Periodista y explicador de la política de las cosas y las cosas de la política.

Explicador político

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La confiabilidad de una democracia puede resumirse en una frase: certeza en las reglas, incertidumbre en los resultados. Es decir, dotar a los competidores y a los votantes de claridad absoluta en las reglas del juego, y que eso derive en una cancha pareja (condiciones de equidad) en la que ningún competidor tenga más probabilidad de ganar que otro; es decir, que nadie sepa quién va a triunfar antes de que inicie el juego.
En la elección judicial está ocurriendo todo lo contrario: las reglas con las que se jugarán 881 cargos del Poder Judicial Federal y otros cientos de cargos de los Poderes Judiciales locales (a estas alturas ni siquiera sabemos cuántos) no son claras para la sociedad y para los competidores. Ni siquiera para el árbitro.
El Instituto Nacional Electoral ha tenido que ir poniendo parches a través de acuerdos votados por mayoría en el Consejo General (ni siquiera son acuerdos que convenzan a todo el INE), para sacar adelante una elección que se hará por decisión de Andrés Manuel López Obrador y los votos en el Congreso de tres de las seis fuerzas políticas que conforman el sistema político mexicano (Morena, PVEM y PT).
<h2>Incertidumbre en las reglas</h2>
A estas alturas, cuando faltan 98 días para los comicios del 1º de junio, ni siquiera están definidas cuatro de las seis listas de candidaturas a cargos federales, pues el INE sigue enmendando errores y procesando renuncias entre los más de 4 mil 200 nombres que el senador Gerardo Fernández Noroña llevó al instituto el pasado 12 de febrero.
Eso sí, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, ya acudió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la directora de Talleres Gráficos de México, a dar el botonazo de arranque a la impresión de las boletas, con las únicas dos listas que ya son definitivas: la de candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en la que hay 64 nombres) y la de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (donde figuran 15 candidaturas).
Ante <a href="https://www.animalpolitico.com/politica/boletas-eleccion-judicial-ine-inconsistencias-renuncias" target="_blank" rel="noopener">las renuncias de aspirantes y las inconsistencias en las listas integradas por los comités de selección</a>, falta por definirse las boletas con las que se elegirá a 15 integrantes de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (3 por cada una de las cinco salas); las boletas para elegir al Tribunal de Disciplina Judicial (que se integrará por cinco personas), las boletas de los Tribunales de Circuito (donde habrán de elegirse 464 magistraturas en todo el país), y las boletas de Personas Juzgadoras de Distrito (386 cargos).
Lo inédito de esta elección, el recorte presupuestal y lo apretado de los tiempos han tenido otros efectos: no está garantizada la paridad sustantiva, lograda en los procesos electorales de los Poderes Legislativo y Ejecutivo desde 2018, y no habrá un programa para el voto de personas en prisión preventiva, lo cual es una gran paradoja: los principales afectados de un sistema judicial corrupto e ineficiente -los presuntos culpables- no podrán votar por los jueces.
Una más: ante lo complejo de las boletas electorales, el INE ha tenido que inventarse un método para el cómputo de los votos, que ya no será hecho por ciudadanas y ciudadanos en las casillas, sino en los 300 Consejos Distritales por parte de consejeros que integran la estructura del INE, <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/autores/explicador-politico/eleccion-judicial-por-que-es-grave-que-la-ciudadania-no-cuente-los-votos-en-la-casilla" target="_blank" rel="noopener">como se explica en este texto</a>.
Y algo a lo que no estábamos acostumbrados: nadie sabe, hoy por hoy, cuándo habrá resultados. No habrá Conteos Rápidos ni Programa de Resultados Electorales Preliminares, y el INE se dio hasta 12 días de plazo para dar a conocer los resultados de los comicios.
Hoy en día, tampoco se sabe bien a bien cómo serán las campañas de las candidatas y candidatos, que comienzan formalmente el 31 de marzo, aunque al menos tres candidatas llevan meses promocionándose mediante entrevistas pagadas y pauta en redes sociales, sin que nadie les diga nada: las ministras Lenia Batres (que luchó hasta el último minuto para aparecer en la boleta con el sobrenombre de “ministra del pueblo”), Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Tampoco se sabe si habrá debates, aunque los prevé la reforma constitucional, y cómo se distribuirán los tiempos oficiales del Estado -que administra el INE- entre los miles de candidatos.
<h2>Certeza en el resultado</h2>
Todo esto ocurre mientras crecen dos certezas en torno a los resultados de la elección judicial: la bajísima participación de la ciudadanía (del 9 por ciento, según calculó la consejera presidenta en una entrevista con Ciro Gómez Leyva), y la segura victoria de candidaturas ligadas al oficialismo.
Con una baja participación, sin los partidos de oposición involucrados en el proceso, sin una sociedad civil interesada y vigilante del proceso, es seguro que ganará la movilización del partido en el gobierno, único interesado en estos comicios.
No es casual que Morena haya iniciado su campaña de afiliación de 10 millones de militantes a sus filas justo en paralelo al proceso electoral. Muy probablemente, esos diez millones de simpatizantes -el voto duro de Morena- serán los únicos que vayan a votar el 1º de junio.
Tampoco es casual que la campaña de afiliación sea encabezada por Andrés López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se le ocurrió la idea de la elección del Poder Judicial. El hijo concluirá lo que parece ser la intención original de este proceso: la captura del Poder Judicial por parte de la fuerza política gobernante.
Así, frente a la complacencia de un INE y un Tribunal Electoral que no se distancian del oficialismo, una cosa es cierta: el resultado del 1º de junio beneficiará a Morena y, aunque vaya a votar apenas un 10 por ciento del padrón electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum, los líderes morenistas en el partido y el Congreso, y desde luego Guadalupe Taddei, dirán que fue todo un éxito.
Las consecuencias vendrán después, cuando el sistema electoral mexicano acuse los efectos de haber invertido la ecuación “certeza en las reglas, incertidumbre en el resultado”, para regresar a los tiempos del partido hegemónico, en los que la oposición (incluidos los que hoy gobiernan) no tenían claridad en las reglas ni gozaban de condiciones de equidad, pero todo mundo sabía que el que iba a ganar era el PRI.
Incertidumbre en las reglas, certeza en los resultados: bienvenidos de regreso a los años 70.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Elección judicial: incertidumbre en las reglas, certeza en el resultado

Argumenta la presidenta Claudia Sheinbaum, en su iniciativa de reforma constitucional que busca prohibir nuevamente la reelección de cargos legislativos y municipales, que este mecanismo ha distorsionado la representación política y ha permitido que ciertas élites puedan perpetuarse en el poder.
Cierto, pero también ha propiciado que se profesionalice la tarea legislativa, se consoliden proyectos municipales que antes se veían interrumpidos cada tres años, y ha comenzado a generar lo que se buscaba en 2014, cuando se aprobó la reforma que permitió la reelección: dotar a la ciudadanía de un mecanismo de control sobre sus representantes y gobernados.
Si bien hacen falta estudios claros y profundos sobre los efectos de la reelección de cargos municipales, permitida desde 2015, y la reelección legislativa, aplicada a nivel federal desde 2021 en la Cámara de Diputados y desde 2024 en el Senado, dichos estudios podrían generarse justo ahora que la presidenta ha vuelto a abrir el debate sobre el tema.
Nuevamente, Morena tiene la oportunidad de abrir un amplio debate plural y serio sobre un tema crucial para el sistema político mexicano; en este caso, las ventajas y desventajas de la reelección consecutiva o inmediata.
Pero, nuevamente, Morena y sus aliados podrían decepcionarnos, al usar sus votos para aprobar en automático lo que la presidenta envió, sin discusión alguna y sin haber sopesado argumentos a favor y en contra. Ésa ha sido su dinámica desde septiembre, cuando obtuvieron la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Ésa será, probablemente, su conducta ante la nueva iniciativa.
<h2>El mito histórico de la no reelección</h2>
En octubre de 1910, en el Plan de San Luis, Francisco I. Madero proclamó la frase que, durante todo el siglo XX, marcó la ruta del desarrollo del sistema político mexicano: “sufragio efectivo, no reelección”.
Luego de 30 años de gobiernos de Porfirio Díaz, con tres reelecciones “legales” y dos de facto, su permanencia en el poder se volvió insostenible y fue el principal motivo de la Revolución que cambió la historia del país y de la que emanó el régimen del partido hegemónico que gobernó desde 1929 hasta el año 2000.
La no reelección del presidente de la República y gobernadores se estableció desde la Constitución de 1917, y en 1933 se hizo explícita la prohibición también para presidentes municipales.
Luego de la transición en los años 90 y la alternancia en el año 2000, y la irrupción de múltiples fuerzas políticas en gobiernos estatales y municipales, la no reelección de ediles volvió a ponerse a debate por la imposibilidad de consolidar proyectos locales de gobierno en un solo periodo de tres años.
Las primeras reformas en la materia buscaron ampliar a cuatro años el periodo de gobierno en estados como Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Veracruz, pero no fueron suficientes para resolver el problema planteado.
La reelección fue una demanda de los jóvenes que, desde 2009, protestaron en contra de los partidos políticos con acciones como el Voto Nulo, el Aventón Ciudadano y la Asamblea Nacional Ciudadana.
La generación que creció con Twitter como principal herramienta de difusión de sus demandas y activación de quienes confluían con ellos no buscaba empoderar a los partidos políticos ni a las élites con sus demandas, que se resumían en cinco: candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, consulta popular, reducción del dinero a los partidos políticos y reelección consecutiva de legisladores y munícipes.
Después de una elección federal intermedia (la de 2009) en la que el voto nulo sacudió a la clase política, el entonces presidente, Felipe Calderón, abrió el diálogo con esos jóvenes activistas y envió una iniciativa de reforma política que hacía suyas algunas de esas demandas, incluida la reelección consecutiva de alcaldes y legisladores.
La reforma se discutió durante meses y fue hasta el final del segundo sexenio panista, ya en 2012, cuando se aprobaron y aprobaron las reformas a la Constitución, que incluían las candidaturas independientes (que comenzaron a operar en 2015), la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Pero no incluyeron ni la reelección ni la reducción del financiamiento público a los partidos políticos.
<h2>¿Por qué se revivió la reelección en la Constitución en 2014?</h2>
Muchos de los jóvenes activistas que manifestaron su decepción con todos los partidos en 2009 y pugnaron por cambios constitucionales para darle más poder a la ciudadanía se volvieron férreos opositores al gobierno de Enrique Peña Nieto a partir de 2012.
Y también vieron con desconfianza el Pacto por México, firmado por Peña Nieto y el PRI con el PAN y la dirigencia nacional del PRD, ya sin Andrés Manuel López Obrador en ese partido.
Sin embargo, el Pacto por México consolidó algunas de las demandas de la Asamblea Nacional Ciudadana, como la reelección consecutiva de presidentes municipales, siempre y cuando éstos no hubieran sido electos para un periodo de cuatro años.
Los argumentos eran: fortalecer la efectividad de las acciones de gobierno, generar mayor vinculación y rendición de cuentas entre gobernantes y gobernados, y otorgar mayor peso político al voto de la ciudadanía al establecer un sistema de “premio-castigo” con autoridades que puedan buscar la ratificación de su gobierno mediante la reelección consecutiva.
Algunos miembros de esa generación encontraron en Morena y sus gobiernos -principalmente el de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México- una vía para canalizar sus inquietudes y consolidar sus carreras profesionales.
Los dos ejemplos más visibles son Andrés Lajous, actual encargado del proyecto ferroviario del gobierno federal, y Pepe Merino, director de la Agencia de Transformación Digital, que actualmente son funcionarios cercanos a la presidenta Sheinbaum.
<h2>Las contradicciones de Morena y Sheinbaum</h2>
Llama la atención que hoy la presidenta Sheinbaum mande una iniciativa al Congreso de la Unión que desconoce que la reelección no se puso en la Constitución para beneficiar a los políticos, sino para empoderar a los ciudadanos.
A reserva de analizar la exposición de motivos, una vez que se envíen las iniciativas, también es notorio -al menos en el anuncio hecho por la presidenta Sheinbaum el pasado 5 de febrero- que se desconocen las experiencias de reelección inmediata de presidentes municipales y legisladores. O no se analizan a detalle.
Hay diputados a los que Morena ha premiado y empoderado después de que llegaron a la Cámara baja en 2018, se reeligieron en 2021 y nuevamente en 2024. El caso más notorio es el del actual presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, un legislador que llegó al Congreso como suplente de Horacio Duarte y que poco a poco ha ido escalando posiciones. De hecho, es la segunda vez que preside la Cámara de Diputados.
Pero hay otro ejemplo de reelección que la presidenta Sheinbaum debería tener presente: el de Clara Brugada.
La actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México fue electa como alcaldesa de Iztapalapa por Morena en 2018 (ya había sido jefa delegacional en periodos anteriores en medio del escándalo del caso “Juanito”).
En 2021, luego de una gestión bien valorada por la ciudadanía, Clara Brugada se presentó a la reelección e hizo campaña con la bandera de “consolidar la transformación” de la alcaldía más grande y más poblada de la capital del país.
Con políticas como los senderos seguros para mujeres, las Utopías y el Cablebús -que Claudia Sheinbaum aprobó y presumió como jefa de Gobierno de la CDMX)- muy pronto comenzó a hablarse del “modelo Iztapalapa” y de Clara Brugada como la segura candidata de Morena al gobierno de la Ciudad en 2024.
Es sabido que no era la candidata de Sheinbaum, quien prefería a su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero también es un hecho que la campaña de Brugada se basó en sus resultados en Iztapalapa, sobre todo tras la reelección consecutiva en 2021.
No es claro aún el destino de las iniciativas anunciadas por la presidenta Sheinbaum, pero quizás valdría la pena que los legisladores de Morena -y aliados- analicen el caso Brugada, entre otros, antes de aprobar en automático esta iniciativa.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Sufragio efectivo y reelección

A menos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida otra cosa, el próximo 1º de junio votaremos en todo el país para elegir 881 cargos del Poder Judicial Federal y cargos judiciales locales en 17 entidades. Votaremos por primera vez en la historia por las ministras y ministros de la Corte, pero los comicios serán muy distintos a los que estamos acostumbrados desde hace más de 30 años.
Cuando lleguemos a votar, nos van a entregar al menos seis boletas, pero no vamos a encontrar seis urnas para depositar la boleta de cada cargo en donde corresponde, como ha sido siempre. Habrá una sola urna al centro para echar todos los votos y, si hay muchos electores, podría haber dos urnas.
Los votos no se contarán en la casilla, como siempre ha ocurrido, ni veremos las tradicionales mantas para saber cuántos votos obtuvo cada candidatura y quién ganó en nuestra cuadra, como siempre había ocurrido.
Esta vez, las funcionarias y funcionarios de Mesa Directiva de Casilla únicamente van a separar las boletas por color, contarán cuántas se emitieron para cada cargo y publicarán en las mantas que se cuelgan en el lugar donde fue instalada la casilla solamente la cifra de sufragios depositados para cada cargo a elegir.
Los votos se irán a los 300 Consejos Distritales del INE, donde se hará el cómputo y escrutinio de las casillas que correspondan a cada distrito.
Esto quiere decir que, si va a haber 83 mil casillas y son 300 distritos, cada Consejo estaría contando, en promedio, los votos de 279 casillas. Por eso, esta vez no habrá resultados la misma noche de los comicios, como ha ocurrido siempre, sino hasta 12 días después de que votemos.
<h2>La ausencia de los partidos y la complejidad de las boletas</h2>
Otra novedad es que en esta elección no habrá partidos políticos en la casilla, con sus representantes cuidándose las manos unos a otros, pues así lo estableció la reforma constitucional que aprobaron Morena y sus aliados en septiembre pasado.
Tampoco habrá partidos políticos en las boletas, pues las candidaturas no serán postuladas por ellos sino por los tres poderes de la Unión. Es decir, al lado del nombre de cada candidata y candidato no habrá el logotipo de un partido, como ha ocurrido siempre, sino que aparecerá alguna de tres siglas posibles: PE (Poder Ejecutivo), PL (Poder Legislativo) y PJ (Poder Judicial).
Habrá también, como cuarta opción, las siglas EF, que quiere decir En Funciones, para aquellas candidaturas de personas que actualmente ocupan un cargo y que tuvieron pase directo a la boleta electoral, como es el caso de las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.
La complejidad de las seis boletas que vamos a tener en nuestras manos es mayor mientras más candidaturas aparezcan en ellas. Por ejemplo, habrá hasta 84 nombres para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), separados en dos columnas para que los votantes escojan cinco mujeres y cuatro hombres, poniendo el número que corresponda a la candidatura elegida en unos recuadros colocados en la parte superior de las listas.
Para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) hay hasta 52 espacios, pues se deben elegir cinco cargos y, si cada poder puede postular tres candidaturas por vacante (es decir, 15), habría al menos 45 candidatas y candidatos.
En la boleta para elegir a dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es la más sencilla: contendrá sólo los nombres de 18 candidaturas.
La boleta de las Salas Regionales del Tribunal Electoral será distinta para cada una de las cinco circunscripciones, y en ella habrá 20 espacios para candidaturas de mujeres y diez para candidaturas de hombres, pues habrá que elegir dos magistradas y un magistrado por cada Sala.
La cosa se complica en los casos de Tribunal de Circuito y Juzgados de Distrito, pues cada entidad y distrito judicial va a tener boletas distintas, con un número variado de candidaturas.
Según <a href="https://animalpolitico.com/politica/eleccion-judicial-boletas-confusas-ilegibles-ine" target="_blank" rel="noopener">el modelo aprobado por el INE,</a> las boletas para la elección de esos cargos contendrán gamas de colores subrayando los nombres de las candidatas y candidatos, según la especialidad judicial: administrativa, penal, civil, trabajo o mixto.
El INE prevé que pueda haber hasta 70 candidaturas en la boleta de juezas y jueces de Distrito y hasta 42 candidaturas en la boleta de magistradas y magistrados de Circuito.
<h2>¿Quién contará los votos?</h2>
La noche del 1º de junio, como siempre que hay elecciones, el INE pondrá en marcha un sofisticado sistema de recolección de paquetes electorales para llevarse los votos de la casilla a los 300 Consejos Distritales; sólo que esta vez los votos sólo irán separados y cuantificados, pero no computados.
Esto es una grave regresión para nuestro sistema electoral. Durante décadas, hemos construido un sistema electoral en el que la piedra angular de la confianza es la máxima de “ciudadanos contando los votos de los ciudadanos”.
Eso, que fue una conquista después de décadas de elecciones ganadas por la aplanadora priista y del gran y emblemático fraude electoral de 1988, se acabó.
En el INE, consejeras y consejeros electorales han justificado su decisión explicando que este mecanismo, que saca de las casillas el cómputo de los votos y “desciudadaniza” los comicios, es la única manera de que la elección judicial sea posible. La complejidad de las boletas haría que los cómputos en las casillas fuera muy lento, y obligaría a mantener a los ciudadanos-funcionarios de casilla despiertos durante horas, probablemente días.
A la complejidad de las boletas se suma el hecho de que en 17 entidades habrá elecciones judiciales locales; es decir, además de las seis boletas para cargos federales, podrían estarse distribuyendo hasta seis boletas más para elegir personas juzgadoras de tribunales y juzgados locales.
Consejeras y consejeros argumentan, con más buena fe que razón, que los 300 Consejos Distritales del INE también son instancias ciudadanas, pues están integradas por personas sin militancia partidista y que son designados mediante procedimientos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
Cierto: los Consejos Distritales están conformados por una persona presidenta y seis consejeras, pero son designados por los 32 Consejos Estatales que, a su vez, son designados por el Consejo General del INE.
Si bien el procedimiento ha funcionado en las últimas elecciones para dar certeza e imparcialidad a los comicios en general, pues ha sido ahí donde se han llevado a cabo los Cómputos Distritales de las elecciones en las últimas décadas, sin mayor contratiempo, lo cierto es que nunca los 300 Consejos Distritales se habían enfrentado a la responsabilidad de hacer el primero -y único- cómputo de una elección.
Además, a diferencia de lo que siempre ha pasado, esta vez las ciudadanas y ciudadanos no podremos ir a nuestra casilla a ver quién ganó y a cotejar la manta publicada afuera con el sistema de cómputo en el que el INE hará públicos los cómputos.
Se perderá ese tramo de control ciudadano que tanto abonaba a la certeza de los comicios.
Todo esto ocurre porque el INE está haciendo una elección inédita y tan compleja como las que acabamos de vivir en 2024, o incluso más complicada, sin tiempo y sin recursos.
Pese a todo, el INE puede y va a sacar esta elección adelante, pero a un alto costo político: al organizarla y concluirla, habrá dado pasos enormes en la desprofesionalización de nuestro sistema electoral.
<h2>Postdata</h2>
La Suprema Corte de Justicia habrá de resolver este miércoles <a href="https://animalpolitico.com/politica/suprema-corte-suspension-eleccion-electoral-tribunal-jueces" target="_blank" rel="noopener">el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena</a>, en el que propone la que podría ser una nueva salida a todo este embrollo.
El ministro sugiere que el INE y el Tribunal Electoral acaten las suspensiones emitidas por jueces locales en contra de la reforma judicial y la elección del 1º de junio, lo que podría traducirse en un aplazamiento de los comicios.
La sentencia requiere seis votos, pues la Corte está integrada actualmente sólo por 10 ministros, y no 11, ante el fin del periodo del ministro Luis María Aguilar el año pasado.
En medio de un nuevo pleito entre la Corte y la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, explícito en la ceremonia por el aniversario de la Constitución, la votación será de pronóstico reservado.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Elección judicial: por qué es grave que la ciudadanía no cuente los votos en la casilla

A la mitad de su primera gestión como presidente de Estados Unidos, Donald Trump llegó a considerar buena idea bombardear los laboratorios en los que se produce fentanilo, aunque éstos se encontraran en territorio mexicano. 
Así lo narra la periodista Maggie Haberman, de The New York Times, en su libro El Camaleón, la invención de Donald Trump, que editorial Planeta acaba de poner en circulación en México.
Haberman siguió la trayectoria de Trump desde antes de su campaña política de 2016, cubrió su primera administración y formó parte del equipo que ganó un Premio Pulitzer en 2018 por la investigación de las conexiones de la campaña de Trump con Rusia.
La periodista describe a Trump como un personaje capaz de cambiar de actitud y comportamiento según lo que más le convenga en cada momento; un camaleón que puede mostrarse encantador o iracundo, inseguro o vengativo, inteligente y amenazador.
En su libro, Haberman narra cómo Trump adoptaba ideas disparatadas que le rondaban la cabeza durante meses. Una de esas ideas tiene que ver con México, y puede explicar el <a href="https://www.animalpolitico.com/politica/aranceles-guerra-comercial-trump-respuesta-sheinbaum" target="_blank" rel="noopener">origen de la crisis que ha decidido desatar en México al inicio de su segundo periodo</a> en la Casa Blanca.
“Trump se reunió con funcionarios de salud pública y agentes antidroga en el Despacho Oval para debatir cómo frenar la oleada de fentanilo que cruzaba la frontera sur. Allí existía la frustración compartida de que el gobierno mexicano no estuviera haciendo más para reducir el número de laboratorios de droga”, escribe Haberman.
Brett Goroir, secretario adjunto de Salud, era uno de los funcionarios presentes en esa reunión y, al mismo tiempo, era almirante del Cuerpo Comisionado el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, por lo que acudía uniformado a las reuniones en la Casa Blanca, lo que le hacía pensar a Trump que formaba parte de las Fuerzas Armadas.
“Cuando en esa reunión Giroir dijo que deberían bombardearse los laboratorios de droga –“poner plomo en el objetivo”, sugirió-, a Trump le encantó la idea. La planteó varias veces y terminó planteando a un perplejo Mark Esper, el secretario de Defensa, si Estados Unidos podía en efecto bombardear los laboratorios”, continúa la periodista.
Según la autora, los asesores de Trump no intentaron hacer que el presidente cambiara de opinión, y se limitaron a pedirle a Brett Giroir que no usara más el uniforme militar cuando acudiera al Despacho Oval.
<h2 class="p1">La “alianza intolerable”</h2>
En su primer mandato, Trump solía llamar a todos los misiles estadounidenses “patrióticos”, sin reparar en que existe un arma específica llamada “misil Patriot”. Cuatro años después, ese mismo personaje obsesionado con bombardear los laboratorios mexicanos de fentanilo ha decidido iniciar una guerra comercial en contra de sus socios, México y Canadá.
Y la orden ejecutiva con la que justifica la decisión de aplicar aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos que ingresen a su país es en sí misma un misil, pues retoma la idea de que los cárteles operan con total libertad los laboratorios en los que se produce el fentanilo que está matando a miles de estadounidenses cada año.
“Las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México que además ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles”, se afirma en el documento publicado el sábado por la Casa Blanca.
Con más prejuicios que pruebas, Donald Trump lanzó esta dura acusación para justificar una decisión que viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y que, según los especialistas de ambos lados de la frontera, tendrá consecuencias negativas para las economías de los tres países.
Trump, el camaleón, atacó mostrando su rostro más duro a sus socios comerciales, y su cara amable al electorado que creyó en él durante su campaña. A México y Canadá los responsabiliza de la crisis por el consumo de fentanilo en su país; a sus compatriotas, les aseguró que está cumpliendo la promesa de campaña por la que votaron en noviembre.
Durante el fin de semana, el camaleón aderezó la firma de sus órdenes ejecutivas con publicaciones en sus redes sociales cargadas de amenazas, pero en la noche del domingo matizó asegurando que el lunes por la mañana hablaría con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y también “con México” (quizás su machismo no le permita mencionar por su nombre a la presidenta Claudia Sheinbaum).
<h2 class="p1">La respuesta mexicana</h2>
Las acusaciones de Trump revivieron en México una polémica que Morena y el lopezobradorismo han enfrentado desde hace más de un año, cuando el periodista Tim Golden publicó en el medio ProPublica un reportaje titulado con una pregunta: ¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?
Aunque dicho reportaje no prueba nada, más que la DEA investigó durante un tiempo si narcotraficantes entregaron 2 millones de pesos a operadores de la primera campaña presidencial de AMLO, en 2006, y a pesar de que el propio Tim Golden se cuidó de redactar que “la investigación no concluyó que AMLO supiera de las supuestas donaciones”, la publicación causó gran revelo en México, y permitió a la oposición alimentar la versión de una supuesta relación de la 4T con el narco, bajo el argumento de que sólo eso explicaba la decisión de López Obrador de no continuar el combate a los cárteles.
Muy rápido, la narrativa opositora creó un vínculo entre el “abrazos, no balazos” del presidente, su saludo a la mamá del Chapo sus visitas a Badiraguato y la supuesta complicidad entre políticos de Morena y los grupos criminales que controlan vastos territorios de la geografía nacional.
Bajo esa lógica, se lanzaron a las redes sociales los hashtags #NarcoPresidente #NarcoGobierno y #NarcoPresidenta, con jugosas aportaciones económicas de grupos ligados al PAN, tratando de influir en las campañas electorales de 2024, sin éxito.
Trump, sin embargo, ha vuelto a poner el tema sobre la mesa, y eso ha despertado a la oposición de su letargo, con el único discurso que cree que le puede funcionar para desprestigiar a la administración de Claudia Sheinbaum, el del “narcogobierno”.
Los gritos lanzados por legisladores del PAN en la sesión del sábado en la Cámara de Diputados, durante la aprobación de la reforma a la Ley del Infonavit; la sugerencia de “reformar la reforma” y cancelar la elección del Poder Judicial, y la advertencia de los jueces de que ir a la elección del 1º de junio es poner el sistema de justicia en manos del crimen, como dice Trump, son gestos deplorables de quienes quieren sacar raja política a la agresión externa, pero incrementan la presión al gobierno de Sheinbaum.  
La presidenta, quien ha logrado convertir a Trump y sus amenazas en un catalizador de la unidad nacional, respondió desde el sábado, asegurando que la acusación de la Casa Blanca es una calumnia.
Sheinbaum ha dicho, además, que Estados Unidos es responsable del crecimiento de su consumo interno, y que su gobierno ha sido omiso en atacar a las organizaciones criminales que, en su territorio, trafican y distribuyen drogas. Además, aseguró que si en algún lugar existen alianzas con grupos criminales es en las armerías de Estados Unidos, donde se venden las armas con las que se delinque en México.
La presidenta ha logrado concitar el respaldo de cámaras empresariales, sectores económicos y gobiernos locales, y seguramente aumentará su popularidad al plantar cara frente a Trump, un narcisista acostumbrado a abusar de los más débiles.
<h2>Un mes, a cambio de movilizar a la Guardia Nacional</h2>
La mañana de este lunes, Sheinbaum habló con Donald Trump, y anunció cuatro acuerdos alcanzados: se ponen en pausa los aranceles por un mes a partir de ahora, México movilizará a 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte de forma inmediata para combatir el tráfico de fentanilo, Estados Unidos se compromete a trabajar contra el tráfico de armas de alto poder y ambos gobiernos pondrán a sus equipos a trabajar en seguridad y comercio.
Sheinbaum ha ganado tiempo, y lo celebró en la conferencia mañanera como un logro de su gabinete, pero la amenaza arancelaria de Trump se quedará ahí.
Además, Trump envió su propio mensaje, aclarando que los 10 mil efectivos de la Guardia Nacional estarán ahí “para detener el flujo de fentanilo y migrantes ilegales”. Una vez más, el camaleón ha puesto en juego el estilo negociador que lo llevó de corredor inmobiliario a presidente de Estados Unidos, y que Haberman describe detalladamente en su libro: primero el porrazo y luego el diálogo.
Frente a ese negociador, en una relación desigual, la presidenta Sheinbaum ha jugado bien políticamente hasta el momento, pero, en sus negociaciones con el presidente de Estados Unidos, bajo la lógica de “cooperación sin subordinación”, necesitará algo más que retórica juarista y patriotismo.
Para sobrevivir a Trump, tendrá que demostrar que su gobierno ha abandonado efectivamente la política de “abrazos, no balazos”, y que habrá una seria política de cero tolerancia al crimen organizado. Y eso debe incluir a los gobiernos locales emanados de su partido.
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Trump: la obsesión, la mentira y la encrucijada mexicana

Tabasco está muy lejos de ser un edén. El reciente asesinato del periodista Alejandro Gallegos León es el más reciente de una cadena de hechos de violencia que demuestran que la corrupción política sí tiene consecuencias.
Hoy, después de seis años de gobiernos morenistas en la entidad y 12 de administraciones “de izquierda”, <a href="https://animalpolitico.com/estados/tabasco-violencia-asesinatos-narcomenudeo-desaparecidos" target="_blank" rel="noopener">en Tabasco se viven los peores niveles de violencia y criminalidad registrados en décadas</a>, con asesinatos selectivos, motines, bloqueos, quema de comercios, balaceras, desapariciones, secuestros, asaltos y otros hechos de delincuencia común.
No en balde Villahermosa es actualmente la ciudad con la percepción de inseguridad más alta de todo el país. En los primeros meses del sexenio de Claudia Sheinbaum, desplazó de ese indecoroso primer lugar al municipio de Fresnillo, Zacatecas.
Según la <a href="https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/9587" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi</a>, en el último trimestre de 2024, el 95.3 % de la población de la capital tabasqueña se sintió insegura, mientras que el promedio nacional fue del 67.8 % entre hombres y 54.4 % entre mujeres.
<h2>El factor Adán Augusto</h2>
En la historia corta, Tabasco se incendió a partir de 2023, luego de que se revelara <a href="https://animalpolitico.com/politica/adan-augusto-nombramientos-presuntos-nexos-cjng" target="_blank" rel="noopener">-gracias a la filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de grupo de activistas conocido como Guacamaya&#8211;</a> que los mandos de sus corporaciones policiacas estaban coludidos con grupos criminales.
Gracias a esa filtración supimos que los jefes policiacos contratados por Adán Augusto López cuando fue gobernador del estado &#8211;Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y José del Carmen Castillo Ramírez, comisionado de la Policía Estatal&#8211; habían formado un grupo llamado La Hermandad, que después se convirtió en La Barredora, y que estaban en la mira del Ejército por sus nexos con el crimen organizado.
Según las revelaciones de Sedena Leaks, el hoy presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado colocó en esos cargos a personajes con antecedentes criminales, que se aliaron con el Cártel Jalisco Nueva Generación para la operación de rutas de trasiego y extracción ilícita de hidrocarburos, trasiego y distribución de droga y tráfico de migrantes, principalmente en los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Comalcalco y Centro (Villahermosa).
Los primeros reportes sobre estos hechos, enviados por el Centro de Fusión de Inteligencia del Sureste al Centro Nacional de Inteligencia, ambos comandados por la Defensa Nacional, datan de 2019. Sin embargo, cuando esta revelación ocurrió, en octubre de 2022, Adán Augusto López ya llevaba más de un año al frente de la Secretaría de Gobernación.
Es decir, el expresidente Andrés Manuel López Obrador puso en manos de su paisano y amigo la seguridad interior y la gobernabilidad del país pese a los reportes del Ejército.
No sólo eso, el sucesor de Adán Augusto López en la gubernatura de Tabasco, Carlos Merino Campos, dejó en su cargo a Hernán Bermúdez, identificado por la Sedena como “comandante H”.
Los señalamientos no hicieron mella en el secretario de Gobernación, quien a finales de 2022 inició su proselitismo en busca de la candidatura presidencial de Morena.
El tabasqueño fue <a href="https://animalpolitico.com/elecciones-2024/picalenguas/ine-gastos-no-reportados-interna-morena" target="_blank" rel="noopener">el aspirante que más dinero gastó (y trató de ocultar al Instituto Nacional Electoral) en promoción</a>; sin embargo, quedó en penúltimo lugar en la encuesta y tuvo que “conformarse” con ser candidato al Senado en 2024 y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.
Hoy, Adán Augusto López acumula y ejerce un inmenso poder en la Cámara alta, desde donde impulsa y veta reformas, nombramientos y las carreras políticas de quienes buscan ser gobernadores o gobernadoras en 2027. Consentido del expresidente López Obrador, es uno de los “hombres fuertes” del régimen y, también, un dolor de muelas para la presidenta Claudia Sheinbaum y una piedra en el zapato para el actual gobernador, Javier May.
<h2>La cuna del lopezobradorismo</h2>
En la historia larga, Tabasco es la cuna del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador. Ahí nació, ahí se formó como funcionario, como político y como activista. Y ahí rompió con el PRI en 1988, cuando le fue negada la candidatura del oficialismo a la gubernatura.
El lopezobradorismo, hoy convertido en la denominada “cuarta transformación”, nació de las luchas postelectorales que encabezó AMLO tras sus denuncias de fraude en las campañas estatales de 1988 y 1994, cuando fue candidato, y en las de 2000 y 2006, cuando impulsó las candidaturas de César Raúl Ojeda y el PRI se volvió a imponer con prácticas políticas deleznables.
En la narrativa lopezobradorista, Tabasco era el prototipo de todo lo que tenía que cambiar en el país: la desigualdad ancestral, la injusticia, la corrupción política, el saqueo de las arcas públicas, el nepotismo, la protección política al crimen organizado y los abusos de los gobernadores que habitaron la Quinta Grijalva.
Desde Manuel Gurría hasta Andrés Granier, pasando por Roberto Madrazo y Manuel Andrade, el relato lopezobradorista convenció a propios y extraños de que ellos eran los culpables de los muchos males que padece el estado.
Tanto así, que en 2012 el PRD logró ganar la gubernatura tras los escándalos de Granier (quien terminó encarcelado), postulando al expriista Arturo Núñez. Y aunque el perredista terminó rompiendo con AMLO, en los hechos Tabasco es gobernado por eso que llamamos “izquierda” desde hace más de 12 años.
En la lógica de un partido-movimiento que afirma tener la misión de “limpiar la vida pública de México”, Tabasco debería ser -junto con la Ciudad de México- el paradigma de los gobiernos morenistas, la muestra clara de que se pretende desterrar la corrupción, el ejemplo a seguir a nivel administrativo y de buenas prácticas políticas. Pero es todo lo contrario.
<h2>Un tema que quiebra a Morena</h2>
En la historia corta, el intento de asesinato de Hernán Bermúdez, en diciembre de 2023, y su posterior renuncia al cargo, <a href="https://animalpolitico.com/estados/renuncia-secretario-de-seguridad-tabasco-hernan-bermudez?rtbref=rtb_cgkpmqz9it4tdoo39r6k_1714639266869" target="_blank" rel="noopener">en enero de 2024</a>, encendieron la mecha de la violencia en Tabasco, que lleva un año sumido en balaceras, bloqueos, motines, asesinatos e ingobernabilidad.
Las declaraciones del <a href="https://animalpolitico.com/estados/gobernador-tabasco-javier-may-adan-augusto-exsecretario-seguridad-barredora" target="_blank" rel="noopener">gobernador May, señalando abiertamente a Bermúdez de proteger a La Barredora</a>, el respaldo de la presidenta Sheinbaum al gobernador, y la reciente detención de un jefe de ese grupo criminal<a href="https://animalpolitico.com/estados/detienen-lider-barredora-grupo-criminal-nexos-adan-augusto-tabasco" target="_blank" rel="noopener"> apodado El Tomasín</a>, son los episodios más recientes de una historia que aún no ha terminado.
El desastre tabasqueño no sólo confronta al exgobernador Adán Augusto con el gobernador Javier May, sino que está quebrando al lopezobradorismo local y genera una importante disputa política dentro de Morena.
La corrupción y la presunta entrega del estado a jefes policiacos coludidos con el crimen organizado, como origen de la violencia, es un expediente que tira por la borda los discursos del oficialismo. Es un expediente delicado para la presidenta Sheinbaum; una tragedia social de la que no se puede responsabilizar a la oposición ni culpar a la prensa de querer “dañar al gobierno” por hablar de ella.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Tabasco: corrupción, narco y violencia en la cuna del lopezobradorismo

Como ocurre cada seis años después de una elección presidencial, en este 2025 se ha abierto la puerta para la constitución de nuevos partidos políticos en México. Se trata de un largo y complejo proceso de un año, del que deberían surgir opciones que enriquezcan las opciones de voto para la ciudadanía.
En un sistema político que transitó del partido hegemónico (el PRI gobernó desde 1929 hasta el 2000) al tripartidismo (PRI, PAN y PRD dominaron el sistema entre 1990 y 2018), el portal que se abre cada seis años ha arrojado como resultado principal la creación de partidos satélite que gravitan alrededor de las fuerzas mayoritarias.
En la etapa de la transición, el Partido Convergencia -hoy Movimiento Ciudadano (MC)-, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) lograron sobrevivir entre una pléyade de partiditos que añadían siglas a las boletas, cobraban jugosas prerrogativas, pero nunca fueron alternativas para la ciudadanía.
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), el Partido Alianza Social (PAS), el Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), el Partido del Centro Democrático (PCD); Democracia Social (DS), México Posible, Fuerza Ciudadana, Partido Socialdemócrata (PSD), Nueva Alianza (Panal), Partido Encuentro Social y su vertiente Partido Encuentro Solidario (PES), Partido Humanista (PH), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México (FxM) son las fuerzas políticas que, con más o menor éxito, vivieron y se extinguieron en los últimos 25 años.
En casi todos los casos, se trató de negocios familiares o de grupos políticos, sindicales y hasta eclesiásticos, que sólo sirvieron para enriquecer a sus dirigentes.
Después de la transición, la única fuerza política que logró insertarse con éxito en el sistema político mexicano fue el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el año 2014.
El partido fundado por Andrés Manuel López Obrador debutó en las elecciones federales de 2015, y su éxito fue tal, que de inmediato desplazó al PRD (con el que competía como la opción política de la izquierda mexicana) y en sólo tres años conquistó la Presidencia de la República.
Diez años después de haber obtenido el registro, en un proceso semejante al que se ha abierto en este enero, Morena es hoy la primera fuerza política nacional.
<h2>¿Es necesaria otra fuerza política en México?</h2>
La respuesta es sí, indudablemente. Cuando PRI y PAN se han vuelto irrelevantes políticamente, y MC sigue siendo en realidad dos partidos locales grandes (en Jalisco y Nuevo León), Morena se enfila hacia la construcción de un nuevo régimen de partido hegemónico.
Sus aliados, PVEM y PT, son dos grupos de oportunistas que sirven a Morena para disfrazar candidaturas, amplificar su votación y darle la vuelta a las reglas de sobrerrepresentación, hacer enjuagues políticos en el Congreso y poco más. Ni el Verde ni el PT, son partidos del que surjan ideas, políticas públicas, agendas relevantes o políticos presentables. Todo lo contrario, gracias a su alianza con el oficialismo hoy pueden servirse de más recursos del erario (su única finalidad).
Hoy más que nunca haría falta una alternativa política realmente nacional, inteligente, congruente con un ideario, capaz de conectar con millones de ciudadanos desencantados con Morena y también con el PRI y Acción Nacional.
Una alternativa que le diga algo a millones de jóvenes nacidos después de la alternancia del año 2000, y que cada vez pesan más en el padrón electoral.
<h2>¿Quiénes buscan conformar nuevos partidos son esa alternativa?</h2>
La respuesta es no, lamentablemente. De las 18 organizaciones que hasta el momento han manifestado su intención de crear un nuevo partido ante el Instituto Nacional Electoral, destacan sólo dos, pero no por buenas, sino por lo insólito de sus postulados.
Se trata de dos organizaciones de ultraderecha, afines al sometimiento de México frente a Estados Unidos, y apoyadores del próximo presidente norteamericano, Donald Trump.
Por un lado está el <a href="https://animalpolitico.com/politica/mexico-republicano-nuevo-partido-chihuahua-nazismo" target="_blank" rel="noopener">Partido México Republicano, dirigido por Juan Iván Peña Neder</a>, un controvertido personaje involucrado en polémicas cuando fue funcionario de la Secretaría de Gobernación, ligado a Elba Esther Gordillo, autodefinido como “ciudadano conservador” y promotor del “conservadurismo pronorteamericano”, cercano a movimientos neonazis y defensor de una agenda antiderechos.
El otro es <a href="https://animalpolitico.com/politica/quien-es-eduardo-verastegui-trump-presidente" target="_blank" rel="noopener">Movimiento Viva México, dirigido por Eduardo Verástegui</a>, un actor metido en política que intentó ser candidato independiente a la Presidencia en 2024 y que también defiende una agenda contraria al aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.
Entre los 18 inscritos hasta el pasado 17 de enero en el INE, figura también la agrupación Alternativa Popular, dirigida por el expriista chiapaneco César Augusto Santiago, quien no quita el dedo del renglón, a pesar de haber intentado infructuosamente candidaturas independientes y nuevos partidos en los últimos 15 años.
<h2>¿Quiénes más se apuntarán?</h2>
A partir de hoy quedarán 11 días para que las agrupaciones acudan al INE a inscribir su aviso de intención, y en ese periodo podrían aparecer “nuevos” viejos conocidos.
Uno de los que podrían reaparecer es el Partido Encuentro Social y/o Solidario, de Hugo Eric Flores, que ya obtuvo el registro en 2014, lo perdió en 2018, lo volvió a obtener en 2020 y lo perdió en 2021. Ligado a los evangélicos, el PES tiene actualmente registro local en una veintena de estados.
El extinto Fuerza por México, del líder sindical Pedro Haces, también podría regresar con nuevas siglas, aunque su dirigente real es actualmente diputado federal por Morena y mano derecha del coordinador Ricardo Monreal, en San Lázaro.
Pero quizás la inscripción más esperada es la del Frente Cívico Nacional, que encabeza el exdirigente del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, y en la que confluyen personajes como Gustavo Madero, exlíder del PAN; Cecilia Soto, excandidata presidencial del PT; Emilio Álvarez Icaza, exsenador sin partido, y otros personajes expanistas y experredistas, como Fernando Belaunzarán y Amado Avendaño.
Además del FCN, confluyen en este proyecto la Unión General de Obreros y Campesinos (UGOCEM) y México Unido (MU).
Este grupo, ya conocido como Plataforma Ciudadana, ha anunciado que estará el miércoles 22 de enero en el INE para iniciar el trámite, acompañado de ciudadanas y ciudadanos, y de sus nuevos fichajes en la estructura directiva: Edmundo Jacobo, quien durante 15 años fue secretario ejecutivo del INE; José Antonio Crespo, analista político; Guillermo Valdés, director del CISEN en el gobierno de Felipe Calderón; Rodrigo Morales, exfuncionario del IFE; la economista Adina Chelminsky, y Enrique de la Madrid, quien aspiró a la candidatura presidencial del PRI en 2024, entre otros.
<h2>¿Qué deben hacer para obtener el registro?</h2>
Los interesados en crear nuevos partidos políticos deberán acreditar una serie de requisitos ante el INE para obtener su luz verde para ir a buscar afiliados y llevar a cabo las asambleas que se requieren para obtener el registro: pueden ser 200 distritales con al menos 300 asistentes, o 20 asambleas estatales con mínimo 3 mil personas.
El INE les habilitará una aplicación móvil para registrar a sus afiliados, que deberán representar, al menos, el 0.26 por ciento del padrón electoral; esto es, 256 mil 30 ciudadanos con credencial para votar.
Las asambleas estatales o distritales deberán llevarse a cabo durante 2025 y, antes del 25 de febrero de 2026, la organización solicitante deberá llevar a cabo su asamblea nacional constitutiva.
El INE verificará las afiliaciones, las asambleas y que los interesados cumplan con las reglas de financiamiento, fiscalización y evitar apoyos de sindicatos o iglesias, uso de recursos públicos o apoyos desde el extranjero.
En febrero de 2026 el INE estará informando qué organizaciones cumplieron los requisitos y otorgará un registro como partidos político nacional condicionado. Esto es, los nuevos partidos podrán participar en las elecciones federales intermedias de 2027, pero sólo si en esos comicios alcanzan mínimo el 3 por ciento de la votación nacional por sí solos (no pueden aliarse) estarán en la boleta en la elección presidencial de 2030.
El antecedente inmediato anterior es ilustrativo del gran interés de grupos de toda índole por crear un partido, cuántos lo logran y cuántos sobreviven: en 2019, 106 organizaciones notificaron al INE su intención de constituir un nuevo partido; 89 solicitudes fueron procedentes, pero sólo siete lograron las asambleas. De esos partidos, sólo tres obtuvieron el registro y participaron en las elecciones federales de 2021 (PES, RSP y FxM). Ninguno de los tres llegó vivo a los comicios de 2024.
En este 2025, la ruta y las reglas son claras; que de ahí surja una alternativa real… eso sí está por verse.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

El desencanto y los ‘nuevos’ partidos políticos

Casi al final del mitin por sus primeros cien días de gobierno, Claudia Sheinbaum hizo una pausa, tomó aire, y leyó la parte más importante del discurso que preparó durante toda la semana.
“Siempre tendremos la frente en alto. México es un país libre, independiente y soberano. Y como lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, dijo para deleite de la plaza, que estalló en vivas, aplausos y arengas.
La frase, diseñada para llenar titulares de prensa, fue la parte culminante de un mitin preparado con esmero por el gobierno y los operadores políticos de Morena, cuya misión era llenar el Zócalo y, desde ahí, mostrar el músculo del “segundo piso de la cuarta transformación”.
Los mensajes del mitin de los cien días tuvieron, desde luego, destinatarios domésticos; como cuando la presidenta cuestionó, sonriente, por qué sus opositores pensaban que tenía que romper con Andrés Manuel López Obrador.
O cuando advirtió a los suyos que los funcionarios de primer nivel no tendrán aumento salarial durante todo el sexenio.
O cuando anunció que seguirán los apoyos sociales y que en 2025 la inversión en derechos sociales para el bienestar será de 835 mil millones de pesos.
Pero el mensaje, el mitin, la movilización, parecían diseñadas para un interlocutor externo. Y así lo llegó a comentar la presidenta con quienes la visitaron la semana pasada en Palacio Nacional, a quienes explicó que el mitin de los cien días, una costumbre heredada de López Obrador -una más-, se hacía necesario no tanto por las condiciones políticas internas, en donde la oposición se ha vuelto irrelevante, sino por la coyuntura marcada por la segunda victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos.
La idea era mostrarle a Donald Trump que la presidenta no está sola; que Sheinbaum goza de una popularidad que se refleja en un Zócalo lleno o en una aprobación del 70, o hasta del 80 por ciento, según la encuesta que se vea; que no está contra las cuerdas y que negociar con ella no va a ser lidiar con un cadáver político.
El Zócalo de este domingo de alguna manera decía: Claudia Sheinbaum no es Justin Trudeau, obligado a dimitir la semana pasada, sino una jefa de Estado con respaldo popular y un capital político capaz de llenar la plaza más grande del país… y que se prepara para lidiar con Trump leyendo el libro de memorias de la excanciller alemana Angela Merkel.
<h2>El reconocimiento a los migrantes</h2>
Ya había leído 11 páginas, con cifras, nombres de programas sociales, tramos carreteros, datos de educación, salud y empleo, y una breve descripción de las 13 reformas constitucionales y 16 legales aprobadas por su coalición legislativa, cuando Claudia Sheinbaum anunció al Zócalo, lleno como acostumbra Morena: “dije que iba a ser breve y voy a ser breve”.
Y entonces hizo una defensa de los migrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos, les reconoció por haber enviado a México cerca de 65 mil millones de dólares en 2024, y arengó: “que se escuche bien y que se escuche fuerte, contribuyen más con la economía de Estados Unidos, pues lo que envían a México es tan solo el 20 por ciento de lo que dejan allá en consumo, ahorro y en impuestos”.
Sheinbaum entró de lleno al tema en la página 13 del discurso, con frases hechas a la medida de la circunstancia política: “las y los trabajadores mexicanos trabajan como ninguno en los Estados Unidos”.
La estrategia era clara: cuando falta una semana para la toma de protesta del republicano Donald Trump como presidente, Sheinbaum decidió dedicarle el mitin de los cien días.
Reconoció que entre los dos países ha habido momentos dolorosos, pero sacó de los libros de historia momentos luminosos, como la relación entre Benito Juárez y Abraham Lincoln, en el siglo XIX, y de Lázaro Cárdenas con Franklin D. Roosevelt, en el siglo XX.
Luego forzó la retórica y comparó aquellos momentos históricos con la “buena relación de respeto y colaboración” entre Andrés Manuel López Obrador y Trump, entre 2018 y 2020.
Cn el T-MEC (firmado en aquellos años) como divisa, Sheinbaum aseguró que la relación seguirá siendo buena, de respeto y con diálogo.
“Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, dijo, y estalló el grito de “México-México-México”, mezclado con el de “presidenta, presidenta-presidenta”.
Más de 350 mil personas colmaban el Zócalo, según el gobierno capitalino.
Entre los contingentes había oaxaqueños, chiapanecos, guerrerenses, michoacanos y mexiquenses. Maestros detrás de grandes mantas de la SNTE, electricistas del SME, campesinos de diversas organizaciones y gremios abanderados por la CATEM de Pedro Haces, aspirante morenista a ser la reencarnación de Fidel Velázquez.
La plaza, sin AMLO, no era la misma, aunque el sentimiento antiTrump hizo lo suyo para animar a los asistentes con arrebatos nacionalistas.
En la despedida del evento, al tradicional “viva México”, Sheinbaum sumó un improvisado: “que vivan nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos”.
El mitin concluyó, primero con el Himno Nacional y la despedida formal a los símbolos patrios.
Cuando la presidenta se despedía, y los asistentes vaciaban el Zócalo, en el sonido se escuchó a todo volumen el “himno migrante”, pieza musical del colectivo Legado de Grandeza, que fue presentada en diciembre en una conferencia mañanera, y ahora será el canto de batalla anti-Trump entre los fieles de la 4-T.
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Un Zócalo dedicado a Donald Trump

El año comienza con la mirada puesta en Estados Unidos, donde Donald Trump se convertirá nuevamente en presidente, pero ahora con mayor respaldo legislativo y nuevos planes en su agenda.
Pero no es el único mal augurio: la implementación de las reformas del llamado “plan C”, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el desarrollo de una elección judicial que pone al sistema electoral contra las cuerdas, la violencia que no cede, el despido de decenas de funcionarios públicos como producto del ajuste en el gobierno federal y las turbulencias en la economía anuncian un año complicado.
El calendario de lo previsto muestra de por sí una ruta compleja, a la que habrá que ir agregando los eventos que hoy nadie tiene aún en el radar, pues la única certeza que tenemos es que México siempre da sorpresas.
En estricto sentido, será el primer año completo del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien enfrentará nuevamente el dilema de mantenerse fiel a la herencia y hoja de ruta que le dejó Andrés Manuel López Obrador, o comenzar a marcar un rumbo propio a su gobierno.
<h2>ENERO</h2>
Nuevos partidos. Como siempre ocurre en el año posterior a la elección presidencial, en enero se abrirá el proceso para la creación de nuevos partidos políticos. Del 8 al 31 de enero, las organizaciones interesadas deberán realizar la notificación de intención ante el Instituto Nacional Electoral, que -durante todo un año- deberá dar seguimiento a las asambleas y registro de simpatizantes de cada una de las organizaciones, para que -en febrero de 2026- informe quiénes cumplieron los requisitos constitucionales para acceder al registro como partido político nacional. Destaca, entre los interesados, el Frente Cívico Nacional y los organizadores de la Marea Rosa, quienes han anunciado que intentarán crear una nueva alternativa política, alejada de Morena, pero también del PRI y PAN.
Sheinbaum, cien días. La presidenta Claudia Sheinbaum cumple sus primeros cien días de gobierno el 8 de enero, y para conmemorarlo encabezará un acto político el domingo 12 en el Zócalo, donde rendirá un primer informe, al estilo de Andrés Manuel López Obrador.
La amenaza Trump. El 20 de enero, en Washington DC, Donald Trump rendirá protesta del cargo e iniciará su segundo mandato, con una agenda claramente tóxica en lo que respecta a México: la deportación de un millón de inmigrantes cada año y la amenaza de incrementar los aranceles si México no detiene la producción y tráfico de fentanilo. Lidiar con Trump se convertirá en el principal desafío para Claudia Sheinbaum.
<h2>FEBRERO</h2>
El Congreso reanuda labores. El primer día de este mes inicia el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura, que se ha caracterizado hasta el momento por procesar reformas en tiempo récord, por no decir al vapor. A partir de febrero, la Cámara de Diputados y el Senado deberán retomar los trabajos para aprobar algunos pendientes, como la Ley del Infonavit, que quedó trunca en medio de la polémica por la intención de modificar la integración de su consejo de administración; así como algunas reformas aún pendientes del llamado “plan C” que el expresidente López Obrador diseñó y dejó como hoja de ruta a su sucesora. Además, los diputados y senadores deben aprobar un sinfín de leyes secundarias relacionadas con las 11 reformas constitucionales que aprobaron entre septiembre y diciembre.
Día de la (nueva) Constitución. El 5 de este mes, en el Teatro de la República, en Querétaro, la presidenta Sheinbaum encabezará su primera ceremonia por el aniversario de la Constitución. Lo hará con la tarea hecha, pues los partidos que la postularon habrán reformado, para entonces, una tercera parte de los 136 artículos de la Carta Magna.
Candidaturas al Poder Judicial. En este mes, los tres comités que analizan la idoneidad de las candidaturas a cargos del Poder Judicial deberán elaborar sus listas con los mejores prospectos y llevar a cabo la insaculación para determinar las candidaturas que, en definitiva, aparecerán en las boletas de la elección del 1º de junio. Cada uno de los tres Poderes deberá entregar sus listas al INE a más tardar el 12 de febrero.
<h2>MARZO</h2>
Adiós al INAI. En este mes se concretará la extinción del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y deberán estar listas las leyes secundarias para que la Secretaría Anticorrupción asuma las tareas necesarias para garantizar el derecho a la información. La extinción del Inai abre la duda por el futuro de la Plataforma Nacional de Transparencia, utilizada por millones de ciudadanos para consultar la información pública y hacer solicitudes a las dependencias.
El primer 8M de Sheinbaum. La primera mujer presidenta vivirá su primer día internacional de la mujer, con manifestaciones en las principales plazas públicas del país y el reclamo vigente para poner fin a la violencia en contra de las mujeres. Sheinbaum llegará a esta cita con la nueva Secretaría de las Mujeres ya en plena operación, y varios programas sociales destinados a las mujeres.
Tenochtitlán, 700 años. El 13 de marzo se conmemoran 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, y tanto el gobierno federal como el de la Ciudad de México han anunciado eventos culturales y políticos. El gobierno de Sheinbaum ha retomado la idea de AMLO de pedir a España una disculpa por los agravios de la conquista.
Comienzan las campañas de la elección judicial. El 31 de este mes comienza el periodo de campaña para las candidatas y candidatos a los 881 cargos del Poder Judicial Federal que se renovarán en este año. En total, habrá más de cinco mil candidaturas en campaña.
<h2>ABRIL</h2>
Durango y Veracruz en campaña. Además del proceso electoral extraordinario para el Poder Judicial, habrá elecciones municipales en Durango (39 ayuntamientos) y Veracruz (212 ayuntamientos). Las elecciones municipales han sido el principal escenario de la violencia política y el asesinato de aspirantes, precandidatos y candidatos, por lo que estos comicios ponen en alerta a las autoridades y partidos.
<h2>MAYO</h2>
Debates. De acuerdo con las leyes aprobadas, el INE deberá organizar una serie de debates entre los candidatos a ministros, magistrados y jueces, como parte de la difusión del proceso electoral y la promoción del voto informado.
<h2>JUNIO</h2>
A las urnas. La jornada electoral ocurrirá el primer día del mes, y en ella se prevé la instalación de alrededor de 80 mil centros de votación, para atender a poco más de cien millones de ciudadanos que conformarán la Lista Nominal de Electores. Ese día se votará para elegir los siguientes cargos:
<ul>
<li>9 ministros de la Suprema Corte</li>
<li>5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial</li>
<li>2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral</li>
<li>15 magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral</li>
<li>464 magistraturas de Tribunal de Circuito</li>
<li>386 jueces de Distrito</li>
<li>También habrá elecciones de cargos judiciales locales en alrededor de 20 estados que, hasta el momento, han reformados sus constituciones locales y convocado a sus procesos electivos.</li>
</ul>
Los resultados definitivos de la elección judicial, según el INE, podrían darse a conocer hasta el 12 de junio.
En Veracruz y Durango deberán instalarse casillas aparte de los centros de votación de la elección judicial, para elegir a sus autoridades municipales. En esos dos estados se votará por:
<ul>
<li>Durango: 39 presidencias, 39 sindicaturas y 326 regidurías</li>
<li>Veracruz: 212 presidencias, 212 sindicaturas y 630 regidurías</li>
</ul>
Conferencia del Océano
Del 9 al 13 de junio se llevará a cabo la Tercera Conferencia sobre los Océanos de la Organización de las Naciones Unidas, en Niza, Francia. Siendo uno de los países con más litorales, México debería jugar un papel importante en la cumbre.
<h2>JULIO</h2>
Aniversario del 1º de julio. Se cumplen siete años de la victoria electoral de Morena y Andrés Manuel López Obrado en las elecciones de 2018. Sin embargo, la gran duda es si Morena -ahora dirigido por Luisa María Alcalde- seguirá celebrando el triunfo de AMLO, el 1º de julio o el Claudia Sheinbaum, el 2 de junio.
Un año de violencia en Sinaloa. El 25 de julio se cumple un año de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que fuera entregado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Un mes después de la caída del capo comenzó una guerra en Sinaloa entre “los mayitos” y “los chapitos”, que ha provocado decenas de homicidios, desapariciones y graves impactos a la vida social y económica de la entidad.
<h2>AGOSTO</h2>
Impugnaciones y validez de las elecciones. Si pese a todo el INE logra sacar adelante la elección de jueces, en agosto tocará el turno al Tribunal Electoral, que deberá resolver las impugnaciones al proceso, hacer el cómputo final de la elección y aprobar la declaración de validez del proceso electoral, con lo que quedarían firmes los nuevos cargos de las personas electas.
<h2>SEPTIEMBRE</h2>
Nuevos jueces. En el primer día de septiembre entrarán en funciones las ministras, ministros, magistradas, magistrados y personas juzgadoras electas en la elección judicial.
Informe. Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum entregará su primer informe de gobierno al Congreso de la Unión.
Nuevo periodo ordinario. Además, en esta especie de “súper lunes” comenzará el segundo año de la LXI Legislatura, con una sesión de Congreso General a la que confluyen senadores y diputados.
<h2>OCTUBRE</h2>
Balance obligado. La presidenta Claudia Sheinbaum cumple su primer año de gobierno.
<h2>NOVIEMBRE</h2>
COP-30. La reunión anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP-30) se llevará a cabo este mes en la ciudad de Belém, Brasil.
Presupuesto. El 15 de noviembre es la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026.
Elecciones en Chile. El domingo 16 habrá elecciones presidenciales en Chile, donde uno de los aliados de la izquierda latinoamericana, Gabriel Boric, enfrenta un panorama difícil por la caída en su popularidad. En caso de que no haya un ganador este día, la segunda vuelta está programada para el 14 de diciembre.
<h2>DICIEMBRE</h2>
Fin de periodo ordinario en el Congreso. El 15 de diciembre concluirá el primer periodo ordinario del segundo año de la Legislatura, en el que -según han anunciado los líderes morenistas- se buscará aprobar una reforma político-electoral. De concretarse, para esta fecha la mayoría de Morena y aliados habrían concretado una de las reformas más perseguidas por López Obrador y que se ha frenado por diversas circunstancias. La reforma propuesta por el expresidente -que contemplaba transformar el INE en INEC y desaparecer la representación proporcional, entre otras cosas- ya fue desechada, por lo que una reforma electoral debería surgir de una nueva iniciativa, de Morena o de la presidenta Sheinbaum.
Tren Maya y trenes de Sheinbaum. El Tren Maya cumplirá un año en operaciones y, para este mes, también deberá estar operando el tren de carga sobre la misma ruta que el de pasajeros. Además, la nueva administración contempla arrancar las obras de otros proyectos en 2025: tren AIFA-Pachuca, tren México-Querétaro, tren Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. Sheinbaum anunció que se busca construir más de 3 mil kilómetros de vías férreas durante su sexenio.
* * *
Lo dicho: el 2025 será un año complejo, con presiones de Estados Unidos y Canadá, con una elección inédita de jueces que marcará todo el primer semestre, y en el que viviremos las consecuencias de las reformas del llamado “plan C”. Feliz año y abróchense los cinturones.
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El calendario político de 2025

Nuevamente, Morena y el gobierno han puesto a la oposición contra las cuerdas; esta vez con la elección del Poder Judicial, que obliga a los partidos y a los críticos de la 4T a definirse: o se involucran y vigilan el proceso, o le hacen el vacío total y dejan libre al oficialismo de actuar a sus anchas.
No es un dilema menor, y remite a un pasado en el que tanto la derecha como la izquierda tuvieron largos debates internos sobre participar o no en las elecciones. En varios momentos del siglo XX, una fracción del PAN sostuvo que no debían postular candidatos a la Presidencia, para no convalidar los fraudes del PRI. En los años 70, después de la reforma de Reyes Heroles, la izquierda se dividió entre quienes vieron en la participación electoral la vía para cambiar gradualmente el sistema y quienes consideraban que los comicios eran una trampa, una vía burguesa que terminaría por cooptarlos.
En condiciones diametralmente distintas, la oposición (formal y legal, y también la que opina y se activa en contra de la reforma judicial) se encuentra frente a la misma disyuntiva. “Abstenerse como acto de protesta, o participar como acto de resistencia”, ha dicho el panista Roberto Gil Zuarth, uno de los pocos militantes de la oposición que decidió participar como candidato en las elecciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La opción de participar es vista con reservas por la mayoría de los dirigentes y legisladores de los partidos políticos, así como los intelectuales, académicos y opinadores críticos del lopezobradorismo y de la reforma judicial.
Tampoco fue vista como alternativa por las y los trabajadores del Poder Judicial. Aunque el Senado decidió mantener el dato en la opacidad, se sabe que muy pocos de los actuales jueces, magistrados y ministros decidieron inscribirse en el proceso, a pesar de que tenían pase automático a la boleta electoral.
<h2>Excluir a los partidos fue una decisión deliberada</h2>
Si se lee la reforma que aprobó la mayoría legislativa de Morena, PVEM y PT, salta a la vista un detalle: el legislador decidió excluir del proceso a los partidos políticos, bajo un argumento que más bien parece pretexto: como no serán la plataforma para promover las candidaturas, tampoco podrán participar en ninguno de los pasos y procedimientos de la elección.
Esta decisión del Legislativo es grave, y extraña que algunas consejeras y consejeros electorales no se hayan inmutado ante ello, empezando por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien ahora parece hasta divertida cuando celebra que el Consejo General tenga sesiones “en paralelo” a las ordinarias; es decir, todas aquellas en las que se tratan asuntos de la elección judicial transcurren sin la presencia de los representantes de los partidos que, según la Constitución, forman parte del Consejo.
Pero excluir a los partidos políticos no sólo los saca de las sesiones del Consejo General, sino también de los Consejos Estatales y Distritales, lo que se traduce en que no podrán llevar a cabo ninguna vigilancia de procesos como la fiscalización, el cumplimiento de normas de paridad de género e inclusión y, lo que es peor, no estarán representados en las casillas.
Ya el viernes se planteó un problema en una sesión del Consejo General del INE, cuando se iba a votar un acuerdo sobre el uso del Padrón Electoral en la elección judicial, pues la ley prevé la existencia de una Comisión de Vigilancia -de la que forman parte los representantes de los partidos- para dar certeza sobre los listados de votantes.
Siendo la Lista Nominal de Electores una de las principales garantías de certeza electoral, suena insólito que ahora se pretenda excluir a los partidos de su vigilancia.
Las consecuencias de excluir a los partidos políticos de la elección del Poder Judicial pueden ser tan graves, que parece una decisión deliberada del oficialismo, para tener un mayor control de estos comicios.
Los dirigentes y autoridades emanadas de Morena saben perfectamente que, cuando eran oposición, su presencia en las casillas y en los órganos de dirección del INE fue clave para ir avanzando en la mejora del sistema electoral.
Desde la creación del IFE, en 1990, la vigilancia mutua entre los contendientes se convirtió en la mejor arma en contra del fraude electoral y por ello, de cara a la elección del 1º de junio de 2025, vale la pena preguntarse: ¿quién va a vigilar que nadie se meta en los comicios, que no haya acarreo de votantes, presiones y cooptación, o que se alteren boletas, actas y paquetes electorales?
El INE dirá que ése es el papel de las ciudadanas y ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla, pero a todas luces eso no es suficiente para garantizar que nadie se meta, que nadie amedrente o presione a los votantes, o que el aparato oficial no se mueva para darle ventaja a las candidaturas cercanas al régimen.
<h2>“Hacer el vacío” parece la peor opción</h2>
En este contexto, “hacerle el vacío” al proceso electoral de 2025 parece la peor opción para los partidos de oposición, para los críticos de la reforma del Poder Judicial e incluso para aquellas asociaciones de juzgadores que se han movilizado desde hace meses en contra del proceso.
La elección va a ocurrir, y en eso ni el gobierno ni las mayorías legislativas ni Morena y sus aliados darán un solo paso atrás.
Con o sin tiempo, con o sin presupuesto, con o sin garantías de respeto al voto libre y secreto, con o sin un INE dispuesto a jugar un papel real de organizador y árbitro, el 1º de junio de 2025 habrá jornada electoral y los votos emitidos (muchos o pocos) llevarán a 881 personas a los cargos más importantes del Poder Judicial a nivel federal, y otros cientos a nivel local.
Abstenerse, en este caso, no parece un acto eficaz de protesta, pues al régimen no le importará que sus opositores “le hagan el vacío”, y la reforma tampoco establece mínimos de participación para validar las elecciones.
No involucrarse, no vigilar o, como ya plantean algunos, llamar a no votar, puede ser un nuevo error en la ya larga cadena de pifias cometidas por la oposición frente a la 4T.
No participar de alguna manera implica dejar al oficialismo actuar a sus anchas y permitirle hacerse de todas las posiciones que se elegirán, con personajes afines. En una palabra, es rendir la plaza sin dar una mínima batalla.
Lo dicho: nuevamente, la oposición está contra las cuerdas.
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Participar o rendirse por anticipado: el dilema de la oposición frente a la elección judicial

“Sin pegar saltos de berrinche”, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, ha aceptado su destino: organizar la primera elección del Poder Judicial, en nuestra historia, sin tiempo y sin los recursos necesarios para llevarla a buen puerto.
Resignada tras el recorte presupuestal aplicado por sus amigos legisladores de la &#8220;4T&#8221;, la sonorense dijo el jueves pasado que la elección va a hacerse a pesar de todo, abaratando lo más posible todos los procedimientos técnicos necesarios para un proceso electoral.
<h2>Centros de votación: la salida</h2>
La alternativa planteada por Taddei para darle la vuelta al recorte es la que se ha venido mencionando entre sus funcionarios, en los pasillos de la sede del INE en Tlalpan: no instalar las 172 mil casillas que se había planeado (2 mil más que en 2024 por el crecimiento previsto del padrón electoral), sino centros de votación, en una cantidad que rondaría los 80 mil.
Esto permitiría, a su vez, reducir el número de Supervisores y Capacitadores Electorales, que es el personal que se contrata durante seis a ocho meses para capacitar a los ciudadanos-funcionarios de casilla y asistirlos el día de la jornada electoral. Al ser menos casillas, en lugar de requerir 50 mil de los llamados “CAES”, podrían contratarse a 25 mil.
Esto reduciría dos de las grandes partidas que había calculado el INE para la elección judicial: la de capacitación, por un monto de 6 mil 822 millones de pesos, y la de instalación de casillas por un monto de mil 400 millones de pesos.
Sin embargo, esto no resuelve el problema por completo.
La austeridad obligada por el recorte presupuestal orilla al INE a reinventar muchos de sus procesos operativos, reducir gasto en diseño e impresión de materiales electorales; disminuir las acciones de difusión, promoción y comunicación del proceso; gastar menos en la organización de los debates previstos en la nueva Ley Electoral; minimizar las acciones de fiscalización de las campañas de los candidatos y candidatas al Poder Judicial, y no seguir avanzando en la maximización del derecho al voto.
Todo lo contrario: al haber menos casillas o centros de votación, la posibilidad de ejercer el derecho al voto libre e informado se constriñe. De entrada, la gente tendrá que trasladarse más que las elecciones federales de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo para encontrar la urna.
<h2>Menos casillas, experiencias pasadas</h2>
En el reciente pasado, hemos vivido dos procesos electorales con menos casillas y, en ambos casos, la participación ciudadana fue mínima.
Se trató de dos procesos de democracia participativa, y no de una elección formal de uno de los tres Poderes de la Unión, pero la génesis de los procesos fue muy parecida: se trató de comicios que se le ocurrieron al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y que la mayoría legislativa de Morena puso en la Constitución: la Consulta Popular de 2021 y la Revocación de Mandato de 2022.
En los dos procesos hubo una participación mínima, muy lejana a los porcentajes (30 puntos) establecidos en la Constitución para hacerlos vinculantes.
En ambos casos, como ocurre ahora, el INE solicitó partidas presupuestales para llevarlos a cabo con la misma calidad técnica de una elección federal, y en ambos casos Morena negó los recursos.
En agosto de 2021, para la Consulta Popular de “juicio a expresidentes”, que en realidad se basó en una pregunta ininteligible redactada por el entonces ministro Arturo Zaldívar, el INE instaló 57 mil 77 Mesas Receptoras del voto, en lugar de las 160 mil casillas que se instalaron en la elección federal intermedia del 6 de junio del mismo año.
En ese ejercicio el INE venía con toda la inercia de las elecciones federales, se emplearon los mismos CAES y los mismos funcionarios de casilla y materiales electorales, pero con todo y todo calculó un costo de mil 400 millones de pesos para llevarla a cabo con el mismo número de casillas de los comicios.
Finalmente, con el recorte del Congreso, el INE sólo pudo destinarle una partida de 528 millones de pesos, y por eso instaló 57 mil mesas receptoras.
Al final, sólo votaron 6.6 millones de personas, es decir el 7 % de las 93.6 millones registradas en el padrón electoral.
Lo mismo ocurrió con el proceso de Revocación de Mandato, promovido por el propio presidente y Morena, no como un ejercicio de revocación, sino de ratificación de mandato, pues en realidad nadie quería que López Obrador dejara el poder, lo que desvirtuaba por completo el espíritu de este mecanismo de democracia participativa.
Para llevar a cabo el ejercicio, el INE solicitó 3 mil 830 millones de pesos como parte de su solicitud presupuestal para el ejercicio 2022, que le fueron negados por la Cámara de Diputados.
Tras el recorte y la negativa explícita de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda (por eso suena ingenuo que Guadalupe Taddei hable ahora de que solicitará una “ampliación presupuestal” a Hacienda), el INE tuvo que reducir el costo del ejercicio y destinarle ahorros institucionales, para llegar a un gasto neto de mil 567 millones de pesos.
En abril de 2022 se instalaron 57 mil 448 casillas para el proceso de revocación de mandato, y participaron 16.5 millones de votantes, equivalentes al 17.7 % del padrón.
Fue un fracaso celebrado por López Obrador y su partido como una victoria, pues 15 millones 159 mil votaron porque AMLO siguiera en la Presidencia, y sólo un millón 63 mil votaron en contra.
Aquellos dos ejercicios tuvieron un costo, en conjunto, de 2 mil millones de pesos; fueron legalmente irrelevantes, pero sirvieron como “ensayos de democracia participativa”.
El problema es que en 2025 no se trata de eso; en junio del próximo año se estará votando por la renovación de uno de los Poderes de la Unión. Los efectos legales de los comicios serán trascendentes y los efectos históricos y políticos de esta primera elección de personas juzgadoras serán importantísimos.
En este caso sí importa que el INE tenga que apretarse el cinturón, “abaratar el proceso” y, con ello, minimizar el derecho ciudadano al sufragio.
<h2>Una elección muy distinta</h2>
La del 2025 no será, ni de lejos, una elección como la de 2024, en la que el INE llegó al punto máximo de eficiencia en sus 34 años de vida: la instalación de un inédito 99.85 % de las casillas programadas, lo que quiere decir que sólo no fue posible instalar 23 casillas de las 170 mil 182 programadas para la jornada electoral.
Los Conteos Rápidos, el Programa de Resultados Electorales Preliminares y los Cómputos Distritales funcionaron con la precisión de una maquinaria de relojería; el voto de mexicanas y mexicanos desde el extranjero rompió récord histórico al captar más el sufragio de más de 184 mil paisanos; se maximizó el derecho al voto de personas con discapacidad, personas en postración, personas en prisión y ciudadanos en tránsito. Se aplicaron medidas de inclusión en las candidaturas para mejorar la representación de personas y comunidades indígenas, afromexicanas, migrantes, con discapacidad y pertenecientes a la diversidad sexual. La paridad entre los géneros se hizo realidad en el Congreso federal, congresos estatales, gubernaturas y cargos municipales.
Fue una elección casi perfecta, que involucró a más de un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos como funcionarios de casilla para elegir 629 cargos federales: la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados.
Para ello, el INE contó con un presupuesto de 22 mil 322 millones de pesos, luego del recorte que ese año también hizo la Cámara de Diputado a su solicitud, y sin contar más de 10 mil 444 millones de pesos que se otorgó a los partidos políticos para su gasto anual ordinario y sus gastos de campaña.
El INE dividió sus 22 mil 322 millones de pesos en dos grandes rubros: casi 8 mil 800 millones de pesos en organizar la elección federal, y 13 mil 500 millones en su presupuesto base, que incluye operación, nómina y otros proyectos.
Como fue una elección concurrente con las elecciones locales de las 32 entidades, ese día también se eligieron 9 gubernaturas, mil 98 diputaciones locales, mil 802 presidencias municipales y 17 mil 170 puestos municipales, para un total de 20 mil 79 cargos públicos locales.
La elección local tuvo un costo de 12 mil 170 millones de pesos a nivel local, si se suman los presupuestos destinados por los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a su organización.
Además, los OPLE le dieron 8 mil 836 millones de pesos a los partidos políticos con registro local.
Es decir, se trató de un mega proceso electoral que tuvo un costo total de 40 mil 250 millones de pesos.
<h2>Cuánto dinero quería el INE</h2>
Para 2025, el INE solicitó en total 40 mil 476 millones de pesos, que incluía: 15 mil 295 millones de pesos para su gasto operativo del año (presupuesto base y cartera institucional de proyectos); 7 mil 354 millones de pesos para financiar las prerrogativas anuales de los partidos políticos; 13 mil 205 millones de pesos para la organización de la elección del Poder Judicial y 4 mil 620 millones de pesos, de manera precautoria, para una posible Consulta Popular que no ocurrirá.
La mayoría de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados decidió otorgar 27 mil millones de pesos al INE; es decir, un recorte de 13 mil 476 millones de pesos.
De los 27 mil millones de pesos, se entregarán íntegros 7 mil 354 millones a los partidos políticos por mandato constitucional, lo que deja al INE con 19 mil 646 millones de pesos para 2024, que deberá destinar a dos cosas: su presupuesto base operativo anual y la elección del Poder Judicial.
El INE había pedido 15 mil 295 millones de pesos para presupuesto base y un rubro que denomina “cartera institucional de proyectos”, que obviamente deberá reducirse al máximo, pues de mantener esa partida como la había proyectado sólo le restarían 4 mil 351 millones de pesos para la elección judicial, una tercera parte de lo que sus áreas técnicas calcularon que costaría el proceso.
De buena o mala fe, algunas diputadas federales de Morena dijeron la semana pasada que el INE podría dividir sus 19 mil 646 millones de pesos efectivos en: 11 mil millones para su gasto anual y 8 mil 600 para la elección judicial; lo que finalmente no suena tan descabellado.
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‘Abaratar’ la elección judicial sí importa

Animal Politico

El pretexto era el cierre de la primera gira nacional de la nueva dirigencia de Morena; el lugar, la emblemática Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y el personaje que acaparó los reflectores fue uno: Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido.
No es común que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador tome la palabra en una plaza pública; no lo hizo en la mayoría de las reuniones estatales organizadas por la dirigencia de Morena en las últimas diez semanas, como parte de la primera gira de la nueva presidenta del partido, Luisa María Alcalde.
Pero en esta ocasión, ‘Andy’ (como se le conoce en Morena) <a href="https://www.animalpolitico.com/politica/andres-lopez-beltran-morena-cierre-gira-nacional" target="_blank" rel="noopener">decidió tomar el micrófono para hablarle a la militancia durante ocho minutos</a>.
“Yo y mi familia seremos tabasqueños de nacimiento, pero nos consideramos chilangos por adopción y por convicción”, dijo López Beltrán, “esta ciudad nos dio todo y le debemos absolutamente todo; por eso le dedicaré mi vida y siempre lucharé por su bienestar, pero, sobre todo, por los más pobres, porque, como siempre nos enseñaron: amor con amor se paga”.
Palabras que fueron aplaudidas por los presentes en la asamblea sabatina, y que alientan el futurismo político:
¿Puede Andrés Manuel López Beltrán, ‘Andy’ ser el candidato de Morena en 2030, ya sea para la Ciudad de México, o para la Presidencia de la República?
<h2>La ventaja de llamarse Andrés Manuel </h2>
A sus 38 años, y con apenas dos meses de trabajo partidista público y formal (su nombramiento como secretario de Organización de Morena comenzó el 1º de octubre pasado), Andrés Manuel López Beltrán corre con una ventaja obvia: ser hijo y llamarse igual que el líder fundador del partido-movimiento lo convierte en el personaje más aplaudido, más abrazado y más buscado para las “selfies”.
El sábado, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, mientras la militancia soportaba el mitin bajo un sol radiante, el solo anuncio de su llegada agitó el avispero. Cuando atravesaba la plaza para llegar al templete, en las pantallas y bocinas se trasmitía un discurso de su padre, que aún es ovacionado con fervor por los morenistas cada que se le menciona. A su alrededor, la gente se agolpaba para verlo de cerca, saludarlo, tocarlo, retratarlo.
Con esa aura heredada, López Beltrán acaparó el reflector, opacando a otras figuras del partido que tomaron la palabra: la propia Luisa Alcalde, presidenta nacional; Carolina Rangel, secretaria general; Héctor Díaz-Polanco, nuevo dirigente de Morena en la Ciudad, y el caricaturista Rafael Barajas El Fisgón, director del Instituto de Formación Política de Morena.
<h2>La tarea de ‘Andy’</h2>
Reservado, sin redes sociales y absolutamente desconfiado de los medios de comunicación, al secretario de Organización de Morena le caracteriza el trabajo tras bambalinas. No suele ser quien dé la cara o se convierta en vocero del partido, pero sí se le atribuyen dotes como operador político.
Junto con su hermano José Ramón, ‘Andy’ fue uno de los responsables del seguimiento a la jornada electoral de 2018, en la que su padre ganó la Presidencia. Ambos hijos del expresidente son reconocidos en Morena por su participación en campañas electorales exitosas, principalmente en la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum, 2018) y Estado de México (Delfina Gómez, 2023).
A José Ramón, la investigación periodística conocida como <a href="https://contralacorrupcion.mx/asi-vive-en-houston-el-hijo-mayor-de-amlo/" target="_blank" rel="noopener">“La casa gris”</a> lo alejó de la palestra y, por el momento, inhibió cualquier intento por ocupar cargos públicos en el gobierno o el partido.
Andrés Manuel, en cambio, decidió entrar de lleno a la política en septiembre pasado, durante el último mes del gobierno de su padre y en el marco de la renovación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.
Esto, pese a que lo rondan señalamientos por presuntos beneficios ilegales obtenidos por la finca El Rocío, <a href="https://www.chocolaterocio.com/" target="_blank" rel="noopener">la empresa familiar con la que los hijos de AMLO incursionaron en el negocio del chocolate</a>.
<h2>No hay 2030 sin 2027</h2>
Ahora, ‘Andy’ tiene frente a sí una labor titánica que probablemente lo aleje de su vida empresarial, pues como secretario de Organización tiene la responsabilidad de cumplir dos de los objetivos trazados por Luisa María Alcalde.
<ol>
<li>Consolidar la estructura del partido, con miles de comités seccionales distribuidos por todo el país.</li>
<li>Hacer crecer la membresía partidista a los diez millones de militantes; lo que implica multiplicar por cuatro la militancia actual, que según los datos más recientes del INE ascendía a 2 millones 322 mil afiliados en 2023.</li>
</ol>
<a href="https://animalpolitico.com/politica/morena-andres-lopez-beltran-padron-ine" target="_blank" rel="noopener">La última reforma a los documentos básicos del partido Morena,</a> aprobada por el INE hace un par de semanas, convierte a la Secretaría de Organización en “la instancia responsable de las tareas de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero”.
La secretaría de ‘Andy’ coordina las estructuras de las 32 entidades, las asambleas en más de dos mil municipios y los llamados “comités de defensa de la transformación”.
Será una voz influyente en la definición de la estrategia electoral y el perfil de las candidaturas para próximas elecciones. Es un gran poder, pero también una enorme responsabilidad.
Todo ello pone a López Beltrán en ruta hacia 2027, parada obligada antes del anhelado 2030, cuando se elegirán nuevamente la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
En realidad, 2027 será la prueba de fuego para la nueva dirigencia de Morena, que tratará de refrendar su amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y ganar las 15 gubernaturas que estarán en juego.
Sólo si esa cita electoral es exitosa, ‘Andy’ y quienes lo respaldan o quienes sueñan con una especie de regreso del padre a través del hijo, podrán aspirar a algo en 2030.
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‘Andy’ 2030 o la ventaja de llamarse Andrés Manuel

Hoy hace seis años, Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República, y dio por iniciada la llamada “cuarta transformación”, una construcción simbólica y propagandística que ha implicado un cambio radical en las instituciones y las reglas de nuestra democracia.
Ha sido larga la discusión sobre si la “cuarta trasformación” es, o no, un cambio de régimen, pues éste no tuvo como sustento -o evidencia- la redacción de una nueva Constitución.
El propio López Obrador explicó varias veces, durante su sexenio, que prefirió no lanzar de arranque la idea de una nueva Constitución, pues eso hubiera metido al país en una gran tensión, hubiera implicado una clara provocación a sus adversarios y hubiera implicado perder los primeros años del sexenio en ello.
Seis años después, sin embargo, el expresidente, su partido-movimiento y su sucesora Claudia Sheinbaum están cerca de completar la tarea de redactar prácticamente una nueva Carta Magna, la que López Obrador propuso el 5 de febrero de 2024, cuando envió a la Cámara de Diputados las 20 reformas del llamado “plan C”, 18 constitucionales y dos legales.
<h2>Recordemos qué es el &#8220;plan C&#8221;</h2>
Pareciera que hubieran pasado años de eso, pero no, ocurrió hace diez meses, al conmemorar el 107 aniversario de la Constitución de 1917, cuando López Obrador dijo que dejaría como legado una serie de iniciativas que buscaban revertir las “alteraciones” que, según él, hizo el neoliberalismo al sentido original de la Carta Magna.
“Ahora es justo y necesario, como nuestra aportación a la historia y a las nuevas generaciones, que le devolvamos toda su dignidad, su humanismo y su grandeza de transformación nacional”, anunció AMLO en el recinto parlamentario de Palacio Nacional, en un acto que -además- inauguraba las campañas proselitistas de 2024.
Era tan disruptiva la agenda propuesta, tan polémico su contenido, que nadie se hubiera atrevido a apostar, en aquel momento, a que algún día serían aprobadas las reformas, que algunos calificaban como regresivas y otros considerábamos <a href="https://animalpolitico.com/analisis/autores/explicador-politico/reformas-constitucionales-amlo-elecciones?rtbref=rtb_xmswumashftxxkcnijwg_1713990799940" target="_blank" rel="noopener">una maniobra de distracción masiva</a> con la que el presidente inauguraba la temporada electoral.
La propia Claudia Sheinbaum -en ese entonces precandidata presidencial- reaccionó con cautela en un primer momento, aunque a partir de abril -ya en campaña- abrazó el “plan C” y lo incorporó a sus propuestas de campaña.
El 2 de junio, contra todo pronóstico, y ante el estupor de opositores, académicos, analistas y opinadores críticos del lopezobradorismo, el “plan C” hizo ganar a Sheinbaum y le dio a Morena amplias mayorías en el Congreso de la Unión y los Congresos estatales.
Luego, Morena echó a andar la locomotora reformadora: por instrucciones de López Obrador, se apuró la aprobación de dictámenes en Comisiones de la Cámara de Diputados y se preparó el terreno para votarlos en septiembre, una vez instalada la nueva Legislatura.
Desde entonces, sin titubeos ni consideraciones por los efectos derivados de algunas reformas, la locomotora llamada “plan C” avanza sobre los rieles de las mayorías conformadas por Morena y sus aliados (PVEM y PT), y han hecho del primer periodo de la LXVI Legislatura el más productivo de la historia reciente.
<h2>En qué va el &#8220;plan C&#8221;</h2>
Hasta el momento, ya se han aprobado 11 de las 18 reformas constitucionales propuestas por AMLO en la Cámara de Diputados y el Senado de la República: 5 están promulgadas, 3 están pendientes de publicación por parte de la presidenta y 3 están completando el recorrido por los Congresos de los estados.
Las cinco ya promulgadas y vigentes son: la del Poder Judicial, la de la Guardia Nacional, la de derechos de los Pueblos Indígenas (estas tres las alcanzó a promulgar López Obrador antes de dejar la Presidencia); la del sistema ferroviario y la de empresas estratégicas de energía.
Las tres que Sheinbaum tiene desde hace semanas y que probablemente promulgará en esta semana son: la de protección animal, la que amplía los programas del Bienestar y una en materia de vivienda.
Las dos que acaban de aprobarse en las Cámaras y están siendo avaladas por las legislaturas de los estados son: la que desaparece siete organismos autónomos y la que amplía el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa.
Además, hay una que establece que el aumento al salario mínimo nunca estará por debajo de la inflación y que el sueldo de maestros, integrantes de las Fuerzas Armadas y médicos no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS.
Esta última ya pasó por Diputados y Senado, fue turnada desde el 9 de octubre a los Congresos estatales, y llama la atención que Morena no ha pisado el acelerador para concluir su proceso legislativo, como sí lo ha hecho en otras reformas.
También en esta semana, se prevé que la Cámara de Diputados suba al pleno dos reformas que ya tienen dictamen: la que <a href="http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=&amp;Clave=4696940" target="_blank" rel="noopener">prohíbe la producción, distribución y enajenación de vapeadores y cigarrillos electrónicos</a>, y la que <a href="http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=&amp;Clave=4696952" target="_blank" rel="noopener">refuerza los mecanismos para aplicar la austeridad republicana</a> y evita que funcionarios de otros Poderes de la Unión ganen más que la presidenta.
Una tercera reforma que ya tiene dictamen es la que crea becas a jóvenes sin empleo.
<h2>Cuáles son las reformas del ‘plan C’ que no se han procesado</h2>
Hay cinco iniciativas de AMLO que siguen en Comisiones, a la espera de dictamen.
Tres constitucionales: la de derecho a la alimentación, ambiente sano y derecho al agua; la de atención médica integral, universal y gratuita, y una más en materia de pensiones.
Y dos legales, la reforma a la Ley del ISSSTE para avanzar en la reducción de adeudos, y una serie de reformas para eliminar y/o fusionar institutos y comisiones.
Sólo una de las 20 iniciativas del “plan C” ya fue desechada: la polémica reforma en materia político-electoral que buscaba suprimir al INE y convertirlo en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y que pretendía desaparecer la Representación Proporcional.
Esto quiere decir que, si hay una reforma política en este sexenio, ésta será propuesta por la presidenta Sheinbaum.
<h2>Las reformas de la presidenta</h2>
La “productividad” morenista incluye, también, dos reformas constitucionales propuestas por Claudia Sheinbaum: la de protección a las mujeres, que ya fue promulgada, y la que crea una súper Secretaría de Seguridad para Omar García Harfuch, que ya sólo debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.
Además, Sheinbaum ha propuesto tres reformas legales ya aprobadas y promulgadas: la de la Administración Pública Federal (que crea nuevas secretarías), la de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
A la lista se suma la llamada reforma de “supremacía constitucional”, propuesta por los coordinadores de Morena (el senador Adán Augusto López y el diputado Ricardo Monreal) y los presidentes de las Cámaras (Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna), los verdaderos artífices del “plan C” que decidieron hacer una reforma que blinde todas las reformas del “plan C” frente a controversias y acciones de inconstitucionalidad.
<h2>Una &#8220;nueva&#8221; Constitución</h2>
En esa narrativa llena de símbolos llamada “cuarta transformación”, quedará asentado que, el próximo 5 de febrero, Claudia Sheinbaum celebrará el 108 aniversario de la Carta Magna festejando la profunda reforma hecha en el primer periodo ordinario de la LXVI Legislatura.
Para ese entonces, se habrán aprobado y promulgado casi todas las reformas constitucionales del “plan C”, que implican tocar 51 de los 136 artículos de la Carta Magna vigente desde 1917.
Las reformas -que en los hechos convierten a México en otro país- se habrán procesado en tiempo récord, sin mayor discusión, sin atender a las oposiciones ni las advertencias de académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. En sus prisas, habrán obviado la transparencia, prácticas como el parlamento abierto y el rigor del proceso legislativo, generando una serie de antinomias entre las reglas pasadas y las nuevas.
Los cambios deberán plasmarse en cientos de normas secundarias -muchas de las cuales no existen ni siquiera en la mente de los legisladores-, e implicarán una construcción institucional muy distinta a la que nos rige actualmente.
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