
Para entender mejor
Un ataque con un supuesto coche bomba contra la policía comunitaria de Coahuayana en Michoacán dejó hasta el momento cinco personas sin vida, informó la Fiscalía del estado.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública local informó que se trató de un ataque directo a la agrupación a través de un artefacto explosivo. En un inicio, se reportó la muerte de una persona, sin embargo, por la noche la Fiscalía de Michoacán detalló que en el lugar se localizó el vehículo siniestrado y los restos de dos personas, se presume que uno de ellos es el conductor.
“También se reportó que, derivado de este hecho, ocho personas —integrantes de la Policía Comunitaria— resultaron lesionadas, por lo que fueron canalizadas a un nosocomio, donde más tarde se confirmó el fallecimiento de tres de ellas, mientras recibían atención médica”.
Tras los hechos, autoridades federales y estatales mantienen el control y la seguridad en Coahuayana y que en el lugar hay elementos de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional, la Defrensa y la Marina, quienes “continúan con el despliegue operativo en accesos y puntos estratégicos para proteger a la población”.
La dependencia aseguró que continúa la vigilancia pero que ya se logró restablecer el orden.
Asimismo, personal de la Décimo Sexta Zona Naval mantiene seguridad perimetral y apoyo en los accesos carreteros de Coahuayana.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor del medio día en el primer cuadro de la comunidad, en la avenida Rayón s/n, colonia Centro, por lo que viviendas y negocios resultaron afectados.
Por lo anterior, la FGR inició una carpeta de investigación para dar con los responsables e informó que brindará el apoyo necesario a través de peritos especializados en explosivos para poder obtener la identidad y la detención de los responsables.
Mientras que la Fiscalía local también envió a un equipo especializado en “investigación post-blast” (procesamiento de la escena de la explosión), para colaborar con auxilio del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la SSP y con las labores de la FGR.
El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que, tras la explosión, los gobiernos de México y Michoacán activaron de inmediato un protocolo de atención aérea y terrestre para auxiliar a las personas heridas.
En un comunicado, la Secretaría de Marina agregó que en coordinación con la Décima Sexta Zona Naval, se desplegaron cinco aeronaves navales para la atención de personas heridas, se trata de 3 helicópteros MI-17, con personal médico, de enfermería y apoyos a evacuación médica así como fuerza de reacción aerotransportada, un helicóptero Panther, con personal médico especializado y un helicóptero Black Hawk, con personal de sanidad naval.
Y se encuentran listos los Hospitales Navales de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

Al menos 165 personas han sido detenidas por los operativos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que comenzó el pasado 10 de noviembre tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Sigue leyendo: Pueblos purépechas de Michoacán se organizan como autogobierno para enfrentar el olvido del Estado
Hasta el corte del 4 de diciembre, la dependencia federal aseguró que además se han asegurado 68 armas de fuego, 7 mil 409 cartuchos, 375 cargadores, 145 vehículos, 90 artefactos explosivos, 53 Kilos de material explosivo, 28 kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 7 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, 10 campamentos y 30 tomas clandestinas inhabilitados.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que en las últimas horas fueron detenidas 10 personas en municipios de Uruapan, Tarímbaro, Apatzingán y Huetamo.

Como parte de los operativos de seguridad, se realizan patrullajes en huertas, empacadoras, tianguis e industrias de aguacate y limón en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán.
El Plan Michoacán contempla en envío de militares, marinos y Guardia Nacional, hasta sumar una fuerza de 10 mil elementos, además de 12 ejes que prevén acciones en materia de educación, salud, economía, obras y turismo.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el plan contará con una inversión superior a los 57 mil millones de pesos, y se comprometió a revisar los avances cada 15 días y a presentar informes de esos avances una vez al mes en su conferencia mañanera.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero la industria estatal ha estado desprovista de inversiones durante muchos años.
Trump afirma ahora que tiene previsto visitar Venezuela, aunque aún no se ha fijado una fecha.
Sus comentarios, realizados el viernes pasado, se produjeron después de que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, completara un viaje de dos días a Venezuela para ver cómo el país está empezando a reabrir su sector petrolero a las empresas estadounidenses.
La visita de Wright se produjo poco después de que la Asamblea Nacional venezolana aprobara una ley para permitir la inversión privada y extranjera en su industria petrolera, tras dos décadas de estricto control estatal.
A los ojos de Trump, se trata de una gran oportunidad de negocio para el sector petrolero estadounidense: “Vamos a extraer cantidades de petróleo como pocas personas han visto”, afirmó en una conferencia de prensa a mediados de enero, tras una reunión con los directivos del sector energético en la Casa Blanca.
Pero para las empresas petroleras estadounidenses que Trump quiere que inviertan fuertemente en Venezuela, la pregunta es sencilla: ¿salen las cuentas?
William Jackson, economista jefe de mercados emergentes de Capital Economics, afirma que el objetivo del presidente estadounidense es “reactivar el sector petrolero de Venezuela y utilizar esa energía para aumentar la oferta y reducir los costos para el consumidor, lo que posiblemente proporcionaría una fuente de ingresos para que un gobierno venezolano más favorable reconstruyera la economía tras años de mala gestión”.
Sin embargo, para las empresas energéticas estadounidenses hay enormes dificultades prácticas que superar. La petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), es una sombra de lo que fue.
Los gobiernos de Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, exprimieron la empresa al máximo y utilizaron el dinero para financiar el gasto social en vivienda, salud y transporte, así como una inédita expansión del Estado.
Pero no invirtieron en mantener los niveles de producción de petróleo, que se han desplomado en los últimos años, en parte, pero no solo, debido a las sanciones de Estados Unidos, que ahora podrían revisarse.
“En Venezuela, se trata de una infraestructura que se ha degradado tras muchos años de abandono”, afirma Jackson. “Hace diez o quince años, Venezuela producía 1,5 millones de barriles al día más que en la actualidad”.
Mónica de Bolle, investigadora principal del Instituto Peterson de Economía Internacional, coincide en que PDVSA se encuentra en una situación precaria.
“Hay muchas cosas que hay que desechar por completo y reconstruir desde cero”, afirma a la BBC. “De hecho, si las restricciones políticas no importaran, lo mejor sería desmantelar PDVSA, pero eso no va a suceder”, continúa.
“Es un gran símbolo nacionalista, está ligada a la soberanía. ¿Estarían los venezolanos dispuestos a hacer lo que diga Estados Unidos y rendirse? No lo creo”.
Trump ha pedido a las empresas petroleras estadounidenses que inviertan al menos US$100. 000 millones en restaurar la maltrecha infraestructura de Venezuela, algo absolutamente necesario para que su plan de aumentar las ventas pueda hacerse realidad.
Oficialmente, Venezuela tiene 300.000 millones de barriles de reservas de petróleo, pero en 2023 solo exportó 211,6 millones de barriles, por un valor aproximado de US$4.000 millones.
Comparado con Arabia Saudita, que ocupa el segundo lugar, con 267.000 millones de barriles de reservas, el país de Medio Oriente tuvo exportaciones por valor de US$181.000 millones en el mismo periodo, es decir, 45 veces más.
Así que, al menos sobre el papel, hay margen para mejorar.
Sin embargo, Jackson afirma que existen dudas sobre el verdadero tamaño de las reservas petroleras de Venezuela.
Durante la presidencia de Chávez, Venezuela reclasificó sus reservas. Anteriormente, se pensaba que solo había 80.000 millones de barriles de petróleo extraíble, pero en 2011 la cifra comunicada casi se había cuadruplicado.
Ese cambio estadístico fue posible gracias a los altos precios del petróleo en ese momento, que permitieron que proyectos anteriormente inviables parecieran factibles.
“Hubo un gran salto que la gente ha cuestionado”, afirma Jackson. “Pero ahora el mundo está inundado de petróleo y no está claro que los mismos cálculos sigan siendo válidos”.
Cuando Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999, los precios del petróleo estaban subiendo. A principios de la década de 2010, un barril solía alcanzar unos US$100, lo que proporcionaba a Caracas mucho dinero para invertir en programas sociales. Pero con los precios actuales rondando los US$65, el país parece menos atractivo como inversión.
El petróleo de Venezuela también es de peor calidad que el de Arabia Saudita. Su crudo ácido y pesado es difícil de extraer y refinar, mientras que su alto contenido en azufre lo hace corrosivo para los oleoductos.
El resurgimiento de la industria venezolana podría plantear problemas a Canadá, que produce un petróleo igualmente viscoso y exporta gran parte de él a Estados Unidos, pero los analistas consideran que el riesgo es menor.
Según un estudio de Capital Economics, el petróleo canadiense debería seguir teniendo un precio competitivo, incluso si aumenta la producción venezolana.
Mientras tanto, la crisis económica de Venezuela ha provocado el éxodo de casi ocho millones de personas que se han marchado en busca de una vida mejor.
Esto incluye conocimientos técnicos esenciales para mantener en funcionamiento las bombas de petróleo: ahora que los ingenieros cualificados que antes trabajaban para PDVSA ejercen su profesión en otros lugares, el sistema sigue funcionando a duras penas con una plantilla mínima.
Thomas Watters, director general y responsable del sector del petróleo y el gas de la empresa de investigación S&P Global Ratings, afirma que las empresas estadounidenses tienen la capacidad de reparar la infraestructura de Venezuela, pero que debe tener sentido desde el punto de vista económico.
“Al fin y al cabo, las empresas petroleras y de gas tienen que aportar valor a los accionistas”, afirma. “Cuentan con muy buenos gestores. Se puede construir cualquier cosa, siempre y cuando se pueda pagar”.
“Pero se necesita un precio del petróleo que lo haga rentable. A menos que se pueda generar suficiente dinero para justificarlo, es muy difícil que la industria se recupere”.
Además, las empresas petroleras estadounidenses ya han sufrido consecuencias negativas por operar en Venezuela en otras ocasiones. En 2007, grandes firmas como ExxonMobil y ConocoPhillips vieron cómo se embargaban sus activos al negarse a permitir que PDVSA tomara el control mayoritario de sus proyectos.
Acudieron a los tribunales internacionales y se les concedieron enormes indemnizaciones por daños y perjuicios -US$8.300 millones en el caso de ConocoPhillips- que nunca se han pagado.
Dado que el actual gobierno venezolano sigue prácticamente intacto, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez como mandataria interina, será muy difícil disipar los temores de una nueva expropiación.
Además, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha declarado que el gobierno de Trump no tiene previsto ofrecer garantías de seguridad a las empresas petroleras en Venezuela, una omisión preocupante en un país donde los grupos paramilitares vinculados al gobierno, conocidos como “colectivos”, suelen actuar como bandas criminales.
Sin mayores incentivos gubernamentales, las empresas petroleras se mostrarán reacias a dar un paso que podría resultar muy costoso. No es de extrañar, pues, que el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, haya calificado a Venezuela de “inviable para la inversión” en su estado actual.
Es revelador que Trump no haya vuelto con una oferta de incentivos para promover la inversión. En cambio, amenazó con bloquear la inversión de ExxonMobil en Venezuela. La política es “todo palo, nada de zanahoria”, afirma De Bolle, del Instituto Peterson usando la expresión en inglés que significa “todo castigo, nada de premio”.
“Y no parece que entiendan que necesitan zanahorias”, añade.
En opinión de De Bolle, el gobierno de Trump tiene una “visión imperialista” de América Latina que la lleva a considerar los recursos de la región como de su propiedad. Para ella, la aversión de las empresas petroleras privadas hacia Venezuela es una barrera bienvenida a ese tipo de apropiación de recursos.
“Es un momento en el que uno piensa: ‘Gracias a Dios que Estados Unidos no tiene una empresa petrolera estatal'”, afirma. “Necesitan al sector privado, pero por el momento, este no se mueve. ¿Y qué empresa en su sano juicio va a invertir dinero en Venezuela?”.
Pero si la producción petrolera de Venezuela acaba aumentando, ¿podría hacer bajar los precios mundiales del petróleo? Los analistas se niegan a pronunciarse.
“Depende de la escala en la que se produzca”, afirma Jackson, de Capital Economics.
“La situación es muy fluida, muy opaca, y hay un gran ángulo geopolítico. Estamos en las primeras etapas en lo que respecta a la producción venezolana”, apunta.
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