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Una de las primeras iniciativas que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso mexicano fueron las reformas a la Constitución, <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> así como a diversas normas como la Ley Federal del Trabajo y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Las reformas son fundamentales pues la desigualdad en el ámbito laboral continua siendo un obstáculo para lograr la igualdad sustantiva de las mujeres, más en un país en donde menos de la mitad son parte de la población económicamente activa.
Sin embargo, las reformas propuestas no hablan de brecha salarial ni establecen la obligatoriedad para las empresas de reportar la brecha salarial, lo cual -se ha demostrado en otros países- es una herramienta muy útil para erradicar esta diferencia discriminatoria que se sustenta en prejuicios asociados al género.
Es importante diferenciar entre la igualdad salarial y la brecha salarial de género, pues son conceptos diferentes que abordan la disparidad en los ingresos de las mujeres en el ámbito laboral y que requieren atención individualizada.
Así, la igualdad salarial se refiere al principio de que hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo en un empleo equivalente deben recibir la misma remuneración. Este principio es el que se busca incorporar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123. En términos sencillos, una diputada debe ganar lo mismo que un diputado, o un jefe de unidad departamental que una jefa de unidad departamental, pues son las mismas plazas y las mismas tareas. Uno no puede ganar más que la otra, simplemente porque la otra es mujer.
Por otro lado, la brecha salarial de género es una medida que refleja la diferencia entre los ingresos promedio de hombres y mujeres, ya sea en una organización específica o en el mercado laboral en general. Esta brecha se expresa como un porcentaje de los ingresos masculinos. Por ejemplo, en la empresa patito S. A. de C. V. los hombres en promedio ganan más, porque sus puestos son más altos (y se busca indagar cuál es la razón por la que las mujeres tienen puestos de menores ingresos y menores responsabilidades).
Entender estas diferencias es crucial para abordar las inequidades en el lugar de trabajo. La igualdad salarial se enfoca en eliminar la discriminación salarial directa, mientras que la brecha salarial de género proporciona una visión más amplia de las disparidades en los ingresos, que pueden ser influenciadas por factores como la segregación en el mercado laboral y la falta de acceso a posiciones de liderazgo.
Según la Comisión Europea, <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> la brecha salarial de género mide un concepto más amplio que la discriminación salarial y comprende un gran número de desigualdades que enfrentan las mujeres en el acceso al trabajo, la progresión y las recompensas. Estas incluyen:
<ul>
<li>Segregación sectorial: Alrededor del 24 % de la brecha salarial de género está relacionada con la sobrerrepresentación de mujeres en sectores relativamente bajos en remuneración, como el cuidado, la salud y la educación. Los trabajos altamente feminizados tienden a ser sistemáticamente subvalorados.</li>
<li>Distribución desigual del trabajo remunerado y no remunerado: Las mujeres tienen más horas de trabajo a la semana que los hombres, pero dedican más horas al trabajo no remunerado, un hecho que también puede afectar sus elecciones profesionales. Por ello, la Unión Europea promueve la distribución equitativa de las licencias parentales, una adecuada provisión pública de servicios de cuidado infantil y políticas empresariales adecuadas sobre horarios laborales flexibles.</li>
<li>El techo de cristal: La posición en la jerarquía influye en el nivel de pago: en la unión Europea, menos de uno de cada diez directores ejecutivos de grandes empresas son mujeres. Sin embargo, la profesión con las mayores diferencias en las ganancias por hora en la UE son los gerentes, donde las mujeres ganan un 23% menos que los hombres.</li>
<li>Discriminación salarial: En algunos casos, las mujeres ganan menos que los hombres por realizar el mismo trabajo o un trabajo de igual valor, incluso si el principio de igualdad de remuneración está consagrado en los Tratados Europeos (artículo 157 del TFEU) <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> desde 1957.</li>
</ul>
La mayor parte de la brecha salarial de género en la UE sigue sin explicarse <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> y no se puede vincular a características del trabajador o del lugar de trabajo, como la educación, la ocupación, el tiempo de trabajo o la actividad económica a la que se dedica la persona. Una mayor transparencia en los salarios ayudaría a descubrir diferencias salariales injustificadas basadas en el género para el mismo trabajo o trabajo de igual valor y ayudaría a las víctimas de discriminación salarial a buscar reparación y hacer valer su derecho a la igualdad salarial.
Claudia Goldin, ganadora del Premio Nobel de Economía 2023, destacó en su investigación que, a pesar de los avances, persiste una brecha salarial significativa y desigualdades en las oportunidades de carrera para las mujeres. Encontró que la mayor parte de esta brecha ocurre dentro de la misma ocupación y se amplía con frecuencia después de que las mujeres tienen hijos. <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> Sus hallazgos subrayan que cerrar la brecha salarial de género requiere abordar las barreras sociales y sistémicas que influyen en las trayectorias profesionales de las mujeres.
La investigación de Goldin ofrece perspectivas valiosas sobre la brecha salarial de género, analizando factores históricos y estructurales que contribuyen a las disparidades salariales. Uno de los aspectos clave de su trabajo destaca cómo las estructuras de compensación en el mercado laboral suelen penalizar a las mujeres debido a lo que ella denomina &#8220;pago no lineal&#8221;. En muchos sectores bien remunerados, como el derecho y las finanzas, trabajar horas completas o más de tiempo completo resulta en salarios desproporcionadamente altos. Esto crea un incentivo para que uno de los miembros de la pareja, generalmente el hombre en parejas heterosexuales, trabaje más horas, mientras que la otra persona (frecuentemente la mujer) reduce sus horas para equilibrar las responsabilidades familiares. Esta dinámica contribuye considerablemente a la brecha salarial, ya que el trabajo a medio tiempo o con menos horas conlleva salarios por hora más bajos y menos oportunidades de avance profesional a largo plazo. Su trabajo ha revelado cómo factores más allá de la discriminación directa—como normas culturales, responsabilidades de cuidado no remunerado y demandas del mercado laboral—mantienen la brecha salarial.
Ahora bien, el gender pay gap reporting o el reporte sobre la brecha salarial de género es un proceso en el cual las empresas y organizaciones publican datos sobre la diferencia de salario promedio entre empleados masculinos y femeninos. Esta práctica busca visibilizar y reducir las desigualdades salariales basadas en el género al hacer que las disparidades salariales sean transparentes y comparables. Varios países han implementado medidas para el reporte de la brecha salarial de género, siendo algunas de las más destacadas:
<ol>
<li>Reino Unido: Desde 2017, las empresas con 250 o más empleados deben publicar anualmente su brecha salarial de género. Esta legislación busca aumentar la transparencia en las diferencias salariales entre hombres y mujeres.</li>
<li>Australia: Las empresas están obligadas a reportar sus brechas salariales de género anualmente, lo que ayuda a identificar y abordar disparidades en la remuneración.</li>
<li>Alemania: Desde 2018, se ha implementado una ley que permite a los empleados solicitar información sobre la brecha salarial en sus organizaciones, fomentando la transparencia.</li>
<li>Suecia: Las empresas que tienen más de 25 empleados deben realizar un análisis de sus brechas salariales y documentar las medidas que están tomando para abordar cualquier desigualdad.</li>
<li>Francia: La legislación exige que las empresas con más de 50 empleados informen sobre su brecha salarial y presenten un plan de acción para reducirla.</li>
<li>Canadá: Se han implementado medidas para que las empresas informen sobre la igualdad salarial y la brecha de género en sus reportes anuales.</li>
<li>Países Bajos: Las empresas deben reportar sobre la igualdad salarial y se están realizando esfuerzos para aumentar la transparencia en la remuneración.</li>
</ol>
Además, hay iniciativas a nivel de la Unión Europea para armonizar y fomentar el reporte de la brecha salarial en sus estados miembros, promoviendo así la igualdad de género en el ámbito laboral.
Al analizar esta brecha, se suelen reportar varios indicadores, como:
<ol>
<li>Diferencia en el salario medio y mediano entre hombres y mujeres.</li>
<li>Distribución por cuartiles salariales, mostrando la proporción de mujeres y hombres en cada nivel salarial.</li>
<li>Bonos y compensaciones adicionales, evidenciando si hay una disparidad en el acceso a estos beneficios.</li>
</ol>
Este tipo de reportes ayuda a identificar tendencias en la disparidad salarial y puede motivar a las empresas a adoptar medidas para cerrar la brecha, como políticas de igualdad salarial, revisiones periódicas de salarios, y programas de apoyo a la equidad de género en el trabajo.
La práctica de reportar la brecha salarial de género es fundamental para fomentar la igualdad y transparencia en el lugar de trabajo. Este mecanismo permite identificar y hacer visibles las disparidades salariales entre hombres y mujeres, brindando datos que reflejan los retos específicos de cada sector y empresa. El reporte sobre la brecha salarial de género ha mostrado que las mujeres, en promedio, ganan menos que sus contrapartes masculinas, siendo esta diferencia más pronunciada en sectores como la tecnología, servicios financieros y de salud.
Los beneficios de este reporte son diversos. En primer lugar, la transparencia fomenta la rendición de cuentas: cuando las empresas son conscientes de sus brechas, se ven impulsadas a desarrollar estrategias para reducirlas, como revisiones salariales periódicas y políticas de igualdad de oportunidades. Un estudio de McKinsey sugiere que la reducción de la brecha salarial podría contribuir hasta con un 26 % de incremento en el PIB mundial hacia 2025, al aprovechar mejor el talento femenino en el mercado laboral. Además, el reporte regular fortalece la reputación de la empresa y mejora su atractivo entre empleados potenciales y actuales, quienes valoran un ambiente de trabajo equitativo y ético.
En el Reino Unido, el gender pay gap reporting también ha tenido un impacto significativo en la promoción de mejores prácticas laborales y ha motivado a empresas a establecer objetivos claros para reducir la brecha salarial. Aunque persisten desafíos en la interpretación y uso de los datos, la práctica del reporte obligatorio es un paso importante hacia la igualdad de género en el ámbito laboral.
En México, la brecha salarial de género sigue siendo un desafío importante, especialmente en áreas urbanas como la Ciudad de México. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a> la participación femenina en el mercado laboral podría incrementar el PIB del país hasta en un 15 % si se implementaran políticas de inclusión efectivas, como un sistema universal de guarderías y mejores condiciones de trabajo para mujeres. A pesar de este potencial, los datos indican que las mujeres mexicanas ganan aproximadamente un 15 % menos que los hombres, con la disparidad más pronunciada en sectores de menor calificación y en empleos informales, donde predominan las mujeres.
Además, en sectores de alta responsabilidad, la representación femenina es todavía baja. Aunque las mujeres constituyen el 43 % de la fuerza laboral en empresas que cotizan en bolsa, solo ocupan el 13 % de los puestos de liderazgo. Este &#8220;techo de cristal&#8221; se acentúa debido a los estereotipos y prejuicios que enfrentan las mujeres, particularmente en sectores tradicionalmente dominados por hombres. Estudios también han identificado la &#8220;penalización de la maternidad&#8221; como un factor clave en la brecha de ingresos, ya que las mujeres que se ausentan para cuidar a sus hijos suelen enfrentar menores oportunidades de crecimiento profesional y salarios más bajos al regresar al mercado laboral.
De acuerdo con un reporte del IMCO, en el Índice Global de Brecha de Género 2024, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> México se mantiene en la posición 33 de 146 países, aunque ha caído un lugar en la región de América Latina y el Caribe, ocupando el séptimo puesto de 22 países en la región. El país obtuvo un puntaje de 76.8, superior al promedio global, pero presenta desafíos significativos, especialmente en el subíndice de Participación y Oportunidades Económicas, donde ocupa el lugar 109, lo que refleja la baja participación de mujeres en la economía (46 %) y la brecha salarial de género (posición 119).
Un aspecto positivo es el empoderamiento político, donde México ha avanzado significativamente, ocupando el lugar 14 en este subíndice. Esto se debe a que las cuotas han aumentado la representación de mujeres en el Congreso al 49.6 % y a un 42 % en las secretarías de Estado.
El informe también destaca la importancia de los sistemas de cuidados y la necesidad de fortalecer las habilidades, especialmente en áreas STEM, para mejorar la participación económica de las mujeres. Para acelerar la igualdad de género, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propone fomentar la corresponsabilidad en los cuidados y aumentar la matrícula de mujeres en carreras técnicas.
La brecha salarial de género sigue siendo una cuestión importante a nivel mundial. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), <a href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a> la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres a nivel global es aproximadamente del 19 %. Este porcentaje varía según el contexto socioeconómico de los países: en los países de ingresos bajos es del 13 %, mientras que en los de ingresos medios-altos puede alcanzar hasta el 21 %. Factores como la segregación ocupacional, los niveles de educación y experiencia explican parte de esta brecha; sin embargo, una proporción significativa se debe a la discriminación basada en el género.
La OIT destaca también que las mujeres se enfrentan a desafíos adicionales debido a la distribución desigual de las responsabilidades domésticas y de cuidado, lo cual afecta su participación laboral.
Para combatir estas disparidades, la OIT y otras organizaciones promueven la transparencia salarial como una herramienta efectiva para reducir la brecha de género, ya que permite identificar desigualdades salariales y brinda a los trabajadores la información necesaria para negociar una remuneración equitativa. La implementación de medidas de transparencia en la remuneración también puede beneficiar a las empresas al mejorar su funcionamiento y reputación al abordar y eliminar la discriminación salarial.
Por lo anterior, resulta de gran relevancia que las reformas a la Ley Federal del Trabajo, así como a la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres contemplen, además de garantizar la igualdad salarial,  la obligación de reducir las brechas a través de la obligatoriedad del reporte de brechas salariales de género. Se trata de una buena práctica que ha presentado resultados visibles para acelerar la igualdad de género en el ámbito laboral, cuestión que no puede esperar.
* Geraldina González de la Vega es Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (COPRED).
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Mismas que ya fueron aprobadas en la Cámara de Senadores el 24 de octubre y turnada a la Cámara de Diputados.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Ver <a href="https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en#why-do-women-earn-less" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Ver el reporte anual, mundial, del Banco Mundial “<a href="https://wbl.worldbank.org/en/wbl" target="_blank" rel="noopener">Women, Bussiness and The Law</a>”.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Para México existe un estudio, disponible <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3497089" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Ver <a href="https://imco.org.mx/indice-global-de-brecha-de-genero-2024/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Ver <a href="https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2024" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> Ver <a href="https://researchrepository.ilo.org/esploro/outputs/report/Global-wage-report-201819-what-lies/995218627802676" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

La importancia de reportar la brecha salarial de género

El 18 de octubre fue declarado como el Día de la Cultura por la No Discriminación en la Ciudad de México, desde 07 de febrero del 2020 mediante un acuerdo firmado por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Esta fecha busca visibilizar la importancia de la diversidad cultural y reafirmar el compromiso de la sociedad con la igualdad y el respeto hacia todas las identidades. Esta proclamación no es solo un acto simbólico, sino un llamado a la acción en un contexto donde la discriminación y la exclusión aún persisten.
La discriminación en México no es un fenómeno reciente. Está presente en las interacciones cotidianas, en las instituciones, en el acceso a oportunidades y en la forma en que percibimos al &#8220;otro&#8221;.  Diversos estudios han demostrado que las personas provenientes de comunidades originarias y afromexicanas, las mujeres, las personas con discapacidad, la comunidad LGBTQ+ y muchos otros grupos enfrentan barreras estructurales que limitan su participación plena en la sociedad. No se trata solo de actos aislados de racismo, sexismo u homofobia, sino de un sistema más profundo que perpetúa la desigualdad.
La elección de esta conmemoración responde a la necesidad urgente de reconocer y celebrar la riqueza cultural que compone el tejido social de nuestra ciudad. La Ciudad de México tiene variedad de culturas, tradiciones e identidades, y su diversidad es una de sus mayores fortalezas. Sin embargo, a pesar de ésta muchas poblaciones enfrentan discriminación y estigmatización debido a su origen étnico, orientación sexual, género o situación socioeconómica.
Declarar el 18 de octubre como Día de la Cultura por la No Discriminación nos recuerda que la lucha contra la discriminación es una responsabilidad colectiva. Este día se convierte en una plataforma para promover el respeto y la inclusión, a través de actividades culturales, educativas y artísticas que fomentan el diálogo y la reflexión. Desde exposiciones y presentaciones artísticas hasta conferencias y talleres, cada evento busca sensibilizar a la población sobre la importancia de construir una sociedad con igualdad de derechos.
Además, esta conmemoración se enmarca en un contexto global donde la diversidad y los derechos humanos son temas fundamentales. En un mundo interconectado, la forma en que valoramos y respetamos las diferencias puede determinar el rumbo de nuestras sociedades. El Día de la Cultura por la No Discriminación nos invita a la proactividad en la promoción de un entorno donde todas las voces sean escuchadas y respetadas.
Es fundamental que esta celebración no se limite a un solo día. La lucha contra la discriminación requiere un compromiso constante, que involucre a todos los sectores de la sociedad: desde el ámbito educativo hasta el gubernamental, pasando por la sociedad civil. Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos desmantelar los prejuicios y construir un futuro donde cada individuo, independientemente de su identidad y condiciones sociales, pueda vivir con dignidad y respeto.
El 18 de octubre es, por lo tanto, un recordatorio de que la diversidad no es una amenaza, sino una oportunidad. Cada cultura, cada historia, y cada experiencia suman al rico mosaico que compone nuestra sociedad. Al celebrar este día, no sólo honramos nuestras diferencias, sino que también nos unimos en la búsqueda de un mundo más equitativo. Este día es una oportunidad para unirnos en la lucha contra la discriminación y para celebrar la riqueza de nuestras diferencias.
* Ninette Ruvalcaba Torrero es asesora en la Subdirección de Planeación del Copred.

18 de octubre: un día para celebrar la diversidad desde un enfoque de No Discriminación en la CDMX

El 12 de octubre, anteriormente mal llamado el &#8220;Día de la Raza&#8221;, se ha convertido en el “Día de la Resistencia Indígena” en conmemoración de la lucha y resistencia histórica de los pueblos originarios por su autonomía y el respeto a sus derechos humanos.
De manera histórica, los pueblos originarios han vivido racismo y discriminación, lo anterior debido a las consecuencias del colonialismo el cual se define como un sistema político y social en el que un Estado domina y explota una colonia.
Aunado a esto, el Informe de 2022 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos A/HRC/54/4 menciona que el colonialismo perdura hoy en día en forma de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia que sufren las personas y pueblos indígenas.
El colonialismo ha creado diversas opresiones relacionadas con el racismo, entendiendo este como una teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas que enuncian un vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de individuos o grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso concepto de la superioridad racial, definido en el Art. 1, párrafo 4, por la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.
Datos de 2023 del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación indican que, entre 2012 y 2020, se abrieron 80 expedientes por presuntos actos de discriminación hacia personas indígenas, y, a nivel nacional, el 28.1 % de la población indígena de 12 años y más reportó haber sido discriminada por al menos un motivo en los últimos doce meses del 2022. Este porcentaje aumenta en grupos específicos, como mujeres indígenas que realizan trabajo del hogar remunerado (34.7 %) o que tienen alguna discapacidad (33.5 %).
En este mismo sentido, según datos de la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS-2021), las personas que habitan y transitan la ciudad perciben que los grupos más discriminados son las personas de piel morena (18.7 %) y las personas indígenas (16.8 %).
Estos datos confirman que, en la actualidad, la discriminación y exclusión hacia las personas indígenas en México persiste, por ello, conmemorar este día como un día de resistencia sigue siendo importante para combatir las desigualdades, así como los prejuicios y estereotipos hacia personas y grupos indígenas.
La lucha por los derechos de las personas indígenas en la Ciudad de México se manifiesta de diversas maneras, un ejemplo es la búsqueda del reconocimiento y preservación de las lenguas originarias/indígenas a través del combate de los prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las personas hablantes de lenguas originarias. 
Datos de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI CDMX) menciona que las alcaldías con mayor número de personas hablantes de lenguas indígenas son Iztapalapa (28,716), Gustavo A. Madero (14,196), Tlalpan (11,884) y Xochimilco (10,662). También menciona que en la Ciudad de México se hablan 55 de las 69 lenguas indígenas nacionales (agrupaciones lingüísticas). Lo anterior resalta la necesidad de acciones para fortalecer las lenguas originarias y mantener la diversidad lingüística y cultural. Perder una lengua implica perder la historia y cultura, pero sobre todo violentar el derecho humano fundamental a hablar una lengua materna, un derecho que se debe garantizar por el estado.
La lucha por la vivienda digna es otro ejemplo de resistencia. En junio de este año, la comunidad Otomí temía un desalojo de la Casa de los Pueblos Indígenas y manifestó su inconformidad: &#8220;Si los extranjeros tienen derecho a la vivienda, nosotros también&#8221;. La comunidad otomí vivió por más de 10 años en un edificio de la colonia Juárez, hasta que fueron desalojados del lugar y tuvieron que vivir fuera de él hasta el 2024, sin condiciones dignas y en constantes manifestaciones para la exigencia de sus derechos.
Esta lucha se ha llevado por más de 30 años, donde se pide que el estado garantice el derecho a una vivienda digna y decorosa, como establece el Artículo 4º Constitucional, así como la fracción 22 del artículo 6 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México el cual considera como conductas discriminatorias limitar, obstaculizar o impedir el derecho a la alimentación, la vivienda, la recreación y los servicios de atención médica adecuados.
Ante estos ejemplos de lucha es necesario reforzar las acciones desde el Estado, como la implementación de políticas públicas efectivas que aborden la discriminación y promuevan la igualdad con perspectiva intercultural y antirracista: garantizar el acceso a la vivienda, al trabajo, la salud y la educación para personas indígenas, involucrar las lenguas indígenas en la educación y la vida pública y privada, trabajar colectivamente con las comunidades originarias para comprender sus necesidades, y visibilizar el Día de la Resistencia Indígena son algunas de las acciones necesarias para avanzar en igualdad de derechos.
A pesar de la deuda histórica, el racismo y la discriminación persistente, las personas indígenas en la Ciudad de México resisten preservando su cultura, lengua y combatiendo la discriminación y luchando por el respeto de sus derechos.
Hoy, en el Día de la Resistencia Indígena, resulta importante hacer un llamado a las instituciones y a la sociedad en general para resignificar la lucha de las personas indígenas en el país y en la Ciudad de México, valorando su identidad étnico-racial y la resistencia que persiste a través de la preservación de su lengua, tradiciones y costumbres. Solo así podremos construir una sociedad libre de discriminación para todas las personas indígenas en la Ciudad de México, respetando y reconociendo los derechos colectivos e individuales como se encuentra establecido en el artículo 57 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
* Zaira Italia Gijón es asesora de empresas en el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario del COPRED.

Discriminación y resistencia indígena: la lucha de las personas indígenas en la Ciudad de México

Soy Mariola Rubio López, Sinaloense. Vivo en la Ciudad de Culiacán. Casada, con cuatro hijos, uno de ellos es gay. Les contaré un poco de la historia de mi hijo Pedro y yo.
En el año de 2010, cuando Pedro tenía 17 años, sucedió algo que cambió mi vida, la de él y de toda la familia. El estilista que nos cortaba el cabello a mis hijos y a mí me dijo, entre apenado e indeciso, que tenía algo que decirme, y que era delicado. “Pedro, su hijo, se me está insinuando”. Este chico era mucho mayor que Pedro. Le estoy y estaré agradecida de por vida por esta confidencia.
En ese momento sentí literalmente que la tierra a mis pies se abría en un profundo abismo; muchas cosas pasaron por mi mente. ¿Seré yo la causante de esto? ¿Qué hago ahora? ¿A quién le pido ayuda? ¿Será verdad o sólo una etapa de Pedro y se le va a pasar? ¿Con qué especialista lo llevo para que le corrija eso? Fue una etapa de mucho dolor. Me daba temor que fuera verdad, que le fuera a pasar algo por ser gay. Que lo fueran a golpear y hasta a matar. Que se fuera de la casa y ya no lo volviera a ver nunca era mi mayor miedo. Pasaron tantos pensamientos por mi mente y lo único que sí tenía claro era que no lo quería seguir dejando solo con esto.
Me armé de valor durante dos meses para atreverme a preguntarle. Así que un ocho de enero de 2011 por la tarde, sentados en un sillón largo, le hice la pregunta. “Hijo, te voy a preguntar algo y quiero que me digas la verdad. Alguien me dijo que te gustan los hombres. ¿Es verdad que eres gay? ¿Eres homosexual?”. Se quedó en silencio por un rato mirándome con miedo, sin saber qué responder, y con un SÍ MAMÁ, SOY GAY fue como iniciamos este camino. Entre confusión y dolor, recuerdo que le dije que me diera tiempo de investigar al respecto, que yo no sabía nada de eso. “Yo te amo hijo, eso no lo dudes nunca, pero es un shock esta noticia. Y con toda la paciencia me respondió que sí, que él haría lo que le pidiera. Lo acosé con muchas preguntas, que hoy entiendo no tenían sentido ni fundamento. ¿Te violaron de niño, alguien te agredió? “No, mamá, nadie me hizo nada&#8221;. ¿Alguien te está obligando a hacer esto? “No, mamá”. ¿Desde cuándo está pasando esto? “Siempre lo he sentido, siempre lo he sabido; me gustan los niños, no las niñas”. Y así lo acribillé de preguntas sin sentido. Literalmente, como se dice, lo saqué del clóset, pero lo obligué a quedarse más tiempo. Eso fue muy doloroso para él.
Cabe resaltar que somos una familia conservadora, y éramos sumamente religiosos. Tanto mi esposo como yo fuimos educados en colegios católicos de monjas. Nos casamos muy jóvenes y empezamos a tener familia. Nuestras familias son conservadoras también.
Lo llevé a que platicara con un sacerdote, con un sexólogo, con una psicóloga, un endocrinólogo, para ver si era hormonal y con una pastilla se corregía. Fueron dos años muy difíciles tanto para él como para mí. Entré en depresión total. Me sentía tan culpable por no haberlo sabido educar “bien”.
Durante estos dos años le pedí que no dijera nada, que no pusiera nada en las redes, que no subiera fotos con nadie, que no llevara a ningún novio a la casa, que se vistiera como hombre, que se moderara con los ademanes. Lo agredí con mis comentarios hirientes, lo agredí obligándolo a ir con cuanto especialista se me ocurría, y así muchas cosas que fueron haciendo que él se enojara cada vez más conmigo.
Cuando lo saqué del clóset con la pregunta y le pedí que se quedara adentro, que no dijera nada, así me quedé yo con él por un tiempo, dentro de mi clóset de mamá con un hijo Gay (nota: seguiré poniendo Gay con mayúscula como un realce al tema). Hasta que mi hija, muy enojada, me dijo que si seguía así, lo perdería a él y a ella también. Que ya lo dejara en paz y lo dejara ser él mismo. Recuerdo que fueron dos años muy difíciles y sobre todo fue sumamente difícil decirles a mis papás que mi hijo es Gay. Lloré tanto con ellos. Sentía culpa, tristeza, dolor en el corazón y en el cuerpo. Y ellos en su gran amor me dijeron que me apoyaban en todo y que yo le apoyara a él, que no estábamos solos. Mi temor era su rechazo, hacia mí y hacia él y fue todo lo contrario. Otra de las cosas muy difíciles fue que mis amigas y la familia extendida se enteraran de la orientación sexual de Pedro.
Fue una “salida del closet” de nosotros como sus padres. Tenía miedo al rechazo social, a las habladurías, al juicio, cosa que sí pasó. Perdí muchas amigas que veían mal que apoyara abiertamente a Pedro, incluso algunos familiares lo veían mal. Pero eso ya no me importó, lo importante era que ya estaba más tranquila y decidida a apoyarle y acompañarle. De allí en adelante busqué ayuda en otro lugar. Me puse en contacto con un primo mío, activista Gay en Estados Unidos, educador comunitario en temas de diversidad sexual. Con el apoyo de Marco Castro-Bojorquez, mi hijo y yo empezamos a tener mejor relación, y poco a poco fui comprendiendo y aceptando su orientación sexual.
Iniciamos un grupo de apoyo para otras familias en 2015, con la información y la metodología de las comunidades migrantes de Estados Unidos. A través de él encontré la <a href="https://www.familiasporladiversidad.org/" target="_blank" rel="noopener">Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual</a>, fundada en el año 2002, y las estadísticas de aceptación familiar de la doctora Caitlyn Ryan y lo que provoca el rechazo familiar en los jóvenes LGBTIQ+, que me hicieron recapacitar de mis acciones de rechazo hacia Pedro.
Mi vida y la de toda la familia fue tomando mejor rumbo. En 2016 tuve la oportunidad de ir a la ciudad de San José de Costa Rica a la VI Convención de Familias por la Diversidad Sexual, con el apoyo de una beca total. Fue un evento maravilloso en el que principalmente conocí a otras familias como la mía y ya no me sentí sola. El recibimiento de la señora Miriam Angel y su abrazo acogedor fueron un bálsamo para el alma. Encontré información confiable y por fin la luz al final del túnel. Fue de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Pasamos tres días de ponencias y actividades hermosas con familias de varios países de Latinoamérica. Llegando de regreso a mi ciudad, registré <a href="https://www.facebook.com/CorazonAbiertoLGBTCuliacan/" target="_blank" rel="noopener">Corazón Abierto, Familias LGBTIQ+</a> como asociación civil. Somos parte de una red de 22 países de habla hispana y portuguesa como familias diversas apoyando a familias con información y acompañamiento amoroso.
Tenemos mucho que desaprender de lo que como sociedad nos han inculcado. Los prejuicios y los valores mal entendidos, el rechazo injustificado, los mitos y las realidades de la diversidad sexual. Tenemos que aprender desde lo científico lo que significa orientación sexual, identidad de género, expresión de género. Tenemos que saber que el rechazo y la discriminación causan estragos en la salud y en la vida de nuestres hijes. Cómo nosotros, su padre y madre, tenemos el poder de voltear las estadísticas a su favor y no en contra. Porque sabemos que no se elige ni la orientación sexual ni la identidad, y que no es algo terrible, al contrario, es algo maravilloso tenerles en nuestra familia.
¿Qué les puedo decir a las familias? Apoyen a sus hijos e hijas. Escúchenles, sobre todo. Elles nos dan una gran lección de amor y aceptación. Busquen otras familias con hijes LGBTIQ+. Busquen profesionales sexólogos capacitados en este tema. Sepan que existen muchos grupos de apoyo en todo México. No tiene precio platicar con otra mamá o papá y te diga “YO TAMBIÉN”. Yo también lo viví así, yo también tuve miedo, yo también me sentí culpable. Yo también me equivoqué, yo también le agredí. Y lo más importante: ahora “YO TAMBIÉN LO ESTOY APOYANDO  Y TODO MEJORA CON NUESTO APOYO”, “Mi tema fue salir del clóset como madre” y salir del clóset para mí y para mi hijo, fue lo mejor. Ya no estaba sola, pude moverme.

El clóset de las madres

En la actualidad, resulta evidente la creciente participación de gobiernos locales en espacios internacionales y en su vinculación con organismos, organizaciones, instituciones, entidades y otros gobiernos locales que se encuentran fuera de su territorio nacional. En ese sentido, aquella actividad de alcance transnacional realizada por un actor no estatal se engloba dentro del concepto de paradiplomacia (Velázquez Flores, 2010).
En el marco legal aplicable para la capital del país, la Constitución Política de la Ciudad de México faculta en su artículo 20° al gobierno de la ciudad a “promover su presencia en el mundo y su inserción […] en redes de ciudades y gobiernos locales […]”. Asimismo, en el caso del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México señala que dentro de las atribuciones del Consejo se encuentran la celebración de acuerdos de colaboración con entes públicos nacionales e internacionales, así como el impulsar la cooperación internacional para el intercambio de experiencias en materia de igualdad y no discriminación (LPEDCM).
En ese sentido, el Copred es el ente representante del Gobierno de la Ciudad de México ante redes y coaliciones de ciudades regionales e internacionales que promueven el intercambio de políticas públicas de igualdad y no discriminación. Algunas de las redes y coaliciones de ciudades de las que forma parte el COPRED son: Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia (Coalición LAC), Rainbow Cities Network (RCN), Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD), y Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris (RLCA).
Lo anterior se debe, en parte, a que la Ciudad de México ha sido pionera en la región en la defensa y promoción de los derechos de grupos históricamente discriminados como es el caso de las personas LGBTIQ+. Prueba de lo anterior es que, tras la reforma de diversos artículos del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en diciembre de 2009 la capital de nuestro país se convirtió en la primera ciudad de América Latina en aprobar los matrimonios entre personas del mismo sexo (CDHCDM, 2015), así como los derechos que conlleva, tales como la adopción. Asimismo, en 2015 se reconoció el cambio de identidad de género para personas mayores de 18 años por la vía administrativa, mientras que, el mismo trámite fue autorizado para personas mayores de 11 años en 2021. Para 2020 fueron prohibidos los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), siendo la Ciudad de México la primera entidad del país en reconocer que tales prácticas son violatorias a los derechos de las personas LGBTIQ+ (COPRED, 2022).
Estas iniciativas, entre muchas otras, impulsadas por el gobierno de la Ciudad y la sociedad civil organizada, han posicionado a la Ciudad de México a nivel internacional, permitiendo compartir sus experiencias en otros espacios de alcance global; de estos destaca la labor dentro de la Rainbow Cities Network (RCN). La RCN, fundada en 2013 y constituida legalmente en 2019 bajo la legislación del Reino de los Países Bajos, es una red internacional de gobiernos locales que han adoptado medidas, políticas y legislaciones específicas para la promoción, defensa y el respeto de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en sus localidades.
La Ciudad de México, a través del Copred, forma parte de la red desde 2015, lo que la llevó a posicionarse como la primera ciudad fuera del continente europeo en incorporarse. En la actualidad, 55 ciudades de América, Asia y Europa integran la red, otorgándole así su carácter internacional.
Dentro de las acciones que realizan las ciudades pertenecientes a la red, se encuentran:
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<li>Reuniones Anuales, que este año (2024) se realizará en Helsinki (Finlandia), donde personal del Copred coordinará la sesión de trabajo interseccional sobre racismo y diversidad sexual y de género, así como la de discriminación en el trabajo;</li>
<li>exhibiciones fotográficas anuales en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Transfobia y Lesbofobia, cuya temática para 2024 fue “<a href="https://www.rainbowcities.com/wp-content/uploads/2024/08/rcn_exhibition2024_smaller.pdf" target="_blank" rel="noopener">Personas mayores Queer y pioneras</a>” y que contó con participación de la Ciudad de México, y</li>
<li>la presentación de <a href="https://www.rainbowcities.com/good-practices?_sft_city=mexico-city" target="_blank" rel="noopener">buenas prácticas locales en favor de la inclusión de personas de la diversidad sexual y de género</a>.</li>
</ol>
En el marco de la conmemoración de 10 años como integrante de la red, en noviembre de 2023 la Ciudad de México fue electa como sede de la Reunión Anual para 2025. Cabe señalar que, con motivo de su designación, la capital de nuestro país obtuvo la mayoría de votos de las ciudades de la RCN, lo que significa también un reconocimiento al trabajo de la ciudad en materia de igualdad y no discriminación de las personas LGBTIQ+. Asimismo, tanto la pertenencia a la red, como la celebración de su encuentro anual en nuestra ciudad, dan la pauta para difundir y promover los trabajos y avances de la Ciudad de México en el reconocimiento de los derechos de la población de la diversidad sexual y de género.
Finalmente, resulta relevante mantener y reforzar la participación y el trabajo constante en estos espacios internacionales de intercambio de experiencias y buenas prácticas, ya que una mayor intervención e involucramiento de gobiernos o instituciones locales en actividades y procesos participativos de alcance global permite abonar en el cumplimiento de obligaciones internacionales como la promoción, el respeto, la protección y garantía de los derechos humanos de todas las personas.
* Iván Flores Osorio es internacionalista y asesor de la Secretaría Técnica del Copred.

La paradiplomacia: experiencias del COPRED a nivel internacional

Quienes radican en la Ciudad de México están habituados a identificar el sonido de la señal de la alerta sísmica incluso en medio de los ruidos de esta caótica ciudad. Su sonido desencadena alerta e incluso reacciones intensas de ansiedad o miedo. Pero sobre todo impulsa a acciones muy concretas: indagar si hay que salvar la vida, calcular qué ruta de escape tenemos y tener precaución hasta que llega la calma. 
Para la mayoría de quienes lean este texto, resulta familiar oír sonidos e identificar palabras al escucharlas. Desde esa posibilidad, se interactúa, valida o participa en decisiones públicas. La realidad es que la vida cotidiana puede transcurrir sin tomar consciencia en que la alerta sísmica constituye la garantía y acceso al derecho de proteger la vida, a proteger la integridad física propia o de tu familia. Incluso si te estresa o te da miedo oírla.
El gobierno de Ciudad de México tiene la obligación de dar a la ciudadanía, mecanismos de alerta para sobrevivir a una catástrofe. La alerta sísmica se corresponde a esa necesidad y parece que es suficiente para proteger a toda la ciudadanía. 
Pero no es así para quienes somos personas sordas, pues la alerta sísmica al ser únicamente audible no garantiza nuestro derecho a proteger la vida y sobrevivir a una situación de riesgo en términos de los artículos 10, 11 y 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las personas sordas estamos en situación de discriminación con respecto a las personas oyentes.
Los prejuicios y estereotipos negativos que las personas oyentes tienen sobre las personas sordas se constituyen en una forma de discriminación que se conoce como audismo y recordemos que la discriminación acontece por intención o por resultado. El audismo puede afectar la vida cotidiana de la persona sorda e impedir el acceso a bienes culturales o la garantía de derechos como la educación, el trabajo, la salud o incluso a proteger la vida en caso de sismo.
En este caso, el audismo se ejerce desde la omisión de una alerta sísmica que responda a las necesidades específicas de la comunidad sorda de nuestra ciudad y en omitir generar normas técnicas que apoyen un gasto adecuado en política pública y demás decisiones sobre protección civil, así como en normas que regulan cómo las inmobiliarias y particulares construyen espacio público y privado en zona sísmica. 
Por ese motivo, como integrantes de la comunidad sorda de Ciudad de México, presentamos una petición ante el COPRED para que, en ejercicio de sus facultades, pida un informe a la SEDUVI y a otras dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, a fin de que se revise el contenido del Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad para la Ciudad de México recién publicado en Gaceta Oficial. 
Dicho manual es un instrumento que integra una política sobre ecología, cuidados y movilidad en el espacio público y otros entornos. Sin embargo, un documento que ha renunciado a normar la seguridad, movilidad y acceso a la información de las personas sordas no es un manual sobre accesibilidad que necesita nuestra ciudad. 
Esta omisión se ha reiterado en todas sus ediciones desde el 2000 (luego en 2007, 2012 y 2016). Por eso, urgimos al gobierno de ciudad de México a tomar conciencia del audismo de esta omisión en reparación de nuestros derechos, se incluyan las especificaciones que debe tener las alertas lumínicas en espacio público y privados para que en su oportunidad se dote a la ciudad de este equipamiento.
Esperamos que la administración actual y de la electa Jefa de Gobierno, Clara Brugada, realicen gestiones para avanzar en protección civil y demás pendientes que lesionan la seguridad y derechos de nuestra comunidad.
Confiamos en que a partir de las acciones conmemorativas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 próximos a realizarse, el gobierno de la Ciudad de México será sensible a las gestiones propuestas desde el COPRED para revisar acciones, normas y política, de manera que se marque en 2024 una nueva manera de gestionar el riesgo en nuestra ciudad y se proteja la vida y la integridad de las personas sordas y de sus familias sin audismo y sin omisiones que consideramos, constituyen discriminación, esto será un importante punto de partida con respecto a éste y otros derechos contenidos en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
Te invitamos a estar pendiente de los videos en Lengua de Señas sobre esta petición que estarán disponibles en las redes del COPRED y en las que, mediante una metodología colaborativa, plasmamos nuestra preocupación sobre la realidad de habitar una zona sísmica. También te invitamos a conocer las señas que debes conocer para apoyar a las personas sordas en un sismo y a unirte en este esfuerzo por tomar consciencia en erradicar el audismo y otras formas de discriminación en nuestra ciudad. 
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*Jocelyn Lubiaani Calvo Martínez, Lesley Vianey Olvera, Alejandro Márquez Ascencio y Elías de Loera Ojeda a través de la interpretación de Lengua de Señas Mexicana proveída por el COPRED a cargo de Vanessa Norma Salazar Díaz de (<a href="https://x.com/ENaccesibilidad" target="_blank" rel="noopener">@ENaccesibilidad)</a> y el acompañamiento de (<a href="https://x.com/En1ra_Persona" target="_blank" rel="noopener">@EnPrimeraPersona)</a> integrante de la Asamblea Consultiva del COPRED.

¿Quién te avisa que viene un sismo?

A Martha Sánchez Néstor, forjadora de utopías
Desde 1983 se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Indígenas cada cinco de septiembre. Tener la posibilidad de hacer una pausa en nuestra cotidianidad para considerar la trascendencia de sus acciones y su presencia histórica es necesario. Con base en los datos del Censo 2020, en el país se auto-adscriben como indígenas 23.2 millones de personas, de los cuales 51.4 % (11.9 millones) son mujeres (INEGI, 2022). Si bien las condiciones de desigualdad y el patriarcado han caracterizado muchas de sus vivencias, también es cierto que contamos con mujeres que destacan en distintos ámbitos profesionales, políticos, comunitarios y sociales sorteando múltiples dificultades y obstáculos.
La diversidad cultural que alberga México tiene en las mujeres indígenas un papel protagónico, no sólo por las dinámicas de socialización, crianza y transmisión de saberes múltiples que llevan a cabo, sino también por las adecuaciones identitarias que les toca vivir con base en nuevos escenarios y procesos. En virtud de lo anterior quisiera apuntalar una presencia importante e interesante: la de las mujeres que se reconocen como afro-indígenas en México.
Las personas de origen africano llegaron en el siglo XVI a la entonces Nueva España con los colonizadores ibéricos, principalmente como personas esclavizadas. Tuvieron un peso significativo para los procesos económicos virreinales, los varones principalmente en las haciendas y la minería, y las mujeres en los ámbitos domésticos. Con el transcurrir del tiempo lograron ser una parte fundamental en la constitución demográfica y social de esos tiempos, y desde entonces tienen una presencia importante en lo que actualmente es México.
A diferencia de otras experiencias históricas, en Nueva España no existió una “segregación” total de las personas de origen africano, lo cual propició una serie de intercambios (biológicos y culturales) que dieron paso a formas de convivencia cotidiana e interacciones complejas. La vecindad geográfica entre personas de origen africano e indígenas permitió conformar familias con ambas herencias históricas gestando así formas de identificación muy particulares.
En alguna ocasión platiqué con Martha Sánchez Néstor, una muy reconocida lideresa feminista, indígena amuzga, a quien conocí en el ámbito laboral y con quien desarrollé un vínculo de camaradería y cariño (Martha falleció en julio de 2021). En nuestras conversaciones (con el tiempo cada vez más esporádicas, por desgracia) compartíamos reflexiones en torno a nuestra condición de mujeres indígenas, así como de hechos más cotidianos. En una de aquellas charlas que ahora rememoro con amor y nostalgia, al preguntarme sobre mi campo de especialización (las poblaciones afrodescendientes), ella me dijo: “deberías pensar en otras mujeres de la región (ella era de Xochistlahuaca, Guerrero), es interesante pensar en todas aquellas familias que son indígenas, pero también tienen historia negra, esas mujeres también tienen una historia poderosa&#8221;, refirió.
Con el transcurrir de los años pude darme cuenta de lo certero de las palabras de Martha. Por ejemplo, cuando conversé por primera vez en Ometepec, Guerrero, con una mujer quien sin más me dijo: “yo soy afroamuzga”. Al preguntarle por qué se reconocía así, rápidamente respondió: “porque mi papá es indígena y mi mamá negra, entonces tengo esas dos riquezas”.
En regiones como el pacífico mexicano este tipo de experiencias son comunes. Hay una presencia importante de personas afrodescendientes, quienes han establecido relaciones de diversa índole con indígenas nahuas, amuzgos o mixtecos, principalmente. Durante mi trabajo de campo en comunidades de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca ha llamado poderosamente mi atención que sean principalmente mujeres quienes refieran este tipo de adscripción.
En 2015 por primera vez en la historia del México independiente se preguntó por las personas afrodescendientes en la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Además de ser un paso inicial para la visibilidad estadística de esta población, destacó entre los resultados la información alusiva de las personas afrodescendientes que se reconocieron también como indígenas por entidad federativa. Los cinco estados de la república que tuvieron mayor representatividad de afro-indígenas fueron: Oaxaca, con 73.3 %, Veracruz, con 73.1 %, Chihuahua, 71.3 %, Guerrero con 66.3 % y Morelos con 65.5 % (INEGI, 2017).
Derivado del Censo 2020 contamos con información alusiva a este sector poblacional, con un añadido más: la condición de hablante de lengua indígena (HLI). Se reportó que 8.2 % de la población afrodescendiente hablaba alguna lengua indígena, siendo las más habladas el náhuatl, con 26.8 %; el maya, con 15.1 %; el mixteco, con 9.9 %; el zapoteco con 8.3 %, y el Tlapaneco con 5.9 % (CONAPO, 2020). Lo anterior refiere la importancia de considerar cuáles son las especificidades en las condiciones de vida de estas personas, y sobre todo nos obliga a pensar qué pasa con las mujeres que se reconocen como tales y tienen experiencias vitales de las que poco sabemos y que sin duda son importantes de tener en cuenta.
Algunas mujeres me han compartido que tener estas dos “herencias” le hace sentirse orgullosas; sin embargo, también conozco de experiencias contrastantes cuando algunas de ellas enuncian el “problema” que significa ser “india y negra”. Las condiciones de discriminación y racismo son para ellas un obstáculo mayúsculo, puesto que se conjugan los estereotipos que se mantienen vigentes en torno a los pueblos originarios y las personas de la diáspora africana en el país, afectando su existencia y en ocasiones vulnerando sus derechos.
En una comunidad afro de Guerrero una joven mujer de 16 años refirió lo siguiente:
… yo he pensado mucho en cómo es eso de hablar idioma (indígena) como yo, y tener el pelo así (ensortijado), y ser negrita. Las amigas de mi mamá dicen que está muy bien que ya se hable de nosotros, los negros de México. También creo que está bien, pero en este pueblo hay gente como yo, que vamos al monte con los abuelitos, o sea, que hay cosas que hacemos porque somos indígenas, hay ceremoniales y rituales en los cerros (a veces para la pedida de lluvia) pero también de otro lado de nuestras familias está todo eso de ser afro, ¿no?, de tener esa historia que viene de lejos, de África… Con mis amigas hablo de esto, ¿cómo van a ser mis hijos, también indígena y afro, o nomás alguno de los dos?”. (Entrevista realizada en la Costa Chica de Guerrero en enero de 2024).
En un día como hoy se torna pertinente preguntarnos sobre las identidades múltiples con las que contamos en el país, y en particular en la necesidad de visibilizar tanto estadística como cualitativamente las experiencias cotidianas de las mujeres que actualmente realizan ejercicios de reflexión profundas en torno a sus pertenencias culturales y sociales.
Las mujeres indígenas seguirán siendo un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa, haciendo uso de las herramientas a su alcance para dignificar las condiciones de vida de las generaciones venideras. Estoy segura que los debates en torno a mujeres que abrevan de dos historicidades tan importantes serán un ámbito trascendental para las reflexiones sobre la diversidad cultural en México y así entonces conocer con más detalle, como decía Martha, de esas historias poderosas.
* Citlali Quecha Reyna es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Miembro de Afrodescendencias en México. Investigación e Incidencia A. C., e integrante de la Asamblea Consultiva de COPRED.

Vivir entre dos historias: mujeres afro-indígenas

A ti Alicia, por tus palabras de aliento 
y contar siempre con tu apoyo incondicional. Hasta siempre amiga. 
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Entramos en una nueva era en la administración pública federal y un nuevo sexenio que marca un nuevo horizonte y genera bastantes expectativas en referencia a la política social en el nuevo gobierno, sobre todo porque el eslogan de la nueva presidenta ha marcado una retórica de continuidad de los programas sociales de bienestar que atienden a la población con mayor rezago social, económico y educativo.
Digo que la nueva administración genera bastantes expectativas porque los discursos de la candidata tanto de campaña como de presidenta electa han sido contundentes en que se ampliará la cobertura de apoyo económico y se otorgará de manera escalonada a mujeres indígenas y afromexicanas de 60 a 64 años. Es decir, se priorizará a las mujeres que residen en municipios indígenas de acuerdo a la tipología A y B del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
También la presidenta electa se ha comprometido que el próximo año las mujeres de 63 a 64 años reciban el apoyo (y aumente el rango de edad si el presupuesto es sólido), para 2026 se continuará la cobertura del apoyo a quienes tengan entre 60 y 62 años, con lo que se cubriría a la población a nivel nacional. Según Sheinbaum, para 2026 cerca de tres millones de mujeres contarán con la pensión.
En este caso la política social y de bienestar para las personas mayores de la nueva presidenta ha sido enfática en que como primera presidenta del país “gobernará para que las mujeres puedan sentirse representadas”.  y que sus propuestas se van a centrar en la atención a la igualdad sustantiva, la erradicación de la violencia y el apoyo a las mujeres, pero es importante hacer una aclaración: se espera que todas estas promesas tienen que pasar por un serio análisis presupuestal y de sostenibilidad financiera. Ojalá que no quede meramente como una jugada para generar legitimidad y aceptación entre la población mayor.
Pero también es importante subrayar que existen varios pendientes y compromisos en la agenda que son ineludibles para la atención de la población mayor y que, a criterio de su servidor, son temas en la agenda que se han arrastrado como deuda social con las personas mayores, que ameritan una atención urgente y que por desgracia no se solucionan solamente con transferencias directas de dinero.
Y no solo es responsabilidad del gobierno federal o gobiernos locales, sino también del ámbito legislativo y judicial, hasta pasar por toda la sociedad y sectores involucrados (público, social y privado).
A continuación, haré mención de algunos temas pendientes en la agenda pública que a mi consideración son urgentes y que, si no se comienzan a atender a corto o mediano plazo, puede alcanzarnos ya no como fenómeno social, sino como un problema, así como otros que afectan y hieren al tejido social en la actualidad.
1. La necesidad de un sistema nacional de cuidados para personas mayores que, en resumen, se entiende que por el envejecimiento poblacional de nuestro país sea necesaria una política pública nacional que involucre una coordinación entre Secretarías de Estado y distintos niveles de gobierno y sectores tanto públicos, sociales y privados, para una coherencia en las acciones para el cuidado a largo plazo de las personas mayores con o sin discapacidad, y que es una acción en favor de la población mayor para la integración de servicios de salud con los servicios de cuidado y los sistemas de protección social existentes. Así lo detalla un reciente artículo sobre el Sistema Nacional de Cuidados para Personas Mayores, <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> que examina y argumenta una necesidad de continuar con la discusión de construir una política nacional de cuidados con enfoque de derechos, una estrategia para la atención a largo plazo que garantice la atención de las personas mayores y también de las personas que los cuidan, lo cual conlleva un programa que se centre en garantizar el derecho al cuidado, a los cuidados a largo plazo y a los cuidados paliativos, pero también visualiza los derechos de las personas que son cuidadoras.
2. Es para un servidor un tema de relevancia y de interés porque involucra una mirada bioética del envejecimiento y de la vejez, sobre todo porque involucra temas controversiales sobre el derecho a la vida y el derecho al buen morir. Y es una agenda que también se discute en la academia y en lo legislativo, hablo sobre la iniciativa de ley local en la Ciudad de México para regular la muerte médicamente asistida (MMA), que propone distintos puntos de vista acerca del tema como el papel de los médicos y la medicina en la MMA, la Eutanasia y el suicidio médicamente asistido, la necesidad de una ley que permita la MMA, los cuidados paliativos y su relación con la MMA. Esta discusión sigue vigente y se analiza en estos días con la iniciativa de la UNAM y la Asociación libertad para morir en la Facultad de Medicina de la UNAM. Esto con el fin de promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla. Defender, de modo especial, el derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimientos, si este es su deseo expreso. Pero también proteger los derechos de los médicos y discutir cuál es el papel de la medicina en estos casos.
3. Es una agenda de protección y defensoría de los Derechos de las Personas Mayores, si bien existen defensorías, asesorías legales, agencias del ministerio público, instituciones de derechos humanos e instituciones para prevenir la discriminación e institutos locales que atienden a personas mayores. Es urgente que existan defensorías especializadas en envejecimiento y vejez, que tenga conocimiento técnico sobre las problemáticas que aquejan a las personas mayores. Entre tantas puedo mencionar algunas, por ejemplo: la violencia y maltrato físico ejercido por familiares dentro del hogar, la presión que se ejerce por parte de los familiares para abandonar sus hogares o para desocupar espacios dentro del hogar, la presión para crear testamentos en favor algún miembro del núcleo familiar, la discriminación por edad tanto en el hogar o al buscar algún trabajo, la violencia patrimonial, económica y psicológica que se ejerce en espacios públicos y privados. Esta defensoría debe de incluir áreas que incluyan valoraciones integrales tanto gerontológicas y geriátricas como de salud mental, para cuidar el estado físico y mental de la persona mayor.  Esta agenda se tiene que ir impulsando en los siguientes años, ya que, una de las tantas preocupaciones que tienen las personas mayores es sobre sus derechos jurídicos y cómo pueden defenderse ante las injusticias de las empresas privadas, del Estado y desafortunadamente la que se ejerce desde su propia familia.
4. Aquí voy hacer muy cuidadoso porque se puede pensar que existe algún conflicto de interés, pero se puede palpar en las discusiones públicas y en los diálogos en clase con las personas mayores y en las necesidades que expresan en grupo. Simplemente es la urgencia de tener información sobre sus propios procesos sociales, biológicos y psicológicos del envejecimiento y la vejez.  Es por ello que nuestra institución tiene como propósito asesorías, clases, conferencias y talleres para brindar esa misma información que sirva como eje y marque una alternativa a las personas mayores para prevenir y cuidar sus propias enfermedades, aunque suene muy trillado que tengan un envejecimiento y vejez saludable.
Es por ello que para este próximo sexenio se tiene suficiente trabajo en las distintas agendas para la atención de una población que crece día con día. En ese tenor para este 28 de agosto, Día de las Personas Mayores, se tiene que alzar la voz para continuar con las demandas sociales legítimas de la población mayor.
* Miguel Ángel Miranda Domínguez es sociólogo, miembro de la Asamblea Consultiva del Copred, Coordinador del Programa Universitario para Personas Mayores UAM-Xochimilco y miembro del “Comité Intersectorial México por la Convención de los Derechos de las Personas Mayores”.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> García-Peña C, Gutiérrez-Robledo LM, García-Chanes RE, López-Ortega M, Sosa-Tinoco E. <a href="https://doi.org/10.21149/16204" target="_blank" rel="noopener">Sistema nacional de cuidados para personas mayores</a>. Salud Publica Mex. 2024;66:599-606.

28 de agosto: pendientes en las agendas sociales de las personas mayores

Julio de 1993, los periódicos destacaron la noticia de una matanza: niñas, niños, adolescentes y jóvenes que dormían a las afueras de la iglesia de la Candelaria en Río de Janeiro Brasil fueron asesinados a mansalva por un grupo de hombres armados. Nueve años después, entre el 19 y el 22 de agosto del año 2004, en Sao Paulo, Brasil, sucedió la “Masacre de Sé”, durante cuatro días, 15 personas fueron golpeadas con saña en la cabeza, siete personas fallecieron como consecuencia de los golpes y ocho quedaron heridas gravemente.
Es así que desde 2009, diferentes organizaciones que trabajan con estas poblaciones, decidieron conmemorar el 19 de agosto como el Día Internacional por las Luchas de las Poblaciones Callejeras en América Latina, fecha que se estableció para reconocer y dar visibilidad a las problemáticas y luchas de las personas habitantes de calle en diferentes países de América Latina.
La violencia hacia las personas que viven en la calle está presente en todas las ciudades dónde existe este fenómeno social; la Ciudad de México no ha logrado establecer una política pública que garantice el derecho a la vida y a un proyecto de vida de las personas que habitan las calles, cotidianamente se documentan actos de violencia o muerte de quienes habitan las calles sin que exista investigación pericial dónde se sancione a quien cometa actos en contra de la vida y la dignidad de estas personas.
En 2019 el periódico Excélsior informó que “de acuerdo con organizaciones no gubernamentales, en lo que va del año, 121 personas que viven en situación de calle han sufrido quemaduras en la Ciudad de México; 45 de ellas murieron”. En febrero de este año el mismo periódico publicó una nota donde el encabezado decía: “Sujeto prende fuego de &#8216;broma&#8217; a indigentes en la Venustiano Carranza”, en los vídeos que se hicieron virales se observa un joven que ofrece un abrazo amable a personas integrantes de las poblaciones callejeras, mientras con un encendedor prende fuego a sus cabellos.
Pero la violencia contra estos grupos no solo viene de personas particulares, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) ha publicado cinco recomendaciones dirigidas a instituciones del Estado, en donde se reconoce que son responsables de actos que atentan contra la dignidad y la integridad de las poblaciones callejeras.
La violencia perpetrada por personas particulares y por las instituciones del Estado contra las poblaciones callejeras tiene consecuencias graves en las víctimas: depresión, ansiedad, estrés, aumento en el consumo de sustancias, irritabilidad, desconfianza y miedo son solo algunas de las condiciones que comprometen su salud emocional.
Ante estas situaciones surge una pregunta: ¿por qué tanta violencia hacia un grupo de personas que se encuentra en desventaja social, económica, cultural y emocional?
La Dra. en ética Adela Cortina, en 2017, definió la palabra aporofobia para nombrar el miedo, rechazo o aversión hacia las personas pobres, misma que se traduce en discriminación y que muchas veces se expresa en violencia verbal o física; sin embargo, una de las expresiones más duras de la aporofobia es la negación de sus derechos humanos por parte de las instituciones del Estado, convirtiéndose en un obstáculo para su desarrollo humano.
En las últimas décadas, el fenómeno social de las poblaciones callejeras, ha desatado diversos debates, sobre todo, tratando de entender las causas por las que una persona termina desarrollando su vida en las calles. “Familias y comunidades expulsoras”, “personas ingobernables”, “usuarios de drogas”, son las respuestas más comunes; sin embargo, con el paso de los años se ha llegado a entender que la vida en la calle depende sobre todo de la fortaleza y capacidades que tienen redes de apoyo como las familias, las comunidades y las instituciones del Estado para acompañar a las personas en los momentos más complicados de sus vidas.
Responsabilizar a las personas, a sus familias o a sus comunidades es no reconocer que en todos los movimientos humanos existe una responsabilidad del Estado para proteger derechos como la salud, la identidad, una vida libre de violencia y no discriminación, pero sobre todo el derecho a la vida y a un proyecto de vida.
En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecen que los Estados deben desarrollar acciones puntuales para proteger a las personas, todos los objetivos son importantes; sin embargo, en el caso de las poblaciones callejeras es importante destacar los siguientes: 1. fin a la pobreza, 2. hambre cero, 3. salud y bienestar, 4. educación de calidad, 5. igualdad de género, 6. agua limpia y saneamiento, 8. trabajo decente y desarrollo económico, 10. reducción de las desigualdades y 16. paz, justicia e instituciones sólidas. Estos compromisos internacionales que México firmó son ineludibles cuando se trata de mejorar la vida de personas que lo han perdido todo y que luchan día a día por sobrevivir en entornos donde ven violentados sus derechos humanos de manera sistemática.
Para visibilizar todo lo anterior, se han realizado diferentes acciones, por ejemplo, la campaña difundida en redes sociales, “¿Quiénes son las poblaciones callejeras?”, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED) tiene como objetivo informar y sensibilizar a la ciudadanía y a servidoras y servidores públicos acerca de los derechos humanos de las personas que viven en las calles, en particular el derecho a la no discriminación.
Por su lado, la organización civil El Caracol, como parte de la Red EnLaCalle, en el marco de las acciones por el 19 de agosto, impulsó la campaña “Un café para vivir bonito… diálogos por la dignidad”, acción que se llevó a cabo en diferentes zonas de la Ciudad de México con el objetivo de que transeúntes y personas con experiencia de vida en las calles pudieran compartir un café y dialogar sobre la vida en la calle, sensibilizar a la comunidad e invitarlas a crear acciones para que todas las personas, sin importar en lugar en el que viven puedan #VivirBonito.  Tanto la campaña del COPRED, como las acciones de El Caracol, suman acciones positivas en favor de la no discriminación y una vida libre de violencia para las poblaciones callejeras.
El 19 de agosto, organizaciones de América Latina, coordinadas a través de la Red EnLaCalle, invitan a sumarse a las acciones en favor de “Las luchas de las personas en situación de calle en América Latina” a 20 años de la masacre de la Plaza de Sé, en Sao Paulo, Brasil, como una oportunidad de promover los derechos humanos de las poblaciones callejeras y exigir a los Estados que cumplan con su responsabilidad para la erradicación de la violencia y la discriminación la cual atenta directamente contra la dignidad y la vida de quienes viven en la calle.
* Luis Enrique Hernández Aguilar es director de El Caracol A. C., organización dedicada a la atención de las poblaciones callejeras.

19 de agosto | Día Internacional por las Luchas de las Poblaciones Callejeras en América Latina: un día para no olvidar

Día Internacional por las Luchas de las Poblaciones Callejeras: un día para no olvidar

<h2>¿Quiénes son esxs mentadxs chavxs?</h2>
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en 2020 habitaban 2 millones 117 mil personas de entre 15 y 29 años en la Ciudad de México. Si bien el rango de edad para considerar a la juventud sigue en debate (Naciones Unidas coloca a este grupo etario de 15 a 24 años, mientras que la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México contempla a esta población entre los 12 y 29), es importante reconocer que este grupo es uno significativo en cuestiones numéricas y diverso hablando socioculturalmente. Tomando lo anterior en cuenta, y para fines explicativos, se referirá a la población de las juventudes como este grupo etario de entre 12 y 29 años.
Las personas jóvenes se enfrentan a una gran cantidad de prejuicios en la vida cotidiana y en los espacios donde se desenvuelven. Algunas de las narrativas que permean en el imaginario de las personas es la de asociar a la juventud con irresponsabilidad, irreverencia, inexperiencia y radicalidad ingenua. Partiendo de la <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENADIS/ENADIS_Nal22.pdf" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 (ENADIS 2022)</a>, en el apartado de percepción, más de 50 % de la población entrevistada dijo estar de acuerdo con la frase “La mayoría de lxs jóvenes son irresponsables”.
Vale la pena identificar la complejidad de situaciones por las que atraviesa esta población hoy en día. Integrar factores estructurales que trascienden la “individualidad irresponsable” cuando de juventudes se habla, es parte importante en el camino por enunciar a este grupo lejos de ideas discriminatorias.
<h2>Que hagan algo de provecho</h2>
Uno de tantos espacios en los que las personas jóvenes se relacionan y son discriminadas es el laboral, desde su acceso hasta las condiciones que lo integran. A continuación se revisarán algunas de las dinámicas discriminatorias que las personas jóvenes enfrentan en dicho aspecto.
Con respecto al trabajo, las juventudes afrontan temas como la desocupación, precariedad laboral y desempleo; hablar de juventudes es hablar de una población que hasta 2023 contemplaba el 48 % del total desempleado del país.
Una de las razones por las que la población juvenil se enfrenta a altas tasas de desempleo es por discriminación laboral. Esta forma de discriminación se hace presente por medio de la limitación al acceso de ciertos espacios de trabajo a partir de la idea de que las personas son “demasiado jóvenes para el puesto”, en este sentido, la palabra joven está asociada con falta de compromiso, irresponsabilidad y poco profesionalismo.
Otra de las manifestaciones de un trato diferenciado no justificado hacia personas jóvenes en el espacio laboral es no tomarlas en cuenta o cuestionar todo lo que hacen a partir de la idea de que “no le saben”; es decir, asociar la experiencia que las personas tienen al momento de llegar a un trabajo con la capacidad de realizar o no una labor, sin tomar en cuenta la curva de aprendizaje requerida, y cómo a partir de este planteamiento las personas jóvenes son las menos favorecidas.
El tema de precarización laboral es otro al que hay que prestarle atención. De acuerdo a un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) del 2022, el 44.9 % de la población de entre 15 y 24 años en el país obtuvo una remuneración máxima de 5 mil 186 pesos mensuales.
A pesar de que una cantidad significativa de personas jóvenes se encuentra empleada, las condiciones salariales no son óptimas. Por ejemplo, si se toman en cuenta estos ingresos mensuales con respecto a la adquisición de la canasta básica, que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es de $4,515 mensuales, se puede concluir que las personas jóvenes que perciben este sueldo se encuentran en el umbral de pobreza.
Estas dinámicas de discriminación dan cuenta de condiciones estructurales que apuntan a fenómenos sociales históricos y políticos, considerando que trascienden la voluntad de las personas involucradas.
<h2>Contranarrativas de la juventud</h2>
No solo es el ámbito laboral en el que las personas jóvenes son discriminadas y enfrentan condiciones de desigualdad estructural. Otros contextos como el doméstico, público, digital y educativo son espacios donde la discriminación se sigue haciendo presente para este grupo.
Es fundamental complejizar a las juventudes a partir de las características y condiciones que presentan, esta población es heterogénea y en ella se inscriben otras intersecciones como el género, la racialidad, la clase social, etc.
Otro factor que se considera debe ser tomado en cuenta es el temporal, no son las mismas circunstancias por las que atraviesa la juventud actual que las que atravesó el mismo grupo el siglo pasado o hace veinte años. El factor temporal es imprescindible para comprender de manera histórica cuál ha sido el papel y de qué manera fue narrado este grupo por la sociedad.
Es importante nombrar a la juventud a partir de narrativas que se desmarquen de discursos discriminatorios que estigmatizan, criminalizan y hacen responsable a esta población de vivir lo que vive.
Incluir el factor de desigualdad estructural al momento de nombrar el abanico de situaciones por las que atraviesan las personas jóvenes es necesario para enunciar una realidad en donde la agencia, organización y lucha por los derechos de las personas jóvenes sean cada vez más visibles, nombradas e incorporadas a la vida pública.
* Raúl M. Castillo es asesor de educación en la Subdirección de Educación del Copred. Gabriel Arenas García realizó sus prácticas profesionales en la Subdirección de Educación del Copred.

Estxs chavxs que no le saben

Desde el drama de “La Última Cena” que no era, hasta la ventilación de las condiciones hormonales de una competidora, los Juegos Olímpicos en París 2024 han sido el pretexto para que se ventilen las fobias y odios de las personas que prefieren defender quimeras que a personas de carne y hueso.
La ceremonia representó la Fiesta de Dionisio, una bacanal griega y no la famosa “Última Cena” de Da Vinci, la cual, por cierto, es una representación de un pasaje bíblico y como tal ha sido re-representada en muchísimos espacios, serios y no tan serios. Hay apropiaciones culturales de la humanidad que al ser reinterpretadas desde miradas diversas no pretenden herir a nadie, sino visibilizar otras formas de mirar y entender el mundo. Lo mismo sucedió en la Ciudad de México durante la Marcha del Orgullo con una reinterpretación de la crucifixión. Hay pasajes históricos, inclusive religiosos, que se han convertido en patrimonio de la humanidad, y gracias al derecho a la libre expresión, pueden hacerse reinterpretaciones artísticas de ellos.
Tema a parte ha sido el odio vertido en las redes sociales en contra de la pugilista argelina, Imane Khelif, quien se enfrentó a la representante de Italia el día 1° de agosto derrotándola a los 46 segundos de pelea. La representante de Italia hecha un mar de lágrimas mencionó que jamás en su vida la habían golpeado tan fuerte y aseguró que Khelif era un hombre (asumiendo que compitió como una mujer trans), junto a ello, figuras como la ministra italiana de igualdad, Elon Musk o J.K. Rowling (conocidos transfóbicos) se dedicaron a repetir que la argelina era “un hombre compitiendo como mujer”. lo cual desató una ola de violencia transfóbica mundial que yo jamás había visto en redes sociales, principalmente en Twitter (ahora X).
Sobre el tema me parece que caben hacer varios análisis:
1. La objetividad periodística y responsabilidad social. El periodismo en general debe al público seriedad y veracidad. Muchas fuentes periodísticas, cuentas de personalidades, inclusive el jefe de misión de la delegación mexicana, no se molestaron en confirmar la cuestión y ligeramente reprodujeron el bulo “Khelif es una mujer trans y puso en peligro la vida de la boxeadora italiana”, lo que desató una ola de transodio a nivel mundial sin precedente. Ello es muy delicado en un mundo en donde: a) en muchos países, como Argelia precisamente, la homosexualidad está criminalizada, lo que implica que este bulo podría poner en riesgo a Khelif en su propio país; b) en el mundo las personas trans, principalmente las mujeres, viven en el centro de las violencias y el transodio en los discursos alimenta esa violencia que les arrebata la vida. Tan solo en México durante el 2024 han sido asesinadas más de 30 mujeres trans.
El periodismo tiene el deber, además, de no reproducir prejuicios y estereotipos, si intenta ser un ejercicio de información objetivo. Si una persona quiere informarse sobre los Juegos Olímpicos, tiene derecho a recibirla de manera veraz, objetiva y fundamentada. Si prefiere leer un medio sesgado, con alguna ideología específica, estamos en otro plano, pero no el de la información que busca precisamente satisfacer un derecho. La cuenta de la Red Ética Periodística publicó un hilo relevante sobre el código ético para las coberturas deportivas responsables y respetuosas (<a href="https://x.com/etica" target="_blank" rel="noopener">@etica</a>).
Aunado a ello, está la responsabilidad social de no difundir bulos y menos, sumar a los discursos discriminatorios y de odio de quienes teniendo muchos seguidores o de quienes tienen una posición relevante, como el jefe de misión mexicana.
2. La privacidad y el no ajustarse a un modelo de mujer. Vimos también dos cuestiones con respecto del género de Khelif: “no parece mujer” y “¿qué condición hormonal tiene, para no parecer mujer?”. La primera la responderé en el punto que sigue, pero solo referiré que me cuesta trabajo pensar que en 2024 siga existiendo una expectativa de cómo debemos vernos las mujeres, más cuando estamos en una contienda deportiva en donde muchas de las mujeres no se ajustan a esos estándares (blancos y occidentales, por cierto) precisamente porque sus cuerpos se desarrollan para ser más rápidas, más fuertes, más potentes. El modelo de la mujer más pequeña que un hombre, delicada e indefensa no tiene lugar ya en ningún sitio, pero menos en una competencia deportiva que lleva como lema &#8220;Citius, altius, fortius&#8220;, que en latín significa &#8220;más rápido, más alto, más fuerte&#8221;.
Pero pasemos a la privacidad, me parece abominable que el mundo entero conozca la condición hormonal de una mujer competidora, algo que me parece muy privado y que solamente, y bajo confidencialidad, deberían conocer las autoridades deportivas, simplemente por el hecho de que la competidora “no parece mujer”. En boca de todo el mundo está la palabra Hiperandrogenismo, la cual, inclusive, mientras escribo esto es un TT en X en México. ¿Tendríamos verdaderamente que conocer las razones por las que Khelif no se mira femenina y con su fuerza “puso en peligro” a la italiana en una competencia de ¡box!?
Entiendo que las autoridades deportivas puedan indagar en dichas cuestiones para evitar las mejoras biológicas o médicas, el uso de sustancias y la utilización de recursos que permitan aumentar el rendimiento de manera tramposa, pero el hecho de que deba revelarse a la humanidad una condición física o de salud de una deportista porque se duda de su feminidad y de su honestidad (cuestión que siempre pasa a las personas trans) me parece muy grave. Y justo ello me lleva al siguiente tema:
3. Son las mujeres racializadas. En años recientes se ha visto cómo la duda sobre el género de las mujeres pasa por una construcción racializada de la feminidad, una construcción blanca y occidental de la feminidad, mejor dicho. Esta discusión sobre Khelife estaba iniciada un par de días antes en México con la competidora en Judo, Prisca Awiti, de quien se dudó también por no tener una expresión de género tradicionalmente femenina, pero, además, por otra cuestión relevante: su origen afro y su tonalidad de piel. Históricamente a las mujeres a quienes más se ha cuestionado su feminidad en los deportes han sido mujeres racializadas: Caster Semenya, las hermanas Venus y Serena Williams, Dutee Chand, entre otras. El ideal de cómo debe verse una mujer desde esta mirada biologicista y escencialista es eminentemente blanco y occidental, de manera que una mujer racializada deportista sale absolutamente de ese canon y pone contra la pared las ideas del género que permean en su construcción y la duda de quien no se ajusta. Esta semana que llevan los Juegos Olímpicos hemos visto a mujeres con físicos muy poderosos como las jugadoras de rugby de Australia o Estados Unidos, las mismas boxeadoras o las nadadoras; nadie ha cuestionado su sexo, porque su blanquitud cumple el requisito de feminidad. Pero Khelife o Awiti, no, y por lo tanto se les acusa de engañar. Esta discusión debe llevarnos a cuestionar esos modelos impuestos desde la blanquitud occidental y cómo afectan a las mujeres, todas, pero principalmente a aquellas cuya genética imposiblemente se acercará a ese ideal de belleza y género. Después de todo, la transfobia, el racismo, la gordofobia y el aspectismo <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> son sistemas de opresión blancos y responden a la construcción cultural occidental, cis-heteronormativa del género, lo cual me lleva al tema central de la discusión:
4. No es una mujer trans. Y bueno, esta cuestión creo que ha quedado zanjada. Imane Khelif es una mujer cis-género que además viene de un país en donde hoy todavía se criminaliza la homosexualidad y, por supuesto, no está ni reconocida ni permitida la identidad de género distinta a la cis, ¿cómo podemos pensar que ese país enviaría a una mujer trans a competir a los Juegos Olímpicos? ¿De verdad la transfobia es tan poderosa que hace creer que un país que criminaliza y persigue a las personas LGBTIQ+ enviaría a una a representarle? Y ¡ojo! Los señalamientos falsos sobre la identidad de género de Khelif podrían eventualmente ponerle en peligro en su propio país.
Pero la pregunta relevante acá es ¿y si lo fuera? ¿Qué hacemos con las personas cuya identidad biológica o de género no se ajusta a este ideal binario XX/XY? La falsa ilusión de la binariedad en el sexo provoca esta falsa ofensa que solo se traduce en transfobia. La idea de que existen únicamente &#8220;100 % hembras&#8221; o &#8220;100 % machos&#8221; es una simplificación. En realidad, hay un espectro de características sexuales biológicas, y algunas personas nacen con características que no se ajustan completamente a las típicas de &#8220;hembra&#8221; o &#8220;macho&#8221;. Estas personas pueden ser intersexuales, lo que significa que tienen una combinación de características biológicas de ambos sexos.
El sexo biológico es un constructo complejo determinado por múltiples factores biológicos, y no se limita a una dicotomía rígida de &#8220;hembra&#8221; y &#8220;macho&#8221;. Existe un espectro de variaciones biológicas, y reconocer esto es fundamental para una comprensión precisa y respetuosa de la diversidad humana. Por su parte, el hiperandrogenismo es una condición médica que ocurre cuando el cuerpo produce una cantidad más alta de lo normal de hormonas masculinas llamadas andrógenos, como la testosterona, y esto puede generarse cuando ese cuerpo es intersexual o cuando se tiene, por ejemplo, el síndrome de ovarios poliquísticos (SOP). Entonces ¿qué vamos a hacer con las atletas que tienen una “fábrica de hormonas que produce más andrógenos de lo normal”? y ¿qué vamos a hacer con les atletes trans? Esta es una discusión relevante, pero que no puede partir del estereotipo de que las mujeres trans, por haber nacido en un cuerpo masculino, ponen en peligro a las mujeres cis; tampoco puede partirse de la falacia de que transicionan para ser mejores en las categorías femeniles y arrebatar a las mujeres sus premios. Cuando se compite a cualquier nivel, pero más a un nivel olímpico, siempre hay el riesgo de que haya alguien más fuerte, más rápido, más potente y no he visto reclamos a cuerpos con diferencias genéticas que dan enormes ventajas como el de Michael Phelps, los maratonistas etíopes o los baquetbolistas de 2.24mts. El caso de las mujeres trans en el deporte, sí, debe ser evaluado y analizado, pero desde la objetividad, tomando en cuenta los efectos reales que tiene el tratamiento hormonal en los cuerpos, tomando en cuenta la edad de transición y otras cuestiones objetivas que permitan generar equidad en las competencias. Por otro lado, en una discusión una colega preguntaba “¿cómo estableces los criterios de justicia en el deporte?”. Quizá es hora de repensar las categorías para competir, pues a ello se suma una cuestión que también ha destacado en estos Juegos Olímpicos, el desarrollo social.
5. ¿Qué hacemos con las diferencias asociadas al desarrollo social? Se hizo viral una fotografía de los equipos de baloncesto de los Estados Unidos y de El Salvador en donde las norteamericanas le sacaban más de una cabeza a las salvadoreñas. ¿Es esto “justo”? ¿Es este el criterio? Porque vuelvo al “citius, altius, fortius”. ¿Qué buscamos de estas competencias? ¿Qué acaso los Juegos Olímpicos no buscan precisamente celebrar esos cuerpos fuera de serie, que logran hazañas impresionantes? Miramos embobados a Simone Biles o a Leon Marchand.
Otro punto podría ser la riqueza del país o la inversión que hacen los gobiernos en sus deportistas. ¿Por qué Francia está ahora arriba en el medallero, por qué China avanza en los primeros lugares? ¿Por qué México apenas ha ganado 2 medallas? Hay muchas cosas que discutir con respecto de la justicia (si es un valor que tiene lugar en una competencia donde se busca que destaque el más fuerte, la más veloz o le más potente), la equidad o el mérito; lo que sí es una realidad es que la discusión debe hacerse libre de sesgos y de prejuicios. La discusión tendría que centrarse en las características que en cada deporte pueden llevar a una ventaja comparativa insuperable. No es posible hablar de Juegos Olímpicos y eliminar ventajas competitivas, porque justo ahí es donde está lo extraordinario. Si eres boxeadora y te rompen la nariz en la justa, pues a eso ibas, no veo la sorpresa.
Existe un cuento para infancias que creo nos coloca en la situación. Se llama “Race Cars: A children&#8217;s book about white privilege” <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> en donde se explica cómo al carro negro -que era mucho más rápido que su amigo carro blanco- se le imponen todos los obstáculos del mundo en una carrera que históricamente había sido dominada por los carros blancos. Esto sucedía porque los directivos que ponían las reglas eran todos carros blancos. Lo dejo ahí.
Por último, más allá de la discusión de las reglas en los deportes, me parece crucial llamar la atención respecto del pretexto que la competencia ha dado para verter discursos de odio en las redes y otros medios. La mayoría de quienes se quejaron de “lo injusto que era para la boxeadora italiana pelear con una boxeadora mucho más fuerte” no era realmente discutir reglas deportivas ni apelar a que se revisaran las reglas para que las personas trans pudieran competir de formas diversas. No. En realidad, el bulo fue un pretexto para levantar el pánico moral de que una persona supuestamente trans, pero realmente una mujer que no se ajusta al canon de la feminidad, pudiera competir contra una mujer blanca y femenina. El bulo fue un pretexto para sacar a relucir la transfobia y el racismo que limitan, excluyen y privan de derechos y libertades a las mujeres trans y cis en muchos espacios. La transfobia que arrebata vidas, el racismo que criminaliza. En la escala de la puesta en acción de los prejuicios, los discursos se ubican en los niveles primarios, pero alimentan la discriminación y la violencia. Los discursos de odio que vimos en las redes sociales en contra de una mujer que busca ganar una medalla en los Juegos Olímpicos deben preocuparnos como sociedad y deben responsabilizarnos de la violencia hacia las mujeres trans, las mujeres cis, las mujeres racializadas y las mujeres que no se ajustan a esa expectativa que el patriarcado tiene de nosotras.
* Geraldina González de la Vega (<a href="https://x.com/Geraldina_GV" target="_blank" rel="noopener">@Geraldina_GV</a>) es presidenta del <a class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1loqt21" dir="ltr" role="link" href="https://x.com/COPRED_CDMX">@COPRED_CDMX</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a>  &#8220;Lookism&#8221; en inglés y se traduce al español como &#8220;aspectismo&#8221;. Este término se refiere a la discriminación o prejuicio basado en la apariencia física de una persona. Al igual que otros tipos de discriminación, el aspectismo puede manifestarse de diversas formas, desde trato desigual en el lugar de trabajo hasta comentarios despectivos sobre la apariencia de alguien.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Se juega con las palabras race que en inglés refieren raza y carrera, el título se traduce textualmente carros de carreras: un libro para infancias sobre el privilegio blanco.

La transfobia olímpica

El uso del concepto cuidar ha sido diverso; lo hemos escuchado al referir el cuidado del medio ambiente y el agua, a la preservación de la memoria histórica, a la protección de ciertos grupos poblacionales como la niñez y adultez mayor, e incluso al cuidado de sí. Estas líneas tienen como intención hacer un breve recorrido sobre las dificultades en el reconocimiento del cuidado como un asunto público y colectivo, desde su concepción hasta la creación de Sistemas de Cuidado.
<h2>La concepción de los cuidados</h2>
Los cuidados son un trabajo antiguo en comparación con su nombramiento y entendimiento. Karina Batthyány, socióloga uruguaya y directora ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), ha mencionado que el tema de cuidados se centralizó en las ciencias sociales hasta los años 90 del Siglo XX. Previamente su comprensión era indirecta; los análisis se focalizaron en las dificultades de las mujeres en incorporarse al mercado de trabajo y su articulación con la vida familiar. Más tarde se cuestionó las nociones de trabajo y se posicionó las tareas que se realizaban en el hogar a través de su comparación con el trabajo remunerado y público, profundizando en el tema de la división sexual del trabajo. Después, la materia de los cuidados se abordó como uno de los distintos tipos de trabajo del hogar no remunerado que contribuyen al bienestar social; al analizar sobre las actividades que ocurrían en el hogar, los cuidados toman protagonismo y se conceptualizan de forma diferencial por sus particularidades, es a partir de ese momento que el tratamiento de los cuidados se centraliza y diversifica.
En Latinoamérica los cuidados han sido abordados al menos desde cuatro perspectivas; esta propuesta mencionada por Batthyány en el libro “Miradas Latinoamericanas a los cuidados” solo pretende esquematizar de forma general los avances de la región.
Uno de los abordajes es la economía del cuidado, el cual reconoce y valora los cuidados para la sostenibilidad de la vida y la economía de los países, al mismo tiempo analiza las desigualdades que se reproducen en la vida cotidiana, en particular el impacto económico de quien cuida, principalmente mujeres, por dedicarse a este tipo de actividades. Algunas investigaciones desde este enfoque se han centrado en el uso del tiempo, la oferta y demanda de los cuidados, el Producto Interno Bruto que genera el trabajo de cuidados no remunerado y la cadena de cuidados.
Otra línea analítica busca colocar al cuidado como componente del bienestar e investigar sobre la distribución de este en la actualidad. Para ello se emplea el concepto de organización social de los cuidados, es decir, la distribución y asignación de responsabilidades y costos del cuidado, para implicar a varios agentes: el Estado, el mercado, la comunidad y las familias. Sin embargo, esta configuración es dinámica y desigual ya que los hogares se convierten en los repositorios para la vulnerabilidad-bienestar, y dentro de estos recaen principalmente en las mujeres.
Respecto a lo anterior, Martha Albertson Fineman, jurista, teórica del derecho y filósofa política estadounidense, en una conversación con Martha Albertson y Mirjam Katzin, menciona que la organización de la familia afecta y refleja la organización del resto de la sociedad, oculta las desigualdades estructurales y obstaculiza que el cuidado se considere como un derecho garantizado por el Estado.
Surge entonces el enfoque del cuidado como un derecho y las múltiples implicaciones que eso tiene para la política pública. Éste enfatiza que el Estado debe contemplar los derechos a recibir los cuidados necesarios, a condiciones laborales dignas en este sector, al autocuidado, y de elegir si se desea cuidar y en qué medida en el marco del cuidado familiar no remunerado, siempre y cuando haya una corresponsabilidad de diversos sectores que aseguren servicios de calidad a la persona cuidada. Es así que el cuidado trasciende como derecho y garantía de los Estados, permitiendo desligarlo de la relación asalariada formal y las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, y así como la exclusividad de ser previstos sólo a ciertos grupos de atención prioritaria, ya que tiene un carácter de universalidad. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
La última postura se relaciona con la ética del cuidado. Joan Tronto, una de las pioneras en el tema, subraya en su ensayo ¿Riesgo o cuidado?, que el cuidado es intrínseco en la vida humana y este es un conjunto complejo de prácticas que se extiende desde sentimientos muy íntimos, hasta acciones vastas, como la concepción de sistemas públicos. Coincide con otras expertas en el tema que quienes han provisto de cuidado han sido mujeres y otras poblaciones marginadas (personas pobres, racializadas, migrantes).
Parte de su componente ético se relaciona con el desarrollo de capacidades como la atención, la reflexión profunda sobre la responsabilidad, la competencia en el cuidado brindado y la respuesta indicada.
Asimismo, Tronto considera que el cuidado está constituido por ciertos componentes: relacional, contextual y que ha de ser democrático. El aspecto relacional es una especificidad que distingue los cuidados del trabajo del hogar, ya sea remunerado o no; la interdependencia (entre personas y entre las personas y el ambiente), la colectividad, los afectos o emociones, y la proximidad influyen en que el trabajo de cuidados sea sostenible en el tiempo. En torno al aspecto contextual, refiere que existen diversas formas de entender y ejercer los cuidados, lo que demanda atención en los detalles de cada situación. Por último, la democracia del cuidado es asignar responsabilidades para una vida mejor; para Joan el cuidado es el antídoto contra el capitalismo.
Se puede constatar lo que Karina Batthyány considera respecto a la concepción de los cuidados, y es que éste sigue en construcción derivado a que la interpela diferentes disciplinas (sociales, de la salud, humanidades, etc.) y es abordada por varias agendas de política pública: educativa, salud, igualdad, economía, trabajo, bienestar social por mencionar algunas.
<h2>El cuidado como un derecho y su materialización en políticas públicas</h2>
A pesar de que en América Latina y del Caribe se presenta una heterogeneidad en la organización social del cuidado, debido a las configuraciones familiares, dinámicas laborales y estructuras económicas, los cuidados son provistos principalmente por las familias, en su mayoría por las mujeres (madres, hijas, abuelas, tías, hermanas). La <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enasic/2022/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados</a> (ENASIC 2022) refiere que el 32 por ciento de las personas en México brindaron cuidados a integrantes del propio hogar u otros hogares, siendo el 75.1 por ciento mujeres. Ellas dedican 37.9 horas a la semana en labores de cuidados, mientras que los hombres, 25.6 horas.
En cuanto a las personas que brindan cuidados en el hogar, el 79.3 por ciento fue la persona cuidadora principal. De ese porcentaje, el 86.9 por ciento son mujeres. Quienes cuidan principalmente a las niñeces y adolescencias son las mujeres (96.0 y 90.3 por ciento).
En tanto a la configuración del cuidado como derecho, este se ha desarrollado de manera progresiva. El marco jurídico internacional &#8220;carece de definición clara del contenido y alcance de este derecho, así como de las obligaciones estatales generales y específicas, contenidos mínimos esenciales y recursos presupuestarios que pueden considerarse suficientes para su garantía&#8221;, como lo señala la República de Argentina en la Solicitud de Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) del 20 de enero de 2023: “El contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”.
En ese sentido, el alcance de los cuidados es reconocido por las normas e instrumentos interamericanos de forma implícita, en apartados relacionados con la familia, el trabajo, la salud, la seguridad social, derechos de la niñez, mujeres, personas con discapacidad y mayores.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio su observación a dicha solicitud emitida por Argentina y aportó una definición sobre los cuidados.
&#8220;Son un derecho humano que garantiza la satisfacción de una serie de necesidades materiales, de subsistencia, afectivas y emocionales, para el desenvolvimiento de la vida humana. El tipo de cuidados, la intensidad de estos y su provisión por cuenta propia (autocuidados), familiar o de terceros, variará según el momento particular de la vida de la persona que los recibe o determinadas situaciones y características que la exponen a situaciones de vulnerabilidad debido a la edad, género, discapacidad, entre otras&#8221;.
Asimismo, la CIDH considera que el reconocimiento normativo del derecho al cuidado es importante para visibilizar y reconocer los cuidados para la sociedad. Sobre el particular, la Ciudad de México va de avanzada: en su Constitución Política (artículo 9, inciso b) reconoce explícitamente que toda persona tiene derecho al cuidado, y que el Estado debe establecer un sistema de cuidado público y universal, atendiendo de forma prioritaria a la niñez, personas mayores, personas con discapacidad y quienes brindan cuidado de manera no remunerada. Sin embargo, a nivel federal queda pendiente la reforma para el reconocimiento constitucional del derecho al cuidado.
Por consiguiente, el derecho al cuidado señalado en la normativa requiere ser traducido en políticas públicas para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de acciones específicas.
De acuerdo con Valeria Esquivel y Andrea Kaufmann, se puede entender las políticas de cuidado como aquellas que asignan recursos para el cuidado, en forma de dinero (ingresos, transferencias y subsidios), servicios y/o tiempo. Para ello se sugiere retomar en su construcción tres consideraciones: redistribuir (al interior y exterior de los hogares), revalorizar y reformular los cuidados, como lo mencionan Karina Batthyány, Valentina Perrotta y Javier Pineda en “La sociedad del cuidado y políticas de la vida”. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda cinco “R” para el trabajo de cuidados decente: reconocer, reducir, redistribuir, remuneración y representación.
Aunado a lo anterior, Elisa Gómez Sánchez, durante una conferencia en el Senado, retoma a algunas autoras quienes sugieren tener precaución en la forma que se aborda la reducción y remuneración de los cuidados. En cuanto al primero se puede estigmatizar al cuidado siendo una necesidad vital, está propuesto para disminuir la sobrecarga de trabajo de las mujeres. Respecto a la remuneración se puede obtener un efecto contrario, puede no transformar la redistribución y fomentar que las mujeres sean las principales proveedoras de los cuidados.
En la Ciudad de México algunos programas relacionados con los cuidados son: brigadas de personal de salud que brinda atención a domicilio (Salud en tu Casa), cuidados paliativos, apoyos económicos a personas cuidadoras, comedores públicos, centros de atención y cuidado infantil (CACI), centros de día, estancias infantiles, entre otros. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
<h2>Hacia un Sistema de Cuidados</h2>
Un sistema de cuidados es el conjunto de políticas, programas y servicios orientados a garantizar el derecho de las personas a recibir cuidados, a cuidarse y a cuidar, y fomentar su autonomía. Se brinda atención prioritaria a la niñez, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres y personas gestantes, personas en situación de dependencias por enfermedad, y personas cuidadoras. Para ello, es necesario la articulación interinstitucional y la corresponsabilidad intersectorial (el Estado, mercado, comunidad y familias), siendo el Estado el único garante del acceso al derecho al cuidado y el responsable de asignar responsabilidades a los otros agentes proveedores del cuidado.
En ese sentido, un sistema de cuidados difiere de programas y políticas públicas encaminadas al cuidado, las cuales son acciones aisladas y parciales como lo han apuntado CEPAL y ONU Mujeres. El cuidado es tan amplio, que se le puede relacionar con diez de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> o incluso transversalizar a todos los ODS, debido a que se relaciona con el bienestar cotidiano y los recursos que se requieren para obtenerlo (alimentación, transporte, acceso al agua, etc.). <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> Cabe señalar que el ODS 5 es el único en reconocer y valorar de forma explícita el trabajo del hogar y de cuidados no remunerado.
ONU Mujeres refiere que la definición, los principios y componentes que integren el sistema de cuidados dará pauta para orientar las políticas que implementen los Estados. A continuación, de la revisión de diversa literatura, se refieren algunas acciones a considerarse en el Sistema Integral de Cuidados:
<ul>
<li>Implementar programas, estrategias y acciones gratuitos y universales que promuevan el ejercicio de la autonomía y la vida independiente de las personas cuidadas.</li>
<li>Garantizar que los cuidados sean prestados con consentimiento libre e informado de la persona que los recibe.</li>
<li>Invertir en infraestructura (guarderías, estancias infantiles, lactarios, comedores, centros de día, centros recreativos y deportivos, etc.) y tecnología de cuidados.</li>
<li>Orientar presupuesto a la provisión de bienes y servicios de cuidado de forma específica sin que ello represente recortes/cambios</li>
<li>Regular servicios y condiciones laborales de personas trabajadoras
<ul>
<li>Regular y supervisar los servicios de cuidados especializados que son prestados por profesionales e instituciones externas a las familias.</li>
<li>Implementar acciones concretas para prevenir, investigar, sancionar y reparar las afectaciones generadas en el marco de la impartición dolosa de cuidados, sea esta atribuible a agentes estatales como a terceros particulares.</li>
<li>Habilitar espacios para la certificación y profesionalización de quienes trabajan en este sector de manera remunerada y no remunerada.</li>
</ul>
</li>
<li>Implementar programas orientados a la corresponsabilidad de la vida laboral, familiar y personal (licencias de maternidad, paternidad, parentales, por adopción, de apoyo a la familia, del cuidado, para cuidar a un familiar que está enfermo o tiene una enfermedad grave, etc.).</li>
<li>Favorecer la cobertura social y retribución económica de quienes dedicaron su vida al cuidado de otras personas (jubilación, pensión).</li>
<li>Favorecer servicios de alimentación y atención médica y acompañamiento emocional y afectivo.</li>
<li>Promover el cambio cultural para reconocer el valor social y económico de los cuidados en los Estados, y redistribuir el trabajo de cuidados a nivel micro y macro social.</li>
<li>Promover espacios de interlocución con diversos sectores para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones que contemplan el Sistema de Cuidados.</li>
</ul>
Actualmente, en la Ciudad de México está pendiente la creación de la Ley del Sistema de Cuidados, la cual busca establecer las bases para garantizar el derecho al cuidado. Sin embargo, en julio del presente año entró en vigor la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México el cual estipula establecer el Sistema General de Bienestar Social de la Ciudad de México para garantizar diversos derechos, incluso al cuidado.
Adicionalmente, el año pasado se instaló en la metrópoli la Comisión Interinstitucional del Sistema de Cuidados con el objetivo de articular las políticas públicas, servicios públicos y acciones gubernamentales de la Administración Pública local en materia de cuidados de las y los habitantes de la Ciudad. Esta es una gran oportunidad de impulsar la agenda pendiente e ir definiendo el qué se abordará de los cuidados, el cómo y a quién se dirigirá.
<h2>A modo de conclusión</h2>
Los cuidados son una necesidad vital, un trabajo y un derecho. <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> Actualmente se presentan diversos desafíos en la materia tales como estandarizar la concepción de cuidados, implementar políticas integrales y universales que contemplen diferentes intereses en todo el ciclo vital, designar los recursos financieros necesarios para su implementación, promover un cambio cultural respecto a la corresponsabilidad del trabajo de cuidados de diversos sectores, y construir sistemas territorializados de cuidados bajo los principios de gobernanza y colocar al centro a las personas que proveen y reciben cuidados.
En tanto a los avances, los cuidados se han posicionado como un asunto público y posicionado en la agenda, se han impulsado diversas acciones dirigidas principalmente a la primera infancia. Esta visibilización ha incidido en reconocer el cuidado en la normativa, priorizarlo como un derecho que abona al bienestar social.
* Adriana García Jiménez es asesora en la Subdirección de Planeación del Copred.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Sin autor (10 de diciembre de 2020). Karina Batthyány- Cuidados, derechos y pandemia. Blog Defensa del Pueblo Ciudadanía Autónoma de Buenos Aires. Recuperado de <a href="https://defensoria.org.ar/rec/karina-batthyany-cuidados-derechos-y-pandemia/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> CELIG (agosto, 2023). Estudios sobre Sistemas de Cuidados aportes para la Ciudad de México.  Recuperado de <a href="https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2023/09/CELIG-Estudio-Cuidados-Ago-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Vergara, Alejandra, Briseño, José, &amp; Neme, Omar. (2021). Objetivos de Desarrollo Sostenible, políticas públicas y cuidado en México. Dissertare Revista De Investigación En Ciencias Sociales, 6(1), 1-27. Recuperado a partir de <a href="https://revistas.uclave.org/index.php/dissertare/article/view/3351" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> y <a href="https://revistas.uclave.org/index.php/dissertare/article/view/3351/2097" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Se recomienda revisar la propuesta de <a href="https://sites.google.com/view/pensadorasurbanasacandidatasos/fundamentos?authuser=0" target="_blank" rel="noopener">Pensadoras Urbanas</a>, grupo de mujeres que incorpora la igualdad sustantiva de las mujeres en las metas establecidas en los ODS.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado (julio 2020). Hablemos de cuidados. Nociones básicas hacia una política integral de cuidados con perspectiva de género. Recuperado de <a href="https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mesa-interministerial-de-politicas-de-cuidado.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

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