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El pretexto era el cierre de la primera gira nacional de la nueva dirigencia de Morena; el lugar, la emblemática Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y el personaje que acaparó los reflectores fue uno: Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido.
No es común que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador tome la palabra en una plaza pública; no lo hizo en la mayoría de las reuniones estatales organizadas por la dirigencia de Morena en las últimas diez semanas, como parte de la primera gira de la nueva presidenta del partido, Luisa María Alcalde.
Pero en esta ocasión, ‘Andy’ (como se le conoce en Morena) <a href="https://www.animalpolitico.com/politica/andres-lopez-beltran-morena-cierre-gira-nacional" target="_blank" rel="noopener">decidió tomar el micrófono para hablarle a la militancia durante ocho minutos</a>.
“Yo y mi familia seremos tabasqueños de nacimiento, pero nos consideramos chilangos por adopción y por convicción”, dijo López Beltrán, “esta ciudad nos dio todo y le debemos absolutamente todo; por eso le dedicaré mi vida y siempre lucharé por su bienestar, pero, sobre todo, por los más pobres, porque, como siempre nos enseñaron: amor con amor se paga”.
Palabras que fueron aplaudidas por los presentes en la asamblea sabatina, y que alientan el futurismo político:
¿Puede Andrés Manuel López Beltrán, ‘Andy’ ser el candidato de Morena en 2030, ya sea para la Ciudad de México, o para la Presidencia de la República?
<h2>La ventaja de llamarse Andrés Manuel </h2>
A sus 38 años, y con apenas dos meses de trabajo partidista público y formal (su nombramiento como secretario de Organización de Morena comenzó el 1º de octubre pasado), Andrés Manuel López Beltrán corre con una ventaja obvia: ser hijo y llamarse igual que el líder fundador del partido-movimiento lo convierte en el personaje más aplaudido, más abrazado y más buscado para las “selfies”.
El sábado, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, mientras la militancia soportaba el mitin bajo un sol radiante, el solo anuncio de su llegada agitó el avispero. Cuando atravesaba la plaza para llegar al templete, en las pantallas y bocinas se trasmitía un discurso de su padre, que aún es ovacionado con fervor por los morenistas cada que se le menciona. A su alrededor, la gente se agolpaba para verlo de cerca, saludarlo, tocarlo, retratarlo.
Con esa aura heredada, López Beltrán acaparó el reflector, opacando a otras figuras del partido que tomaron la palabra: la propia Luisa Alcalde, presidenta nacional; Carolina Rangel, secretaria general; Héctor Díaz-Polanco, nuevo dirigente de Morena en la Ciudad, y el caricaturista Rafael Barajas El Fisgón, director del Instituto de Formación Política de Morena.
<h2>La tarea de ‘Andy’</h2>
Reservado, sin redes sociales y absolutamente desconfiado de los medios de comunicación, al secretario de Organización de Morena le caracteriza el trabajo tras bambalinas. No suele ser quien dé la cara o se convierta en vocero del partido, pero sí se le atribuyen dotes como operador político.
Junto con su hermano José Ramón, ‘Andy’ fue uno de los responsables del seguimiento a la jornada electoral de 2018, en la que su padre ganó la Presidencia. Ambos hijos del expresidente son reconocidos en Morena por su participación en campañas electorales exitosas, principalmente en la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum, 2018) y Estado de México (Delfina Gómez, 2023).
A José Ramón, la investigación periodística conocida como <a href="https://contralacorrupcion.mx/asi-vive-en-houston-el-hijo-mayor-de-amlo/" target="_blank" rel="noopener">“La casa gris”</a> lo alejó de la palestra y, por el momento, inhibió cualquier intento por ocupar cargos públicos en el gobierno o el partido.
Andrés Manuel, en cambio, decidió entrar de lleno a la política en septiembre pasado, durante el último mes del gobierno de su padre y en el marco de la renovación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.
Esto, pese a que lo rondan señalamientos por presuntos beneficios ilegales obtenidos por la finca El Rocío, <a href="https://www.chocolaterocio.com/" target="_blank" rel="noopener">la empresa familiar con la que los hijos de AMLO incursionaron en el negocio del chocolate</a>.
<h2>No hay 2030 sin 2027</h2>
Ahora, ‘Andy’ tiene frente a sí una labor titánica que probablemente lo aleje de su vida empresarial, pues como secretario de Organización tiene la responsabilidad de cumplir dos de los objetivos trazados por Luisa María Alcalde.
<ol>
<li>Consolidar la estructura del partido, con miles de comités seccionales distribuidos por todo el país.</li>
<li>Hacer crecer la membresía partidista a los diez millones de militantes; lo que implica multiplicar por cuatro la militancia actual, que según los datos más recientes del INE ascendía a 2 millones 322 mil afiliados en 2023.</li>
</ol>
<a href="https://animalpolitico.com/politica/morena-andres-lopez-beltran-padron-ine" target="_blank" rel="noopener">La última reforma a los documentos básicos del partido Morena,</a> aprobada por el INE hace un par de semanas, convierte a la Secretaría de Organización en “la instancia responsable de las tareas de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero”.
La secretaría de ‘Andy’ coordina las estructuras de las 32 entidades, las asambleas en más de dos mil municipios y los llamados “comités de defensa de la transformación”.
Será una voz influyente en la definición de la estrategia electoral y el perfil de las candidaturas para próximas elecciones. Es un gran poder, pero también una enorme responsabilidad.
Todo ello pone a López Beltrán en ruta hacia 2027, parada obligada antes del anhelado 2030, cuando se elegirán nuevamente la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
En realidad, 2027 será la prueba de fuego para la nueva dirigencia de Morena, que tratará de refrendar su amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y ganar las 15 gubernaturas que estarán en juego.
Sólo si esa cita electoral es exitosa, ‘Andy’ y quienes lo respaldan o quienes sueñan con una especie de regreso del padre a través del hijo, podrán aspirar a algo en 2030.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

‘Andy’ 2030 o la ventaja de llamarse Andrés Manuel

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Hoy hace seis años, Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República, y dio por iniciada la llamada “cuarta transformación”, una construcción simbólica y propagandística que ha implicado un cambio radical en las instituciones y las reglas de nuestra democracia.
Ha sido larga la discusión sobre si la “cuarta trasformación” es, o no, un cambio de régimen, pues éste no tuvo como sustento -o evidencia- la redacción de una nueva Constitución.
El propio López Obrador explicó varias veces, durante su sexenio, que prefirió no lanzar de arranque la idea de una nueva Constitución, pues eso hubiera metido al país en una gran tensión, hubiera implicado una clara provocación a sus adversarios y hubiera implicado perder los primeros años del sexenio en ello.
Seis años después, sin embargo, el expresidente, su partido-movimiento y su sucesora Claudia Sheinbaum están cerca de completar la tarea de redactar prácticamente una nueva Carta Magna, la que López Obrador propuso el 5 de febrero de 2024, cuando envió a la Cámara de Diputados las 20 reformas del llamado “plan C”, 18 constitucionales y dos legales.
<h2>Recordemos qué es el &#8220;plan C&#8221;</h2>
Pareciera que hubieran pasado años de eso, pero no, ocurrió hace diez meses, al conmemorar el 107 aniversario de la Constitución de 1917, cuando López Obrador dijo que dejaría como legado una serie de iniciativas que buscaban revertir las “alteraciones” que, según él, hizo el neoliberalismo al sentido original de la Carta Magna.
“Ahora es justo y necesario, como nuestra aportación a la historia y a las nuevas generaciones, que le devolvamos toda su dignidad, su humanismo y su grandeza de transformación nacional”, anunció AMLO en el recinto parlamentario de Palacio Nacional, en un acto que -además- inauguraba las campañas proselitistas de 2024.
Era tan disruptiva la agenda propuesta, tan polémico su contenido, que nadie se hubiera atrevido a apostar, en aquel momento, a que algún día serían aprobadas las reformas, que algunos calificaban como regresivas y otros considerábamos <a href="https://animalpolitico.com/analisis/autores/explicador-politico/reformas-constitucionales-amlo-elecciones?rtbref=rtb_xmswumashftxxkcnijwg_1713990799940" target="_blank" rel="noopener">una maniobra de distracción masiva</a> con la que el presidente inauguraba la temporada electoral.
La propia Claudia Sheinbaum -en ese entonces precandidata presidencial- reaccionó con cautela en un primer momento, aunque a partir de abril -ya en campaña- abrazó el “plan C” y lo incorporó a sus propuestas de campaña.
El 2 de junio, contra todo pronóstico, y ante el estupor de opositores, académicos, analistas y opinadores críticos del lopezobradorismo, el “plan C” hizo ganar a Sheinbaum y le dio a Morena amplias mayorías en el Congreso de la Unión y los Congresos estatales.
Luego, Morena echó a andar la locomotora reformadora: por instrucciones de López Obrador, se apuró la aprobación de dictámenes en Comisiones de la Cámara de Diputados y se preparó el terreno para votarlos en septiembre, una vez instalada la nueva Legislatura.
Desde entonces, sin titubeos ni consideraciones por los efectos derivados de algunas reformas, la locomotora llamada “plan C” avanza sobre los rieles de las mayorías conformadas por Morena y sus aliados (PVEM y PT), y han hecho del primer periodo de la LXVI Legislatura el más productivo de la historia reciente.
<h2>En qué va el &#8220;plan C&#8221;</h2>
Hasta el momento, ya se han aprobado 11 de las 18 reformas constitucionales propuestas por AMLO en la Cámara de Diputados y el Senado de la República: 5 están promulgadas, 3 están pendientes de publicación por parte de la presidenta y 3 están completando el recorrido por los Congresos de los estados.
Las cinco ya promulgadas y vigentes son: la del Poder Judicial, la de la Guardia Nacional, la de derechos de los Pueblos Indígenas (estas tres las alcanzó a promulgar López Obrador antes de dejar la Presidencia); la del sistema ferroviario y la de empresas estratégicas de energía.
Las tres que Sheinbaum tiene desde hace semanas y que probablemente promulgará en esta semana son: la de protección animal, la que amplía los programas del Bienestar y una en materia de vivienda.
Las dos que acaban de aprobarse en las Cámaras y están siendo avaladas por las legislaturas de los estados son: la que desaparece siete organismos autónomos y la que amplía el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa.
Además, hay una que establece que el aumento al salario mínimo nunca estará por debajo de la inflación y que el sueldo de maestros, integrantes de las Fuerzas Armadas y médicos no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS.
Esta última ya pasó por Diputados y Senado, fue turnada desde el 9 de octubre a los Congresos estatales, y llama la atención que Morena no ha pisado el acelerador para concluir su proceso legislativo, como sí lo ha hecho en otras reformas.
También en esta semana, se prevé que la Cámara de Diputados suba al pleno dos reformas que ya tienen dictamen: la que <a href="http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=&amp;Clave=4696940" target="_blank" rel="noopener">prohíbe la producción, distribución y enajenación de vapeadores y cigarrillos electrónicos</a>, y la que <a href="http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=&amp;Clave=4696952" target="_blank" rel="noopener">refuerza los mecanismos para aplicar la austeridad republicana</a> y evita que funcionarios de otros Poderes de la Unión ganen más que la presidenta.
Una tercera reforma que ya tiene dictamen es la que crea becas a jóvenes sin empleo.
<h2>Cuáles son las reformas del ‘plan C’ que no se han procesado</h2>
Hay cinco iniciativas de AMLO que siguen en Comisiones, a la espera de dictamen.
Tres constitucionales: la de derecho a la alimentación, ambiente sano y derecho al agua; la de atención médica integral, universal y gratuita, y una más en materia de pensiones.
Y dos legales, la reforma a la Ley del ISSSTE para avanzar en la reducción de adeudos, y una serie de reformas para eliminar y/o fusionar institutos y comisiones.
Sólo una de las 20 iniciativas del “plan C” ya fue desechada: la polémica reforma en materia político-electoral que buscaba suprimir al INE y convertirlo en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y que pretendía desaparecer la Representación Proporcional.
Esto quiere decir que, si hay una reforma política en este sexenio, ésta será propuesta por la presidenta Sheinbaum.
<h2>Las reformas de la presidenta</h2>
La “productividad” morenista incluye, también, dos reformas constitucionales propuestas por Claudia Sheinbaum: la de protección a las mujeres, que ya fue promulgada, y la que crea una súper Secretaría de Seguridad para Omar García Harfuch, que ya sólo debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.
Además, Sheinbaum ha propuesto tres reformas legales ya aprobadas y promulgadas: la de la Administración Pública Federal (que crea nuevas secretarías), la de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
A la lista se suma la llamada reforma de “supremacía constitucional”, propuesta por los coordinadores de Morena (el senador Adán Augusto López y el diputado Ricardo Monreal) y los presidentes de las Cámaras (Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna), los verdaderos artífices del “plan C” que decidieron hacer una reforma que blinde todas las reformas del “plan C” frente a controversias y acciones de inconstitucionalidad.
<h2>Una &#8220;nueva&#8221; Constitución</h2>
En esa narrativa llena de símbolos llamada “cuarta transformación”, quedará asentado que, el próximo 5 de febrero, Claudia Sheinbaum celebrará el 108 aniversario de la Carta Magna festejando la profunda reforma hecha en el primer periodo ordinario de la LXVI Legislatura.
Para ese entonces, se habrán aprobado y promulgado casi todas las reformas constitucionales del “plan C”, que implican tocar 51 de los 136 artículos de la Carta Magna vigente desde 1917.
Las reformas -que en los hechos convierten a México en otro país- se habrán procesado en tiempo récord, sin mayor discusión, sin atender a las oposiciones ni las advertencias de académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. En sus prisas, habrán obviado la transparencia, prácticas como el parlamento abierto y el rigor del proceso legislativo, generando una serie de antinomias entre las reglas pasadas y las nuevas.
Los cambios deberán plasmarse en cientos de normas secundarias -muchas de las cuales no existen ni siquiera en la mente de los legisladores-, e implicarán una construcción institucional muy distinta a la que nos rige actualmente.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

“Plan C”: el cambio de régimen que soñó AMLO está por concretarse

‘Plan C’: el cambio de régimen que soñó AMLO está por concretarse

El llamado “Plan C” que dejó Andrés Manuel López Obrador como hoja de ruta para su sucesora, Claudia Sheinbaum, es una locomotora que avanza irremediablemente, y que tiene una parada estratégica el 1º de junio de 2025, cuando se lleve a cabo la jornada electoral para votar por 881 cargos en el Poder Judicial Federal, y otros cientos a nivel estatal.
Hoy ya no hay duda de que esa insólita y controvertida elección ocurrirá, pese a todas las críticas que se le ha hecho al proceso, las complicaciones logísticas, lo apretado de los tiempos, los regateos presupuestales de Morena y el aparente desinterés de la comunidad jurídica del país en postularse a algunos de los cargos.
La elección será la cereza del pastel de un proceso iniciado por Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024, y hoy se antoja difícil que alguien se interponga en el camino.
Todo apunta a que no habrá una prórroga de 90 días como la que el Instituto Nacional Electoral pidió la semana pasada al Congreso, y que el cronograma de la elección se cumplirá en tiempo y forma. Todo parece indicar que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, firmó el oficio con la petición de prórroga sólo para darle por su lado al grupo de consejeras y consejeros que no comulgan con la &#8220;4T&#8221;, y que han intentado -sin éxito- poner peros a que el instituto se embarque en esa aventura.
La principal preocupación en el grupo que no apoya a Taddei es la posibilidad de que decenas de estados modifiquen su constitución estatal y convoquen a elecciones locales de jueces, lo que sumaría miles de cargos en elecciones concurrentes. Hasta el momento, Michoacán, Tamaulipas y Durango ya van en esa ruta. En la Ciudad de México comienza a hablarse de ello, al igual que en otros estados gobernados por Morena.
Y, pese a esa posibilidad de ir a una elección gigantesca, todo está en ruta para llegar al 1º de junio: el Senado sorteó los cargos de Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que se elegirán en este año. Se conformaron los comités de evaluación de candidaturas en los tres Poderes de la Unión (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), se convocó a la ciudadanía interesada, y este domingo 24 de noviembre se cerró el registro de aspirantes, con más de 21 mil personas que buscan uno de los cargos en disputa.
El INE inició el proceso formal y legal el 23 de septiembre y, aunque tuvo que suspenderlo durante más de un mes por las suspensiones de jueces en contra de la reforma judicial, la semana pasada levantó la pausa y retomó los trabajos, gracias a una sentencia del Tribunal Electoral.
Ya se instaló la Comisión de seguimiento del proceso electoral, se aprobaron el programa y calendario de actividades, se acordó que el 2 de diciembre se instalarán los Consejos Locales y Distritales del INE, y una cartografía para adaptar la geografía electoral de 300 distritos a los circuitos y distritos judiciales.
<h2>¿Qué sigue ahora?</h2>
<ol>
<li>De aquí al 15 de diciembre, los tres Comités de Evaluación revisarán la documentación entregada por los miles de aspirantes que acudieron a la convocatoria, e informarán quienes pasaron ese primer filtro.</li>
<li>Después de ese día, y hasta el 31 de enero, los comités depurarán la lista para llegar a una primera lista de candidaturas, una por cada Poder, con el siguiente número de aspirantes por cada cargo:</li>
</ol>
<ul>
<li>10 para los cargos de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.</li>
<li>6 para las magistraturas de Tribunal de Circuito y para jueces de Distrito Judicial.</li>
</ul>
Así, para ese primer filtro se esperaría que hubiera 16 mil 230 candidaturas, suponiendo que cada Poder llegue al número de aspirantes idóneos para cada cargo. Conforme a esta tabla:
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-medium wp-image-1474327" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-1-600x400.jpg" alt="Tabla 1 elección cargos en el Poder Judicial" width="600" height="400" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-1-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
<ol>
<li>El 5 de febrero de 2025, cada Comité de Evaluación pondrá en una tómbola los nombres mejor evaluados para cada cargo, y se realizará un sorteo para llegar al número de candidaturas que cada Poder podrá poner en la boleta, según lo estipulado en la Constitución.
<ul>
<li>3 para los cargos de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.</li>
<li>2 para las magistraturas de Tribunal de Circuito y para jueces de Distrito Judicial.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h2> Más de cinco mil candidaturas</h2>
Esta ruta llevará a la postulación de máximo 5 mil 379 candidaturas para la elección de los más de 881 cargos que estarán en disputa, conforme a la siguiente tabla:
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-medium wp-image-1474328" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-2-600x400.jpg" alt="Tabla 2 elección judicial" width="600" height="400" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-2-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
<ol>
<li>El 12 de febrero, el Senado enviará las listas definitivas de candidaturas al Instituto Nacional Electoral (INE), que deberá proceder al diseño e impresión de las boletas electorales, para distribuirlas conforme a la cartografía aprobada la semana pasada.</li>
<li>El 30 de marzo darán inicio campañas de todos los candidatos, en las que el INE deberá difundir los perfiles de las candidaturas, garantizar acceso equitativo en los tiempos oficiales de radio y TV, fiscalizar los ingresos y gastos, organizar debates entre los aspirantes a cada uno de los cargos y revisar que nadie viole las reglas de promoción en plataformas digitales y redes sociales (en las que está prohibida la contratación de pauta).</li>
<li>El 28 de mayo concluirán las campañas.</li>
<li>Y el domingo 1º de junio será la jornada electoral, a menos de que el régimen considere que sí le conviene la prórroga, una posibilidad ante la inscripción de un número menor de candidaturas respecto a las que se requerirían tan sólo para cumplir con la previsión del primer filtro.</li>
</ol>
Si este lunes 25 de noviembre se confirma que hay pocas candidaturas aún registradas, quizás alguien en el régimen decida explorar la posibilidad de dar una prórroga como la que pidió el INE.
Pero eso abriría un panorama muy complicado, que pasa por una reforma a los artículos transitorios de la reforma constitucional al Poder Judicial, en los que se colocó la fecha de la jornada electoral del 1º de junio.
Ese sería sólo un primer paso para aplazar todo, que implicaría reabrir convocatorias, mover plazos y fechas, y darle más tiempo al INE, pero cambiándole todo el esquema del calendario y programa ya aprobados.
Faltan sólo 188 días para la jornada electoral y no se ve sencillo el panorama. A las complicaciones logísticas y de calendario, se sumará el problema presupuestal, si es que Morena y la presidenta se empeñan en recortar la partida de 13 mil 205 millones de pesos solicitados por el INE para organizarles su elección.
Sin tiempo, ni dinero, el INE podría jugarse su prestigio en esta elección. Un descalabro sería fatal, de cara a posteriores citas en las urnas y cuando Morena y la presidenta amenazan con ejecutar una reforma político-electoral antes de 2027.
<a href="https://twitter.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Elección judicial: 188 días

La Cámara de Diputados se apresta a aprobar la reforma constitucional conocida como “de simplificación orgánica” -una más dentro del llamado “Plan C” de Andrés Manuel López Obrador-, que en realidad tiene el único objetivo de desaparecer siete organismos constitucionales autónomos.
Si el proceso legislativo es tan rápido como el de anteriores reformas del “Plan C”, en un par de semanas habrán de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección (Inai), la Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
El argumento o pretexto es que, con su desaparición, el gobierno federal podría ahorrarse 32 mil millones de pesos y destinarlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
En los hechos, esta reforma responde a un viejo prejuicio del expresidente López Obrador, quien siempre consideró a estos organismos como estructuras burocráticas, corruptas, dominadas por funcionarios sin ética ni escrúpulos, y que duplicaban funciones.
A los organismos constitucionales autónomos el gobierno anterior y el actual les achacan múltiples pecados, principalmente el del comportamiento de sus comisionados, consejeros y demás altos funcionarios: cobrar sueldos mayores al del presidente de la República, tener prestaciones excesivas -como los gatos de alimentación, viáticos y seguros-, y el hecho de ser puertas giratorias, en las que un día son reguladores y al otro día son parte de las empresas y entes regulados.
Ciertamente, algunos de sus responsables le han hecho un grave daño a estas instituciones con su comportamiento en el cargo y después del cargo. Destaca un caso, como ejemplo: Ximena Puente, que fue presidenta del Inai de 2014 a 2017, y en 2018 ya era diputada federal del PRI, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.
En los casos de las organismos reguladores de actividades económicas y del sector energético, se han denunciado omisiones graves en casos específicos, trato preferente a empresas hegemónicas y, en resumen, la cooptación de los reguladores por parte de los regulados.
Con todo y estos “pecados”, la gran pregunta es si la mejor salida para resolver los problemas de los organismos autónomos es desaparecerlos y regresar al modelo institucional previo a los años 90, cuando los gobiernos priistas carecían de contrapesos.
<h2>Qué pasará con las funciones de los OCA   </h2>
El <a href="https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/-diputadas-y-diputados-conocen-para-tramite-de-publicidad-dictamen-que-plantea-la-extincion-de-siete-organismos-autonomos" target="_blank" rel="noopener">dictamen que será discutido el miércoles en la Cámara de Diputados</a> propone que las funciones que cumplen estos organismos sean desempeñadas por otras instituciones, principalmente dependencias gubernamentales a excepción del Coneval, cuyas funciones serían transferidas a otro organismo autónomo que sí sobrevivirá a la reforma del “Plan C”: el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Mantener la valuación de la política social en otro organismo con autonomía constitucional no suena mal, de entrada; sin embargo, el <a href="https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2024/Posicionamiento_CONEVAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">Coneval ha expresado que esta reforma pone en riesgo la capacidad del Estado para apuntalar la lucha contra la pobreza</a> y la promoción de los derechos sociales.
En los demás casos, sería el gobierno el que desempeñe funciones que, hace un par de décadas, se colocaron en un organismo autónomo para impedir que el gobierno sea juez y parte:
Las funciones de la CNH y CRE pasarían a la Secretaría de Energía; las del Ifetel a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; las de Mejoredu a la Secretaría de Educación Pública; las de la Cofece a la Secretaría de Economía, y las del Inai a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
<h2>En defensa del Inai</h2>
De todos los cambios, el más descabellado y riesgoso es el que busca pasar las funciones del Inai a la Secretaría Anticorrupción, hoy en manos de la morenista Raquel Buenrostro.
La decisión pone en riesgo el derecho a la información, consagrado en el artículo sexto de la Constitución, pues se elimina el órgano colegiado en el que se debaten y deciden los litigios interpuestos por ciudadanas y ciudadanos a quienes se les niega la entrega de información pública.
Un colegiado que debería estar integrado por siete comisionados, aunque hoy Morena lo tiene en sólo cuatro porque se ha negado a nombrar a quienes ocupen las vacantes que se han dado de 2022 a la fecha.
La reforma no sólo desaparece al Inai, sino a los institutos de transparencia de las entidades federativas.
Con la reforma que votarán Morena y sus aliados PVEM y PT, esta semana en Cámara de Diputados y la próxima semana en el Senado, habrá que confiar en la buena fe de una secretaria de Estado cercana a López Obrador para que todos los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia.
Y habrá que apelar a que la secretaria Buenrostro, y sus sucesoras en el futuro, permitirán que una instancia gubernamental falle a favor del ciudadano cuando éste tenga que litigar una solicitud de información.
La reforma constitucional abre la puerta a la creación de una nueva Ley en materia de transparencia, que será diseñada y aprobada por las mayorías oficialistas en el Congreso, y que seguramente limitará el acceso a la información y cuidará a los gobiernos morenistas, tanto federal como estatales, de investigaciones periodísticas y ciudadanas que busquen transparentar contratos, licitaciones, costo y desarrollo de obras públicas, adquisición de insumos (como medicinas) y contratación de servicios.
La reforma obstaculizará la rendición de cuentas, y volverá más opaco el ejercicio del servicio público y el manejo de los recursos del pueblo.
Además, deja en el limbo la protección de datos personales, una función que venía cumpliendo el Inai y que ahora quedará en manos de alguna dependencia que no se precisa en el dictamen que votarán los diputados.
<h2>Tiempo para recapacitar</h2>
La reforma es inminente y, sin embargo, aún vale la pena apelar a la sensatez y responsabilidad de los líderes de Morena en el Congreso y de legisladores como el senador Javier Corral, la senadora Malú Micher; los diputados Ricardo Monreal y Alfonso Ramírez Cuéllar, otrora defensores de la transparencia y la rendición de cuentas en pasadas legislaturas.
Quedan unos cuantos días y, sin embargo, no está por demás apelar a la sensatez y responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tiene frente a sí una nueva oportunidad de distinguirse de su predecesor y demostrar que ha comenzado a delinear el destino de su propio sexenio.
No desaparecer al Inai y al Coneval, e impulsar una reforma para mejorarlos sin tirarlos a la basura, sería una señal política que le daría un respiro a su gobierno, hoy agobiado por múltiples frentes abiertos. Aún hay tiempo para recapacitar.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Inai y Coneval: aún hay tiempo para recapacitar

Jorge Romero Herrera será dirigente nacional del PAN durante los próximos tres años y, con ello, el principal partido opositor estará dando un paso más hacia la irrelevancia política.
Su dirigencia no será producto de la recomposición del partido ni de la reflexión profunda tras su derrota electoral. No es un relevo generacional, ni mucho menos un retorno a la doctrina y programa originales de Acción Nacional.
La elección de Jorge Romero es el pago de múltiples facturas; principalmente, la que Marko Cortés le debía, pues fue Romero y su control de los padrones de militantes panistas lo que llevó a Cortés a la dirigencia en 2018, y a la reelección en 2021, a pesar de sus pésimos resultados.
El triunfo del diputado y exjefe delegacional de la Benito Juárez es la coronación del “cártel inmobiliario” en la política mexicana. La victoria de los padroneros, la consecuencia lógica del proceso de degradación que el PAN inició hace 24 años, cuyo único destino posible es la extinción.
Romero no compitió contra nadie, pues la candidatura de la tlaxcalteca Adriana Dávila nació sin posibilidad alguna.
La “elección” a la que fueron convocadas 300 mil personas que aún forman parte de los padrones de militantes del PAN fue, en realidad, una pelea arreglada en la que no era posible distinguir proyectos de partido, batallas ideológicas o una competencia real.
<h2>El reacomodo de “Los Ocean”</h2>
Desde 2023, Marko Cortés pactó con Jorge Romero y su grupo que, pasara lo que pasara el 2 de junio de 2024, él iba a ser su sucesor en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
Pero no sólo Romero iba en ese paquete, que de entrada desahuciaba a su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, en quien nunca creyeron, a quien sólo apoyaron con lo básico y en el discurso, a quien postularon a la Presidencia de la República sólo porque no había de otra, a la que nunca respetaron y con la que Marko riñó groseramente la misma noche del 2 de junio y en los días posteriores.
El acuerdo ideado por Marko Cortés y Jorge Romero daba por descontada la derrota de Xóchitl, e implicaba el reparto de candidaturas y posiciones, al estilo del famoso <a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/coahuila-nombramientos-pan-pri">pacto del PAN con el PRI en Coahuila</a> que el propio líder panista hizo público en plena campaña.
La diferencia es que en este caso aún no se da a conocer el contrato, pero la lógica es la misma: repartirse el poder público como si fuera su patrimonio, al margen de la opinión de militantes y ciudadanos.
De esa manera, Marko Cortés se quedó con la candidatura número 1 de la Lista Nacional del PAN al Senado. Jorge Romero con la dirigencia nacional del partido. Y Santiago Taboada con la candidatura a la Jefatura de Gobierno, en una campaña que recibió más apoyo, más patrocinios y más esfuerzos partidistas que la de Xóchitl Gálvez.
Taboada, a quien los panistas lograron colocar en la pelea, pero se desfondó en el último mes de campaña, fue el único damnificado del clan Romero, <a href="https://animalpolitico.com/politica/christian-von-roehrich-panista-perfil-detenido">una cofradía conocida como “Los Ocean”</a> que opera desde la primera década de los dos miles, que se ha apoderado del PAN capitalino y que hoy por hoy es el grupo con más poder e influencia en Acción Nacional. Son dueños de los padrones de militantes y, con ello, de dirigencias y candidaturas locales.
Como han hecho siempre, el pasado 2 de junio “Los Ocean” ganaron, mientras su partido perdía.
Jorge Romero Herrera se reeligió como diputado federal, a la espera de ser ungido como dirigente nacional.
Luis Mendoza Acevedo fue electo alcalde de Benito Juárez, posición estratégica para la operación del grupo político vinculado con el &#8220;cártel inmobiliario&#8221;, una trama de corrupción que mantiene en la cárcel a Christian Von Roehrich, el único “hermano” del clan que ha sido involucrado y procesado por esos hechos.
Un dato singular es que el hermano del actual alcalde, Víctor Manuel Acevedo, se encuentra prófugo de la justicia por actos cometidos cuando fungió como director de Planeación de la Benito Juárez.
Andrés Atayde Rubiolo, exdirigente del PAN de la Ciudad de México, ahora es el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la CDMX. Y Mauricio Tabe se reeligió como alcalde de la Miguel Hidalgo.
<a href="https://animalpolitico.com/analisis/autores/explicador-politico/taboada-y-el-reacomodo-de-los-ocean">El reacomodo de “Los Ocean”</a> se corona con la elección de Jorge Romero Herrera al frente de la dirigencia nacional del PAN, un partido que irá a la batalla contra Morena y Claudia Sheinbaum tocado por el escándalo del &#8220;cártel inmobiliario&#8221;, un caso bien conocido por la actual coordinadora jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, que como fiscal investigó y usó políticamente el caso, hasta donde pudo.
<h2>Un partido sin viabilidad electoral ni política</h2>
Es difícil encontrar el momento exacto en el que el PAN comenzó su degradación, pero fácil contar los episodios que contribuyeron a eso.
Uno de esos capítulos fue la campaña de Vicente Fox, en el año 2000, cuando la dirigencia panista solapó y encubrió el financiamiento ilegal de la campaña del guanajuatense a través de la asociación “Amigos de Fox”.
Otro ocurrió en 2004, cuando el PAN promovió en la Cámara de Diputados el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, con la idea de inhabilitarlo como competidor en las elecciones de 2006.
Uno más se dio en 2005, cuando un personaje impresentable, como Manuel Espino, fue impulsado desde la Presidencia para llegar a la dirigencia del partido.
Y qué decir de 2006, cuando Felipe Calderón mandó a volar la doctrina y los principios de los fundadores, y sustituyó la dignidad gomezmoriniana de la “brega de eternidad”, por el pragmático “haiga sido como haiga sido”.
Después de las elecciones de 2006, todo ha sido decadencia en el PAN, pues el partido que abandonó sus principios para convertirse en una máquina de ganar elecciones, también dejó de ganar elecciones.
Las campañas de Josefina Vázquez Mota (2012), Ricardo Anaya (2018) y Xóchitl Gálvez (2024), fueron cada una peor que la anterior; costosas, por momentos ridículas y siempre alejadas de la ciudadanía.
La última estación de ese desastre fue la alianza con el PRI, incitada en 2021 por Claudio X. González, y firmada por Marko Cortés con “Alito” Moreno y Jesús Zambrano.
Una alianza que llevó a los panistas a la peor de elección de su historia, y a ser lo que son hoy: un partido con cinco gubernaturas, 22 senadores (incluido Miguel Ángel Yunes), y 71 diputados federales.
Un partido extraviado ideológicamente y derrotado en lo electoral, que no es alternativa para la ciudadanía que no respalda el proyecto del actual gobierno.
Un partido que se quedó sin dirigentes capaces de enderezar el rumbo y que solamente tuvo una opción para la renovación de su dirigencia: Jorge Romero, a quien de por sí ya se le había hipotecado el partido.
Son días oscuros para la democracia; en el peor momento, México tiene a la peor oposición de la historia.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Jorge Romero y la degradación del PAN

Hay días que marcan un sexenio y este martes 5 de noviembre podría definir el rumbo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En Estados Unidos, el “Súper Martes” definirá si Donald Trump regresa a la Casa Blanca o si el electorado da el poder a Kamala Harris, quien se convertiría en la primera mujer presidenta de una de las naciones más poderosas del mundo.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votará el proyecto de sentencia propuesto por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, sobre la constitucionalidad de la reforma judicial y la inminente elección de cargos en ese poder.
Ambas decisiones serán importantes en la definición del rumbo de una gestión que apenas comienza; ambas ponen a prueba los reflejos, la prudencia política y el talante democrático del nuevo gobierno.
<h2>Estados Unidos: ¿el regreso de Trump?</h2>
Que Donald Trump regrese al poder no es poca cosa. Lo primero que hay que decir es que su sola postulación habla mal de un partido, el Partido Republicano, que fue incapaz de generar un blindaje frente al populismo con tintes fascistas que representa Trump, y habla pésimo de una sociedad que decide premiar sus diatribas dándole una nueva oportunidad de gobernar ese país.
El discurso agresivo de Trump en contra de los migrantes, su intención de revisar el tratado comercial con México y Canadá, sus quejas constantes por la presencia de empresas norteamericanas que deciden invertir y operar en México y no en la Unión Americana, sus políticas proteccionistas, sus posturas ultra nacionalistas y xenófobas, su posición frente a las guerras de Rusia-Ucrania e Israel-Hezbolá y el profundo desprecio que siempre ha demostrado hacia las mujeres (a las que trata como un simple objeto sexual), deberían preocupar bastante al gobierno de Claudia Sheinbaum.
Aunque el canciller Juan Ramón de la Fuente haya dicho en varias entrevistas recientes que a México no le afecta de manera especial el que gane una u otra opción, lo cierto es que las consecuencias del desenlace en el “Súper Martes” norteamericano podrían sentirse de inmediato.
El solo hecho de que Trump sea el puntero en las encuestas y en las casas de apuestas ha puesto nerviosos a los mercados y debilitado al peso mexicano. Muy lejos quedaron los días en los que el dólar llegó a cotizar en menos de 17 pesos.
<h2>Paradas clave en la elección norteamericana</h2>
Hay cuatro fechas clave en el calendario, a las que la administración de Claudia Sheinbaum debería poner atención: una es este martes 5 de noviembre, pues ahí se definirá si es Trump, si es Harris, o si la elección es tan cerrada que no pueda declararse un ganador claro.
En caso de un triunfo de Harris, es previsible que Donald Trump desconozca el resultado, y recurra al expediente del “fraude electoral”, que ensayó en 2020 y para el cual ha preparado su retórica en la actual campaña, y eso complica el escenario.
En caso de que la distribución de los votos no dé una definición clara de ganador, habrá que esperar hasta que el Colegio Electoral haga el conteo oficial y dé su veredicto.
Eso nos lleva a la siguiente fecha que el canciller Juan Ramón de la Fuente ya tiene marcada en su calendario: el 17 de diciembre, cuando los 538 delegados del Colegio Electoral se reúnan para elegir de manera oficial al próximo presidente o presidenta.
Ya en 2020 Trump dio muestras -desde la Casa Blanca- de lo que puede hacer cuando el Colegio Electoral no lo favorece, y este año no será diferente su reacción. Si gana Harris, él desconocerá el resultado, impugnará en tribunales y, lo más peligroso, alentará a sus millones de seguidores a reaccionar.
Eso nos lleva a la tercera fecha clave: el 6 de enero de 2025, cuando el Congreso lleve a cabo la sesión general para certificar los resultados de las elecciones. Hace cuatro años, cuando el Congreso se aprestaba a formalizar el triunfo de Joe Biden, Trump alentó la “toma del Capitolio”, un ataque físico a una de las instituciones de la democracia estadounidense, una acción que llevó el odio engendrado por Trump de la virtualidad de las redes sociales a la realidad; actos por los que el expresidente aún es investigado y enfrenta cargos penales.
Si todo eso se resuelve bien, el 20 de enero de 2025 será la toma de protesta de la nueva presidencia de Estados Unidos. Si Trump regresa a la Casa Blanca, la pesadilla apenas habrá comenzado.
<h2>México: ¿crisis constitucional?</h2>
En nuestro “súper martes” mexicano si, como es previsible, ocho ministros deciden votar a favor del proyecto de González Alcántara, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá modificado la reforma judicial que Morena, el Partido Verde, el PT y un senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, aprobaron en el mes de septiembre.
El proyecto no tira toda la reforma, pues mantiene la elección de ministras y ministros de la propia Corte, las magistraturas del Tribunal Electoral y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, pero pone a salvo a magistrados de circuito y jueces de distrito, con lo que protege la carrera judicial y da un respiro a cientos de personas juzgadoras que serían cesadas con la reforma.
La sentencia también cuestiona la fase de selección de candidaturas mediante los tres comités de evaluación que ya fueron anunciados y en los que nueve de quince son personajes afines a Morena.
El proyecto de González Alcántara busca una solución intermedia entre la postura radical con la que Morena y aliados aprobaron la reforma (tirar todo por la borda y reinventar de la nada al Poder Judicial “purificándolo”, es decir, pintándolo de guinda), y la postura radical con la que la mayoría de los opinadores, la oposición, académicos y exautoridades electorales han descalificado la reforma y la capacidad del pueblo para elegir a cargos del Poder Judicial.
Es una oportunidad para que Claudia Sheinbaum encuentre una solución a un problema que ha marcado el inicio de su sexenio, ante la cual ha reaccionado -preliminarmente- en sintonía con el radicalismo y la virulencia verbal de sus compañeros de partido que gobiernan el Senado y la Cámara de Diputados.
Se ve difícil, pero la presidenta aún podría corregir el rumbo, tomarle la palabra a la Corte, apostar por la vía intermedia y ahorrarle al país -ahorrarse a sí misma- una crisis constitucional que le costaría muy cara.
También existe la posibilidad de que se mantenga en la línea radical de las duplas Adán Augusto López-Gerardo Fernández Noroña (quienes manejan el Senado) y Ricardo Monreal-Sergio Gutiérrez Luna (líderes en San Lázaro), lo que la llevaría a desconocer la decisión de la Corte e ir al inédito choque de trenes que algunos ya prevén como desenlace fatal de todo este episodio.
Faltan horas para saberlo, cuando la reacción de Sheinbaum ante los dos “Súper Martes” -el nuestro y el de Estados Unidos- marque el rumbo de su sexenio.
Comenzar su gestión con Donald Trump en la presidencia y con una crisis constitucional en casa sería el peor de sus escenarios. Allá no puede hacer nada para evitarlo, aquí sí, y mucho.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Los dos “súper martes”

El Instituto Nacional Electoral prevé solicitar a la Cámara de Diputados 12 mil 900 millones de pesos para organizar las primeras elecciones de cargos del Poder Judicial, previstas para el 1º de junio de 2025. Se trata del proceso electoral más caro en la historia de la democracia mexicana.
Las elecciones federales de 2024, en las que se renovó la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados, tuvieron un costo de 8 mil 200 millones de pesos.
Las elecciones federales de 2021 costaron 7 mil 861 millones de pesos, y las federales de 2018 costaron 7 mil 144 millones de pesos. En ambos casos, Morena -el partido de Andrés Manuel López Obrador- se quejó por el costo de las elecciones y, durante todo el sexenio 2019-2024, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados aplicó sendos recortes al presupuesto solicitado por el INE.
Estas cifras sólo consideran la partida presupuestal solicitada por el INE para un rubro conocido como “organización de elecciones federales”, y no considera el presupuesto base para la operación del instituto, adquisición de materiales, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y pago de sueldos del personal del INE.
Tampoco incluyen el gasto en partidos políticos, que cada año reciben prerrogativas para su gasto ordinario y, en años de elecciones federales, una cantidad adicional para gastos de campaña. En 2024, por ejemplo, los partidos recibieron 10 mil 444 millones de pesos.
Para 2025, el financiamiento público de los partidos será de 7 mil 354 millones de pesos, que se repartirán entre las seis franquicias con registro nacional: Morena, PAN, PRI, MC, PVEM y PT. Como ellos no están contemplados en la elección de jueces, no recibirán recursos para gastos de campaña, pero sí sus prerrogativas anuales para gasto ordinario.
El alto costo de la democracia electoral fue uno de los temas con los que López Obrador y Morena justificaron sus críticas al INE y sus intentos por reformarlo.
Siempre se quejaron de una democracia cara y alejada del pueblo, pero ahora, de cara a las inéditas elecciones judiciales de 2025, aún no se escuchan las voces que fustiguen al INE; quizás, porque aún no conocen el anteproyecto de presupuesto del INE para 2025.
<h2>El gasto electoral más alto de la historia</h2>
Según las cifras que se dieron a conocer el sábado pasado en la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, este año el instituto hará una solicitud presupuestal histórica a la Cámara de Diputados, que rondará los 40 mil millones de pesos.
El INE pedirá 15 mil 295 millones de pesos para su operación anual: presupuesto base (operación, nómina y materiales) y cartera institucional de proyectos.
Además, le corresponde solicitar los 7 mil 354 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos, que no forma parte de su patrimonio, pues lo entrega directamente a los partidos en depósitos mensuales.
Un tercer rubro es una partida precautoria que se solicita desde el año 2021, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Consulta Popular, ante la eventualidad de que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o la ciudadanía promuevan una consulta como la ocurrida hace tres años. La partida precautoria para una probable Consulta Popular en 2025 asciende a 4 mil 620 millones de pesos.
Todo esto da un total de 27 mil 270 millones de pesos, que el INE enviará a la Secretaría de Hacienda para que ésta a su vez la incorpore en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2025, que ya le corresponderá a la Cámara de Diputados aprobar, con o sin modificaciones.
Una cuarta partida será la que se destine a la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial, que según las cifras que extraoficialmente ha compartido la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, será de 12 mil 900 millones de pesos.
La suma total de estos rubros es de 40 mil 170 millones de pesos, que sin duda representan una cantidad extraordinaria en relación a lo ejercido por el instituto y los partidos desde que en 1990 se fundó el IFE, hoy INE.
Suponiendo que no hay Consulta Popular -como todo parece indicar- y sin considerar el financiamiento de los partidos políticos, el costo del INE -con todo y la elección de jueces- sería de 28 mil 196 millones de pesos.
Según un análisis del INE sobre los presupuestos ejercidos de 2014 a la fecha, esos 28 mil millones también representarían una cifra histórica respecto a otros años con elecciones federales:
<ul>
<li>2025: 28 mil 196 millones de pesos</li>
<li>2024: 23 mil 224 millones de pesos</li>
<li>2021: 22 mil 287 millones de pesos</li>
<li>2018: 22 mil 705 millones de pesos</li>
<li>2015: 20 mil 927 millones de pesos</li>
</ul>
<h2>La elección judicial va</h2>
Lo cierto es que el simple hecho de que el INE tenga ya un estimado de lo que podría costar la elección de personas juzgadoras es el mejor indicativo de que este proceso está en marcha, pese a todas las controversias jurídicas -incluidas cientos de suspensiones emitidas por jueces contra diversas etapas de la reforma judicial-, y pese a la polémica que ha levantado todo el proceso.
La reforma judicial viaja en un tren que Morena conduce sin freno: a la reforma constitucional, aprobada en septiembre, siguieron las reformas a las leyes secundarias y la implementación, con la insaculación para determinar qué cargos se elegirán este año, y la próxima instalación de los comités de evaluación previstos para que cada uno de los tres Poderes filtre y determine las candidaturas.
Esta semana habrán de instalarse dichos comités y el 4 de noviembre cada uno de los tres Poderes lanzará la convocatoria para que los interesados se inscriban en el complejo proceso para tratar de estar en la boleta el 1º de junio del próximo año.
El INE -que ha obtenido ya una acción declarativa del Tribunal Electoral para avalar sus actos en el proceso electoral en marcha- ha decidido reanudar las actividades, y se apresta a movilizar la maquinaria humana y logística que, cada tres años, hace posible que se instalen más de 160 mil casillas para que casi cien millones de electores tengan una boleta electoral esperándolos en las urnas.
La complejidad de la elección judicial, que se abre camino en medio de impugnaciones, pondrá a prueba esa capacidad que ha hecho del INE una de las instituciones más confiables y apreciadas por la ciudadanía.
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Elección judicial, los comicios más caros de la historia

De cuando en cuando, un hecho violento nos recuerda que Chiapas es un estado fallido; un territorio abandonado, sin ley, al que le han fallado gobiernos de todos los partidos políticos.
Esta vez fue el asesinato de un sacerdote en San Cristóbal de las Casas -una de las pocas ciudades chiapanecas que aún son visitadas por el turismo nacional y extranjero-, lo que volvió a poner al estado sureño en la agenda nacional.
El padre <a href="https://www.animalpolitico.com/estados/asesinan-sacerdote-marcelo-perez-san-cristobal-chiapas-misa" target="_blank" rel="noopener">Marcelo Pérez Pérez acababa de oficiar una misa y conducía su camioneta cuando fue acribillado por sujetos que iban en una motocicleta</a>.
Al sacerdote se le conocía por su activismo en favor de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas de Simojovel, Pantelhó y San Cristóbal.
Era un hombre de paz, al que acribillaron sin clemencia, a plena luz del día, y a pesar de que desde 2015 se habían solicitado medidas cautelares para proteger su vida.
El gobernador morenista Rutilio Escandón salió a decir lo de siempre: “condeno y lamento el cobarde asesinato, vamos a colaborar con las autoridades correspondientes para que su muerte no quede impune”.
Palabras huecas que, de tanto repetirse a lo largo de tantos años, por autoridades de tantas fuerzas políticas distintas, ya resultan ofensivas.
<h2>Violencia, pobreza, migración y desplazados</h2>
Rutilio Escandón es el cuarto gobernador no priista que Chiapas elige de 2000 a la fecha. El más reciente de una larga fila de gobernadores que fracasaron en el intento de resolver los problemas ancestrales que padece la entidad.
Chiapas es uno de los estados que más ha vivido la alternancia electoral, pero también es una de las entidades a las que la democracia le ha quedado más a deber. Las urnas han llevado al gobierno a personajes emanados del PRI, del PAN, del PRD, del Verde y de Morena, pero no han resuelto uno solo de los problemas del estado.
Treinta años después del levantamiento zapatista de 1994, su población se encuentra asediada por grupos criminales. La violencia ha provocado desplazamientos forzados de comunidades enteras. La migración es un jugoso negocio para bandas dedicadas a la trata de personas. La extracción de recursos -legalizada y clandestina- amenaza sus reservas naturales. Los conflictos agrarios no se resuelven y, de cuando en cuando, generan enfrentamientos como los que recientemente impidieron la realización de elecciones en dos municipios.
La pobreza sigue siendo un mal lacerante, a pesar de los miles de millones de pesos que ha destinado la federación desde 1994 -luego del levantamiento zapatista.
Muchas mujeres, niños y hombres padecen hambre, mientras sus gobernantes acumulan riquezas.
La mayor parte de las causas y demandas del levantamiento del EZLN siguen ahí, pero ahora agravadas por la violencia y el control de territorios por parte de criminales que han desplazado a los gobiernos municipales, estatal y federal.
<h2>Treinta años de alternancia y gobiernos fallidos</h2>
Luego del levantamiento zapatista, el PRI ganó las elecciones de Chiapas el 21 de agosto de 1994, pero el gobernador electo, Eduardo Robledo (padre del actual director del IMSS, Zoé Robledo), sólo pudo permanecer dos meses en el cargo. En febrero de 1995 fue sustituido por el gobernador interino Julio César Ruiz Ferro, que en 1998 dio paso a un segundo interino, Roberto Albores. Los tres eran priistas.
En agosto de 2000, luego de la caída del PRI en las elecciones presidenciales, una alianza de partidos opositores (PRD, PAN, Convergencia, PT, PVEM, PAS y PSN) llevaron a la gubernatura a Pablo Salazar Mendiguchía, lo que parecía abrir un nuevo horizonte a la entidad.
Pero el experimento aliancista fue un desastre. Ningún partido nacional se hizo responsable de aquel gobierno, Pablo Salazar acabó enemistado con su sucesor, Juan Sabines; fue procesado penalmente por enriquecimiento ilícito y homicidio culposo, detenido en 2011 por un proceso iniciado desde el gobierno de Sabines y liberado hasta 2012, absuelto de todos los cargos.
El gobierno de Sabines, iniciado en el turbulento 2006, fue igualmente fallido. Ganó las elecciones bajo las siglas del PRD, pero muy pronto se alió al panista Felipe Calderón, quien otorgó amplios presupuestos que permitieron un gobierno sin sobresaltos políticos, pero que <a href="https://www.proceso.com.mx/reportajes/2013/1/31/sabines-saqueo-impunidad-113875.html" target="_blank" rel="noopener">ha sido señalado como uno de los más corruptos en la historia de Chiapas</a>.
Sabines entregó el estado a empresas como Grupo Salinas, que obtuvo permisos para explotar minas y ampliar desde Chiapas su influencia en Centroamérica. Antes de dejar el gobierno del estado, endeudado y con faltantes en su hacienda pública, pactó para facilitar el triunfo del Partido Verde en las elecciones de 2012.
Ese año, Manuel Velasco Coello se convirtió en gobernador con sólo 32 años de edad, gracias a una alianza con el PRI que, en ese mismo proceso electoral, ganó la Presidencia con Enrique Peña Nieto como abanderado.
El gobernador pintó de verde todo el estado, se casó con la cantante Anahí en 2015, recibió al Papa Francisco en Chiapas en 2016, logró que el PVEM se convirtiera en la fuerza política más influyente de la entidad, mantuvo a raya a la oposición y repartió millones de pesos para sofocar los movimientos sociales, pero no resolvió los problemas de la entidad.
<h2>La cuna de la alianza Verde-Morena</h2>
En las elecciones de 2018, Velasco rompió con el PRI estatal e hizo que el Verde postulara a su propio candidato, Luis Fernando Castellanos, lo que precipitó la derrota del priista Roberto Albores Gleason.
Además, desde la gubernatura operó en favor de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que obtuvo en Chiapas 1.4 millones de votos, el triple de José Antonio Meade, que era el candidato del PRI y el Verde.
Velasco entregó la silla al actual gobernador Rutilio Escandón, de Morena, y se aseguró un escaño en el Senado de la República.
El hoy senador reelecto fue el operador de la alianza Verde-Morena, que en el sexenio anterior comenzó como un acuerdo legislativo y terminó en una exitosa alianza electoral con la que arrasaron en las elecciones del pasado 2 de junio.
Chiapas tendrá cambio de poderes el próximo 8 de diciembre, cuando Rutilio Escandón entregue la gubernatura a Eduardo Ramírez Aguilar, también de Morena, un político forjado a lado de Manuel Velasco, exoperador del Verde y exaspirante a la gubernatura, quien hace cuatro meses ganó el estado con 1.8 millones de votos, más del 79 por ciento de la votación emitida.
Gobernará sin oposición, pues los partidos de su coalición ganaron cien de los 123 municipios y 34 de 40 diputados del Congreso local.
A pesar del fracaso de la administración que concluye, y de que Chiapas está peor que nunca, la oposición fue incapaz de presentar una alternativa atractiva a los chiapanecos, y el PRI, PAN y PRD prácticamente fueron borrados del mapa.
Está visto que la democracia electoral y la alternancia no resolvieron los problemas de Chiapas; veremos ahora si un nuevo régimen de partido hegemónico puede hacer algo para pacificar el estado, pagar la deuda histórica con los pueblos indígenas y liberar a la entidad del control que hoy ejercen los grupos del crimen organizado.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Chiapas: 30 años de alternancias y gobiernos fallidos

La elección de 850 personas juzgadoras en junio de 2025 ha dividido -aún más- al Instituto Nacional Electoral (INE), que este martes 15 de octubre regresa de sus vacaciones institucionales con una papa caliente que comienza a quemarle las manos a consejeras y consejeros.
Empeñada en sacar adelante el proceso y no quedar mal con la nueva mayoría política, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, decidió promover un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pidiéndole a los magistrados que blinden el proceso electoral ante decenas de suspensiones otorgadas en las últimas semanas por jueces que ordenaron frenar todos los actos iniciados el lunes 23 de septiembre como parte de la organización de los comicios programados para el domingo 1º de junio de 2025.
Es facultad de la Secretaría Ejecutiva del INE ejercer la representación jurídica del instituto y promover este tipo de recursos; sin embargo, Taddei corrió “la cortesía” de comentarle a las diez consejeras y consejeros la intención de recurrir al Tribunal para responder a las suspensiones. Lo hizo a través de WhatsApp, en un mensaje que desconcertó a más de uno.
Esto ocurrió el pasado viernes 4 de octubre, un día en el que el INE estaba de vacaciones institucionales. El periodo vacacional -programado para octubre por la carga de trabajo que tuvo el personal del instituto en las elecciones de 2024- se habría pactado -también- como una forma de evadir cualquier responsabilidad jurídica por no acatar las 71 suspensiones que han sido otorgadas por diversos jueces, de las que al menos 25 ya han sido notificadas en la Oficialía de Partes del INE.
Algunas de esas notificaciones le dan plazos de 24 a 48 horas al INE para frenar todos los trabajos tendientes a la elección de jueces, magistrados y ministros, y en ellas se advierte que las consejeras y consejeros podrían hacerse acreedores a multas por no acatar las suspensiones.
Por todo ello, estar en vacaciones parecía una salida “idónea” para demostrar que el instituto no está llevando a cabo acción alguna relacionada con el proceso electoral judicial 2024-2025.
Cuando Taddei avisó a sus pares, a través de un chat, la intención de solicitar al Tribunal que ordene a los jueces no promover más suspensiones, y darle protección jurídica al INE para poder llevar a cabo el proceso electoral, algunas consejeras manifestaron sus dudas sobre la pertinencia y procedencia de ese recurso.
Una de las preguntas era: ¿una determinación de esa naturaleza no debía ser votada en sesión de Consejo General?
Sin embargo, la demanda se ingresó al Tribunal Electoral durante el fin de semana bajo la figura de juicio electoral -firmado por la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Claudia Suárez- en el expediente SUP-AG-209/2024, que le fue turnado al magistrado Felipe de la Mata.
Claudia Suárez argumenta -en la demanda hecha a nombre del INE- que los jueces carecen de competencia para pronunciarse sobre actos de contenido electoral y sobre normas generales (los ordenamientos de la reforma constitucional en materia de Poder Judicial), y acusa a los jueces de invadir atribuciones de los Poderes del Estado (la Suprema Corte y el Congreso) y de pretender obstaculizar la función estatal de organizar elecciones, que le corresponde exclusivamente al INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Es conocido que la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, y los dos magistrados con los que forma mayoría en la Sala Superior, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, han decidido colaborar en todo con Morena y sus aliados, por lo que buscarían la manera de ayudarle a Taddei para blindar el proceso electoral, pero hasta el momento no han resuelto la demanda del INE.
Esa incertidumbre jurídica puede ser la razón por la que Guadalupe Taddei y el resto de consejeras y consejeros no acudieron el sábado a la sesión de insaculación de los cargos que serán electos en 2025; sesión a la que fueron invitados formalmente a través de un acuerdo de la Mesa Directiva del Senado.
Pero el tema es mucho más importante que ir a esa sesión, pues toca dos temas cruciales; por un lado, las consecuencias de que instituciones del Estado ignoren suspensiones otorgadas por jueces, y por otro lado, la división en el INE derivada de la reforma judicial.
Algunas consejeras y consejeros electorales no quieren desacatar las suspensiones ni ignorar los apercibimientos que les han sido notificados como parte de las 71 resoluciones emitidas por jueces de todo el país.
Además, esto pone nuevamente de manifiesto que para un grupo de consejeras y consejeros la elección de jueces es una imposición con la que no están de acuerdo.
Cabe recordar un dato: la comisión encargada de darle seguimiento a este proceso electoral inédito quedó en manos del grupo cercano a Taddei: la presidirá Jorge Montaño y sus integrantes son Norma Irene de la Cruz y Rita Bell López Vences.
Que el grupo de Taddei, con afinidades y contactos con personajes de la autodenominada 4T, sea el que lleve adelante el proceso no es una mera casualidad. En el INE se sabe que las consejeras y consejeros que no han acompañado decisiones empujadas desde el oficialismo -como el acuerdo de asignación de plurinominales y la sobrerrepresentación de Morena y aliados en la Cámara de Diputados- decidieron deliberadamente no integrar dicha comisión.
Jaime Rivera, Martín Faz, Claudia Zavala, Dania Ravel y Carla Humphrey parecen decididas a mantenerse lo más lejos posible de dicho proceso.
<h2>Las leyes secundarias</h2>
Mientras esto ocurría en el INE, en la semana que termina el gobierno y Morena dieron pasos decisivos para concretar la elección de personas juzgadoras:
El lunes 7 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum envió sus iniciativas de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en la que se detallan atribuciones, facultades, obligaciones y plazos para que el INE organice las elecciones de junio de 2025.
Las iniciativas fueron dictaminadas de inmediato en comisiones del Senado, aprobadas en el pleno el pasado jueves y enviadas a la Cámara de Diputados, donde se les comenzó a dar el mismo trámite.
Los dictámenes ya se aprobaron este domingo en Comisiones y, según Ricardo Monreal, coordinador de Morena, podrían subir en la tarde-noche de este lunes al pleno para su discusión e indudable aprobación.
La reforma contiene un sinfín de ordenamientos al INE, que en los próximos meses deberá conjugar mil veces el verbo “garantizar”: garantizar que la ciudadanía se entere del proceso, garantizar la equidad, garantizar que haya debates, garantizar que no se utilicen recursos públicos ni privados para financiar candidaturas, garantizar la imparcialidad de funcionarios públicos tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, garantizar que no se meta el crimen organizado, garantizar que se fiscalicen los recursos que personalmente usen los candidatos, garantizar que la propaganda empleada se haga con materiales reciclables, garantizar que no se contrate pauta en redes sociales ni mucho menos spots en radio o TV, garantizar que se otorguen espacios de los tiempos oficiales en radio y televisión a los participantes en igualdad de condiciones, garantizar que se instalen las suficientes mesas directivas de casilla, garantizar que los materiales electorales estén bien diseñados e impresos a tiempo, garantizar la capacitación de ciudadanas y ciudadanos funcionarios de casilla, garantizar que se cuenten bien los votos, garantizar que se resuelvan las controversias entre participantes, garantizar que no se metan los partidos políticos,  garantizar que las campañas duren 60 días, por mencionar las tareas más importantes.
Aprovechando la reforma, y para garantizar que Taddei cumpla, la iniciativa de la presidenta Sheinbaum contiene algunos dispositivos que le otorgan a la consejera presidenta del INE atribuciones y facultades para que sus resistencias internas no le impidan sacar adelante la elección: la Junta General Ejecutiva (un órgano integrado por directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas) adquiere todas las atribuciones administrativas para garantizar la logística, financiamiento y materialización de todas las etapas del proceso.
Además, la reforma a la LGIPE incluyó una modificación para que la consejera presidenta pueda nombrar a los directores y titulares de unidad sin tener que pasar por el Consejo General. Cabe recordar que Taddei tiene atorada una decena de nombramientos en la Junta General Ejecutiva, que hoy tiene más encargados de despacho que titulares de área, pues no ha podido conseguir los ocho votos del Consejo General, actualmente necesarios para aprobar a los funcionarios de dichas áreas.
Con esta reforma, Taddei podrá salvar ese escollo, y nombrar a sus colaboradores sin tener que convencer a sus pares en el Consejo General. Un “súper poder” que le será útil no sólo para la elección de jueces de 2025, sino para el futuro, suponiendo que Morena decida que Taddei se quede en su cargo hasta el final del nombramiento que le dio la Cámara de Diputados; es decir, hasta el año 2032.
<h2>“La reforma va”, y tiene prisa</h2>
El pasado sábado, el Senado llevó a cabo la sesión ordenada en los transitorios de la reforma judicial, para seleccionar los cargos que serán electos en junio de 2025. Se trata de 464 magistraturas y 386 juzgados federales, además de los nueve ministros de la SCJN, magistraturas de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral.
Se hizo mediante tómbola, con la presencia de legisladores del oficialismo y del PRI -que sólo fueron a vigilar-, con la ausencia del INE y de autoridades del Poder Judicial. La caída de una de las bolitas que iba a meterse en la tómbola contribuyó a la creación de la caricatura perfecta.
A final del sorteo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, cantó victoria a nombre de toda la autodenominada 4T. “La reforma va”, habría advertido días antes la presidenta Sheinbaum, y su orden fue acatada sin chistar por sus legisladores.
La reforma va, y ahora el INE deberá acatar la ley secundaria, independientemente de sus divisiones internas, y poniendo en juego sus capacidades, su experiencia y la alta credibilidad de la que goza frente a la ciudadanía. Aún no tiene presupuesto asignado para ello, pero está más que dispuesto a hacer lo que se le ordena en la reforma avalada por la mayoría.
La reforma va, y hoy estamos a sólo 230 días de los comicios.
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El INE y la elección de jueces: entre suspensiones y divisiones

Imaginen una sala de hospital en la que convalecen más de 20 pacientes. Algunos de ellos están en terapia intensiva, con apenas ya algunos signos vitales; otros están en cama, con graves deterioros en su salud; unos más comienzan a sufrir algunos síntomas y, finalmente, hay unos que no se dan cuenta -o se niegan a darse cuenta- de que ya padecen alguna enfermedad.
La metáfora permite visualizar el estado actual de la democracia en América Latina, una región que desde hace una década presenta un continuo declive de los principios democráticos: estado de derecho, representación, derechos y participación.
El <a href="https://www.idea.int/sites/default/files/2023-11/el-estado-de-la-democracia-en-el-mundo-y-las-americas-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Informe Global sobre el Estado de la Democracia de IDEA Internacional</a> señala que, por octavo año consecutivo, América Latina tiene más países que presentan retrocesos en su desarrollo democrático, que países con una mejoría.
“En los últimos años, líderes electos en las Américas han erosionado la democracia, y las instituciones estatales se han utilizado para legitimar restricciones a los derechos, el espacio cívico y la competencia electoral. En una región donde el compromiso cívico ha sido fundamental para llevar a cabo el cambio, las restricciones a la participación de la sociedad civil son particularmente preocupantes”, alerta el informe.
En torno a estas preocupaciones, IDEA Internacional congregó a alrededor de 80 académicos, autoridades electorales, representantes de la sociedad civil, periodistas y actores políticos para un diálogo que buscaba respuestas a una pregunta crucial: ¿cómo frenar los retrocesos democráticos en América Latina?
El diálogo, celebrado los pasados 4 y 5 de octubre en La Antigua, Guatemala, tuvo como invitados especiales a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet; Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, y Francisco Sagasti, expresidente de Perú. Pero a diferencia de la mayoría de este tipo de encuentros, en éste se dijeron tantas cosas interesantes en las mesas de trabajo como en las conferencias magistrales.
La metáfora de los países con distintos grados de enfermedad en sus sistemas democráticos fue sólo una de las muchas ideas que se discutieron en Guatemala.
<h2>Preocupaciones por la democracia</h2>
Además de la alerta por los casos más graves (Venezuela, Nicaragua, Cuba y El Salvador), hay varias preocupaciones compartidas por países que habían venido fortaleciendo su democracia en las últimas décadas: Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador y México.
Las mejores democracias no están exentas de problemáticas como el de la cooptación o instrumentalización del Poder Judicial, cambios en el sistema electoral que inclinan la cancha en favor de los gobiernos, el debilitamiento de la oposición, la introducción de instrumentos de democracia participativa que no fortalecen sino debilitan a la propia democracia, la captura de instituciones y el debilitamiento de los contrapesos, el traspaso de funciones esenciales de instituciones autónomas a instituciones capturadas, el uso de la justicia para perseguir a opositores, la ampliación del poder del Ejecutivo y la reducción del espacio cívico.
El acotamiento de la sociedad civil, el acoso y censura a la prensa crítica que investiga casos de corrupción y el uso de diversas estrategias para difundir, alentar e imponer narrativas populistas son otros síntomas compartidos por diversos países.
En una región donde persisten las desigualdades, los Estados no son capaces de llegar a todos los territorios y con una cada vez más fuerte presencia del crimen organizado, los problemas de la democracia se agudizan.
<h2>¿Y cómo está México?</h2>
Nuestro país vive una situación paradójica.
Por un lado, todo el mundo, o al menos la región, reconoce y celebra la elección de la primera mujer en la presidencia. Ése es un avance innegable en una de las principales agendas de la democracia en los últimos años: la paridad y el empoderamiento de las mujeres. México, y la región en general, es uno de los lugares en el mundo en los que más espacios políticos son ocupados por mujeres.
Pero, en el lado menos luminoso de lo que ocurre en el país, la agenda que están instrumentando la presidenta Claudia Sheinbaum y su mayoría legislativa desde septiembre, cuando inició la nueva Legislatura, no tiene como destino una mejor democracia.
El &#8220;plan C&#8221; es visto con preocupación en toda la región: la reforma judicial no es percibida como un avance en la democratización del país, en contra de lo que se dice desde el oficialismo; la militarización de la Guardia Nacional tampoco apunta hacia una mejora en materia de derechos humanos y coloca a México en la lista de países en los que -en aras de mejorar la seguridad- se adoptan medidas que podrían limitar los derechos de las personas; la anunciada reforma político electoral, con la eliminación de la Representación Proporcional, la no reelección en cargos legislativos y municipales, y los cambios que se pretenden en el Instituto Nacional Electoral, tampoco son buenas noticias.
La eliminación de los organismos autónomos constitucionales, y el hecho de que se absorban sus funciones por áreas del gobierno federal, colocará a México en un franco retroceso. Y ésa es la próxima reforma en la agenda de los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.
El &#8220;plan C&#8221; en su conjunto, ideado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y justificado en el discurso de que eso llevará a México “a una auténtica democracia”, es en realidad una agenda legislativa que trastocará para siempre el sistema de justicia, el sistema de partidos políticos, el sistema electoral y el sistema de contrapesos democráticos.
Por lo visto en la primera semana de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido adoptar íntegramente la agenda heredada por su antecesor. No hay señales de que vaya a desistir en ello, o a corregir el rumbo. Y tampoco están a la vista nuevas iniciativas o nuevas ideas del gobierno que inicia.
La permanencia de las formas, las decisiones, los discursos, e incluso las palabras textuales del pasado sexenio, tampoco son un buen augurio.
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México y el deterioro de la democracia latinoamericana

Conocí a Andrés Manuel López Obrador en 1995, cuando encabezó el segundo “éxodo por la democracia” después de las elecciones a la gubernatura de Tabasco. Lo recuerdo en un mitin de trabajadores de la Ruta 100 en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza que -según él mismo ha dicho- llenó 200 veces durante su carrera política.
Dos hechos hicieron que nos encontráramos: las desaseadas elecciones en Tabasco celebradas el 20 de noviembre de 1994, en las que el ganador fue el priista Roberto Madrazo, quien financió su campaña con millones de pesos procedentes de fuentes ilícitas. Y la quiebra de la empresa de transporte público Ruta 100, ordenada por el presidente Ernesto Zedillo y ejecutada por el regente Óscar Espinosa Villarreal el 4 de abril de 1995.
En plena crisis económica -derivada del “error de diciembre”-, Zedillo aplicó el canon neoliberal a raja tabla: subió el IVA del 10 al 15 por ciento, rescató a los bancos con recursos públicos y ordenó desincorporar una empresa pública para privatizar el servicio de transporte, echando a la calle a más de 12 mil trabajadores en la Ciudad de México y Área Metropolitana.
Decidido a “desenmascarar” al Subcomandante Marcos y al EZLN, el gobierno de Zedillo buscaba, también, desarticular al Movimiento Proletario Independiente -brazo político del Sindicato Único de Trabajadores de la Ruta 100 (SUTAUR-100)-, que los reportes de inteligencia vinculaban con la guerrilla en Chiapas y grupos “subversivos” en la capital del país.
Yo cubría el conflicto derivado de la quiebra de Ruta 100, y López Obrador encabezaba a cientos de tabasqueños que instalaron un plantón en el Zócalo por aquellos meses, en donde el excandidato del PRD a la gubernatura exhibió las pruebas del fraude electoral cometido por el PRI de Roberto Madrazo.
Eran años intensos para el país, que se hundía en una severa crisis económica y social; para el PRI, que crujía por el conflicto entre el gobernador Madrazo, el expresidente Carlos Salinas y el presidente Zedillo, quien tuvo que sacrificar a su secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, por el conflicto postelectoral de Tabasco, y para la democracia mexicana, que se encaminaba a una nueva reforma electoral.
En ese contexto, el segundo éxodo por la democracia (en 1991, López Obrador ya había encabezado el mismo recorrido de tabasqueños en contra del fraude electoral, desde Villahermosa hasta el Zócalo) convirtió al perredista en una figura política nacional que, en abril de 1996, se convertiría en dirigente nacional del PRD.
<h2>El lopezobradorismo</h2>
Si una virtud tuvo la izquierda mexicana en la etapa de la transición a la democracia, esta fue saber estar ahí no sólo en las campañas electorales y los comicios, sino en el debate público nacional y en la resistencia a las políticas económicas neoliberales impulsadas por Salinas y Zedillo.
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas perdió las elecciones presidenciales de 1988, pero al año siguiente fundó al PRD, se mantuvo vigente como contrapeso al salinismo y en 1994 volvió a postularse como candidato. En 94 volvió a perder, pero en 1997 fue electo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y en 2000 volvió a ser candidato a la presidencia.
Ese año perdió otra vez el ingeniero, pero López Obrador ganó la Ciudad de México y se convirtió en el contrapeso y referente obligado de la oposición a Vicente Fox, quien gobernó decidido a continuar con la política económica de Zedillo y los modos priistas de hacer política.
Como Cárdenas, López Obrador perdió elecciones, pero supo recrearse para mantenerse vigente. En 2006, el PAN y el PRI se coludieron para cerrarle el paso, en una elección fraudulenta e inequitativa, que dio paso al sexenio fallido de Felipe Calderón.
En 2012 AMLO volvió a perder; se fue del PRD, pero nuevamente se quedó en la política, ahora para fundar el partido Morena y recorrer el país para construir el movimiento que le daría la base social para ganar las elecciones de 2018.
Si alguna virtud tuvieron Cárdenas y López Obrador, esta fue demostrar que no sólo querían ganar una elección y gobernar, sino cambiar al país.
Mientras los candidatos del PRI y del PAN pierden y se retiran, cargados de dinero y dejando en la orfandad política a quienes votaron por ellos, los dos líderes principales de la izquierda mexicana supieron quedarse en sus partidos después de la derrota, crecerse ante los abusos del poder, encabezar luchas postelectorales, dirigir movimientos, dar esperanza a sus votantes, ser opción frente al PRI y al PAN, que gobernaron igual y terminaron fusionados en su caricatura: el PRIAN.
Sin esa clave de interpretación es imposible entender por qué el lopezobradorismo se convirtió en la corriente política y social más importante en lo que va del siglo XXI mexicano.
Esa es la diferencia entre un partido que ganó casi todos los espacios de disputa política en sólo diez años desde que obtuvo el registro, y los tradicionales y caducos PRI, PAN y PRD, que sólo existen en temporada electoral y en los escándalos de sus legisladores y gobiernos locales.
<h2>La figura política más importante en la historia reciente</h2>
Guste o no, Andrés Manuel López Obrador fue la figura política más importante en la historia reciente de México. Será recordado, por simpatizantes y detractores, como el referente de la política durante cuatro sexenios: el de Fox, el de Calderón, el de Peña Nieto y desde luego el suyo.
Su presencia fue más relevante y trascendente que la de los expresidentes, y la gran duda es si lo seguirá siendo también en el sexenio de Claudia Sheinbaum.
El viernes pasado, López Obrador dijo en su conferencia de prensa mañanera <a href="https://animalpolitico.com/politica/ultima-mananera-amlo-preguntas-conferencia" target="_blank" rel="noopener">-la última en la que aceptó preguntas-</a> que no aspira a ser líder moral, caudillo, ni jefe máximo (en clara referencia a Plutarco Elías Calles y el Maximato), mucho menos cacique.
Ha asegurado que va a retirarse a su rancho de Palenque, luego de pasar unos días en la Ciudad de México “para aclimatarse” a la condición de expresidente.
Se va cuando está por cumplir 71 años y, según ha dicho, se retira satisfecho con lo hecho en el sexenio y en más de medio siglo de carrera política, tranquilo por dejarle el poder a Claudia Sheinbaum y “con la conciencia tranquila”.
El balance de su sexenio irá asentándose conforme pasen los años, cuando se valoren las obras y se puedan visualizar objetivamente los probables daños hechos a las instituciones y a la democracia.
Pero lo cierto es que se va con una popularidad medida en un 70 por ciento de aprobación y, a diferencia de sus antecesores, después de refrendar claramente el apoyo del electorado a su proyecto político. Se va con casi 36 millones de votos emitidos en favor de su candidata a la Presidencia, pero dejando tras de sí una innegable polarización.
<h2>El retiro</h2>
López Obrador se va a su rancho a escribir, y ha prometido apagar sus redes sociales (11.1 millones de seguidores en Twitter, 10.5 millones en Facebook, 4.5 millones en YouTube y 1.5 millones en Instagram) y no hablar de política.
Dice que quiere dedicar tiempo a disfrutar la naturaleza y a escribir sobre los aportes de las culturas prehispánicas a la humanidad, y ha pedido a la prensa, a sus seguidores y a los dirigentes políticos que no lo visiten ni lo busquen.
Se compró unos binoculares para observar a las guacamayas y otras aves que habitan y visitan su rancho “La Chingada”, de 13 mil metros cuadrados y cientos de árboles. Vivirá solo, &#8220;porque merece descansar&#8221;, según declaró su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quién se quedará en la Ciudad de México con su hijo Jesús Ernesto, menor de edad y matriculado en una escuela capitalina.
Sus críticos y detractores aseguran que no se va a retirar y desde ahora apuntan a un nuevo Maximato, en el que López Obrador sigue siendo lo que ha dicho que no será: caudillo y jefe máximo.
Algunos aseguran que mantendrá a raya a Claudia Sheinbaum, con Adán Augusto López como cuña y principal operador de un grupo que mantendrá maniatada a la presidenta. Otros, que la revocación de mandato es un dispositivo que se activaría en caso de que Sheinbaum no gobierne conforme a sus designios.
Y, recientemente, muchos ven en su hijo, Andrés López Beltrán, al futuro heredero con el que su sangre regresará a la Presidencia en 2030.
Eso es “futurismo barato, corriente y vulgar”, ha dicho el presidente.
Lo único cierto, hoy por hoy, es que Andrés Manuel López Obrador dejará el poder a la medianoche de este lunes 30 de septiembre, cuando <a href="https://animalpolitico.com/politica/amlo-palacio-nacional-mudanza-palenque" target="_blank" rel="noopener">saldrá de Palacio Nacional rumbo a un domicilio en la Ciudad de México</a>.
En su último día de gobierno aparecerá en su conferencia mañanera número mil 438 del sexenio, pero no responderá preguntas. Leerá un mensaje, convivirá con la prensa, rifará un reloj, develará su retrato en el pasillo de los presidentes en Palacio Nacional, comerá con algunos presidentes que asisten al cambio de poderes y en la noche entregará el control de las Fuerzas Armadas a la presidenta electa. Ya no dormirá en Palacio.
Al día siguiente acudirá a la Cámara de Diputados a entregar la banda presidencial a su aprendiz y heredera política, y desaparecerá de la escena pública.
Corresponderá a Claudia Sheinbaum, al grupo gobernante y a la nueva dirigencia de Morena construir un gobierno, un partido y una corriente política que no dependa de un líder moral o jefe máximo. Un nuevo lopezobradorismo, el lopezobradorismo sin López Obrador.
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El lopezobradorismo sin López Obrador

Morena comienza una nueva etapa en su corta historia. Ahora bajo el liderazgo de Luisa María Alcalde, tendrá el formidable reto de administrar su éxito y gobernar sin caer en abusos de poder ni darle la razón a quienes auguran una próxima “dictadura de la mayoría”.
No es un reto menor para un partido que, en una sola década, acumuló un poder enorme: ha ganado la Presidencia por segunda ocasión (ahora con más votos que en 2018); gobernará 24 de 32 entidades; tiene la mayoría calificada en el Congreso y mayoría en 26 Congresos estatales. Con los votos de sus aliados, PVEM y PT, puede modificar la Constitución a su antojo, tal como lo ha comenzado a hacer.
Nunca un partido, en democracia, había ganado tantas elecciones, lo que lo llevará a gobernar a 8 de cada 10 mexicanos a nivel estatal, y a administrar más de la mitad de los municipios del país.
Morena, según dijo la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en el Congreso nacional de este domingo, no aspira a convertirse en un partido de Estado.
Aún más, el pasado 15 de agosto, luego de recibir la constancia de presidenta electa, Sheinbaum dijo que debe separarse la labor del gobierno de la labor del partido.
Una idea que recuerda la “sana distancia” proclamada por Ernesto Zedillo luego de ganar la Presidencia en 1994; “sana distancia” que ni se cumplió ni le hizo bien al PRI, que seis años después perdió la Presidencia.
Para Sheinbaum, esa sana distancia se frasea de manera distinta: “que el gobierno de la República cumpla sus tareas para la transformación del país y el partido cumpla las suyas”.
La próxima presidenta ha querido subrayar esta separación, solicitando licencia como militante de Morena, para poder “gobernar para todas y todos los mexicanos”.
No es mal gesto, pero era más fácil creérselo en agosto que en septiembre; es decir, antes de la instalación de la Legislatura y la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que después del mayoriteo, las maniobras para conseguir el voto faltante en el Senado y las celebraciones tribales de una mayoría que parece más dispuesta a aplastar que convencer, y a descalificar y amenazar a las minorías, antes que escucharlas e incluir alguna de sus ideas.
Morena dice que no quiere emular la simbiosis partido-gobierno ni ser un partido de Estado modelo PRI del siglo XX. Tampoco quiere extraviarse, debilitarse y sucumbir en sólo dos sexenios, como le ocurrió al PAN a principios de este siglo.
Para ello, sus retos son muchos más, y comienzan con uno que también ha mencionado Sheinbaum en algunos discursos (el de su cierre de campaña, por ejemplo): el de aceptar que las minorías también deben tener espacio en el sistema político, que no todo México vota por Morena y que el pluralismo no es una concesión del régimen, sino una realidad que el gobierno y su partido deben entender, aceptar y acatar.
<h2>Las tareas y las preguntas de Luisa María</h2>
Ese domingo, la próxima dirigente de Morena. Luisa María Alcalde, enumeró las tareas con las que busca fortalecer a Morena:
<ol>
<li>Crear más de 70 mil comités seccionales y más de 2 mil comités municipales. Es decir, una maquinaria aún más sólida, estructurada y eficaz que la que se movilizó en las pasadas elecciones.</li>
<li>Credencializar a los millones de militantes con los que ya cuenta el partido en todo el país. Es decir, consolidar un partido de masas.</li>
<li>Fortalecer la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido. Mantener para siempre la unidad, la humildad y la honestidad. Es decir, evitar la formación de corrientes, tribus y escisiones.</li>
<li>Mantener el Instituto Nacional de Formación Política. Redactar y difundir los cien postulados de un morenista y el decálogo para sus gobernantes. Es decir, hacer más potente su aparato ideológico.</li>
<li>Fortalecer la Comisión de Elecciones y que la comisión de encuestas realice con transparencia y rigor metodológico la selección de las candidaturas. Es decir, no perder eficacia electoral.</li>
</ol>
Luego están los problemas inherentes a la conquista del poder y la naturaleza humana: la corrupción, la soberbia, el sectarismo, la práctica política que no se corresponde con el discurso y la tentación de usar el poder para nunca perder el poder.
Problemas que la propia Luisa María enumeró como los riesgos derivados del “vertiginoso crecimiento”:
“¿Cómo mantenernos leales a los principios? ¿Cómo no alejarnos del pueblo ni perder la mística ni caer presas de la soberbia? ¿Cómo aprovechar nuestra diversidad para construir unidad y no sectarismo? ¿Cómo aseguramos que nuestros gobiernos sepan qué significa en el sentido más profundo, ser parte de Morena?”.
Las preguntas de la próxima dirigente son pertinentes, pero sus palabras -y su metáfora del gran árbol que es fuerte por sus raíces y no por su altura- no alcanzan para creer que Morena será un partido realmente diferente, abierto a la crítica, democrático hacia adentro y hacia afuera.
Los episodios de fin de sexenio no auguran eso, sino la construcción de una nueva hegemonía.
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