Periodista y explicador de la política de las cosas y las cosas de la política.

Explicador político

Sin categoría

Como ocurre cada seis años después de una elección presidencial, en este 2025 se ha abierto la puerta para la constitución de nuevos partidos políticos en México. Se trata de un largo y complejo proceso de un año, del que deberían surgir opciones que enriquezcan las opciones de voto para la ciudadanía.
En un sistema político que transitó del partido hegemónico (el PRI gobernó desde 1929 hasta el 2000) al tripartidismo (PRI, PAN y PRD dominaron el sistema entre 1990 y 2018), el portal que se abre cada seis años ha arrojado como resultado principal la creación de partidos satélite que gravitan alrededor de las fuerzas mayoritarias.
En la etapa de la transición, el Partido Convergencia -hoy Movimiento Ciudadano (MC)-, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) lograron sobrevivir entre una pléyade de partiditos que añadían siglas a las boletas, cobraban jugosas prerrogativas, pero nunca fueron alternativas para la ciudadanía.
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), el Partido Alianza Social (PAS), el Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), el Partido del Centro Democrático (PCD); Democracia Social (DS), México Posible, Fuerza Ciudadana, Partido Socialdemócrata (PSD), Nueva Alianza (Panal), Partido Encuentro Social y su vertiente Partido Encuentro Solidario (PES), Partido Humanista (PH), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México (FxM) son las fuerzas políticas que, con más o menor éxito, vivieron y se extinguieron en los últimos 25 años.
En casi todos los casos, se trató de negocios familiares o de grupos políticos, sindicales y hasta eclesiásticos, que sólo sirvieron para enriquecer a sus dirigentes.
Después de la transición, la única fuerza política que logró insertarse con éxito en el sistema político mexicano fue el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el año 2014.
El partido fundado por Andrés Manuel López Obrador debutó en las elecciones federales de 2015, y su éxito fue tal, que de inmediato desplazó al PRD (con el que competía como la opción política de la izquierda mexicana) y en sólo tres años conquistó la Presidencia de la República.
Diez años después de haber obtenido el registro, en un proceso semejante al que se ha abierto en este enero, Morena es hoy la primera fuerza política nacional.
<h2>¿Es necesaria otra fuerza política en México?</h2>
La respuesta es sí, indudablemente. Cuando PRI y PAN se han vuelto irrelevantes políticamente, y MC sigue siendo en realidad dos partidos locales grandes (en Jalisco y Nuevo León), Morena se enfila hacia la construcción de un nuevo régimen de partido hegemónico.
Sus aliados, PVEM y PT, son dos grupos de oportunistas que sirven a Morena para disfrazar candidaturas, amplificar su votación y darle la vuelta a las reglas de sobrerrepresentación, hacer enjuagues políticos en el Congreso y poco más. Ni el Verde ni el PT, son partidos del que surjan ideas, políticas públicas, agendas relevantes o políticos presentables. Todo lo contrario, gracias a su alianza con el oficialismo hoy pueden servirse de más recursos del erario (su única finalidad).
Hoy más que nunca haría falta una alternativa política realmente nacional, inteligente, congruente con un ideario, capaz de conectar con millones de ciudadanos desencantados con Morena y también con el PRI y Acción Nacional.
Una alternativa que le diga algo a millones de jóvenes nacidos después de la alternancia del año 2000, y que cada vez pesan más en el padrón electoral.
<h2>¿Quiénes buscan conformar nuevos partidos son esa alternativa?</h2>
La respuesta es no, lamentablemente. De las 18 organizaciones que hasta el momento han manifestado su intención de crear un nuevo partido ante el Instituto Nacional Electoral, destacan sólo dos, pero no por buenas, sino por lo insólito de sus postulados.
Se trata de dos organizaciones de ultraderecha, afines al sometimiento de México frente a Estados Unidos, y apoyadores del próximo presidente norteamericano, Donald Trump.
Por un lado está el <a href="https://animalpolitico.com/politica/mexico-republicano-nuevo-partido-chihuahua-nazismo" target="_blank" rel="noopener">Partido México Republicano, dirigido por Juan Iván Peña Neder</a>, un controvertido personaje involucrado en polémicas cuando fue funcionario de la Secretaría de Gobernación, ligado a Elba Esther Gordillo, autodefinido como “ciudadano conservador” y promotor del “conservadurismo pronorteamericano”, cercano a movimientos neonazis y defensor de una agenda antiderechos.
El otro es <a href="https://animalpolitico.com/politica/quien-es-eduardo-verastegui-trump-presidente" target="_blank" rel="noopener">Movimiento Viva México, dirigido por Eduardo Verástegui</a>, un actor metido en política que intentó ser candidato independiente a la Presidencia en 2024 y que también defiende una agenda contraria al aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.
Entre los 18 inscritos hasta el pasado 17 de enero en el INE, figura también la agrupación Alternativa Popular, dirigida por el expriista chiapaneco César Augusto Santiago, quien no quita el dedo del renglón, a pesar de haber intentado infructuosamente candidaturas independientes y nuevos partidos en los últimos 15 años.
<h2>¿Quiénes más se apuntarán?</h2>
A partir de hoy quedarán 11 días para que las agrupaciones acudan al INE a inscribir su aviso de intención, y en ese periodo podrían aparecer “nuevos” viejos conocidos.
Uno de los que podrían reaparecer es el Partido Encuentro Social y/o Solidario, de Hugo Eric Flores, que ya obtuvo el registro en 2014, lo perdió en 2018, lo volvió a obtener en 2020 y lo perdió en 2021. Ligado a los evangélicos, el PES tiene actualmente registro local en una veintena de estados.
El extinto Fuerza por México, del líder sindical Pedro Haces, también podría regresar con nuevas siglas, aunque su dirigente real es actualmente diputado federal por Morena y mano derecha del coordinador Ricardo Monreal, en San Lázaro.
Pero quizás la inscripción más esperada es la del Frente Cívico Nacional, que encabeza el exdirigente del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, y en la que confluyen personajes como Gustavo Madero, exlíder del PAN; Cecilia Soto, excandidata presidencial del PT; Emilio Álvarez Icaza, exsenador sin partido, y otros personajes expanistas y experredistas, como Fernando Belaunzarán y Amado Avendaño.
Además del FCN, confluyen en este proyecto la Unión General de Obreros y Campesinos (UGOCEM) y México Unido (MU).
Este grupo, ya conocido como Plataforma Ciudadana, ha anunciado que estará el miércoles 22 de enero en el INE para iniciar el trámite, acompañado de ciudadanas y ciudadanos, y de sus nuevos fichajes en la estructura directiva: Edmundo Jacobo, quien durante 15 años fue secretario ejecutivo del INE; José Antonio Crespo, analista político; Guillermo Valdés, director del CISEN en el gobierno de Felipe Calderón; Rodrigo Morales, exfuncionario del IFE; la economista Adina Chelminsky, y Enrique de la Madrid, quien aspiró a la candidatura presidencial del PRI en 2024, entre otros.
<h2>¿Qué deben hacer para obtener el registro?</h2>
Los interesados en crear nuevos partidos políticos deberán acreditar una serie de requisitos ante el INE para obtener su luz verde para ir a buscar afiliados y llevar a cabo las asambleas que se requieren para obtener el registro: pueden ser 200 distritales con al menos 300 asistentes, o 20 asambleas estatales con mínimo 3 mil personas.
El INE les habilitará una aplicación móvil para registrar a sus afiliados, que deberán representar, al menos, el 0.26 por ciento del padrón electoral; esto es, 256 mil 30 ciudadanos con credencial para votar.
Las asambleas estatales o distritales deberán llevarse a cabo durante 2025 y, antes del 25 de febrero de 2026, la organización solicitante deberá llevar a cabo su asamblea nacional constitutiva.
El INE verificará las afiliaciones, las asambleas y que los interesados cumplan con las reglas de financiamiento, fiscalización y evitar apoyos de sindicatos o iglesias, uso de recursos públicos o apoyos desde el extranjero.
En febrero de 2026 el INE estará informando qué organizaciones cumplieron los requisitos y otorgará un registro como partidos político nacional condicionado. Esto es, los nuevos partidos podrán participar en las elecciones federales intermedias de 2027, pero sólo si en esos comicios alcanzan mínimo el 3 por ciento de la votación nacional por sí solos (no pueden aliarse) estarán en la boleta en la elección presidencial de 2030.
El antecedente inmediato anterior es ilustrativo del gran interés de grupos de toda índole por crear un partido, cuántos lo logran y cuántos sobreviven: en 2019, 106 organizaciones notificaron al INE su intención de constituir un nuevo partido; 89 solicitudes fueron procedentes, pero sólo siete lograron las asambleas. De esos partidos, sólo tres obtuvieron el registro y participaron en las elecciones federales de 2021 (PES, RSP y FxM). Ninguno de los tres llegó vivo a los comicios de 2024.
En este 2025, la ruta y las reglas son claras; que de ahí surja una alternativa real… eso sí está por verse.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

El desencanto y los ‘nuevos’ partidos políticos

Casi al final del mitin por sus primeros cien días de gobierno, Claudia Sheinbaum hizo una pausa, tomó aire, y leyó la parte más importante del discurso que preparó durante toda la semana.
“Siempre tendremos la frente en alto. México es un país libre, independiente y soberano. Y como lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, dijo para deleite de la plaza, que estalló en vivas, aplausos y arengas.
La frase, diseñada para llenar titulares de prensa, fue la parte culminante de un mitin preparado con esmero por el gobierno y los operadores políticos de Morena, cuya misión era llenar el Zócalo y, desde ahí, mostrar el músculo del “segundo piso de la cuarta transformación”.
Los mensajes del mitin de los cien días tuvieron, desde luego, destinatarios domésticos; como cuando la presidenta cuestionó, sonriente, por qué sus opositores pensaban que tenía que romper con Andrés Manuel López Obrador.
O cuando advirtió a los suyos que los funcionarios de primer nivel no tendrán aumento salarial durante todo el sexenio.
O cuando anunció que seguirán los apoyos sociales y que en 2025 la inversión en derechos sociales para el bienestar será de 835 mil millones de pesos.
Pero el mensaje, el mitin, la movilización, parecían diseñadas para un interlocutor externo. Y así lo llegó a comentar la presidenta con quienes la visitaron la semana pasada en Palacio Nacional, a quienes explicó que el mitin de los cien días, una costumbre heredada de López Obrador -una más-, se hacía necesario no tanto por las condiciones políticas internas, en donde la oposición se ha vuelto irrelevante, sino por la coyuntura marcada por la segunda victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos.
La idea era mostrarle a Donald Trump que la presidenta no está sola; que Sheinbaum goza de una popularidad que se refleja en un Zócalo lleno o en una aprobación del 70, o hasta del 80 por ciento, según la encuesta que se vea; que no está contra las cuerdas y que negociar con ella no va a ser lidiar con un cadáver político.
El Zócalo de este domingo de alguna manera decía: Claudia Sheinbaum no es Justin Trudeau, obligado a dimitir la semana pasada, sino una jefa de Estado con respaldo popular y un capital político capaz de llenar la plaza más grande del país… y que se prepara para lidiar con Trump leyendo el libro de memorias de la excanciller alemana Angela Merkel.
<h2>El reconocimiento a los migrantes</h2>
Ya había leído 11 páginas, con cifras, nombres de programas sociales, tramos carreteros, datos de educación, salud y empleo, y una breve descripción de las 13 reformas constitucionales y 16 legales aprobadas por su coalición legislativa, cuando Claudia Sheinbaum anunció al Zócalo, lleno como acostumbra Morena: “dije que iba a ser breve y voy a ser breve”.
Y entonces hizo una defensa de los migrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos, les reconoció por haber enviado a México cerca de 65 mil millones de dólares en 2024, y arengó: “que se escuche bien y que se escuche fuerte, contribuyen más con la economía de Estados Unidos, pues lo que envían a México es tan solo el 20 por ciento de lo que dejan allá en consumo, ahorro y en impuestos”.
Sheinbaum entró de lleno al tema en la página 13 del discurso, con frases hechas a la medida de la circunstancia política: “las y los trabajadores mexicanos trabajan como ninguno en los Estados Unidos”.
La estrategia era clara: cuando falta una semana para la toma de protesta del republicano Donald Trump como presidente, Sheinbaum decidió dedicarle el mitin de los cien días.
Reconoció que entre los dos países ha habido momentos dolorosos, pero sacó de los libros de historia momentos luminosos, como la relación entre Benito Juárez y Abraham Lincoln, en el siglo XIX, y de Lázaro Cárdenas con Franklin D. Roosevelt, en el siglo XX.
Luego forzó la retórica y comparó aquellos momentos históricos con la “buena relación de respeto y colaboración” entre Andrés Manuel López Obrador y Trump, entre 2018 y 2020.
Cn el T-MEC (firmado en aquellos años) como divisa, Sheinbaum aseguró que la relación seguirá siendo buena, de respeto y con diálogo.
“Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, dijo, y estalló el grito de “México-México-México”, mezclado con el de “presidenta, presidenta-presidenta”.
Más de 350 mil personas colmaban el Zócalo, según el gobierno capitalino.
Entre los contingentes había oaxaqueños, chiapanecos, guerrerenses, michoacanos y mexiquenses. Maestros detrás de grandes mantas de la SNTE, electricistas del SME, campesinos de diversas organizaciones y gremios abanderados por la CATEM de Pedro Haces, aspirante morenista a ser la reencarnación de Fidel Velázquez.
La plaza, sin AMLO, no era la misma, aunque el sentimiento antiTrump hizo lo suyo para animar a los asistentes con arrebatos nacionalistas.
En la despedida del evento, al tradicional “viva México”, Sheinbaum sumó un improvisado: “que vivan nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos”.
El mitin concluyó, primero con el Himno Nacional y la despedida formal a los símbolos patrios.
Cuando la presidenta se despedía, y los asistentes vaciaban el Zócalo, en el sonido se escuchó a todo volumen el “himno migrante”, pieza musical del colectivo Legado de Grandeza, que fue presentada en diciembre en una conferencia mañanera, y ahora será el canto de batalla anti-Trump entre los fieles de la 4-T.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Un Zócalo dedicado a Donald Trump

El año comienza con la mirada puesta en Estados Unidos, donde Donald Trump se convertirá nuevamente en presidente, pero ahora con mayor respaldo legislativo y nuevos planes en su agenda.
Pero no es el único mal augurio: la implementación de las reformas del llamado “plan C”, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el desarrollo de una elección judicial que pone al sistema electoral contra las cuerdas, la violencia que no cede, el despido de decenas de funcionarios públicos como producto del ajuste en el gobierno federal y las turbulencias en la economía anuncian un año complicado.
El calendario de lo previsto muestra de por sí una ruta compleja, a la que habrá que ir agregando los eventos que hoy nadie tiene aún en el radar, pues la única certeza que tenemos es que México siempre da sorpresas.
En estricto sentido, será el primer año completo del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien enfrentará nuevamente el dilema de mantenerse fiel a la herencia y hoja de ruta que le dejó Andrés Manuel López Obrador, o comenzar a marcar un rumbo propio a su gobierno.
<h2>ENERO</h2>
Nuevos partidos. Como siempre ocurre en el año posterior a la elección presidencial, en enero se abrirá el proceso para la creación de nuevos partidos políticos. Del 8 al 31 de enero, las organizaciones interesadas deberán realizar la notificación de intención ante el Instituto Nacional Electoral, que -durante todo un año- deberá dar seguimiento a las asambleas y registro de simpatizantes de cada una de las organizaciones, para que -en febrero de 2026- informe quiénes cumplieron los requisitos constitucionales para acceder al registro como partido político nacional. Destaca, entre los interesados, el Frente Cívico Nacional y los organizadores de la Marea Rosa, quienes han anunciado que intentarán crear una nueva alternativa política, alejada de Morena, pero también del PRI y PAN.
Sheinbaum, cien días. La presidenta Claudia Sheinbaum cumple sus primeros cien días de gobierno el 8 de enero, y para conmemorarlo encabezará un acto político el domingo 12 en el Zócalo, donde rendirá un primer informe, al estilo de Andrés Manuel López Obrador.
La amenaza Trump. El 20 de enero, en Washington DC, Donald Trump rendirá protesta del cargo e iniciará su segundo mandato, con una agenda claramente tóxica en lo que respecta a México: la deportación de un millón de inmigrantes cada año y la amenaza de incrementar los aranceles si México no detiene la producción y tráfico de fentanilo. Lidiar con Trump se convertirá en el principal desafío para Claudia Sheinbaum.
<h2>FEBRERO</h2>
El Congreso reanuda labores. El primer día de este mes inicia el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura, que se ha caracterizado hasta el momento por procesar reformas en tiempo récord, por no decir al vapor. A partir de febrero, la Cámara de Diputados y el Senado deberán retomar los trabajos para aprobar algunos pendientes, como la Ley del Infonavit, que quedó trunca en medio de la polémica por la intención de modificar la integración de su consejo de administración; así como algunas reformas aún pendientes del llamado “plan C” que el expresidente López Obrador diseñó y dejó como hoja de ruta a su sucesora. Además, los diputados y senadores deben aprobar un sinfín de leyes secundarias relacionadas con las 11 reformas constitucionales que aprobaron entre septiembre y diciembre.
Día de la (nueva) Constitución. El 5 de este mes, en el Teatro de la República, en Querétaro, la presidenta Sheinbaum encabezará su primera ceremonia por el aniversario de la Constitución. Lo hará con la tarea hecha, pues los partidos que la postularon habrán reformado, para entonces, una tercera parte de los 136 artículos de la Carta Magna.
Candidaturas al Poder Judicial. En este mes, los tres comités que analizan la idoneidad de las candidaturas a cargos del Poder Judicial deberán elaborar sus listas con los mejores prospectos y llevar a cabo la insaculación para determinar las candidaturas que, en definitiva, aparecerán en las boletas de la elección del 1º de junio. Cada uno de los tres Poderes deberá entregar sus listas al INE a más tardar el 12 de febrero.
<h2>MARZO</h2>
Adiós al INAI. En este mes se concretará la extinción del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y deberán estar listas las leyes secundarias para que la Secretaría Anticorrupción asuma las tareas necesarias para garantizar el derecho a la información. La extinción del Inai abre la duda por el futuro de la Plataforma Nacional de Transparencia, utilizada por millones de ciudadanos para consultar la información pública y hacer solicitudes a las dependencias.
El primer 8M de Sheinbaum. La primera mujer presidenta vivirá su primer día internacional de la mujer, con manifestaciones en las principales plazas públicas del país y el reclamo vigente para poner fin a la violencia en contra de las mujeres. Sheinbaum llegará a esta cita con la nueva Secretaría de las Mujeres ya en plena operación, y varios programas sociales destinados a las mujeres.
Tenochtitlán, 700 años. El 13 de marzo se conmemoran 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, y tanto el gobierno federal como el de la Ciudad de México han anunciado eventos culturales y políticos. El gobierno de Sheinbaum ha retomado la idea de AMLO de pedir a España una disculpa por los agravios de la conquista.
Comienzan las campañas de la elección judicial. El 31 de este mes comienza el periodo de campaña para las candidatas y candidatos a los 881 cargos del Poder Judicial Federal que se renovarán en este año. En total, habrá más de cinco mil candidaturas en campaña.
<h2>ABRIL</h2>
Durango y Veracruz en campaña. Además del proceso electoral extraordinario para el Poder Judicial, habrá elecciones municipales en Durango (39 ayuntamientos) y Veracruz (212 ayuntamientos). Las elecciones municipales han sido el principal escenario de la violencia política y el asesinato de aspirantes, precandidatos y candidatos, por lo que estos comicios ponen en alerta a las autoridades y partidos.
<h2>MAYO</h2>
Debates. De acuerdo con las leyes aprobadas, el INE deberá organizar una serie de debates entre los candidatos a ministros, magistrados y jueces, como parte de la difusión del proceso electoral y la promoción del voto informado.
<h2>JUNIO</h2>
A las urnas. La jornada electoral ocurrirá el primer día del mes, y en ella se prevé la instalación de alrededor de 80 mil centros de votación, para atender a poco más de cien millones de ciudadanos que conformarán la Lista Nominal de Electores. Ese día se votará para elegir los siguientes cargos:
<ul>
<li>9 ministros de la Suprema Corte</li>
<li>5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial</li>
<li>2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral</li>
<li>15 magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral</li>
<li>464 magistraturas de Tribunal de Circuito</li>
<li>386 jueces de Distrito</li>
<li>También habrá elecciones de cargos judiciales locales en alrededor de 20 estados que, hasta el momento, han reformados sus constituciones locales y convocado a sus procesos electivos.</li>
</ul>
Los resultados definitivos de la elección judicial, según el INE, podrían darse a conocer hasta el 12 de junio.
En Veracruz y Durango deberán instalarse casillas aparte de los centros de votación de la elección judicial, para elegir a sus autoridades municipales. En esos dos estados se votará por:
<ul>
<li>Durango: 39 presidencias, 39 sindicaturas y 326 regidurías</li>
<li>Veracruz: 212 presidencias, 212 sindicaturas y 630 regidurías</li>
</ul>
Conferencia del Océano
Del 9 al 13 de junio se llevará a cabo la Tercera Conferencia sobre los Océanos de la Organización de las Naciones Unidas, en Niza, Francia. Siendo uno de los países con más litorales, México debería jugar un papel importante en la cumbre.
<h2>JULIO</h2>
Aniversario del 1º de julio. Se cumplen siete años de la victoria electoral de Morena y Andrés Manuel López Obrado en las elecciones de 2018. Sin embargo, la gran duda es si Morena -ahora dirigido por Luisa María Alcalde- seguirá celebrando el triunfo de AMLO, el 1º de julio o el Claudia Sheinbaum, el 2 de junio.
Un año de violencia en Sinaloa. El 25 de julio se cumple un año de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que fuera entregado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Un mes después de la caída del capo comenzó una guerra en Sinaloa entre “los mayitos” y “los chapitos”, que ha provocado decenas de homicidios, desapariciones y graves impactos a la vida social y económica de la entidad.
<h2>AGOSTO</h2>
Impugnaciones y validez de las elecciones. Si pese a todo el INE logra sacar adelante la elección de jueces, en agosto tocará el turno al Tribunal Electoral, que deberá resolver las impugnaciones al proceso, hacer el cómputo final de la elección y aprobar la declaración de validez del proceso electoral, con lo que quedarían firmes los nuevos cargos de las personas electas.
<h2>SEPTIEMBRE</h2>
Nuevos jueces. En el primer día de septiembre entrarán en funciones las ministras, ministros, magistradas, magistrados y personas juzgadoras electas en la elección judicial.
Informe. Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum entregará su primer informe de gobierno al Congreso de la Unión.
Nuevo periodo ordinario. Además, en esta especie de “súper lunes” comenzará el segundo año de la LXI Legislatura, con una sesión de Congreso General a la que confluyen senadores y diputados.
<h2>OCTUBRE</h2>
Balance obligado. La presidenta Claudia Sheinbaum cumple su primer año de gobierno.
<h2>NOVIEMBRE</h2>
COP-30. La reunión anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP-30) se llevará a cabo este mes en la ciudad de Belém, Brasil.
Presupuesto. El 15 de noviembre es la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026.
Elecciones en Chile. El domingo 16 habrá elecciones presidenciales en Chile, donde uno de los aliados de la izquierda latinoamericana, Gabriel Boric, enfrenta un panorama difícil por la caída en su popularidad. En caso de que no haya un ganador este día, la segunda vuelta está programada para el 14 de diciembre.
<h2>DICIEMBRE</h2>
Fin de periodo ordinario en el Congreso. El 15 de diciembre concluirá el primer periodo ordinario del segundo año de la Legislatura, en el que -según han anunciado los líderes morenistas- se buscará aprobar una reforma político-electoral. De concretarse, para esta fecha la mayoría de Morena y aliados habrían concretado una de las reformas más perseguidas por López Obrador y que se ha frenado por diversas circunstancias. La reforma propuesta por el expresidente -que contemplaba transformar el INE en INEC y desaparecer la representación proporcional, entre otras cosas- ya fue desechada, por lo que una reforma electoral debería surgir de una nueva iniciativa, de Morena o de la presidenta Sheinbaum.
Tren Maya y trenes de Sheinbaum. El Tren Maya cumplirá un año en operaciones y, para este mes, también deberá estar operando el tren de carga sobre la misma ruta que el de pasajeros. Además, la nueva administración contempla arrancar las obras de otros proyectos en 2025: tren AIFA-Pachuca, tren México-Querétaro, tren Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. Sheinbaum anunció que se busca construir más de 3 mil kilómetros de vías férreas durante su sexenio.
* * *
Lo dicho: el 2025 será un año complejo, con presiones de Estados Unidos y Canadá, con una elección inédita de jueces que marcará todo el primer semestre, y en el que viviremos las consecuencias de las reformas del llamado “plan C”. Feliz año y abróchense los cinturones.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

El calendario político de 2025

Nuevamente, Morena y el gobierno han puesto a la oposición contra las cuerdas; esta vez con la elección del Poder Judicial, que obliga a los partidos y a los críticos de la 4T a definirse: o se involucran y vigilan el proceso, o le hacen el vacío total y dejan libre al oficialismo de actuar a sus anchas.
No es un dilema menor, y remite a un pasado en el que tanto la derecha como la izquierda tuvieron largos debates internos sobre participar o no en las elecciones. En varios momentos del siglo XX, una fracción del PAN sostuvo que no debían postular candidatos a la Presidencia, para no convalidar los fraudes del PRI. En los años 70, después de la reforma de Reyes Heroles, la izquierda se dividió entre quienes vieron en la participación electoral la vía para cambiar gradualmente el sistema y quienes consideraban que los comicios eran una trampa, una vía burguesa que terminaría por cooptarlos.
En condiciones diametralmente distintas, la oposición (formal y legal, y también la que opina y se activa en contra de la reforma judicial) se encuentra frente a la misma disyuntiva. “Abstenerse como acto de protesta, o participar como acto de resistencia”, ha dicho el panista Roberto Gil Zuarth, uno de los pocos militantes de la oposición que decidió participar como candidato en las elecciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La opción de participar es vista con reservas por la mayoría de los dirigentes y legisladores de los partidos políticos, así como los intelectuales, académicos y opinadores críticos del lopezobradorismo y de la reforma judicial.
Tampoco fue vista como alternativa por las y los trabajadores del Poder Judicial. Aunque el Senado decidió mantener el dato en la opacidad, se sabe que muy pocos de los actuales jueces, magistrados y ministros decidieron inscribirse en el proceso, a pesar de que tenían pase automático a la boleta electoral.
<h2>Excluir a los partidos fue una decisión deliberada</h2>
Si se lee la reforma que aprobó la mayoría legislativa de Morena, PVEM y PT, salta a la vista un detalle: el legislador decidió excluir del proceso a los partidos políticos, bajo un argumento que más bien parece pretexto: como no serán la plataforma para promover las candidaturas, tampoco podrán participar en ninguno de los pasos y procedimientos de la elección.
Esta decisión del Legislativo es grave, y extraña que algunas consejeras y consejeros electorales no se hayan inmutado ante ello, empezando por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien ahora parece hasta divertida cuando celebra que el Consejo General tenga sesiones “en paralelo” a las ordinarias; es decir, todas aquellas en las que se tratan asuntos de la elección judicial transcurren sin la presencia de los representantes de los partidos que, según la Constitución, forman parte del Consejo.
Pero excluir a los partidos políticos no sólo los saca de las sesiones del Consejo General, sino también de los Consejos Estatales y Distritales, lo que se traduce en que no podrán llevar a cabo ninguna vigilancia de procesos como la fiscalización, el cumplimiento de normas de paridad de género e inclusión y, lo que es peor, no estarán representados en las casillas.
Ya el viernes se planteó un problema en una sesión del Consejo General del INE, cuando se iba a votar un acuerdo sobre el uso del Padrón Electoral en la elección judicial, pues la ley prevé la existencia de una Comisión de Vigilancia -de la que forman parte los representantes de los partidos- para dar certeza sobre los listados de votantes.
Siendo la Lista Nominal de Electores una de las principales garantías de certeza electoral, suena insólito que ahora se pretenda excluir a los partidos de su vigilancia.
Las consecuencias de excluir a los partidos políticos de la elección del Poder Judicial pueden ser tan graves, que parece una decisión deliberada del oficialismo, para tener un mayor control de estos comicios.
Los dirigentes y autoridades emanadas de Morena saben perfectamente que, cuando eran oposición, su presencia en las casillas y en los órganos de dirección del INE fue clave para ir avanzando en la mejora del sistema electoral.
Desde la creación del IFE, en 1990, la vigilancia mutua entre los contendientes se convirtió en la mejor arma en contra del fraude electoral y por ello, de cara a la elección del 1º de junio de 2025, vale la pena preguntarse: ¿quién va a vigilar que nadie se meta en los comicios, que no haya acarreo de votantes, presiones y cooptación, o que se alteren boletas, actas y paquetes electorales?
El INE dirá que ése es el papel de las ciudadanas y ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla, pero a todas luces eso no es suficiente para garantizar que nadie se meta, que nadie amedrente o presione a los votantes, o que el aparato oficial no se mueva para darle ventaja a las candidaturas cercanas al régimen.
<h2>“Hacer el vacío” parece la peor opción</h2>
En este contexto, “hacerle el vacío” al proceso electoral de 2025 parece la peor opción para los partidos de oposición, para los críticos de la reforma del Poder Judicial e incluso para aquellas asociaciones de juzgadores que se han movilizado desde hace meses en contra del proceso.
La elección va a ocurrir, y en eso ni el gobierno ni las mayorías legislativas ni Morena y sus aliados darán un solo paso atrás.
Con o sin tiempo, con o sin presupuesto, con o sin garantías de respeto al voto libre y secreto, con o sin un INE dispuesto a jugar un papel real de organizador y árbitro, el 1º de junio de 2025 habrá jornada electoral y los votos emitidos (muchos o pocos) llevarán a 881 personas a los cargos más importantes del Poder Judicial a nivel federal, y otros cientos a nivel local.
Abstenerse, en este caso, no parece un acto eficaz de protesta, pues al régimen no le importará que sus opositores “le hagan el vacío”, y la reforma tampoco establece mínimos de participación para validar las elecciones.
No involucrarse, no vigilar o, como ya plantean algunos, llamar a no votar, puede ser un nuevo error en la ya larga cadena de pifias cometidas por la oposición frente a la 4T.
No participar de alguna manera implica dejar al oficialismo actuar a sus anchas y permitirle hacerse de todas las posiciones que se elegirán, con personajes afines. En una palabra, es rendir la plaza sin dar una mínima batalla.
Lo dicho: nuevamente, la oposición está contra las cuerdas.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Participar o rendirse por anticipado: el dilema de la oposición frente a la elección judicial

“Sin pegar saltos de berrinche”, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, ha aceptado su destino: organizar la primera elección del Poder Judicial, en nuestra historia, sin tiempo y sin los recursos necesarios para llevarla a buen puerto.
Resignada tras el recorte presupuestal aplicado por sus amigos legisladores de la &#8220;4T&#8221;, la sonorense dijo el jueves pasado que la elección va a hacerse a pesar de todo, abaratando lo más posible todos los procedimientos técnicos necesarios para un proceso electoral.
<h2>Centros de votación: la salida</h2>
La alternativa planteada por Taddei para darle la vuelta al recorte es la que se ha venido mencionando entre sus funcionarios, en los pasillos de la sede del INE en Tlalpan: no instalar las 172 mil casillas que se había planeado (2 mil más que en 2024 por el crecimiento previsto del padrón electoral), sino centros de votación, en una cantidad que rondaría los 80 mil.
Esto permitiría, a su vez, reducir el número de Supervisores y Capacitadores Electorales, que es el personal que se contrata durante seis a ocho meses para capacitar a los ciudadanos-funcionarios de casilla y asistirlos el día de la jornada electoral. Al ser menos casillas, en lugar de requerir 50 mil de los llamados “CAES”, podrían contratarse a 25 mil.
Esto reduciría dos de las grandes partidas que había calculado el INE para la elección judicial: la de capacitación, por un monto de 6 mil 822 millones de pesos, y la de instalación de casillas por un monto de mil 400 millones de pesos.
Sin embargo, esto no resuelve el problema por completo.
La austeridad obligada por el recorte presupuestal orilla al INE a reinventar muchos de sus procesos operativos, reducir gasto en diseño e impresión de materiales electorales; disminuir las acciones de difusión, promoción y comunicación del proceso; gastar menos en la organización de los debates previstos en la nueva Ley Electoral; minimizar las acciones de fiscalización de las campañas de los candidatos y candidatas al Poder Judicial, y no seguir avanzando en la maximización del derecho al voto.
Todo lo contrario: al haber menos casillas o centros de votación, la posibilidad de ejercer el derecho al voto libre e informado se constriñe. De entrada, la gente tendrá que trasladarse más que las elecciones federales de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo para encontrar la urna.
<h2>Menos casillas, experiencias pasadas</h2>
En el reciente pasado, hemos vivido dos procesos electorales con menos casillas y, en ambos casos, la participación ciudadana fue mínima.
Se trató de dos procesos de democracia participativa, y no de una elección formal de uno de los tres Poderes de la Unión, pero la génesis de los procesos fue muy parecida: se trató de comicios que se le ocurrieron al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y que la mayoría legislativa de Morena puso en la Constitución: la Consulta Popular de 2021 y la Revocación de Mandato de 2022.
En los dos procesos hubo una participación mínima, muy lejana a los porcentajes (30 puntos) establecidos en la Constitución para hacerlos vinculantes.
En ambos casos, como ocurre ahora, el INE solicitó partidas presupuestales para llevarlos a cabo con la misma calidad técnica de una elección federal, y en ambos casos Morena negó los recursos.
En agosto de 2021, para la Consulta Popular de “juicio a expresidentes”, que en realidad se basó en una pregunta ininteligible redactada por el entonces ministro Arturo Zaldívar, el INE instaló 57 mil 77 Mesas Receptoras del voto, en lugar de las 160 mil casillas que se instalaron en la elección federal intermedia del 6 de junio del mismo año.
En ese ejercicio el INE venía con toda la inercia de las elecciones federales, se emplearon los mismos CAES y los mismos funcionarios de casilla y materiales electorales, pero con todo y todo calculó un costo de mil 400 millones de pesos para llevarla a cabo con el mismo número de casillas de los comicios.
Finalmente, con el recorte del Congreso, el INE sólo pudo destinarle una partida de 528 millones de pesos, y por eso instaló 57 mil mesas receptoras.
Al final, sólo votaron 6.6 millones de personas, es decir el 7 % de las 93.6 millones registradas en el padrón electoral.
Lo mismo ocurrió con el proceso de Revocación de Mandato, promovido por el propio presidente y Morena, no como un ejercicio de revocación, sino de ratificación de mandato, pues en realidad nadie quería que López Obrador dejara el poder, lo que desvirtuaba por completo el espíritu de este mecanismo de democracia participativa.
Para llevar a cabo el ejercicio, el INE solicitó 3 mil 830 millones de pesos como parte de su solicitud presupuestal para el ejercicio 2022, que le fueron negados por la Cámara de Diputados.
Tras el recorte y la negativa explícita de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda (por eso suena ingenuo que Guadalupe Taddei hable ahora de que solicitará una “ampliación presupuestal” a Hacienda), el INE tuvo que reducir el costo del ejercicio y destinarle ahorros institucionales, para llegar a un gasto neto de mil 567 millones de pesos.
En abril de 2022 se instalaron 57 mil 448 casillas para el proceso de revocación de mandato, y participaron 16.5 millones de votantes, equivalentes al 17.7 % del padrón.
Fue un fracaso celebrado por López Obrador y su partido como una victoria, pues 15 millones 159 mil votaron porque AMLO siguiera en la Presidencia, y sólo un millón 63 mil votaron en contra.
Aquellos dos ejercicios tuvieron un costo, en conjunto, de 2 mil millones de pesos; fueron legalmente irrelevantes, pero sirvieron como “ensayos de democracia participativa”.
El problema es que en 2025 no se trata de eso; en junio del próximo año se estará votando por la renovación de uno de los Poderes de la Unión. Los efectos legales de los comicios serán trascendentes y los efectos históricos y políticos de esta primera elección de personas juzgadoras serán importantísimos.
En este caso sí importa que el INE tenga que apretarse el cinturón, “abaratar el proceso” y, con ello, minimizar el derecho ciudadano al sufragio.
<h2>Una elección muy distinta</h2>
La del 2025 no será, ni de lejos, una elección como la de 2024, en la que el INE llegó al punto máximo de eficiencia en sus 34 años de vida: la instalación de un inédito 99.85 % de las casillas programadas, lo que quiere decir que sólo no fue posible instalar 23 casillas de las 170 mil 182 programadas para la jornada electoral.
Los Conteos Rápidos, el Programa de Resultados Electorales Preliminares y los Cómputos Distritales funcionaron con la precisión de una maquinaria de relojería; el voto de mexicanas y mexicanos desde el extranjero rompió récord histórico al captar más el sufragio de más de 184 mil paisanos; se maximizó el derecho al voto de personas con discapacidad, personas en postración, personas en prisión y ciudadanos en tránsito. Se aplicaron medidas de inclusión en las candidaturas para mejorar la representación de personas y comunidades indígenas, afromexicanas, migrantes, con discapacidad y pertenecientes a la diversidad sexual. La paridad entre los géneros se hizo realidad en el Congreso federal, congresos estatales, gubernaturas y cargos municipales.
Fue una elección casi perfecta, que involucró a más de un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos como funcionarios de casilla para elegir 629 cargos federales: la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados.
Para ello, el INE contó con un presupuesto de 22 mil 322 millones de pesos, luego del recorte que ese año también hizo la Cámara de Diputado a su solicitud, y sin contar más de 10 mil 444 millones de pesos que se otorgó a los partidos políticos para su gasto anual ordinario y sus gastos de campaña.
El INE dividió sus 22 mil 322 millones de pesos en dos grandes rubros: casi 8 mil 800 millones de pesos en organizar la elección federal, y 13 mil 500 millones en su presupuesto base, que incluye operación, nómina y otros proyectos.
Como fue una elección concurrente con las elecciones locales de las 32 entidades, ese día también se eligieron 9 gubernaturas, mil 98 diputaciones locales, mil 802 presidencias municipales y 17 mil 170 puestos municipales, para un total de 20 mil 79 cargos públicos locales.
La elección local tuvo un costo de 12 mil 170 millones de pesos a nivel local, si se suman los presupuestos destinados por los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a su organización.
Además, los OPLE le dieron 8 mil 836 millones de pesos a los partidos políticos con registro local.
Es decir, se trató de un mega proceso electoral que tuvo un costo total de 40 mil 250 millones de pesos.
<h2>Cuánto dinero quería el INE</h2>
Para 2025, el INE solicitó en total 40 mil 476 millones de pesos, que incluía: 15 mil 295 millones de pesos para su gasto operativo del año (presupuesto base y cartera institucional de proyectos); 7 mil 354 millones de pesos para financiar las prerrogativas anuales de los partidos políticos; 13 mil 205 millones de pesos para la organización de la elección del Poder Judicial y 4 mil 620 millones de pesos, de manera precautoria, para una posible Consulta Popular que no ocurrirá.
La mayoría de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados decidió otorgar 27 mil millones de pesos al INE; es decir, un recorte de 13 mil 476 millones de pesos.
De los 27 mil millones de pesos, se entregarán íntegros 7 mil 354 millones a los partidos políticos por mandato constitucional, lo que deja al INE con 19 mil 646 millones de pesos para 2024, que deberá destinar a dos cosas: su presupuesto base operativo anual y la elección del Poder Judicial.
El INE había pedido 15 mil 295 millones de pesos para presupuesto base y un rubro que denomina “cartera institucional de proyectos”, que obviamente deberá reducirse al máximo, pues de mantener esa partida como la había proyectado sólo le restarían 4 mil 351 millones de pesos para la elección judicial, una tercera parte de lo que sus áreas técnicas calcularon que costaría el proceso.
De buena o mala fe, algunas diputadas federales de Morena dijeron la semana pasada que el INE podría dividir sus 19 mil 646 millones de pesos efectivos en: 11 mil millones para su gasto anual y 8 mil 600 para la elección judicial; lo que finalmente no suena tan descabellado.
&nbsp;
<a href="https://twitter.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

‘Abaratar’ la elección judicial sí importa

Animal Politico

El pretexto era el cierre de la primera gira nacional de la nueva dirigencia de Morena; el lugar, la emblemática Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y el personaje que acaparó los reflectores fue uno: Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido.
No es común que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador tome la palabra en una plaza pública; no lo hizo en la mayoría de las reuniones estatales organizadas por la dirigencia de Morena en las últimas diez semanas, como parte de la primera gira de la nueva presidenta del partido, Luisa María Alcalde.
Pero en esta ocasión, ‘Andy’ (como se le conoce en Morena) <a href="https://www.animalpolitico.com/politica/andres-lopez-beltran-morena-cierre-gira-nacional" target="_blank" rel="noopener">decidió tomar el micrófono para hablarle a la militancia durante ocho minutos</a>.
“Yo y mi familia seremos tabasqueños de nacimiento, pero nos consideramos chilangos por adopción y por convicción”, dijo López Beltrán, “esta ciudad nos dio todo y le debemos absolutamente todo; por eso le dedicaré mi vida y siempre lucharé por su bienestar, pero, sobre todo, por los más pobres, porque, como siempre nos enseñaron: amor con amor se paga”.
Palabras que fueron aplaudidas por los presentes en la asamblea sabatina, y que alientan el futurismo político:
¿Puede Andrés Manuel López Beltrán, ‘Andy’ ser el candidato de Morena en 2030, ya sea para la Ciudad de México, o para la Presidencia de la República?
<h2>La ventaja de llamarse Andrés Manuel </h2>
A sus 38 años, y con apenas dos meses de trabajo partidista público y formal (su nombramiento como secretario de Organización de Morena comenzó el 1º de octubre pasado), Andrés Manuel López Beltrán corre con una ventaja obvia: ser hijo y llamarse igual que el líder fundador del partido-movimiento lo convierte en el personaje más aplaudido, más abrazado y más buscado para las “selfies”.
El sábado, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, mientras la militancia soportaba el mitin bajo un sol radiante, el solo anuncio de su llegada agitó el avispero. Cuando atravesaba la plaza para llegar al templete, en las pantallas y bocinas se trasmitía un discurso de su padre, que aún es ovacionado con fervor por los morenistas cada que se le menciona. A su alrededor, la gente se agolpaba para verlo de cerca, saludarlo, tocarlo, retratarlo.
Con esa aura heredada, López Beltrán acaparó el reflector, opacando a otras figuras del partido que tomaron la palabra: la propia Luisa Alcalde, presidenta nacional; Carolina Rangel, secretaria general; Héctor Díaz-Polanco, nuevo dirigente de Morena en la Ciudad, y el caricaturista Rafael Barajas El Fisgón, director del Instituto de Formación Política de Morena.
<h2>La tarea de ‘Andy’</h2>
Reservado, sin redes sociales y absolutamente desconfiado de los medios de comunicación, al secretario de Organización de Morena le caracteriza el trabajo tras bambalinas. No suele ser quien dé la cara o se convierta en vocero del partido, pero sí se le atribuyen dotes como operador político.
Junto con su hermano José Ramón, ‘Andy’ fue uno de los responsables del seguimiento a la jornada electoral de 2018, en la que su padre ganó la Presidencia. Ambos hijos del expresidente son reconocidos en Morena por su participación en campañas electorales exitosas, principalmente en la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum, 2018) y Estado de México (Delfina Gómez, 2023).
A José Ramón, la investigación periodística conocida como <a href="https://contralacorrupcion.mx/asi-vive-en-houston-el-hijo-mayor-de-amlo/" target="_blank" rel="noopener">“La casa gris”</a> lo alejó de la palestra y, por el momento, inhibió cualquier intento por ocupar cargos públicos en el gobierno o el partido.
Andrés Manuel, en cambio, decidió entrar de lleno a la política en septiembre pasado, durante el último mes del gobierno de su padre y en el marco de la renovación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.
Esto, pese a que lo rondan señalamientos por presuntos beneficios ilegales obtenidos por la finca El Rocío, <a href="https://www.chocolaterocio.com/" target="_blank" rel="noopener">la empresa familiar con la que los hijos de AMLO incursionaron en el negocio del chocolate</a>.
<h2>No hay 2030 sin 2027</h2>
Ahora, ‘Andy’ tiene frente a sí una labor titánica que probablemente lo aleje de su vida empresarial, pues como secretario de Organización tiene la responsabilidad de cumplir dos de los objetivos trazados por Luisa María Alcalde.
<ol>
<li>Consolidar la estructura del partido, con miles de comités seccionales distribuidos por todo el país.</li>
<li>Hacer crecer la membresía partidista a los diez millones de militantes; lo que implica multiplicar por cuatro la militancia actual, que según los datos más recientes del INE ascendía a 2 millones 322 mil afiliados en 2023.</li>
</ol>
<a href="https://animalpolitico.com/politica/morena-andres-lopez-beltran-padron-ine" target="_blank" rel="noopener">La última reforma a los documentos básicos del partido Morena,</a> aprobada por el INE hace un par de semanas, convierte a la Secretaría de Organización en “la instancia responsable de las tareas de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero”.
La secretaría de ‘Andy’ coordina las estructuras de las 32 entidades, las asambleas en más de dos mil municipios y los llamados “comités de defensa de la transformación”.
Será una voz influyente en la definición de la estrategia electoral y el perfil de las candidaturas para próximas elecciones. Es un gran poder, pero también una enorme responsabilidad.
Todo ello pone a López Beltrán en ruta hacia 2027, parada obligada antes del anhelado 2030, cuando se elegirán nuevamente la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
En realidad, 2027 será la prueba de fuego para la nueva dirigencia de Morena, que tratará de refrendar su amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y ganar las 15 gubernaturas que estarán en juego.
Sólo si esa cita electoral es exitosa, ‘Andy’ y quienes lo respaldan o quienes sueñan con una especie de regreso del padre a través del hijo, podrán aspirar a algo en 2030.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

‘Andy’ 2030 o la ventaja de llamarse Andrés Manuel

Hoy hace seis años, Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República, y dio por iniciada la llamada “cuarta transformación”, una construcción simbólica y propagandística que ha implicado un cambio radical en las instituciones y las reglas de nuestra democracia.
Ha sido larga la discusión sobre si la “cuarta trasformación” es, o no, un cambio de régimen, pues éste no tuvo como sustento -o evidencia- la redacción de una nueva Constitución.
El propio López Obrador explicó varias veces, durante su sexenio, que prefirió no lanzar de arranque la idea de una nueva Constitución, pues eso hubiera metido al país en una gran tensión, hubiera implicado una clara provocación a sus adversarios y hubiera implicado perder los primeros años del sexenio en ello.
Seis años después, sin embargo, el expresidente, su partido-movimiento y su sucesora Claudia Sheinbaum están cerca de completar la tarea de redactar prácticamente una nueva Carta Magna, la que López Obrador propuso el 5 de febrero de 2024, cuando envió a la Cámara de Diputados las 20 reformas del llamado “plan C”, 18 constitucionales y dos legales.
<h2>Recordemos qué es el &#8220;plan C&#8221;</h2>
Pareciera que hubieran pasado años de eso, pero no, ocurrió hace diez meses, al conmemorar el 107 aniversario de la Constitución de 1917, cuando López Obrador dijo que dejaría como legado una serie de iniciativas que buscaban revertir las “alteraciones” que, según él, hizo el neoliberalismo al sentido original de la Carta Magna.
“Ahora es justo y necesario, como nuestra aportación a la historia y a las nuevas generaciones, que le devolvamos toda su dignidad, su humanismo y su grandeza de transformación nacional”, anunció AMLO en el recinto parlamentario de Palacio Nacional, en un acto que -además- inauguraba las campañas proselitistas de 2024.
Era tan disruptiva la agenda propuesta, tan polémico su contenido, que nadie se hubiera atrevido a apostar, en aquel momento, a que algún día serían aprobadas las reformas, que algunos calificaban como regresivas y otros considerábamos <a href="https://animalpolitico.com/analisis/autores/explicador-politico/reformas-constitucionales-amlo-elecciones?rtbref=rtb_xmswumashftxxkcnijwg_1713990799940" target="_blank" rel="noopener">una maniobra de distracción masiva</a> con la que el presidente inauguraba la temporada electoral.
La propia Claudia Sheinbaum -en ese entonces precandidata presidencial- reaccionó con cautela en un primer momento, aunque a partir de abril -ya en campaña- abrazó el “plan C” y lo incorporó a sus propuestas de campaña.
El 2 de junio, contra todo pronóstico, y ante el estupor de opositores, académicos, analistas y opinadores críticos del lopezobradorismo, el “plan C” hizo ganar a Sheinbaum y le dio a Morena amplias mayorías en el Congreso de la Unión y los Congresos estatales.
Luego, Morena echó a andar la locomotora reformadora: por instrucciones de López Obrador, se apuró la aprobación de dictámenes en Comisiones de la Cámara de Diputados y se preparó el terreno para votarlos en septiembre, una vez instalada la nueva Legislatura.
Desde entonces, sin titubeos ni consideraciones por los efectos derivados de algunas reformas, la locomotora llamada “plan C” avanza sobre los rieles de las mayorías conformadas por Morena y sus aliados (PVEM y PT), y han hecho del primer periodo de la LXVI Legislatura el más productivo de la historia reciente.
<h2>En qué va el &#8220;plan C&#8221;</h2>
Hasta el momento, ya se han aprobado 11 de las 18 reformas constitucionales propuestas por AMLO en la Cámara de Diputados y el Senado de la República: 5 están promulgadas, 3 están pendientes de publicación por parte de la presidenta y 3 están completando el recorrido por los Congresos de los estados.
Las cinco ya promulgadas y vigentes son: la del Poder Judicial, la de la Guardia Nacional, la de derechos de los Pueblos Indígenas (estas tres las alcanzó a promulgar López Obrador antes de dejar la Presidencia); la del sistema ferroviario y la de empresas estratégicas de energía.
Las tres que Sheinbaum tiene desde hace semanas y que probablemente promulgará en esta semana son: la de protección animal, la que amplía los programas del Bienestar y una en materia de vivienda.
Las dos que acaban de aprobarse en las Cámaras y están siendo avaladas por las legislaturas de los estados son: la que desaparece siete organismos autónomos y la que amplía el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa.
Además, hay una que establece que el aumento al salario mínimo nunca estará por debajo de la inflación y que el sueldo de maestros, integrantes de las Fuerzas Armadas y médicos no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS.
Esta última ya pasó por Diputados y Senado, fue turnada desde el 9 de octubre a los Congresos estatales, y llama la atención que Morena no ha pisado el acelerador para concluir su proceso legislativo, como sí lo ha hecho en otras reformas.
También en esta semana, se prevé que la Cámara de Diputados suba al pleno dos reformas que ya tienen dictamen: la que <a href="http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=&amp;Clave=4696940" target="_blank" rel="noopener">prohíbe la producción, distribución y enajenación de vapeadores y cigarrillos electrónicos</a>, y la que <a href="http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=&amp;Clave=4696952" target="_blank" rel="noopener">refuerza los mecanismos para aplicar la austeridad republicana</a> y evita que funcionarios de otros Poderes de la Unión ganen más que la presidenta.
Una tercera reforma que ya tiene dictamen es la que crea becas a jóvenes sin empleo.
<h2>Cuáles son las reformas del ‘plan C’ que no se han procesado</h2>
Hay cinco iniciativas de AMLO que siguen en Comisiones, a la espera de dictamen.
Tres constitucionales: la de derecho a la alimentación, ambiente sano y derecho al agua; la de atención médica integral, universal y gratuita, y una más en materia de pensiones.
Y dos legales, la reforma a la Ley del ISSSTE para avanzar en la reducción de adeudos, y una serie de reformas para eliminar y/o fusionar institutos y comisiones.
Sólo una de las 20 iniciativas del “plan C” ya fue desechada: la polémica reforma en materia político-electoral que buscaba suprimir al INE y convertirlo en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y que pretendía desaparecer la Representación Proporcional.
Esto quiere decir que, si hay una reforma política en este sexenio, ésta será propuesta por la presidenta Sheinbaum.
<h2>Las reformas de la presidenta</h2>
La “productividad” morenista incluye, también, dos reformas constitucionales propuestas por Claudia Sheinbaum: la de protección a las mujeres, que ya fue promulgada, y la que crea una súper Secretaría de Seguridad para Omar García Harfuch, que ya sólo debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.
Además, Sheinbaum ha propuesto tres reformas legales ya aprobadas y promulgadas: la de la Administración Pública Federal (que crea nuevas secretarías), la de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
A la lista se suma la llamada reforma de “supremacía constitucional”, propuesta por los coordinadores de Morena (el senador Adán Augusto López y el diputado Ricardo Monreal) y los presidentes de las Cámaras (Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna), los verdaderos artífices del “plan C” que decidieron hacer una reforma que blinde todas las reformas del “plan C” frente a controversias y acciones de inconstitucionalidad.
<h2>Una &#8220;nueva&#8221; Constitución</h2>
En esa narrativa llena de símbolos llamada “cuarta transformación”, quedará asentado que, el próximo 5 de febrero, Claudia Sheinbaum celebrará el 108 aniversario de la Carta Magna festejando la profunda reforma hecha en el primer periodo ordinario de la LXVI Legislatura.
Para ese entonces, se habrán aprobado y promulgado casi todas las reformas constitucionales del “plan C”, que implican tocar 51 de los 136 artículos de la Carta Magna vigente desde 1917.
Las reformas -que en los hechos convierten a México en otro país- se habrán procesado en tiempo récord, sin mayor discusión, sin atender a las oposiciones ni las advertencias de académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. En sus prisas, habrán obviado la transparencia, prácticas como el parlamento abierto y el rigor del proceso legislativo, generando una serie de antinomias entre las reglas pasadas y las nuevas.
Los cambios deberán plasmarse en cientos de normas secundarias -muchas de las cuales no existen ni siquiera en la mente de los legisladores-, e implicarán una construcción institucional muy distinta a la que nos rige actualmente.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

“Plan C”: el cambio de régimen que soñó AMLO está por concretarse

‘Plan C’: el cambio de régimen que soñó AMLO está por concretarse

El llamado “Plan C” que dejó Andrés Manuel López Obrador como hoja de ruta para su sucesora, Claudia Sheinbaum, es una locomotora que avanza irremediablemente, y que tiene una parada estratégica el 1º de junio de 2025, cuando se lleve a cabo la jornada electoral para votar por 881 cargos en el Poder Judicial Federal, y otros cientos a nivel estatal.
Hoy ya no hay duda de que esa insólita y controvertida elección ocurrirá, pese a todas las críticas que se le ha hecho al proceso, las complicaciones logísticas, lo apretado de los tiempos, los regateos presupuestales de Morena y el aparente desinterés de la comunidad jurídica del país en postularse a algunos de los cargos.
La elección será la cereza del pastel de un proceso iniciado por Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024, y hoy se antoja difícil que alguien se interponga en el camino.
Todo apunta a que no habrá una prórroga de 90 días como la que el Instituto Nacional Electoral pidió la semana pasada al Congreso, y que el cronograma de la elección se cumplirá en tiempo y forma. Todo parece indicar que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, firmó el oficio con la petición de prórroga sólo para darle por su lado al grupo de consejeras y consejeros que no comulgan con la &#8220;4T&#8221;, y que han intentado -sin éxito- poner peros a que el instituto se embarque en esa aventura.
La principal preocupación en el grupo que no apoya a Taddei es la posibilidad de que decenas de estados modifiquen su constitución estatal y convoquen a elecciones locales de jueces, lo que sumaría miles de cargos en elecciones concurrentes. Hasta el momento, Michoacán, Tamaulipas y Durango ya van en esa ruta. En la Ciudad de México comienza a hablarse de ello, al igual que en otros estados gobernados por Morena.
Y, pese a esa posibilidad de ir a una elección gigantesca, todo está en ruta para llegar al 1º de junio: el Senado sorteó los cargos de Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que se elegirán en este año. Se conformaron los comités de evaluación de candidaturas en los tres Poderes de la Unión (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), se convocó a la ciudadanía interesada, y este domingo 24 de noviembre se cerró el registro de aspirantes, con más de 21 mil personas que buscan uno de los cargos en disputa.
El INE inició el proceso formal y legal el 23 de septiembre y, aunque tuvo que suspenderlo durante más de un mes por las suspensiones de jueces en contra de la reforma judicial, la semana pasada levantó la pausa y retomó los trabajos, gracias a una sentencia del Tribunal Electoral.
Ya se instaló la Comisión de seguimiento del proceso electoral, se aprobaron el programa y calendario de actividades, se acordó que el 2 de diciembre se instalarán los Consejos Locales y Distritales del INE, y una cartografía para adaptar la geografía electoral de 300 distritos a los circuitos y distritos judiciales.
<h2>¿Qué sigue ahora?</h2>
<ol>
<li>De aquí al 15 de diciembre, los tres Comités de Evaluación revisarán la documentación entregada por los miles de aspirantes que acudieron a la convocatoria, e informarán quienes pasaron ese primer filtro.</li>
<li>Después de ese día, y hasta el 31 de enero, los comités depurarán la lista para llegar a una primera lista de candidaturas, una por cada Poder, con el siguiente número de aspirantes por cada cargo:</li>
</ol>
<ul>
<li>10 para los cargos de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.</li>
<li>6 para las magistraturas de Tribunal de Circuito y para jueces de Distrito Judicial.</li>
</ul>
Así, para ese primer filtro se esperaría que hubiera 16 mil 230 candidaturas, suponiendo que cada Poder llegue al número de aspirantes idóneos para cada cargo. Conforme a esta tabla:
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-medium wp-image-1474327" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-1-600x400.jpg" alt="Tabla 1 elección cargos en el Poder Judicial" width="600" height="400" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-1-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
<ol>
<li>El 5 de febrero de 2025, cada Comité de Evaluación pondrá en una tómbola los nombres mejor evaluados para cada cargo, y se realizará un sorteo para llegar al número de candidaturas que cada Poder podrá poner en la boleta, según lo estipulado en la Constitución.
<ul>
<li>3 para los cargos de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.</li>
<li>2 para las magistraturas de Tribunal de Circuito y para jueces de Distrito Judicial.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h2> Más de cinco mil candidaturas</h2>
Esta ruta llevará a la postulación de máximo 5 mil 379 candidaturas para la elección de los más de 881 cargos que estarán en disputa, conforme a la siguiente tabla:
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-medium wp-image-1474328" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-2-600x400.jpg" alt="Tabla 2 elección judicial" width="600" height="400" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-2-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
<ol>
<li>El 12 de febrero, el Senado enviará las listas definitivas de candidaturas al Instituto Nacional Electoral (INE), que deberá proceder al diseño e impresión de las boletas electorales, para distribuirlas conforme a la cartografía aprobada la semana pasada.</li>
<li>El 30 de marzo darán inicio campañas de todos los candidatos, en las que el INE deberá difundir los perfiles de las candidaturas, garantizar acceso equitativo en los tiempos oficiales de radio y TV, fiscalizar los ingresos y gastos, organizar debates entre los aspirantes a cada uno de los cargos y revisar que nadie viole las reglas de promoción en plataformas digitales y redes sociales (en las que está prohibida la contratación de pauta).</li>
<li>El 28 de mayo concluirán las campañas.</li>
<li>Y el domingo 1º de junio será la jornada electoral, a menos de que el régimen considere que sí le conviene la prórroga, una posibilidad ante la inscripción de un número menor de candidaturas respecto a las que se requerirían tan sólo para cumplir con la previsión del primer filtro.</li>
</ol>
Si este lunes 25 de noviembre se confirma que hay pocas candidaturas aún registradas, quizás alguien en el régimen decida explorar la posibilidad de dar una prórroga como la que pidió el INE.
Pero eso abriría un panorama muy complicado, que pasa por una reforma a los artículos transitorios de la reforma constitucional al Poder Judicial, en los que se colocó la fecha de la jornada electoral del 1º de junio.
Ese sería sólo un primer paso para aplazar todo, que implicaría reabrir convocatorias, mover plazos y fechas, y darle más tiempo al INE, pero cambiándole todo el esquema del calendario y programa ya aprobados.
Faltan sólo 188 días para la jornada electoral y no se ve sencillo el panorama. A las complicaciones logísticas y de calendario, se sumará el problema presupuestal, si es que Morena y la presidenta se empeñan en recortar la partida de 13 mil 205 millones de pesos solicitados por el INE para organizarles su elección.
Sin tiempo, ni dinero, el INE podría jugarse su prestigio en esta elección. Un descalabro sería fatal, de cara a posteriores citas en las urnas y cuando Morena y la presidenta amenazan con ejecutar una reforma político-electoral antes de 2027.
<a href="https://twitter.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Elección judicial: 188 días

La Cámara de Diputados se apresta a aprobar la reforma constitucional conocida como “de simplificación orgánica” -una más dentro del llamado “Plan C” de Andrés Manuel López Obrador-, que en realidad tiene el único objetivo de desaparecer siete organismos constitucionales autónomos.
Si el proceso legislativo es tan rápido como el de anteriores reformas del “Plan C”, en un par de semanas habrán de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección (Inai), la Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
El argumento o pretexto es que, con su desaparición, el gobierno federal podría ahorrarse 32 mil millones de pesos y destinarlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
En los hechos, esta reforma responde a un viejo prejuicio del expresidente López Obrador, quien siempre consideró a estos organismos como estructuras burocráticas, corruptas, dominadas por funcionarios sin ética ni escrúpulos, y que duplicaban funciones.
A los organismos constitucionales autónomos el gobierno anterior y el actual les achacan múltiples pecados, principalmente el del comportamiento de sus comisionados, consejeros y demás altos funcionarios: cobrar sueldos mayores al del presidente de la República, tener prestaciones excesivas -como los gatos de alimentación, viáticos y seguros-, y el hecho de ser puertas giratorias, en las que un día son reguladores y al otro día son parte de las empresas y entes regulados.
Ciertamente, algunos de sus responsables le han hecho un grave daño a estas instituciones con su comportamiento en el cargo y después del cargo. Destaca un caso, como ejemplo: Ximena Puente, que fue presidenta del Inai de 2014 a 2017, y en 2018 ya era diputada federal del PRI, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.
En los casos de las organismos reguladores de actividades económicas y del sector energético, se han denunciado omisiones graves en casos específicos, trato preferente a empresas hegemónicas y, en resumen, la cooptación de los reguladores por parte de los regulados.
Con todo y estos “pecados”, la gran pregunta es si la mejor salida para resolver los problemas de los organismos autónomos es desaparecerlos y regresar al modelo institucional previo a los años 90, cuando los gobiernos priistas carecían de contrapesos.
<h2>Qué pasará con las funciones de los OCA   </h2>
El <a href="https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/-diputadas-y-diputados-conocen-para-tramite-de-publicidad-dictamen-que-plantea-la-extincion-de-siete-organismos-autonomos" target="_blank" rel="noopener">dictamen que será discutido el miércoles en la Cámara de Diputados</a> propone que las funciones que cumplen estos organismos sean desempeñadas por otras instituciones, principalmente dependencias gubernamentales a excepción del Coneval, cuyas funciones serían transferidas a otro organismo autónomo que sí sobrevivirá a la reforma del “Plan C”: el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Mantener la valuación de la política social en otro organismo con autonomía constitucional no suena mal, de entrada; sin embargo, el <a href="https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2024/Posicionamiento_CONEVAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">Coneval ha expresado que esta reforma pone en riesgo la capacidad del Estado para apuntalar la lucha contra la pobreza</a> y la promoción de los derechos sociales.
En los demás casos, sería el gobierno el que desempeñe funciones que, hace un par de décadas, se colocaron en un organismo autónomo para impedir que el gobierno sea juez y parte:
Las funciones de la CNH y CRE pasarían a la Secretaría de Energía; las del Ifetel a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; las de Mejoredu a la Secretaría de Educación Pública; las de la Cofece a la Secretaría de Economía, y las del Inai a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
<h2>En defensa del Inai</h2>
De todos los cambios, el más descabellado y riesgoso es el que busca pasar las funciones del Inai a la Secretaría Anticorrupción, hoy en manos de la morenista Raquel Buenrostro.
La decisión pone en riesgo el derecho a la información, consagrado en el artículo sexto de la Constitución, pues se elimina el órgano colegiado en el que se debaten y deciden los litigios interpuestos por ciudadanas y ciudadanos a quienes se les niega la entrega de información pública.
Un colegiado que debería estar integrado por siete comisionados, aunque hoy Morena lo tiene en sólo cuatro porque se ha negado a nombrar a quienes ocupen las vacantes que se han dado de 2022 a la fecha.
La reforma no sólo desaparece al Inai, sino a los institutos de transparencia de las entidades federativas.
Con la reforma que votarán Morena y sus aliados PVEM y PT, esta semana en Cámara de Diputados y la próxima semana en el Senado, habrá que confiar en la buena fe de una secretaria de Estado cercana a López Obrador para que todos los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia.
Y habrá que apelar a que la secretaria Buenrostro, y sus sucesoras en el futuro, permitirán que una instancia gubernamental falle a favor del ciudadano cuando éste tenga que litigar una solicitud de información.
La reforma constitucional abre la puerta a la creación de una nueva Ley en materia de transparencia, que será diseñada y aprobada por las mayorías oficialistas en el Congreso, y que seguramente limitará el acceso a la información y cuidará a los gobiernos morenistas, tanto federal como estatales, de investigaciones periodísticas y ciudadanas que busquen transparentar contratos, licitaciones, costo y desarrollo de obras públicas, adquisición de insumos (como medicinas) y contratación de servicios.
La reforma obstaculizará la rendición de cuentas, y volverá más opaco el ejercicio del servicio público y el manejo de los recursos del pueblo.
Además, deja en el limbo la protección de datos personales, una función que venía cumpliendo el Inai y que ahora quedará en manos de alguna dependencia que no se precisa en el dictamen que votarán los diputados.
<h2>Tiempo para recapacitar</h2>
La reforma es inminente y, sin embargo, aún vale la pena apelar a la sensatez y responsabilidad de los líderes de Morena en el Congreso y de legisladores como el senador Javier Corral, la senadora Malú Micher; los diputados Ricardo Monreal y Alfonso Ramírez Cuéllar, otrora defensores de la transparencia y la rendición de cuentas en pasadas legislaturas.
Quedan unos cuantos días y, sin embargo, no está por demás apelar a la sensatez y responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tiene frente a sí una nueva oportunidad de distinguirse de su predecesor y demostrar que ha comenzado a delinear el destino de su propio sexenio.
No desaparecer al Inai y al Coneval, e impulsar una reforma para mejorarlos sin tirarlos a la basura, sería una señal política que le daría un respiro a su gobierno, hoy agobiado por múltiples frentes abiertos. Aún hay tiempo para recapacitar.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Inai y Coneval: aún hay tiempo para recapacitar

Jorge Romero Herrera será dirigente nacional del PAN durante los próximos tres años y, con ello, el principal partido opositor estará dando un paso más hacia la irrelevancia política.
Su dirigencia no será producto de la recomposición del partido ni de la reflexión profunda tras su derrota electoral. No es un relevo generacional, ni mucho menos un retorno a la doctrina y programa originales de Acción Nacional.
La elección de Jorge Romero es el pago de múltiples facturas; principalmente, la que Marko Cortés le debía, pues fue Romero y su control de los padrones de militantes panistas lo que llevó a Cortés a la dirigencia en 2018, y a la reelección en 2021, a pesar de sus pésimos resultados.
El triunfo del diputado y exjefe delegacional de la Benito Juárez es la coronación del “cártel inmobiliario” en la política mexicana. La victoria de los padroneros, la consecuencia lógica del proceso de degradación que el PAN inició hace 24 años, cuyo único destino posible es la extinción.
Romero no compitió contra nadie, pues la candidatura de la tlaxcalteca Adriana Dávila nació sin posibilidad alguna.
La “elección” a la que fueron convocadas 300 mil personas que aún forman parte de los padrones de militantes del PAN fue, en realidad, una pelea arreglada en la que no era posible distinguir proyectos de partido, batallas ideológicas o una competencia real.
<h2>El reacomodo de “Los Ocean”</h2>
Desde 2023, Marko Cortés pactó con Jorge Romero y su grupo que, pasara lo que pasara el 2 de junio de 2024, él iba a ser su sucesor en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
Pero no sólo Romero iba en ese paquete, que de entrada desahuciaba a su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, en quien nunca creyeron, a quien sólo apoyaron con lo básico y en el discurso, a quien postularon a la Presidencia de la República sólo porque no había de otra, a la que nunca respetaron y con la que Marko riñó groseramente la misma noche del 2 de junio y en los días posteriores.
El acuerdo ideado por Marko Cortés y Jorge Romero daba por descontada la derrota de Xóchitl, e implicaba el reparto de candidaturas y posiciones, al estilo del famoso <a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/coahuila-nombramientos-pan-pri">pacto del PAN con el PRI en Coahuila</a> que el propio líder panista hizo público en plena campaña.
La diferencia es que en este caso aún no se da a conocer el contrato, pero la lógica es la misma: repartirse el poder público como si fuera su patrimonio, al margen de la opinión de militantes y ciudadanos.
De esa manera, Marko Cortés se quedó con la candidatura número 1 de la Lista Nacional del PAN al Senado. Jorge Romero con la dirigencia nacional del partido. Y Santiago Taboada con la candidatura a la Jefatura de Gobierno, en una campaña que recibió más apoyo, más patrocinios y más esfuerzos partidistas que la de Xóchitl Gálvez.
Taboada, a quien los panistas lograron colocar en la pelea, pero se desfondó en el último mes de campaña, fue el único damnificado del clan Romero, <a href="https://animalpolitico.com/politica/christian-von-roehrich-panista-perfil-detenido">una cofradía conocida como “Los Ocean”</a> que opera desde la primera década de los dos miles, que se ha apoderado del PAN capitalino y que hoy por hoy es el grupo con más poder e influencia en Acción Nacional. Son dueños de los padrones de militantes y, con ello, de dirigencias y candidaturas locales.
Como han hecho siempre, el pasado 2 de junio “Los Ocean” ganaron, mientras su partido perdía.
Jorge Romero Herrera se reeligió como diputado federal, a la espera de ser ungido como dirigente nacional.
Luis Mendoza Acevedo fue electo alcalde de Benito Juárez, posición estratégica para la operación del grupo político vinculado con el &#8220;cártel inmobiliario&#8221;, una trama de corrupción que mantiene en la cárcel a Christian Von Roehrich, el único “hermano” del clan que ha sido involucrado y procesado por esos hechos.
Un dato singular es que el hermano del actual alcalde, Víctor Manuel Acevedo, se encuentra prófugo de la justicia por actos cometidos cuando fungió como director de Planeación de la Benito Juárez.
Andrés Atayde Rubiolo, exdirigente del PAN de la Ciudad de México, ahora es el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la CDMX. Y Mauricio Tabe se reeligió como alcalde de la Miguel Hidalgo.
<a href="https://animalpolitico.com/analisis/autores/explicador-politico/taboada-y-el-reacomodo-de-los-ocean">El reacomodo de “Los Ocean”</a> se corona con la elección de Jorge Romero Herrera al frente de la dirigencia nacional del PAN, un partido que irá a la batalla contra Morena y Claudia Sheinbaum tocado por el escándalo del &#8220;cártel inmobiliario&#8221;, un caso bien conocido por la actual coordinadora jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, que como fiscal investigó y usó políticamente el caso, hasta donde pudo.
<h2>Un partido sin viabilidad electoral ni política</h2>
Es difícil encontrar el momento exacto en el que el PAN comenzó su degradación, pero fácil contar los episodios que contribuyeron a eso.
Uno de esos capítulos fue la campaña de Vicente Fox, en el año 2000, cuando la dirigencia panista solapó y encubrió el financiamiento ilegal de la campaña del guanajuatense a través de la asociación “Amigos de Fox”.
Otro ocurrió en 2004, cuando el PAN promovió en la Cámara de Diputados el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, con la idea de inhabilitarlo como competidor en las elecciones de 2006.
Uno más se dio en 2005, cuando un personaje impresentable, como Manuel Espino, fue impulsado desde la Presidencia para llegar a la dirigencia del partido.
Y qué decir de 2006, cuando Felipe Calderón mandó a volar la doctrina y los principios de los fundadores, y sustituyó la dignidad gomezmoriniana de la “brega de eternidad”, por el pragmático “haiga sido como haiga sido”.
Después de las elecciones de 2006, todo ha sido decadencia en el PAN, pues el partido que abandonó sus principios para convertirse en una máquina de ganar elecciones, también dejó de ganar elecciones.
Las campañas de Josefina Vázquez Mota (2012), Ricardo Anaya (2018) y Xóchitl Gálvez (2024), fueron cada una peor que la anterior; costosas, por momentos ridículas y siempre alejadas de la ciudadanía.
La última estación de ese desastre fue la alianza con el PRI, incitada en 2021 por Claudio X. González, y firmada por Marko Cortés con “Alito” Moreno y Jesús Zambrano.
Una alianza que llevó a los panistas a la peor de elección de su historia, y a ser lo que son hoy: un partido con cinco gubernaturas, 22 senadores (incluido Miguel Ángel Yunes), y 71 diputados federales.
Un partido extraviado ideológicamente y derrotado en lo electoral, que no es alternativa para la ciudadanía que no respalda el proyecto del actual gobierno.
Un partido que se quedó sin dirigentes capaces de enderezar el rumbo y que solamente tuvo una opción para la renovación de su dirigencia: Jorge Romero, a quien de por sí ya se le había hipotecado el partido.
Son días oscuros para la democracia; en el peor momento, México tiene a la peor oposición de la historia.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Jorge Romero y la degradación del PAN

Hay días que marcan un sexenio y este martes 5 de noviembre podría definir el rumbo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En Estados Unidos, el “Súper Martes” definirá si Donald Trump regresa a la Casa Blanca o si el electorado da el poder a Kamala Harris, quien se convertiría en la primera mujer presidenta de una de las naciones más poderosas del mundo.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votará el proyecto de sentencia propuesto por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, sobre la constitucionalidad de la reforma judicial y la inminente elección de cargos en ese poder.
Ambas decisiones serán importantes en la definición del rumbo de una gestión que apenas comienza; ambas ponen a prueba los reflejos, la prudencia política y el talante democrático del nuevo gobierno.
<h2>Estados Unidos: ¿el regreso de Trump?</h2>
Que Donald Trump regrese al poder no es poca cosa. Lo primero que hay que decir es que su sola postulación habla mal de un partido, el Partido Republicano, que fue incapaz de generar un blindaje frente al populismo con tintes fascistas que representa Trump, y habla pésimo de una sociedad que decide premiar sus diatribas dándole una nueva oportunidad de gobernar ese país.
El discurso agresivo de Trump en contra de los migrantes, su intención de revisar el tratado comercial con México y Canadá, sus quejas constantes por la presencia de empresas norteamericanas que deciden invertir y operar en México y no en la Unión Americana, sus políticas proteccionistas, sus posturas ultra nacionalistas y xenófobas, su posición frente a las guerras de Rusia-Ucrania e Israel-Hezbolá y el profundo desprecio que siempre ha demostrado hacia las mujeres (a las que trata como un simple objeto sexual), deberían preocupar bastante al gobierno de Claudia Sheinbaum.
Aunque el canciller Juan Ramón de la Fuente haya dicho en varias entrevistas recientes que a México no le afecta de manera especial el que gane una u otra opción, lo cierto es que las consecuencias del desenlace en el “Súper Martes” norteamericano podrían sentirse de inmediato.
El solo hecho de que Trump sea el puntero en las encuestas y en las casas de apuestas ha puesto nerviosos a los mercados y debilitado al peso mexicano. Muy lejos quedaron los días en los que el dólar llegó a cotizar en menos de 17 pesos.
<h2>Paradas clave en la elección norteamericana</h2>
Hay cuatro fechas clave en el calendario, a las que la administración de Claudia Sheinbaum debería poner atención: una es este martes 5 de noviembre, pues ahí se definirá si es Trump, si es Harris, o si la elección es tan cerrada que no pueda declararse un ganador claro.
En caso de un triunfo de Harris, es previsible que Donald Trump desconozca el resultado, y recurra al expediente del “fraude electoral”, que ensayó en 2020 y para el cual ha preparado su retórica en la actual campaña, y eso complica el escenario.
En caso de que la distribución de los votos no dé una definición clara de ganador, habrá que esperar hasta que el Colegio Electoral haga el conteo oficial y dé su veredicto.
Eso nos lleva a la siguiente fecha que el canciller Juan Ramón de la Fuente ya tiene marcada en su calendario: el 17 de diciembre, cuando los 538 delegados del Colegio Electoral se reúnan para elegir de manera oficial al próximo presidente o presidenta.
Ya en 2020 Trump dio muestras -desde la Casa Blanca- de lo que puede hacer cuando el Colegio Electoral no lo favorece, y este año no será diferente su reacción. Si gana Harris, él desconocerá el resultado, impugnará en tribunales y, lo más peligroso, alentará a sus millones de seguidores a reaccionar.
Eso nos lleva a la tercera fecha clave: el 6 de enero de 2025, cuando el Congreso lleve a cabo la sesión general para certificar los resultados de las elecciones. Hace cuatro años, cuando el Congreso se aprestaba a formalizar el triunfo de Joe Biden, Trump alentó la “toma del Capitolio”, un ataque físico a una de las instituciones de la democracia estadounidense, una acción que llevó el odio engendrado por Trump de la virtualidad de las redes sociales a la realidad; actos por los que el expresidente aún es investigado y enfrenta cargos penales.
Si todo eso se resuelve bien, el 20 de enero de 2025 será la toma de protesta de la nueva presidencia de Estados Unidos. Si Trump regresa a la Casa Blanca, la pesadilla apenas habrá comenzado.
<h2>México: ¿crisis constitucional?</h2>
En nuestro “súper martes” mexicano si, como es previsible, ocho ministros deciden votar a favor del proyecto de González Alcántara, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá modificado la reforma judicial que Morena, el Partido Verde, el PT y un senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, aprobaron en el mes de septiembre.
El proyecto no tira toda la reforma, pues mantiene la elección de ministras y ministros de la propia Corte, las magistraturas del Tribunal Electoral y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, pero pone a salvo a magistrados de circuito y jueces de distrito, con lo que protege la carrera judicial y da un respiro a cientos de personas juzgadoras que serían cesadas con la reforma.
La sentencia también cuestiona la fase de selección de candidaturas mediante los tres comités de evaluación que ya fueron anunciados y en los que nueve de quince son personajes afines a Morena.
El proyecto de González Alcántara busca una solución intermedia entre la postura radical con la que Morena y aliados aprobaron la reforma (tirar todo por la borda y reinventar de la nada al Poder Judicial “purificándolo”, es decir, pintándolo de guinda), y la postura radical con la que la mayoría de los opinadores, la oposición, académicos y exautoridades electorales han descalificado la reforma y la capacidad del pueblo para elegir a cargos del Poder Judicial.
Es una oportunidad para que Claudia Sheinbaum encuentre una solución a un problema que ha marcado el inicio de su sexenio, ante la cual ha reaccionado -preliminarmente- en sintonía con el radicalismo y la virulencia verbal de sus compañeros de partido que gobiernan el Senado y la Cámara de Diputados.
Se ve difícil, pero la presidenta aún podría corregir el rumbo, tomarle la palabra a la Corte, apostar por la vía intermedia y ahorrarle al país -ahorrarse a sí misma- una crisis constitucional que le costaría muy cara.
También existe la posibilidad de que se mantenga en la línea radical de las duplas Adán Augusto López-Gerardo Fernández Noroña (quienes manejan el Senado) y Ricardo Monreal-Sergio Gutiérrez Luna (líderes en San Lázaro), lo que la llevaría a desconocer la decisión de la Corte e ir al inédito choque de trenes que algunos ya prevén como desenlace fatal de todo este episodio.
Faltan horas para saberlo, cuando la reacción de Sheinbaum ante los dos “Súper Martes” -el nuestro y el de Estados Unidos- marque el rumbo de su sexenio.
Comenzar su gestión con Donald Trump en la presidencia y con una crisis constitucional en casa sería el peor de sus escenarios. Allá no puede hacer nada para evitarlo, aquí sí, y mucho.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Los dos “súper martes”

El Instituto Nacional Electoral prevé solicitar a la Cámara de Diputados 12 mil 900 millones de pesos para organizar las primeras elecciones de cargos del Poder Judicial, previstas para el 1º de junio de 2025. Se trata del proceso electoral más caro en la historia de la democracia mexicana.
Las elecciones federales de 2024, en las que se renovó la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados, tuvieron un costo de 8 mil 200 millones de pesos.
Las elecciones federales de 2021 costaron 7 mil 861 millones de pesos, y las federales de 2018 costaron 7 mil 144 millones de pesos. En ambos casos, Morena -el partido de Andrés Manuel López Obrador- se quejó por el costo de las elecciones y, durante todo el sexenio 2019-2024, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados aplicó sendos recortes al presupuesto solicitado por el INE.
Estas cifras sólo consideran la partida presupuestal solicitada por el INE para un rubro conocido como “organización de elecciones federales”, y no considera el presupuesto base para la operación del instituto, adquisición de materiales, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y pago de sueldos del personal del INE.
Tampoco incluyen el gasto en partidos políticos, que cada año reciben prerrogativas para su gasto ordinario y, en años de elecciones federales, una cantidad adicional para gastos de campaña. En 2024, por ejemplo, los partidos recibieron 10 mil 444 millones de pesos.
Para 2025, el financiamiento público de los partidos será de 7 mil 354 millones de pesos, que se repartirán entre las seis franquicias con registro nacional: Morena, PAN, PRI, MC, PVEM y PT. Como ellos no están contemplados en la elección de jueces, no recibirán recursos para gastos de campaña, pero sí sus prerrogativas anuales para gasto ordinario.
El alto costo de la democracia electoral fue uno de los temas con los que López Obrador y Morena justificaron sus críticas al INE y sus intentos por reformarlo.
Siempre se quejaron de una democracia cara y alejada del pueblo, pero ahora, de cara a las inéditas elecciones judiciales de 2025, aún no se escuchan las voces que fustiguen al INE; quizás, porque aún no conocen el anteproyecto de presupuesto del INE para 2025.
<h2>El gasto electoral más alto de la historia</h2>
Según las cifras que se dieron a conocer el sábado pasado en la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, este año el instituto hará una solicitud presupuestal histórica a la Cámara de Diputados, que rondará los 40 mil millones de pesos.
El INE pedirá 15 mil 295 millones de pesos para su operación anual: presupuesto base (operación, nómina y materiales) y cartera institucional de proyectos.
Además, le corresponde solicitar los 7 mil 354 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos, que no forma parte de su patrimonio, pues lo entrega directamente a los partidos en depósitos mensuales.
Un tercer rubro es una partida precautoria que se solicita desde el año 2021, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Consulta Popular, ante la eventualidad de que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o la ciudadanía promuevan una consulta como la ocurrida hace tres años. La partida precautoria para una probable Consulta Popular en 2025 asciende a 4 mil 620 millones de pesos.
Todo esto da un total de 27 mil 270 millones de pesos, que el INE enviará a la Secretaría de Hacienda para que ésta a su vez la incorpore en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2025, que ya le corresponderá a la Cámara de Diputados aprobar, con o sin modificaciones.
Una cuarta partida será la que se destine a la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial, que según las cifras que extraoficialmente ha compartido la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, será de 12 mil 900 millones de pesos.
La suma total de estos rubros es de 40 mil 170 millones de pesos, que sin duda representan una cantidad extraordinaria en relación a lo ejercido por el instituto y los partidos desde que en 1990 se fundó el IFE, hoy INE.
Suponiendo que no hay Consulta Popular -como todo parece indicar- y sin considerar el financiamiento de los partidos políticos, el costo del INE -con todo y la elección de jueces- sería de 28 mil 196 millones de pesos.
Según un análisis del INE sobre los presupuestos ejercidos de 2014 a la fecha, esos 28 mil millones también representarían una cifra histórica respecto a otros años con elecciones federales:
<ul>
<li>2025: 28 mil 196 millones de pesos</li>
<li>2024: 23 mil 224 millones de pesos</li>
<li>2021: 22 mil 287 millones de pesos</li>
<li>2018: 22 mil 705 millones de pesos</li>
<li>2015: 20 mil 927 millones de pesos</li>
</ul>
<h2>La elección judicial va</h2>
Lo cierto es que el simple hecho de que el INE tenga ya un estimado de lo que podría costar la elección de personas juzgadoras es el mejor indicativo de que este proceso está en marcha, pese a todas las controversias jurídicas -incluidas cientos de suspensiones emitidas por jueces contra diversas etapas de la reforma judicial-, y pese a la polémica que ha levantado todo el proceso.
La reforma judicial viaja en un tren que Morena conduce sin freno: a la reforma constitucional, aprobada en septiembre, siguieron las reformas a las leyes secundarias y la implementación, con la insaculación para determinar qué cargos se elegirán este año, y la próxima instalación de los comités de evaluación previstos para que cada uno de los tres Poderes filtre y determine las candidaturas.
Esta semana habrán de instalarse dichos comités y el 4 de noviembre cada uno de los tres Poderes lanzará la convocatoria para que los interesados se inscriban en el complejo proceso para tratar de estar en la boleta el 1º de junio del próximo año.
El INE -que ha obtenido ya una acción declarativa del Tribunal Electoral para avalar sus actos en el proceso electoral en marcha- ha decidido reanudar las actividades, y se apresta a movilizar la maquinaria humana y logística que, cada tres años, hace posible que se instalen más de 160 mil casillas para que casi cien millones de electores tengan una boleta electoral esperándolos en las urnas.
La complejidad de la elección judicial, que se abre camino en medio de impugnaciones, pondrá a prueba esa capacidad que ha hecho del INE una de las instituciones más confiables y apreciadas por la ciudadanía.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Siguenos en:

Siguenos en:

Plumaje