixto Fonseca, conocido como Peixe, es un policía militar retirado y exasesor de Brazão en la legislatura de Río de Janeiro y posteriormente en el Tribunal de Cuentas.
Según una denuncia presentada por la Fiscalía General de la República, también está involucrado en las milicias de Río.
Con información de Wilson Tosta para BBC News Brasil.
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