Alcalde de Pátzcuaro, Michoacán, denuncia amenazas de presuntos grupos criminales
El presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán, Julio Alberto Arreola, denunció ante la Fiscalía del estado que ha recibido amenazas de presuntos grupos criminales.
“Esta demanda la puse aproximadamente hace dos meses, y en los cuatro años que tengo prácticamente no había tenido esta situación”, dijo ante medios.
Detalló que las amenazas ocurrieron a través de llamadas y mensajes telefónicos, lo que lo llevó a presentar una denuncia formal ante las autoridades.
“Tengo una denuncia en la Fiscalía precisamente por amenazas. Ha avanzado, me han ofrecido ya apoyo de seguridad pública para el municipio, que es lo que nosotros hemos solicitado”, sostuvo.
Asimismo, Arreola lamentó la falta de protección que enfrentan los alcaldes en México ante la delincuencia organizada, principalmente.
🚨 #Video | El edil municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola, informó que ha recibido amenazas de presuntos grupos criminales, lo cual lo ha llevado a denunciar la situación oficialmente.
🚔 Solicita que haya presencia de la Guardia Nacional de forma permanente en el… pic.twitter.com/dOZQz9blbp— Quadratín Michoacán (@Quadratin_) November 4, 2025
Violencia en Michoacán
La denuncia del alcalde de Pátzcuaro se produce en un contexto de violencia en Michoacán y ante el reciente asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.
A este hecho se suma la desaparición de Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, desde la madrugada del 2 de noviembre.
El exedil fue visto por última vez alrededor de las 02:00 horas del domingo, en Tierra Colorada, municipio de Hidalgo, momento en el que sus familiares perdieron contacto con él, “desconociendo desde ese momento su paradero, por lo que se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de algún delito”.
Bajo este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” que contempla diversos aspectos como el fortalecimiento de fuerzas federales en la entidad, un sistema de alerta para los presidentes municipales, salarios dignos para jornaleros agrícolas, mesas de diálogos, entre otros.
De acuerdo con datos de Causa en Común, al menos 56 asesinatos de actores políticos en México se han registrado durante el 2025, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre ellos se encuentran siete casos de alcaldes, incluyendo el de Carlos Manzo.
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La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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