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El llamado “Plan C” que dejó Andrés Manuel López Obrador como hoja de ruta para su sucesora, Claudia Sheinbaum, es una locomotora que avanza irremediablemente, y que tiene una parada estratégica el 1º de junio de 2025, cuando se lleve a cabo la jornada electoral para votar por 881 cargos en el Poder Judicial Federal, y otros cientos a nivel estatal.
Hoy ya no hay duda de que esa insólita y controvertida elección ocurrirá, pese a todas las críticas que se le ha hecho al proceso, las complicaciones logísticas, lo apretado de los tiempos, los regateos presupuestales de Morena y el aparente desinterés de la comunidad jurídica del país en postularse a algunos de los cargos.
La elección será la cereza del pastel de un proceso iniciado por Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024, y hoy se antoja difícil que alguien se interponga en el camino.
Todo apunta a que no habrá una prórroga de 90 días como la que el Instituto Nacional Electoral pidió la semana pasada al Congreso, y que el cronograma de la elección se cumplirá en tiempo y forma. Todo parece indicar que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, firmó el oficio con la petición de prórroga sólo para darle por su lado al grupo de consejeras y consejeros que no comulgan con la &#8220;4T&#8221;, y que han intentado -sin éxito- poner peros a que el instituto se embarque en esa aventura.
La principal preocupación en el grupo que no apoya a Taddei es la posibilidad de que decenas de estados modifiquen su constitución estatal y convoquen a elecciones locales de jueces, lo que sumaría miles de cargos en elecciones concurrentes. Hasta el momento, Michoacán, Tamaulipas y Durango ya van en esa ruta. En la Ciudad de México comienza a hablarse de ello, al igual que en otros estados gobernados por Morena.
Y, pese a esa posibilidad de ir a una elección gigantesca, todo está en ruta para llegar al 1º de junio: el Senado sorteó los cargos de Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que se elegirán en este año. Se conformaron los comités de evaluación de candidaturas en los tres Poderes de la Unión (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), se convocó a la ciudadanía interesada, y este domingo 24 de noviembre se cerró el registro de aspirantes, con más de 21 mil personas que buscan uno de los cargos en disputa.
El INE inició el proceso formal y legal el 23 de septiembre y, aunque tuvo que suspenderlo durante más de un mes por las suspensiones de jueces en contra de la reforma judicial, la semana pasada levantó la pausa y retomó los trabajos, gracias a una sentencia del Tribunal Electoral.
Ya se instaló la Comisión de seguimiento del proceso electoral, se aprobaron el programa y calendario de actividades, se acordó que el 2 de diciembre se instalarán los Consejos Locales y Distritales del INE, y una cartografía para adaptar la geografía electoral de 300 distritos a los circuitos y distritos judiciales.
<h2>¿Qué sigue ahora?</h2>
<ol>
<li>De aquí al 15 de diciembre, los tres Comités de Evaluación revisarán la documentación entregada por los miles de aspirantes que acudieron a la convocatoria, e informarán quienes pasaron ese primer filtro.</li>
<li>Después de ese día, y hasta el 31 de enero, los comités depurarán la lista para llegar a una primera lista de candidaturas, una por cada Poder, con el siguiente número de aspirantes por cada cargo:</li>
</ol>
<ul>
<li>10 para los cargos de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.</li>
<li>6 para las magistraturas de Tribunal de Circuito y para jueces de Distrito Judicial.</li>
</ul>
Así, para ese primer filtro se esperaría que hubiera 16 mil 230 candidaturas, suponiendo que cada Poder llegue al número de aspirantes idóneos para cada cargo. Conforme a esta tabla:
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-medium wp-image-1474327" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-1-600x400.jpg" alt="Tabla 1 elección cargos en el Poder Judicial" width="600" height="400" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-1-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
<ol>
<li>El 5 de febrero de 2025, cada Comité de Evaluación pondrá en una tómbola los nombres mejor evaluados para cada cargo, y se realizará un sorteo para llegar al número de candidaturas que cada Poder podrá poner en la boleta, según lo estipulado en la Constitución.
<ul>
<li>3 para los cargos de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.</li>
<li>2 para las magistraturas de Tribunal de Circuito y para jueces de Distrito Judicial.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h2> Más de cinco mil candidaturas</h2>
Esta ruta llevará a la postulación de máximo 5 mil 379 candidaturas para la elección de los más de 881 cargos que estarán en disputa, conforme a la siguiente tabla:
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-medium wp-image-1474328" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-2-600x400.jpg" alt="Tabla 2 elección judicial" width="600" height="400" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-2-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Tabla-2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
<ol>
<li>El 12 de febrero, el Senado enviará las listas definitivas de candidaturas al Instituto Nacional Electoral (INE), que deberá proceder al diseño e impresión de las boletas electorales, para distribuirlas conforme a la cartografía aprobada la semana pasada.</li>
<li>El 30 de marzo darán inicio campañas de todos los candidatos, en las que el INE deberá difundir los perfiles de las candidaturas, garantizar acceso equitativo en los tiempos oficiales de radio y TV, fiscalizar los ingresos y gastos, organizar debates entre los aspirantes a cada uno de los cargos y revisar que nadie viole las reglas de promoción en plataformas digitales y redes sociales (en las que está prohibida la contratación de pauta).</li>
<li>El 28 de mayo concluirán las campañas.</li>
<li>Y el domingo 1º de junio será la jornada electoral, a menos de que el régimen considere que sí le conviene la prórroga, una posibilidad ante la inscripción de un número menor de candidaturas respecto a las que se requerirían tan sólo para cumplir con la previsión del primer filtro.</li>
</ol>
Si este lunes 25 de noviembre se confirma que hay pocas candidaturas aún registradas, quizás alguien en el régimen decida explorar la posibilidad de dar una prórroga como la que pidió el INE.
Pero eso abriría un panorama muy complicado, que pasa por una reforma a los artículos transitorios de la reforma constitucional al Poder Judicial, en los que se colocó la fecha de la jornada electoral del 1º de junio.
Ese sería sólo un primer paso para aplazar todo, que implicaría reabrir convocatorias, mover plazos y fechas, y darle más tiempo al INE, pero cambiándole todo el esquema del calendario y programa ya aprobados.
Faltan sólo 188 días para la jornada electoral y no se ve sencillo el panorama. A las complicaciones logísticas y de calendario, se sumará el problema presupuestal, si es que Morena y la presidenta se empeñan en recortar la partida de 13 mil 205 millones de pesos solicitados por el INE para organizarles su elección.
Sin tiempo, ni dinero, el INE podría jugarse su prestigio en esta elección. Un descalabro sería fatal, de cara a posteriores citas en las urnas y cuando Morena y la presidenta amenazan con ejecutar una reforma político-electoral antes de 2027.
<a href="https://twitter.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Elección judicial: 188 días

La Cámara de Diputados se apresta a aprobar la reforma constitucional conocida como “de simplificación orgánica” -una más dentro del llamado “Plan C” de Andrés Manuel López Obrador-, que en realidad tiene el único objetivo de desaparecer siete organismos constitucionales autónomos.
Si el proceso legislativo es tan rápido como el de anteriores reformas del “Plan C”, en un par de semanas habrán de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección (Inai), la Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
El argumento o pretexto es que, con su desaparición, el gobierno federal podría ahorrarse 32 mil millones de pesos y destinarlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
En los hechos, esta reforma responde a un viejo prejuicio del expresidente López Obrador, quien siempre consideró a estos organismos como estructuras burocráticas, corruptas, dominadas por funcionarios sin ética ni escrúpulos, y que duplicaban funciones.
A los organismos constitucionales autónomos el gobierno anterior y el actual les achacan múltiples pecados, principalmente el del comportamiento de sus comisionados, consejeros y demás altos funcionarios: cobrar sueldos mayores al del presidente de la República, tener prestaciones excesivas -como los gatos de alimentación, viáticos y seguros-, y el hecho de ser puertas giratorias, en las que un día son reguladores y al otro día son parte de las empresas y entes regulados.
Ciertamente, algunos de sus responsables le han hecho un grave daño a estas instituciones con su comportamiento en el cargo y después del cargo. Destaca un caso, como ejemplo: Ximena Puente, que fue presidenta del Inai de 2014 a 2017, y en 2018 ya era diputada federal del PRI, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.
En los casos de las organismos reguladores de actividades económicas y del sector energético, se han denunciado omisiones graves en casos específicos, trato preferente a empresas hegemónicas y, en resumen, la cooptación de los reguladores por parte de los regulados.
Con todo y estos “pecados”, la gran pregunta es si la mejor salida para resolver los problemas de los organismos autónomos es desaparecerlos y regresar al modelo institucional previo a los años 90, cuando los gobiernos priistas carecían de contrapesos.
<h2>Qué pasará con las funciones de los OCA   </h2>
El <a href="https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/-diputadas-y-diputados-conocen-para-tramite-de-publicidad-dictamen-que-plantea-la-extincion-de-siete-organismos-autonomos" target="_blank" rel="noopener">dictamen que será discutido el miércoles en la Cámara de Diputados</a> propone que las funciones que cumplen estos organismos sean desempeñadas por otras instituciones, principalmente dependencias gubernamentales a excepción del Coneval, cuyas funciones serían transferidas a otro organismo autónomo que sí sobrevivirá a la reforma del “Plan C”: el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Mantener la valuación de la política social en otro organismo con autonomía constitucional no suena mal, de entrada; sin embargo, el <a href="https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2024/Posicionamiento_CONEVAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">Coneval ha expresado que esta reforma pone en riesgo la capacidad del Estado para apuntalar la lucha contra la pobreza</a> y la promoción de los derechos sociales.
En los demás casos, sería el gobierno el que desempeñe funciones que, hace un par de décadas, se colocaron en un organismo autónomo para impedir que el gobierno sea juez y parte:
Las funciones de la CNH y CRE pasarían a la Secretaría de Energía; las del Ifetel a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; las de Mejoredu a la Secretaría de Educación Pública; las de la Cofece a la Secretaría de Economía, y las del Inai a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
<h2>En defensa del Inai</h2>
De todos los cambios, el más descabellado y riesgoso es el que busca pasar las funciones del Inai a la Secretaría Anticorrupción, hoy en manos de la morenista Raquel Buenrostro.
La decisión pone en riesgo el derecho a la información, consagrado en el artículo sexto de la Constitución, pues se elimina el órgano colegiado en el que se debaten y deciden los litigios interpuestos por ciudadanas y ciudadanos a quienes se les niega la entrega de información pública.
Un colegiado que debería estar integrado por siete comisionados, aunque hoy Morena lo tiene en sólo cuatro porque se ha negado a nombrar a quienes ocupen las vacantes que se han dado de 2022 a la fecha.
La reforma no sólo desaparece al Inai, sino a los institutos de transparencia de las entidades federativas.
Con la reforma que votarán Morena y sus aliados PVEM y PT, esta semana en Cámara de Diputados y la próxima semana en el Senado, habrá que confiar en la buena fe de una secretaria de Estado cercana a López Obrador para que todos los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia.
Y habrá que apelar a que la secretaria Buenrostro, y sus sucesoras en el futuro, permitirán que una instancia gubernamental falle a favor del ciudadano cuando éste tenga que litigar una solicitud de información.
La reforma constitucional abre la puerta a la creación de una nueva Ley en materia de transparencia, que será diseñada y aprobada por las mayorías oficialistas en el Congreso, y que seguramente limitará el acceso a la información y cuidará a los gobiernos morenistas, tanto federal como estatales, de investigaciones periodísticas y ciudadanas que busquen transparentar contratos, licitaciones, costo y desarrollo de obras públicas, adquisición de insumos (como medicinas) y contratación de servicios.
La reforma obstaculizará la rendición de cuentas, y volverá más opaco el ejercicio del servicio público y el manejo de los recursos del pueblo.
Además, deja en el limbo la protección de datos personales, una función que venía cumpliendo el Inai y que ahora quedará en manos de alguna dependencia que no se precisa en el dictamen que votarán los diputados.
<h2>Tiempo para recapacitar</h2>
La reforma es inminente y, sin embargo, aún vale la pena apelar a la sensatez y responsabilidad de los líderes de Morena en el Congreso y de legisladores como el senador Javier Corral, la senadora Malú Micher; los diputados Ricardo Monreal y Alfonso Ramírez Cuéllar, otrora defensores de la transparencia y la rendición de cuentas en pasadas legislaturas.
Quedan unos cuantos días y, sin embargo, no está por demás apelar a la sensatez y responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tiene frente a sí una nueva oportunidad de distinguirse de su predecesor y demostrar que ha comenzado a delinear el destino de su propio sexenio.
No desaparecer al Inai y al Coneval, e impulsar una reforma para mejorarlos sin tirarlos a la basura, sería una señal política que le daría un respiro a su gobierno, hoy agobiado por múltiples frentes abiertos. Aún hay tiempo para recapacitar.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Inai y Coneval: aún hay tiempo para recapacitar

Jorge Romero Herrera será dirigente nacional del PAN durante los próximos tres años y, con ello, el principal partido opositor estará dando un paso más hacia la irrelevancia política.
Su dirigencia no será producto de la recomposición del partido ni de la reflexión profunda tras su derrota electoral. No es un relevo generacional, ni mucho menos un retorno a la doctrina y programa originales de Acción Nacional.
La elección de Jorge Romero es el pago de múltiples facturas; principalmente, la que Marko Cortés le debía, pues fue Romero y su control de los padrones de militantes panistas lo que llevó a Cortés a la dirigencia en 2018, y a la reelección en 2021, a pesar de sus pésimos resultados.
El triunfo del diputado y exjefe delegacional de la Benito Juárez es la coronación del “cártel inmobiliario” en la política mexicana. La victoria de los padroneros, la consecuencia lógica del proceso de degradación que el PAN inició hace 24 años, cuyo único destino posible es la extinción.
Romero no compitió contra nadie, pues la candidatura de la tlaxcalteca Adriana Dávila nació sin posibilidad alguna.
La “elección” a la que fueron convocadas 300 mil personas que aún forman parte de los padrones de militantes del PAN fue, en realidad, una pelea arreglada en la que no era posible distinguir proyectos de partido, batallas ideológicas o una competencia real.
<h2>El reacomodo de “Los Ocean”</h2>
Desde 2023, Marko Cortés pactó con Jorge Romero y su grupo que, pasara lo que pasara el 2 de junio de 2024, él iba a ser su sucesor en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
Pero no sólo Romero iba en ese paquete, que de entrada desahuciaba a su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, en quien nunca creyeron, a quien sólo apoyaron con lo básico y en el discurso, a quien postularon a la Presidencia de la República sólo porque no había de otra, a la que nunca respetaron y con la que Marko riñó groseramente la misma noche del 2 de junio y en los días posteriores.
El acuerdo ideado por Marko Cortés y Jorge Romero daba por descontada la derrota de Xóchitl, e implicaba el reparto de candidaturas y posiciones, al estilo del famoso <a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/coahuila-nombramientos-pan-pri">pacto del PAN con el PRI en Coahuila</a> que el propio líder panista hizo público en plena campaña.
La diferencia es que en este caso aún no se da a conocer el contrato, pero la lógica es la misma: repartirse el poder público como si fuera su patrimonio, al margen de la opinión de militantes y ciudadanos.
De esa manera, Marko Cortés se quedó con la candidatura número 1 de la Lista Nacional del PAN al Senado. Jorge Romero con la dirigencia nacional del partido. Y Santiago Taboada con la candidatura a la Jefatura de Gobierno, en una campaña que recibió más apoyo, más patrocinios y más esfuerzos partidistas que la de Xóchitl Gálvez.
Taboada, a quien los panistas lograron colocar en la pelea, pero se desfondó en el último mes de campaña, fue el único damnificado del clan Romero, <a href="https://animalpolitico.com/politica/christian-von-roehrich-panista-perfil-detenido">una cofradía conocida como “Los Ocean”</a> que opera desde la primera década de los dos miles, que se ha apoderado del PAN capitalino y que hoy por hoy es el grupo con más poder e influencia en Acción Nacional. Son dueños de los padrones de militantes y, con ello, de dirigencias y candidaturas locales.
Como han hecho siempre, el pasado 2 de junio “Los Ocean” ganaron, mientras su partido perdía.
Jorge Romero Herrera se reeligió como diputado federal, a la espera de ser ungido como dirigente nacional.
Luis Mendoza Acevedo fue electo alcalde de Benito Juárez, posición estratégica para la operación del grupo político vinculado con el &#8220;cártel inmobiliario&#8221;, una trama de corrupción que mantiene en la cárcel a Christian Von Roehrich, el único “hermano” del clan que ha sido involucrado y procesado por esos hechos.
Un dato singular es que el hermano del actual alcalde, Víctor Manuel Acevedo, se encuentra prófugo de la justicia por actos cometidos cuando fungió como director de Planeación de la Benito Juárez.
Andrés Atayde Rubiolo, exdirigente del PAN de la Ciudad de México, ahora es el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la CDMX. Y Mauricio Tabe se reeligió como alcalde de la Miguel Hidalgo.
<a href="https://animalpolitico.com/analisis/autores/explicador-politico/taboada-y-el-reacomodo-de-los-ocean">El reacomodo de “Los Ocean”</a> se corona con la elección de Jorge Romero Herrera al frente de la dirigencia nacional del PAN, un partido que irá a la batalla contra Morena y Claudia Sheinbaum tocado por el escándalo del &#8220;cártel inmobiliario&#8221;, un caso bien conocido por la actual coordinadora jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, que como fiscal investigó y usó políticamente el caso, hasta donde pudo.
<h2>Un partido sin viabilidad electoral ni política</h2>
Es difícil encontrar el momento exacto en el que el PAN comenzó su degradación, pero fácil contar los episodios que contribuyeron a eso.
Uno de esos capítulos fue la campaña de Vicente Fox, en el año 2000, cuando la dirigencia panista solapó y encubrió el financiamiento ilegal de la campaña del guanajuatense a través de la asociación “Amigos de Fox”.
Otro ocurrió en 2004, cuando el PAN promovió en la Cámara de Diputados el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, con la idea de inhabilitarlo como competidor en las elecciones de 2006.
Uno más se dio en 2005, cuando un personaje impresentable, como Manuel Espino, fue impulsado desde la Presidencia para llegar a la dirigencia del partido.
Y qué decir de 2006, cuando Felipe Calderón mandó a volar la doctrina y los principios de los fundadores, y sustituyó la dignidad gomezmoriniana de la “brega de eternidad”, por el pragmático “haiga sido como haiga sido”.
Después de las elecciones de 2006, todo ha sido decadencia en el PAN, pues el partido que abandonó sus principios para convertirse en una máquina de ganar elecciones, también dejó de ganar elecciones.
Las campañas de Josefina Vázquez Mota (2012), Ricardo Anaya (2018) y Xóchitl Gálvez (2024), fueron cada una peor que la anterior; costosas, por momentos ridículas y siempre alejadas de la ciudadanía.
La última estación de ese desastre fue la alianza con el PRI, incitada en 2021 por Claudio X. González, y firmada por Marko Cortés con “Alito” Moreno y Jesús Zambrano.
Una alianza que llevó a los panistas a la peor de elección de su historia, y a ser lo que son hoy: un partido con cinco gubernaturas, 22 senadores (incluido Miguel Ángel Yunes), y 71 diputados federales.
Un partido extraviado ideológicamente y derrotado en lo electoral, que no es alternativa para la ciudadanía que no respalda el proyecto del actual gobierno.
Un partido que se quedó sin dirigentes capaces de enderezar el rumbo y que solamente tuvo una opción para la renovación de su dirigencia: Jorge Romero, a quien de por sí ya se le había hipotecado el partido.
Son días oscuros para la democracia; en el peor momento, México tiene a la peor oposición de la historia.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Jorge Romero y la degradación del PAN

Hay días que marcan un sexenio y este martes 5 de noviembre podría definir el rumbo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En Estados Unidos, el “Súper Martes” definirá si Donald Trump regresa a la Casa Blanca o si el electorado da el poder a Kamala Harris, quien se convertiría en la primera mujer presidenta de una de las naciones más poderosas del mundo.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votará el proyecto de sentencia propuesto por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, sobre la constitucionalidad de la reforma judicial y la inminente elección de cargos en ese poder.
Ambas decisiones serán importantes en la definición del rumbo de una gestión que apenas comienza; ambas ponen a prueba los reflejos, la prudencia política y el talante democrático del nuevo gobierno.
<h2>Estados Unidos: ¿el regreso de Trump?</h2>
Que Donald Trump regrese al poder no es poca cosa. Lo primero que hay que decir es que su sola postulación habla mal de un partido, el Partido Republicano, que fue incapaz de generar un blindaje frente al populismo con tintes fascistas que representa Trump, y habla pésimo de una sociedad que decide premiar sus diatribas dándole una nueva oportunidad de gobernar ese país.
El discurso agresivo de Trump en contra de los migrantes, su intención de revisar el tratado comercial con México y Canadá, sus quejas constantes por la presencia de empresas norteamericanas que deciden invertir y operar en México y no en la Unión Americana, sus políticas proteccionistas, sus posturas ultra nacionalistas y xenófobas, su posición frente a las guerras de Rusia-Ucrania e Israel-Hezbolá y el profundo desprecio que siempre ha demostrado hacia las mujeres (a las que trata como un simple objeto sexual), deberían preocupar bastante al gobierno de Claudia Sheinbaum.
Aunque el canciller Juan Ramón de la Fuente haya dicho en varias entrevistas recientes que a México no le afecta de manera especial el que gane una u otra opción, lo cierto es que las consecuencias del desenlace en el “Súper Martes” norteamericano podrían sentirse de inmediato.
El solo hecho de que Trump sea el puntero en las encuestas y en las casas de apuestas ha puesto nerviosos a los mercados y debilitado al peso mexicano. Muy lejos quedaron los días en los que el dólar llegó a cotizar en menos de 17 pesos.
<h2>Paradas clave en la elección norteamericana</h2>
Hay cuatro fechas clave en el calendario, a las que la administración de Claudia Sheinbaum debería poner atención: una es este martes 5 de noviembre, pues ahí se definirá si es Trump, si es Harris, o si la elección es tan cerrada que no pueda declararse un ganador claro.
En caso de un triunfo de Harris, es previsible que Donald Trump desconozca el resultado, y recurra al expediente del “fraude electoral”, que ensayó en 2020 y para el cual ha preparado su retórica en la actual campaña, y eso complica el escenario.
En caso de que la distribución de los votos no dé una definición clara de ganador, habrá que esperar hasta que el Colegio Electoral haga el conteo oficial y dé su veredicto.
Eso nos lleva a la siguiente fecha que el canciller Juan Ramón de la Fuente ya tiene marcada en su calendario: el 17 de diciembre, cuando los 538 delegados del Colegio Electoral se reúnan para elegir de manera oficial al próximo presidente o presidenta.
Ya en 2020 Trump dio muestras -desde la Casa Blanca- de lo que puede hacer cuando el Colegio Electoral no lo favorece, y este año no será diferente su reacción. Si gana Harris, él desconocerá el resultado, impugnará en tribunales y, lo más peligroso, alentará a sus millones de seguidores a reaccionar.
Eso nos lleva a la tercera fecha clave: el 6 de enero de 2025, cuando el Congreso lleve a cabo la sesión general para certificar los resultados de las elecciones. Hace cuatro años, cuando el Congreso se aprestaba a formalizar el triunfo de Joe Biden, Trump alentó la “toma del Capitolio”, un ataque físico a una de las instituciones de la democracia estadounidense, una acción que llevó el odio engendrado por Trump de la virtualidad de las redes sociales a la realidad; actos por los que el expresidente aún es investigado y enfrenta cargos penales.
Si todo eso se resuelve bien, el 20 de enero de 2025 será la toma de protesta de la nueva presidencia de Estados Unidos. Si Trump regresa a la Casa Blanca, la pesadilla apenas habrá comenzado.
<h2>México: ¿crisis constitucional?</h2>
En nuestro “súper martes” mexicano si, como es previsible, ocho ministros deciden votar a favor del proyecto de González Alcántara, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá modificado la reforma judicial que Morena, el Partido Verde, el PT y un senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, aprobaron en el mes de septiembre.
El proyecto no tira toda la reforma, pues mantiene la elección de ministras y ministros de la propia Corte, las magistraturas del Tribunal Electoral y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, pero pone a salvo a magistrados de circuito y jueces de distrito, con lo que protege la carrera judicial y da un respiro a cientos de personas juzgadoras que serían cesadas con la reforma.
La sentencia también cuestiona la fase de selección de candidaturas mediante los tres comités de evaluación que ya fueron anunciados y en los que nueve de quince son personajes afines a Morena.
El proyecto de González Alcántara busca una solución intermedia entre la postura radical con la que Morena y aliados aprobaron la reforma (tirar todo por la borda y reinventar de la nada al Poder Judicial “purificándolo”, es decir, pintándolo de guinda), y la postura radical con la que la mayoría de los opinadores, la oposición, académicos y exautoridades electorales han descalificado la reforma y la capacidad del pueblo para elegir a cargos del Poder Judicial.
Es una oportunidad para que Claudia Sheinbaum encuentre una solución a un problema que ha marcado el inicio de su sexenio, ante la cual ha reaccionado -preliminarmente- en sintonía con el radicalismo y la virulencia verbal de sus compañeros de partido que gobiernan el Senado y la Cámara de Diputados.
Se ve difícil, pero la presidenta aún podría corregir el rumbo, tomarle la palabra a la Corte, apostar por la vía intermedia y ahorrarle al país -ahorrarse a sí misma- una crisis constitucional que le costaría muy cara.
También existe la posibilidad de que se mantenga en la línea radical de las duplas Adán Augusto López-Gerardo Fernández Noroña (quienes manejan el Senado) y Ricardo Monreal-Sergio Gutiérrez Luna (líderes en San Lázaro), lo que la llevaría a desconocer la decisión de la Corte e ir al inédito choque de trenes que algunos ya prevén como desenlace fatal de todo este episodio.
Faltan horas para saberlo, cuando la reacción de Sheinbaum ante los dos “Súper Martes” -el nuestro y el de Estados Unidos- marque el rumbo de su sexenio.
Comenzar su gestión con Donald Trump en la presidencia y con una crisis constitucional en casa sería el peor de sus escenarios. Allá no puede hacer nada para evitarlo, aquí sí, y mucho.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Los dos “súper martes”

El Instituto Nacional Electoral prevé solicitar a la Cámara de Diputados 12 mil 900 millones de pesos para organizar las primeras elecciones de cargos del Poder Judicial, previstas para el 1º de junio de 2025. Se trata del proceso electoral más caro en la historia de la democracia mexicana.
Las elecciones federales de 2024, en las que se renovó la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados, tuvieron un costo de 8 mil 200 millones de pesos.
Las elecciones federales de 2021 costaron 7 mil 861 millones de pesos, y las federales de 2018 costaron 7 mil 144 millones de pesos. En ambos casos, Morena -el partido de Andrés Manuel López Obrador- se quejó por el costo de las elecciones y, durante todo el sexenio 2019-2024, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados aplicó sendos recortes al presupuesto solicitado por el INE.
Estas cifras sólo consideran la partida presupuestal solicitada por el INE para un rubro conocido como “organización de elecciones federales”, y no considera el presupuesto base para la operación del instituto, adquisición de materiales, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y pago de sueldos del personal del INE.
Tampoco incluyen el gasto en partidos políticos, que cada año reciben prerrogativas para su gasto ordinario y, en años de elecciones federales, una cantidad adicional para gastos de campaña. En 2024, por ejemplo, los partidos recibieron 10 mil 444 millones de pesos.
Para 2025, el financiamiento público de los partidos será de 7 mil 354 millones de pesos, que se repartirán entre las seis franquicias con registro nacional: Morena, PAN, PRI, MC, PVEM y PT. Como ellos no están contemplados en la elección de jueces, no recibirán recursos para gastos de campaña, pero sí sus prerrogativas anuales para gasto ordinario.
El alto costo de la democracia electoral fue uno de los temas con los que López Obrador y Morena justificaron sus críticas al INE y sus intentos por reformarlo.
Siempre se quejaron de una democracia cara y alejada del pueblo, pero ahora, de cara a las inéditas elecciones judiciales de 2025, aún no se escuchan las voces que fustiguen al INE; quizás, porque aún no conocen el anteproyecto de presupuesto del INE para 2025.
<h2>El gasto electoral más alto de la historia</h2>
Según las cifras que se dieron a conocer el sábado pasado en la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, este año el instituto hará una solicitud presupuestal histórica a la Cámara de Diputados, que rondará los 40 mil millones de pesos.
El INE pedirá 15 mil 295 millones de pesos para su operación anual: presupuesto base (operación, nómina y materiales) y cartera institucional de proyectos.
Además, le corresponde solicitar los 7 mil 354 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos, que no forma parte de su patrimonio, pues lo entrega directamente a los partidos en depósitos mensuales.
Un tercer rubro es una partida precautoria que se solicita desde el año 2021, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Consulta Popular, ante la eventualidad de que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o la ciudadanía promuevan una consulta como la ocurrida hace tres años. La partida precautoria para una probable Consulta Popular en 2025 asciende a 4 mil 620 millones de pesos.
Todo esto da un total de 27 mil 270 millones de pesos, que el INE enviará a la Secretaría de Hacienda para que ésta a su vez la incorpore en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2025, que ya le corresponderá a la Cámara de Diputados aprobar, con o sin modificaciones.
Una cuarta partida será la que se destine a la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial, que según las cifras que extraoficialmente ha compartido la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, será de 12 mil 900 millones de pesos.
La suma total de estos rubros es de 40 mil 170 millones de pesos, que sin duda representan una cantidad extraordinaria en relación a lo ejercido por el instituto y los partidos desde que en 1990 se fundó el IFE, hoy INE.
Suponiendo que no hay Consulta Popular -como todo parece indicar- y sin considerar el financiamiento de los partidos políticos, el costo del INE -con todo y la elección de jueces- sería de 28 mil 196 millones de pesos.
Según un análisis del INE sobre los presupuestos ejercidos de 2014 a la fecha, esos 28 mil millones también representarían una cifra histórica respecto a otros años con elecciones federales:
<ul>
<li>2025: 28 mil 196 millones de pesos</li>
<li>2024: 23 mil 224 millones de pesos</li>
<li>2021: 22 mil 287 millones de pesos</li>
<li>2018: 22 mil 705 millones de pesos</li>
<li>2015: 20 mil 927 millones de pesos</li>
</ul>
<h2>La elección judicial va</h2>
Lo cierto es que el simple hecho de que el INE tenga ya un estimado de lo que podría costar la elección de personas juzgadoras es el mejor indicativo de que este proceso está en marcha, pese a todas las controversias jurídicas -incluidas cientos de suspensiones emitidas por jueces contra diversas etapas de la reforma judicial-, y pese a la polémica que ha levantado todo el proceso.
La reforma judicial viaja en un tren que Morena conduce sin freno: a la reforma constitucional, aprobada en septiembre, siguieron las reformas a las leyes secundarias y la implementación, con la insaculación para determinar qué cargos se elegirán este año, y la próxima instalación de los comités de evaluación previstos para que cada uno de los tres Poderes filtre y determine las candidaturas.
Esta semana habrán de instalarse dichos comités y el 4 de noviembre cada uno de los tres Poderes lanzará la convocatoria para que los interesados se inscriban en el complejo proceso para tratar de estar en la boleta el 1º de junio del próximo año.
El INE -que ha obtenido ya una acción declarativa del Tribunal Electoral para avalar sus actos en el proceso electoral en marcha- ha decidido reanudar las actividades, y se apresta a movilizar la maquinaria humana y logística que, cada tres años, hace posible que se instalen más de 160 mil casillas para que casi cien millones de electores tengan una boleta electoral esperándolos en las urnas.
La complejidad de la elección judicial, que se abre camino en medio de impugnaciones, pondrá a prueba esa capacidad que ha hecho del INE una de las instituciones más confiables y apreciadas por la ciudadanía.
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Elección judicial, los comicios más caros de la historia

De cuando en cuando, un hecho violento nos recuerda que Chiapas es un estado fallido; un territorio abandonado, sin ley, al que le han fallado gobiernos de todos los partidos políticos.
Esta vez fue el asesinato de un sacerdote en San Cristóbal de las Casas -una de las pocas ciudades chiapanecas que aún son visitadas por el turismo nacional y extranjero-, lo que volvió a poner al estado sureño en la agenda nacional.
El padre <a href="https://www.animalpolitico.com/estados/asesinan-sacerdote-marcelo-perez-san-cristobal-chiapas-misa" target="_blank" rel="noopener">Marcelo Pérez Pérez acababa de oficiar una misa y conducía su camioneta cuando fue acribillado por sujetos que iban en una motocicleta</a>.
Al sacerdote se le conocía por su activismo en favor de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas de Simojovel, Pantelhó y San Cristóbal.
Era un hombre de paz, al que acribillaron sin clemencia, a plena luz del día, y a pesar de que desde 2015 se habían solicitado medidas cautelares para proteger su vida.
El gobernador morenista Rutilio Escandón salió a decir lo de siempre: “condeno y lamento el cobarde asesinato, vamos a colaborar con las autoridades correspondientes para que su muerte no quede impune”.
Palabras huecas que, de tanto repetirse a lo largo de tantos años, por autoridades de tantas fuerzas políticas distintas, ya resultan ofensivas.
<h2>Violencia, pobreza, migración y desplazados</h2>
Rutilio Escandón es el cuarto gobernador no priista que Chiapas elige de 2000 a la fecha. El más reciente de una larga fila de gobernadores que fracasaron en el intento de resolver los problemas ancestrales que padece la entidad.
Chiapas es uno de los estados que más ha vivido la alternancia electoral, pero también es una de las entidades a las que la democracia le ha quedado más a deber. Las urnas han llevado al gobierno a personajes emanados del PRI, del PAN, del PRD, del Verde y de Morena, pero no han resuelto uno solo de los problemas del estado.
Treinta años después del levantamiento zapatista de 1994, su población se encuentra asediada por grupos criminales. La violencia ha provocado desplazamientos forzados de comunidades enteras. La migración es un jugoso negocio para bandas dedicadas a la trata de personas. La extracción de recursos -legalizada y clandestina- amenaza sus reservas naturales. Los conflictos agrarios no se resuelven y, de cuando en cuando, generan enfrentamientos como los que recientemente impidieron la realización de elecciones en dos municipios.
La pobreza sigue siendo un mal lacerante, a pesar de los miles de millones de pesos que ha destinado la federación desde 1994 -luego del levantamiento zapatista.
Muchas mujeres, niños y hombres padecen hambre, mientras sus gobernantes acumulan riquezas.
La mayor parte de las causas y demandas del levantamiento del EZLN siguen ahí, pero ahora agravadas por la violencia y el control de territorios por parte de criminales que han desplazado a los gobiernos municipales, estatal y federal.
<h2>Treinta años de alternancia y gobiernos fallidos</h2>
Luego del levantamiento zapatista, el PRI ganó las elecciones de Chiapas el 21 de agosto de 1994, pero el gobernador electo, Eduardo Robledo (padre del actual director del IMSS, Zoé Robledo), sólo pudo permanecer dos meses en el cargo. En febrero de 1995 fue sustituido por el gobernador interino Julio César Ruiz Ferro, que en 1998 dio paso a un segundo interino, Roberto Albores. Los tres eran priistas.
En agosto de 2000, luego de la caída del PRI en las elecciones presidenciales, una alianza de partidos opositores (PRD, PAN, Convergencia, PT, PVEM, PAS y PSN) llevaron a la gubernatura a Pablo Salazar Mendiguchía, lo que parecía abrir un nuevo horizonte a la entidad.
Pero el experimento aliancista fue un desastre. Ningún partido nacional se hizo responsable de aquel gobierno, Pablo Salazar acabó enemistado con su sucesor, Juan Sabines; fue procesado penalmente por enriquecimiento ilícito y homicidio culposo, detenido en 2011 por un proceso iniciado desde el gobierno de Sabines y liberado hasta 2012, absuelto de todos los cargos.
El gobierno de Sabines, iniciado en el turbulento 2006, fue igualmente fallido. Ganó las elecciones bajo las siglas del PRD, pero muy pronto se alió al panista Felipe Calderón, quien otorgó amplios presupuestos que permitieron un gobierno sin sobresaltos políticos, pero que <a href="https://www.proceso.com.mx/reportajes/2013/1/31/sabines-saqueo-impunidad-113875.html" target="_blank" rel="noopener">ha sido señalado como uno de los más corruptos en la historia de Chiapas</a>.
Sabines entregó el estado a empresas como Grupo Salinas, que obtuvo permisos para explotar minas y ampliar desde Chiapas su influencia en Centroamérica. Antes de dejar el gobierno del estado, endeudado y con faltantes en su hacienda pública, pactó para facilitar el triunfo del Partido Verde en las elecciones de 2012.
Ese año, Manuel Velasco Coello se convirtió en gobernador con sólo 32 años de edad, gracias a una alianza con el PRI que, en ese mismo proceso electoral, ganó la Presidencia con Enrique Peña Nieto como abanderado.
El gobernador pintó de verde todo el estado, se casó con la cantante Anahí en 2015, recibió al Papa Francisco en Chiapas en 2016, logró que el PVEM se convirtiera en la fuerza política más influyente de la entidad, mantuvo a raya a la oposición y repartió millones de pesos para sofocar los movimientos sociales, pero no resolvió los problemas de la entidad.
<h2>La cuna de la alianza Verde-Morena</h2>
En las elecciones de 2018, Velasco rompió con el PRI estatal e hizo que el Verde postulara a su propio candidato, Luis Fernando Castellanos, lo que precipitó la derrota del priista Roberto Albores Gleason.
Además, desde la gubernatura operó en favor de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que obtuvo en Chiapas 1.4 millones de votos, el triple de José Antonio Meade, que era el candidato del PRI y el Verde.
Velasco entregó la silla al actual gobernador Rutilio Escandón, de Morena, y se aseguró un escaño en el Senado de la República.
El hoy senador reelecto fue el operador de la alianza Verde-Morena, que en el sexenio anterior comenzó como un acuerdo legislativo y terminó en una exitosa alianza electoral con la que arrasaron en las elecciones del pasado 2 de junio.
Chiapas tendrá cambio de poderes el próximo 8 de diciembre, cuando Rutilio Escandón entregue la gubernatura a Eduardo Ramírez Aguilar, también de Morena, un político forjado a lado de Manuel Velasco, exoperador del Verde y exaspirante a la gubernatura, quien hace cuatro meses ganó el estado con 1.8 millones de votos, más del 79 por ciento de la votación emitida.
Gobernará sin oposición, pues los partidos de su coalición ganaron cien de los 123 municipios y 34 de 40 diputados del Congreso local.
A pesar del fracaso de la administración que concluye, y de que Chiapas está peor que nunca, la oposición fue incapaz de presentar una alternativa atractiva a los chiapanecos, y el PRI, PAN y PRD prácticamente fueron borrados del mapa.
Está visto que la democracia electoral y la alternancia no resolvieron los problemas de Chiapas; veremos ahora si un nuevo régimen de partido hegemónico puede hacer algo para pacificar el estado, pagar la deuda histórica con los pueblos indígenas y liberar a la entidad del control que hoy ejercen los grupos del crimen organizado.
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Chiapas: 30 años de alternancias y gobiernos fallidos

La elección de 850 personas juzgadoras en junio de 2025 ha dividido -aún más- al Instituto Nacional Electoral (INE), que este martes 15 de octubre regresa de sus vacaciones institucionales con una papa caliente que comienza a quemarle las manos a consejeras y consejeros.
Empeñada en sacar adelante el proceso y no quedar mal con la nueva mayoría política, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, decidió promover un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pidiéndole a los magistrados que blinden el proceso electoral ante decenas de suspensiones otorgadas en las últimas semanas por jueces que ordenaron frenar todos los actos iniciados el lunes 23 de septiembre como parte de la organización de los comicios programados para el domingo 1º de junio de 2025.
Es facultad de la Secretaría Ejecutiva del INE ejercer la representación jurídica del instituto y promover este tipo de recursos; sin embargo, Taddei corrió “la cortesía” de comentarle a las diez consejeras y consejeros la intención de recurrir al Tribunal para responder a las suspensiones. Lo hizo a través de WhatsApp, en un mensaje que desconcertó a más de uno.
Esto ocurrió el pasado viernes 4 de octubre, un día en el que el INE estaba de vacaciones institucionales. El periodo vacacional -programado para octubre por la carga de trabajo que tuvo el personal del instituto en las elecciones de 2024- se habría pactado -también- como una forma de evadir cualquier responsabilidad jurídica por no acatar las 71 suspensiones que han sido otorgadas por diversos jueces, de las que al menos 25 ya han sido notificadas en la Oficialía de Partes del INE.
Algunas de esas notificaciones le dan plazos de 24 a 48 horas al INE para frenar todos los trabajos tendientes a la elección de jueces, magistrados y ministros, y en ellas se advierte que las consejeras y consejeros podrían hacerse acreedores a multas por no acatar las suspensiones.
Por todo ello, estar en vacaciones parecía una salida “idónea” para demostrar que el instituto no está llevando a cabo acción alguna relacionada con el proceso electoral judicial 2024-2025.
Cuando Taddei avisó a sus pares, a través de un chat, la intención de solicitar al Tribunal que ordene a los jueces no promover más suspensiones, y darle protección jurídica al INE para poder llevar a cabo el proceso electoral, algunas consejeras manifestaron sus dudas sobre la pertinencia y procedencia de ese recurso.
Una de las preguntas era: ¿una determinación de esa naturaleza no debía ser votada en sesión de Consejo General?
Sin embargo, la demanda se ingresó al Tribunal Electoral durante el fin de semana bajo la figura de juicio electoral -firmado por la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Claudia Suárez- en el expediente SUP-AG-209/2024, que le fue turnado al magistrado Felipe de la Mata.
Claudia Suárez argumenta -en la demanda hecha a nombre del INE- que los jueces carecen de competencia para pronunciarse sobre actos de contenido electoral y sobre normas generales (los ordenamientos de la reforma constitucional en materia de Poder Judicial), y acusa a los jueces de invadir atribuciones de los Poderes del Estado (la Suprema Corte y el Congreso) y de pretender obstaculizar la función estatal de organizar elecciones, que le corresponde exclusivamente al INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Es conocido que la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, y los dos magistrados con los que forma mayoría en la Sala Superior, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, han decidido colaborar en todo con Morena y sus aliados, por lo que buscarían la manera de ayudarle a Taddei para blindar el proceso electoral, pero hasta el momento no han resuelto la demanda del INE.
Esa incertidumbre jurídica puede ser la razón por la que Guadalupe Taddei y el resto de consejeras y consejeros no acudieron el sábado a la sesión de insaculación de los cargos que serán electos en 2025; sesión a la que fueron invitados formalmente a través de un acuerdo de la Mesa Directiva del Senado.
Pero el tema es mucho más importante que ir a esa sesión, pues toca dos temas cruciales; por un lado, las consecuencias de que instituciones del Estado ignoren suspensiones otorgadas por jueces, y por otro lado, la división en el INE derivada de la reforma judicial.
Algunas consejeras y consejeros electorales no quieren desacatar las suspensiones ni ignorar los apercibimientos que les han sido notificados como parte de las 71 resoluciones emitidas por jueces de todo el país.
Además, esto pone nuevamente de manifiesto que para un grupo de consejeras y consejeros la elección de jueces es una imposición con la que no están de acuerdo.
Cabe recordar un dato: la comisión encargada de darle seguimiento a este proceso electoral inédito quedó en manos del grupo cercano a Taddei: la presidirá Jorge Montaño y sus integrantes son Norma Irene de la Cruz y Rita Bell López Vences.
Que el grupo de Taddei, con afinidades y contactos con personajes de la autodenominada 4T, sea el que lleve adelante el proceso no es una mera casualidad. En el INE se sabe que las consejeras y consejeros que no han acompañado decisiones empujadas desde el oficialismo -como el acuerdo de asignación de plurinominales y la sobrerrepresentación de Morena y aliados en la Cámara de Diputados- decidieron deliberadamente no integrar dicha comisión.
Jaime Rivera, Martín Faz, Claudia Zavala, Dania Ravel y Carla Humphrey parecen decididas a mantenerse lo más lejos posible de dicho proceso.
<h2>Las leyes secundarias</h2>
Mientras esto ocurría en el INE, en la semana que termina el gobierno y Morena dieron pasos decisivos para concretar la elección de personas juzgadoras:
El lunes 7 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum envió sus iniciativas de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en la que se detallan atribuciones, facultades, obligaciones y plazos para que el INE organice las elecciones de junio de 2025.
Las iniciativas fueron dictaminadas de inmediato en comisiones del Senado, aprobadas en el pleno el pasado jueves y enviadas a la Cámara de Diputados, donde se les comenzó a dar el mismo trámite.
Los dictámenes ya se aprobaron este domingo en Comisiones y, según Ricardo Monreal, coordinador de Morena, podrían subir en la tarde-noche de este lunes al pleno para su discusión e indudable aprobación.
La reforma contiene un sinfín de ordenamientos al INE, que en los próximos meses deberá conjugar mil veces el verbo “garantizar”: garantizar que la ciudadanía se entere del proceso, garantizar la equidad, garantizar que haya debates, garantizar que no se utilicen recursos públicos ni privados para financiar candidaturas, garantizar la imparcialidad de funcionarios públicos tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, garantizar que no se meta el crimen organizado, garantizar que se fiscalicen los recursos que personalmente usen los candidatos, garantizar que la propaganda empleada se haga con materiales reciclables, garantizar que no se contrate pauta en redes sociales ni mucho menos spots en radio o TV, garantizar que se otorguen espacios de los tiempos oficiales en radio y televisión a los participantes en igualdad de condiciones, garantizar que se instalen las suficientes mesas directivas de casilla, garantizar que los materiales electorales estén bien diseñados e impresos a tiempo, garantizar la capacitación de ciudadanas y ciudadanos funcionarios de casilla, garantizar que se cuenten bien los votos, garantizar que se resuelvan las controversias entre participantes, garantizar que no se metan los partidos políticos,  garantizar que las campañas duren 60 días, por mencionar las tareas más importantes.
Aprovechando la reforma, y para garantizar que Taddei cumpla, la iniciativa de la presidenta Sheinbaum contiene algunos dispositivos que le otorgan a la consejera presidenta del INE atribuciones y facultades para que sus resistencias internas no le impidan sacar adelante la elección: la Junta General Ejecutiva (un órgano integrado por directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas) adquiere todas las atribuciones administrativas para garantizar la logística, financiamiento y materialización de todas las etapas del proceso.
Además, la reforma a la LGIPE incluyó una modificación para que la consejera presidenta pueda nombrar a los directores y titulares de unidad sin tener que pasar por el Consejo General. Cabe recordar que Taddei tiene atorada una decena de nombramientos en la Junta General Ejecutiva, que hoy tiene más encargados de despacho que titulares de área, pues no ha podido conseguir los ocho votos del Consejo General, actualmente necesarios para aprobar a los funcionarios de dichas áreas.
Con esta reforma, Taddei podrá salvar ese escollo, y nombrar a sus colaboradores sin tener que convencer a sus pares en el Consejo General. Un “súper poder” que le será útil no sólo para la elección de jueces de 2025, sino para el futuro, suponiendo que Morena decida que Taddei se quede en su cargo hasta el final del nombramiento que le dio la Cámara de Diputados; es decir, hasta el año 2032.
<h2>“La reforma va”, y tiene prisa</h2>
El pasado sábado, el Senado llevó a cabo la sesión ordenada en los transitorios de la reforma judicial, para seleccionar los cargos que serán electos en junio de 2025. Se trata de 464 magistraturas y 386 juzgados federales, además de los nueve ministros de la SCJN, magistraturas de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral.
Se hizo mediante tómbola, con la presencia de legisladores del oficialismo y del PRI -que sólo fueron a vigilar-, con la ausencia del INE y de autoridades del Poder Judicial. La caída de una de las bolitas que iba a meterse en la tómbola contribuyó a la creación de la caricatura perfecta.
A final del sorteo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, cantó victoria a nombre de toda la autodenominada 4T. “La reforma va”, habría advertido días antes la presidenta Sheinbaum, y su orden fue acatada sin chistar por sus legisladores.
La reforma va, y ahora el INE deberá acatar la ley secundaria, independientemente de sus divisiones internas, y poniendo en juego sus capacidades, su experiencia y la alta credibilidad de la que goza frente a la ciudadanía. Aún no tiene presupuesto asignado para ello, pero está más que dispuesto a hacer lo que se le ordena en la reforma avalada por la mayoría.
La reforma va, y hoy estamos a sólo 230 días de los comicios.
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El INE y la elección de jueces: entre suspensiones y divisiones

Imaginen una sala de hospital en la que convalecen más de 20 pacientes. Algunos de ellos están en terapia intensiva, con apenas ya algunos signos vitales; otros están en cama, con graves deterioros en su salud; unos más comienzan a sufrir algunos síntomas y, finalmente, hay unos que no se dan cuenta -o se niegan a darse cuenta- de que ya padecen alguna enfermedad.
La metáfora permite visualizar el estado actual de la democracia en América Latina, una región que desde hace una década presenta un continuo declive de los principios democráticos: estado de derecho, representación, derechos y participación.
El <a href="https://www.idea.int/sites/default/files/2023-11/el-estado-de-la-democracia-en-el-mundo-y-las-americas-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Informe Global sobre el Estado de la Democracia de IDEA Internacional</a> señala que, por octavo año consecutivo, América Latina tiene más países que presentan retrocesos en su desarrollo democrático, que países con una mejoría.
“En los últimos años, líderes electos en las Américas han erosionado la democracia, y las instituciones estatales se han utilizado para legitimar restricciones a los derechos, el espacio cívico y la competencia electoral. En una región donde el compromiso cívico ha sido fundamental para llevar a cabo el cambio, las restricciones a la participación de la sociedad civil son particularmente preocupantes”, alerta el informe.
En torno a estas preocupaciones, IDEA Internacional congregó a alrededor de 80 académicos, autoridades electorales, representantes de la sociedad civil, periodistas y actores políticos para un diálogo que buscaba respuestas a una pregunta crucial: ¿cómo frenar los retrocesos democráticos en América Latina?
El diálogo, celebrado los pasados 4 y 5 de octubre en La Antigua, Guatemala, tuvo como invitados especiales a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet; Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, y Francisco Sagasti, expresidente de Perú. Pero a diferencia de la mayoría de este tipo de encuentros, en éste se dijeron tantas cosas interesantes en las mesas de trabajo como en las conferencias magistrales.
La metáfora de los países con distintos grados de enfermedad en sus sistemas democráticos fue sólo una de las muchas ideas que se discutieron en Guatemala.
<h2>Preocupaciones por la democracia</h2>
Además de la alerta por los casos más graves (Venezuela, Nicaragua, Cuba y El Salvador), hay varias preocupaciones compartidas por países que habían venido fortaleciendo su democracia en las últimas décadas: Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador y México.
Las mejores democracias no están exentas de problemáticas como el de la cooptación o instrumentalización del Poder Judicial, cambios en el sistema electoral que inclinan la cancha en favor de los gobiernos, el debilitamiento de la oposición, la introducción de instrumentos de democracia participativa que no fortalecen sino debilitan a la propia democracia, la captura de instituciones y el debilitamiento de los contrapesos, el traspaso de funciones esenciales de instituciones autónomas a instituciones capturadas, el uso de la justicia para perseguir a opositores, la ampliación del poder del Ejecutivo y la reducción del espacio cívico.
El acotamiento de la sociedad civil, el acoso y censura a la prensa crítica que investiga casos de corrupción y el uso de diversas estrategias para difundir, alentar e imponer narrativas populistas son otros síntomas compartidos por diversos países.
En una región donde persisten las desigualdades, los Estados no son capaces de llegar a todos los territorios y con una cada vez más fuerte presencia del crimen organizado, los problemas de la democracia se agudizan.
<h2>¿Y cómo está México?</h2>
Nuestro país vive una situación paradójica.
Por un lado, todo el mundo, o al menos la región, reconoce y celebra la elección de la primera mujer en la presidencia. Ése es un avance innegable en una de las principales agendas de la democracia en los últimos años: la paridad y el empoderamiento de las mujeres. México, y la región en general, es uno de los lugares en el mundo en los que más espacios políticos son ocupados por mujeres.
Pero, en el lado menos luminoso de lo que ocurre en el país, la agenda que están instrumentando la presidenta Claudia Sheinbaum y su mayoría legislativa desde septiembre, cuando inició la nueva Legislatura, no tiene como destino una mejor democracia.
El &#8220;plan C&#8221; es visto con preocupación en toda la región: la reforma judicial no es percibida como un avance en la democratización del país, en contra de lo que se dice desde el oficialismo; la militarización de la Guardia Nacional tampoco apunta hacia una mejora en materia de derechos humanos y coloca a México en la lista de países en los que -en aras de mejorar la seguridad- se adoptan medidas que podrían limitar los derechos de las personas; la anunciada reforma político electoral, con la eliminación de la Representación Proporcional, la no reelección en cargos legislativos y municipales, y los cambios que se pretenden en el Instituto Nacional Electoral, tampoco son buenas noticias.
La eliminación de los organismos autónomos constitucionales, y el hecho de que se absorban sus funciones por áreas del gobierno federal, colocará a México en un franco retroceso. Y ésa es la próxima reforma en la agenda de los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.
El &#8220;plan C&#8221; en su conjunto, ideado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y justificado en el discurso de que eso llevará a México “a una auténtica democracia”, es en realidad una agenda legislativa que trastocará para siempre el sistema de justicia, el sistema de partidos políticos, el sistema electoral y el sistema de contrapesos democráticos.
Por lo visto en la primera semana de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido adoptar íntegramente la agenda heredada por su antecesor. No hay señales de que vaya a desistir en ello, o a corregir el rumbo. Y tampoco están a la vista nuevas iniciativas o nuevas ideas del gobierno que inicia.
La permanencia de las formas, las decisiones, los discursos, e incluso las palabras textuales del pasado sexenio, tampoco son un buen augurio.
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México y el deterioro de la democracia latinoamericana

Conocí a Andrés Manuel López Obrador en 1995, cuando encabezó el segundo “éxodo por la democracia” después de las elecciones a la gubernatura de Tabasco. Lo recuerdo en un mitin de trabajadores de la Ruta 100 en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza que -según él mismo ha dicho- llenó 200 veces durante su carrera política.
Dos hechos hicieron que nos encontráramos: las desaseadas elecciones en Tabasco celebradas el 20 de noviembre de 1994, en las que el ganador fue el priista Roberto Madrazo, quien financió su campaña con millones de pesos procedentes de fuentes ilícitas. Y la quiebra de la empresa de transporte público Ruta 100, ordenada por el presidente Ernesto Zedillo y ejecutada por el regente Óscar Espinosa Villarreal el 4 de abril de 1995.
En plena crisis económica -derivada del “error de diciembre”-, Zedillo aplicó el canon neoliberal a raja tabla: subió el IVA del 10 al 15 por ciento, rescató a los bancos con recursos públicos y ordenó desincorporar una empresa pública para privatizar el servicio de transporte, echando a la calle a más de 12 mil trabajadores en la Ciudad de México y Área Metropolitana.
Decidido a “desenmascarar” al Subcomandante Marcos y al EZLN, el gobierno de Zedillo buscaba, también, desarticular al Movimiento Proletario Independiente -brazo político del Sindicato Único de Trabajadores de la Ruta 100 (SUTAUR-100)-, que los reportes de inteligencia vinculaban con la guerrilla en Chiapas y grupos “subversivos” en la capital del país.
Yo cubría el conflicto derivado de la quiebra de Ruta 100, y López Obrador encabezaba a cientos de tabasqueños que instalaron un plantón en el Zócalo por aquellos meses, en donde el excandidato del PRD a la gubernatura exhibió las pruebas del fraude electoral cometido por el PRI de Roberto Madrazo.
Eran años intensos para el país, que se hundía en una severa crisis económica y social; para el PRI, que crujía por el conflicto entre el gobernador Madrazo, el expresidente Carlos Salinas y el presidente Zedillo, quien tuvo que sacrificar a su secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, por el conflicto postelectoral de Tabasco, y para la democracia mexicana, que se encaminaba a una nueva reforma electoral.
En ese contexto, el segundo éxodo por la democracia (en 1991, López Obrador ya había encabezado el mismo recorrido de tabasqueños en contra del fraude electoral, desde Villahermosa hasta el Zócalo) convirtió al perredista en una figura política nacional que, en abril de 1996, se convertiría en dirigente nacional del PRD.
<h2>El lopezobradorismo</h2>
Si una virtud tuvo la izquierda mexicana en la etapa de la transición a la democracia, esta fue saber estar ahí no sólo en las campañas electorales y los comicios, sino en el debate público nacional y en la resistencia a las políticas económicas neoliberales impulsadas por Salinas y Zedillo.
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas perdió las elecciones presidenciales de 1988, pero al año siguiente fundó al PRD, se mantuvo vigente como contrapeso al salinismo y en 1994 volvió a postularse como candidato. En 94 volvió a perder, pero en 1997 fue electo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y en 2000 volvió a ser candidato a la presidencia.
Ese año perdió otra vez el ingeniero, pero López Obrador ganó la Ciudad de México y se convirtió en el contrapeso y referente obligado de la oposición a Vicente Fox, quien gobernó decidido a continuar con la política económica de Zedillo y los modos priistas de hacer política.
Como Cárdenas, López Obrador perdió elecciones, pero supo recrearse para mantenerse vigente. En 2006, el PAN y el PRI se coludieron para cerrarle el paso, en una elección fraudulenta e inequitativa, que dio paso al sexenio fallido de Felipe Calderón.
En 2012 AMLO volvió a perder; se fue del PRD, pero nuevamente se quedó en la política, ahora para fundar el partido Morena y recorrer el país para construir el movimiento que le daría la base social para ganar las elecciones de 2018.
Si alguna virtud tuvieron Cárdenas y López Obrador, esta fue demostrar que no sólo querían ganar una elección y gobernar, sino cambiar al país.
Mientras los candidatos del PRI y del PAN pierden y se retiran, cargados de dinero y dejando en la orfandad política a quienes votaron por ellos, los dos líderes principales de la izquierda mexicana supieron quedarse en sus partidos después de la derrota, crecerse ante los abusos del poder, encabezar luchas postelectorales, dirigir movimientos, dar esperanza a sus votantes, ser opción frente al PRI y al PAN, que gobernaron igual y terminaron fusionados en su caricatura: el PRIAN.
Sin esa clave de interpretación es imposible entender por qué el lopezobradorismo se convirtió en la corriente política y social más importante en lo que va del siglo XXI mexicano.
Esa es la diferencia entre un partido que ganó casi todos los espacios de disputa política en sólo diez años desde que obtuvo el registro, y los tradicionales y caducos PRI, PAN y PRD, que sólo existen en temporada electoral y en los escándalos de sus legisladores y gobiernos locales.
<h2>La figura política más importante en la historia reciente</h2>
Guste o no, Andrés Manuel López Obrador fue la figura política más importante en la historia reciente de México. Será recordado, por simpatizantes y detractores, como el referente de la política durante cuatro sexenios: el de Fox, el de Calderón, el de Peña Nieto y desde luego el suyo.
Su presencia fue más relevante y trascendente que la de los expresidentes, y la gran duda es si lo seguirá siendo también en el sexenio de Claudia Sheinbaum.
El viernes pasado, López Obrador dijo en su conferencia de prensa mañanera <a href="https://animalpolitico.com/politica/ultima-mananera-amlo-preguntas-conferencia" target="_blank" rel="noopener">-la última en la que aceptó preguntas-</a> que no aspira a ser líder moral, caudillo, ni jefe máximo (en clara referencia a Plutarco Elías Calles y el Maximato), mucho menos cacique.
Ha asegurado que va a retirarse a su rancho de Palenque, luego de pasar unos días en la Ciudad de México “para aclimatarse” a la condición de expresidente.
Se va cuando está por cumplir 71 años y, según ha dicho, se retira satisfecho con lo hecho en el sexenio y en más de medio siglo de carrera política, tranquilo por dejarle el poder a Claudia Sheinbaum y “con la conciencia tranquila”.
El balance de su sexenio irá asentándose conforme pasen los años, cuando se valoren las obras y se puedan visualizar objetivamente los probables daños hechos a las instituciones y a la democracia.
Pero lo cierto es que se va con una popularidad medida en un 70 por ciento de aprobación y, a diferencia de sus antecesores, después de refrendar claramente el apoyo del electorado a su proyecto político. Se va con casi 36 millones de votos emitidos en favor de su candidata a la Presidencia, pero dejando tras de sí una innegable polarización.
<h2>El retiro</h2>
López Obrador se va a su rancho a escribir, y ha prometido apagar sus redes sociales (11.1 millones de seguidores en Twitter, 10.5 millones en Facebook, 4.5 millones en YouTube y 1.5 millones en Instagram) y no hablar de política.
Dice que quiere dedicar tiempo a disfrutar la naturaleza y a escribir sobre los aportes de las culturas prehispánicas a la humanidad, y ha pedido a la prensa, a sus seguidores y a los dirigentes políticos que no lo visiten ni lo busquen.
Se compró unos binoculares para observar a las guacamayas y otras aves que habitan y visitan su rancho “La Chingada”, de 13 mil metros cuadrados y cientos de árboles. Vivirá solo, &#8220;porque merece descansar&#8221;, según declaró su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quién se quedará en la Ciudad de México con su hijo Jesús Ernesto, menor de edad y matriculado en una escuela capitalina.
Sus críticos y detractores aseguran que no se va a retirar y desde ahora apuntan a un nuevo Maximato, en el que López Obrador sigue siendo lo que ha dicho que no será: caudillo y jefe máximo.
Algunos aseguran que mantendrá a raya a Claudia Sheinbaum, con Adán Augusto López como cuña y principal operador de un grupo que mantendrá maniatada a la presidenta. Otros, que la revocación de mandato es un dispositivo que se activaría en caso de que Sheinbaum no gobierne conforme a sus designios.
Y, recientemente, muchos ven en su hijo, Andrés López Beltrán, al futuro heredero con el que su sangre regresará a la Presidencia en 2030.
Eso es “futurismo barato, corriente y vulgar”, ha dicho el presidente.
Lo único cierto, hoy por hoy, es que Andrés Manuel López Obrador dejará el poder a la medianoche de este lunes 30 de septiembre, cuando <a href="https://animalpolitico.com/politica/amlo-palacio-nacional-mudanza-palenque" target="_blank" rel="noopener">saldrá de Palacio Nacional rumbo a un domicilio en la Ciudad de México</a>.
En su último día de gobierno aparecerá en su conferencia mañanera número mil 438 del sexenio, pero no responderá preguntas. Leerá un mensaje, convivirá con la prensa, rifará un reloj, develará su retrato en el pasillo de los presidentes en Palacio Nacional, comerá con algunos presidentes que asisten al cambio de poderes y en la noche entregará el control de las Fuerzas Armadas a la presidenta electa. Ya no dormirá en Palacio.
Al día siguiente acudirá a la Cámara de Diputados a entregar la banda presidencial a su aprendiz y heredera política, y desaparecerá de la escena pública.
Corresponderá a Claudia Sheinbaum, al grupo gobernante y a la nueva dirigencia de Morena construir un gobierno, un partido y una corriente política que no dependa de un líder moral o jefe máximo. Un nuevo lopezobradorismo, el lopezobradorismo sin López Obrador.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

El lopezobradorismo sin López Obrador

Morena comienza una nueva etapa en su corta historia. Ahora bajo el liderazgo de Luisa María Alcalde, tendrá el formidable reto de administrar su éxito y gobernar sin caer en abusos de poder ni darle la razón a quienes auguran una próxima “dictadura de la mayoría”.
No es un reto menor para un partido que, en una sola década, acumuló un poder enorme: ha ganado la Presidencia por segunda ocasión (ahora con más votos que en 2018); gobernará 24 de 32 entidades; tiene la mayoría calificada en el Congreso y mayoría en 26 Congresos estatales. Con los votos de sus aliados, PVEM y PT, puede modificar la Constitución a su antojo, tal como lo ha comenzado a hacer.
Nunca un partido, en democracia, había ganado tantas elecciones, lo que lo llevará a gobernar a 8 de cada 10 mexicanos a nivel estatal, y a administrar más de la mitad de los municipios del país.
Morena, según dijo la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en el Congreso nacional de este domingo, no aspira a convertirse en un partido de Estado.
Aún más, el pasado 15 de agosto, luego de recibir la constancia de presidenta electa, Sheinbaum dijo que debe separarse la labor del gobierno de la labor del partido.
Una idea que recuerda la “sana distancia” proclamada por Ernesto Zedillo luego de ganar la Presidencia en 1994; “sana distancia” que ni se cumplió ni le hizo bien al PRI, que seis años después perdió la Presidencia.
Para Sheinbaum, esa sana distancia se frasea de manera distinta: “que el gobierno de la República cumpla sus tareas para la transformación del país y el partido cumpla las suyas”.
La próxima presidenta ha querido subrayar esta separación, solicitando licencia como militante de Morena, para poder “gobernar para todas y todos los mexicanos”.
No es mal gesto, pero era más fácil creérselo en agosto que en septiembre; es decir, antes de la instalación de la Legislatura y la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que después del mayoriteo, las maniobras para conseguir el voto faltante en el Senado y las celebraciones tribales de una mayoría que parece más dispuesta a aplastar que convencer, y a descalificar y amenazar a las minorías, antes que escucharlas e incluir alguna de sus ideas.
Morena dice que no quiere emular la simbiosis partido-gobierno ni ser un partido de Estado modelo PRI del siglo XX. Tampoco quiere extraviarse, debilitarse y sucumbir en sólo dos sexenios, como le ocurrió al PAN a principios de este siglo.
Para ello, sus retos son muchos más, y comienzan con uno que también ha mencionado Sheinbaum en algunos discursos (el de su cierre de campaña, por ejemplo): el de aceptar que las minorías también deben tener espacio en el sistema político, que no todo México vota por Morena y que el pluralismo no es una concesión del régimen, sino una realidad que el gobierno y su partido deben entender, aceptar y acatar.
<h2>Las tareas y las preguntas de Luisa María</h2>
Ese domingo, la próxima dirigente de Morena. Luisa María Alcalde, enumeró las tareas con las que busca fortalecer a Morena:
<ol>
<li>Crear más de 70 mil comités seccionales y más de 2 mil comités municipales. Es decir, una maquinaria aún más sólida, estructurada y eficaz que la que se movilizó en las pasadas elecciones.</li>
<li>Credencializar a los millones de militantes con los que ya cuenta el partido en todo el país. Es decir, consolidar un partido de masas.</li>
<li>Fortalecer la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido. Mantener para siempre la unidad, la humildad y la honestidad. Es decir, evitar la formación de corrientes, tribus y escisiones.</li>
<li>Mantener el Instituto Nacional de Formación Política. Redactar y difundir los cien postulados de un morenista y el decálogo para sus gobernantes. Es decir, hacer más potente su aparato ideológico.</li>
<li>Fortalecer la Comisión de Elecciones y que la comisión de encuestas realice con transparencia y rigor metodológico la selección de las candidaturas. Es decir, no perder eficacia electoral.</li>
</ol>
Luego están los problemas inherentes a la conquista del poder y la naturaleza humana: la corrupción, la soberbia, el sectarismo, la práctica política que no se corresponde con el discurso y la tentación de usar el poder para nunca perder el poder.
Problemas que la propia Luisa María enumeró como los riesgos derivados del “vertiginoso crecimiento”:
“¿Cómo mantenernos leales a los principios? ¿Cómo no alejarnos del pueblo ni perder la mística ni caer presas de la soberbia? ¿Cómo aprovechar nuestra diversidad para construir unidad y no sectarismo? ¿Cómo aseguramos que nuestros gobiernos sepan qué significa en el sentido más profundo, ser parte de Morena?”.
Las preguntas de la próxima dirigente son pertinentes, pero sus palabras -y su metáfora del gran árbol que es fuerte por sus raíces y no por su altura- no alcanzan para creer que Morena será un partido realmente diferente, abierto a la crítica, democrático hacia adentro y hacia afuera.
Los episodios de fin de sexenio no auguran eso, sino la construcción de una nueva hegemonía.
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Morena: entre el partido-movimiento y el partido de Estado

El viernes, en dos actos, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados, y con la ausencia de la oposición, las mayorías de Morena, PVEM y PT sesionaron para declarar la validez de la reforma constitucional al Poder Judicial.
Dichosos, soberbios y orgullosos de la rapidez con la que más de 20 Congresos estatales avalaron sus reformas, las bancadas del oficialismo se celebraron a sí mismos. Pronunciaron discursos cargados de loas al presidente Andrés Manuel López Obrador y al pueblo de México.
Y, sin reparo alguno, festinaron su triunfo sobre los partidos de oposición, sobre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todos aquellos que se oponían a la reforma.
Cantaron victoria, pero su victoria es pírrica.
El bando vencedor perdió mucho en la batalla: credibilidad, dignidad republicana, prestigio, respeto de propios y extraños, y la gran oportunidad de comenzar bien la administración de Claudia Sheinbaum.
En su afán de mostrar el músculo de su mayoría, Morena y sus aliados terminaron exhibiendo las debilidades de su alianza. Ante la imposibilidad de convencer sobre las bondades de su reforma judicial, decidieron recurrir al chantaje, la extorsión y la amenaza para imponer los cambios.
Al estilo de su odiado Felipe Calderón, el presidente Andrés Manuel López Obrador terminó defendiendo el pragmatismo. La reforma se sacó al “haiga sido como haiga sido”, reuniendo a los diputados y senadores en sedes alternas, amedrentando a opositores, ignorando a los trabajadores del Poder que busca reformarse, pisoteando y burlándose de las minorías, amedrentando a un senador de MC en un estado como Campeche, donde ha quedado acreditado el uso faccioso de las instituciones de justicia, y recurriendo a lo más sucio del viejo PRIAN para conseguir el voto que les hacía falta.
Que el voto 86 en el Senado haya sido en el de Miguel Ángel Yunes Márquez -previo acto circense en mancuerna con su papá, Miguel Ángel Yunes Linares- muestra hasta dónde es capaz de llegar el nuevo régimen con tal de alcanzar sus fines.
La maniobra recuerda aquel episodio de 2005-2006, en el que Felipe Calderón entregó su candidatura al grupo de Elba Esther Gordillo con tal de que le ayudaran a derrotar a López Obrador. “La maestra” se lo cobró con creces, maniatando su gobierno, imponiéndole un subsecretario de Educación, un director de la Lotería Nacional y a un director del ISSSTE (Yunes Linares) que terminó apoderándose del panismo veracruzano.
Si alguien encarna la putrefacción del PRIAN, ése es Yunes, un político que militó décadas en el PRI y que, en 2001, como representante del tricolor ante el Consejo General del IFE, amenazó a los consejeros electorales con juicio político por haber aprobado la multa por el famoso Pemexgate (una trama de corrupción con la que se financió la campaña presidencial de Francisco Labastida en el año 2000). Un oscuro operador político con cuentas pendientes en Veracruz, que se refugió en el círculo más cercano de Elba Esther Gordillo para sobrevivir en el sexenio foxista.
Un mini gobernador (ganó las elecciones de 2016 para el periodo de transición que homologó el calendario electoral de Veracruz), al que le bastaron dos años para acumular riquezas y escándalos. El último, el intento de dejar a su hijo como gobernador en las campañas de 2018, cuando López Obrador y Cuitláhuac García se le atravesaron en el camino e impidieron la sucesión de padre a hijo.
Es muy sintomático que el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, haya recurrido precisamente a Yunes para conseguir a un traidor entre las filas opositoras. El elegido no deja ni el más mínimo lugar a dudas sobre la naturaleza de ese pacto. Es increíble que los Yunes hayan actuado por convicción y es altamente probable que su voto se haya comprado con una garantía de impunidad.
Por todo ello resulta nauseabundo el arreglo. Por todo ello, es incongruente que López Obrador pretenda negar que actuó bajo la lógica del “fin justifica los medios”. Por todo ello, resulta decepcionante que la presidenta electa se haya mostrado complacida y hasta haya dicho que la historia reivindicará a Yunes.
Su sexenio iniciará, ya no sólo con las dificultades generadas por una compleja reforma de casi imposible implementación, sino con la mácula de haber solapado una negociación entre bribones.
<h2>¿Qué sigue?</h2>
Ya no hay vuelta atrás. Pese a todo, es un hecho que, dentro de ocho meses, las mexicanas y mexicanos seremos convocados a las urnas para elegir más o menos a la mitad de los cargos del Poder Judicial (más de 800 jueces, magistrados y ministros), mientras la otra mitad de elegirá en 2027, junto con la elección federal intermedia.
Un día después de publicado el decreto de la reforma, comenzará el proceso electoral extraordinario de 2025 y, con ello, una serie de actividades para un proceso inédito y complejo.
El Consejo General del INE deberá reunirse siete días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación para declarar el arranque de la etapa de preparación. Se instalará una comisión especial de consejeras y consejeros (aún no se sabe quién será la o el valiente que se proponga para presidirla), y se trabajará en la propuesta de presupuesto que se pedirá a la Cámara de Diputados para financiar la elección.
Se prevé que el INE pida al menos 5 mil millones de pesos adicionales a su presupuesto ordinario, pues se trata de una elección nacional, de magnitudes semejantes a la que acaba de celebrarse en este 2024, pero aún más compleja en su organización y desarrollo. Para darse una idea, el INE ejerció 8 mil 800 millones de pesos para el proceso electoral federal que acaba de terminar.
Luego vendrá la convocatoria del Senado, que deberá emitirse en un plazo máximo de 30 días naturales, para la elección de la totalidad de ministras y ministros de la SCJN; las plazas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito.
En esta primera elección, quienes ocupan actualmente estos cargos podrán participar y tendrán pase automático a los listados que aparecerán en las boletas, a menos de que ellos declinen, como lo ha anunciado -por ejemplo- la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña.
Ante la ausencia de legislación secundaria, los artículos transitorios de la reforma otorgan al INE facultades de emitir todos aquellos acuerdos que considere necesarios para normar la organización, desarrollo y cómputo de las elecciones.
El INE tendrá unos cuantos meses para determinar el número de casillas que tienen que instalarse. Si el pasado 2 de junio se instalaron 170 mil casillas, esta vez podrían ser más, pues cada casilla se dota con 750 boletas, esperando que en diez horas puedan participar 750 electores (suponiendo una participación del cien por ciento) a razón de uno por cada minuto y medio. Esto, con máximo seis boletas distintas, como ocurrió en algunos estados en este año: Presidencia, Senado, diputados federales, gubernatura, ayuntamiento y diputaciones locales.
Si en la elección de jueces y magistrados un elector pudiera recibir hasta 25 boletas, no se va a tardar un minuto y medio, sino hasta 10 minutos para emitir su sufragio. Y eso implicaría que el INE tendría que instalar muchas más casillas.
Al ser inédita, esta elección implica una manera distinta de reclutar y capacitar a los funcionarios de casilla (en 2024 se requirieron millón y medio para recibir y contar los votos el 2 de junio); implica una manera distinta de comunicar las elecciones, pues la ciudadanía no tachará un recuadro correspondiente a un partido o coalición -como lo hemos venido haciendo desde hace cien años-, sino que se deberá escoger un nombre de un listado y escribirlo en la boleta.
Al no estar involucrados los partidos políticos, las campañas serán hechas por el propio INE, autoridad a la que se le endilga la responsabilidad de que la ciudadanía conozca y distinga las propuestas de miles de candidaturas que podrían participar a nivel nacional.
Temas como la fiscalización de los ingresos y gastos de las campañas, la distribución de los tiempos oficiales para difundir el proceso, el diseño e impresión de materiales electorales (cuadernillos de capacitación, listados de candidaturas, boletas electorales, etcétera), la duración de las campañas, prohibiciones y límites en dichas campañas, la duración de la jornada electoral, la participación de observadores y la manera en la que se llevarán a cabo los cómputos de las elecciones, deberá definirlos el INE en los próximos meses.
Será una elección compleja que pondrá contra las cuerdas al INE, una institución que aún está en la mira de la mayoría oficialista y que se estará jugando su credibilidad -bien ganada y defendida en los últimos años- en este proceso extraordinario.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Reforma judicial, una victoria pírrica

En la agonía de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador ha creado, al fin e inesperadamente, una némesis que podría mandarlo a la jubilación con una derrota política, quizás la única pero más significativa de su sexenio.
Una oposición moralmente derrotada, desprestigiada, carente de buenas ideas y de liderazgos presentables, extraviada, frívola, desarticulada y alejada de las mayorías, encontró en la resistencia a la reforma al Poder Judicial -al fin- un tema con el cual confrontar efectivamente al lopezobradorismo.
A 20 días de acabar su sexenio, López Obrador ha encontrado la horma de su zapato: un tema que espanta -y moviliza- a los grandes capitales, a los inversionistas, a las calificadoras, a los socios comerciales de Norteamérica, a la Iglesia, a los académicos, a un sector de los estudiantes, a los trabajadores de uno de los tres Poderes de la Unión, y que incluso se ha vuelto incómodo para algunos de los integrantes y operadores del próximo gobierno.
Y es que la oposición a la reforma constitucional que modificaría para siempre el funcionamiento del Poder Judicial ya no es un tema que sólo mortifica a Norma Piña o a la “marea rosa”; a Claudio X González o a los muchos opositores caricaturizados por el presidente. Hoy, se trata de un catalizador que ha unificado a la oposición y le ha dado un motivo para ser legisladores a los 43 senadores electos por el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano.
Esos tres bloques, que la semana pasada salieron a manifestar públicamente su rechazo a la reforma de López Obrador, se han empoderado y, a su vez, comprometido frente a la República. De ellas y ellos depende que no pase una reforma ideada en la cabeza de López Obrador, impulsada por los más radicales del movimiento morenista, y abrazada -pocos saben si con gusto o con cierta dosis de resignación- por la presidenta electa y su equipo.
Es paradójico, pero de los votos que emitan esta semana los 22 senadores del PAN, los 15 del PRI, los 5 de MC y el “sin partido” Manlio Fabio Beltrones, depende no sólo el futuro de la oposición, sino también el de Claudia Sheinbaum.
Si se mantienen leales a lo que anunciaron y votan en contra, habrán salvado el honor de sus partidos y se habrán convertido en una oposición real y digna de ser tomada en cuenta en los próximos años.
Pero no sólo eso: el rechazo de 43 senadores a la reforma constitucional en materia judicial la daría a Claudia Sheinbaum una salida política para zafarse de la presión de López Obrador y el núcleo radical de Morena.
Curiosamente, esa pequeña gran derrota de López Obrador, en la agonía de su sexenio, le daría a Sheinbaum la llave para liberarse de personajes que pretenden maniatarla durante todo su sexenio: Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena; Adán Augusto López, coordinador de los senadores, y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, tres de quienes le disputaron la candidatura presidencial. Además del exministro Arturo Zaldívar, quien funge como correa de transmisión entre los designios del presidente saliente y los posicionamientos de la presidenta electa.
<h2>De qué está hecho el Senado</h2>
La posibilidad de crear un bloque de contención en el Senado a las reformas del llamado “plan C” del presidente López Obrador depende de personajes que podrían encontrar en esta batalla una manera de salvar cara y desmarcarse de su propio desprestigio.
Del lado del PAN, la bancada está encabezada por el dirigente Marko Cortés, y formalmente coordinada por Guadalupe Murguía, electa por Querétaro.
Entre el resto de senadores y senadoras que conforman el folclórico mosaico destacan Ricardo Anaya, excandidato presidencial; Lilly Téllez, exaspirante presidencial; Enrique Vargas, líder de facto del panismo del Estado de México; los exgobernadores Mauricio Vila, de Yucatán; Miguel Márquez, de Guanajuato, y Francisco Ramírez Acuña, de Jalisco, y los exalcaldes Juan Antonio Martín del Campo, de Aguascalientes, y Miguel Ángel Yunes Márquez, de Veracruz.
Este último, hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, ha sido especialmente presionado en las últimas horas para emitir su voto, pues su padre, su hermano y él mismo enfrentan acusaciones de corrupción por las que podrían enfrentar procesos penales.
<h2>‘Alito’ y sus 15</h2>
En el PRI hay otro líder -Alejandro Moreno- que encontró en esta coyuntura una manera de desviar la atención de los conflictos al interior de su partido y apaciguar las críticas y señalamientos que pesan sobre él por su paso por la gubernatura de Campeche.
“Alito” no será coordinador, pero acomodó ahí a uno de sus fieles. El guerrerense Manuel Añorve.
También entre ellos habrá otros exgobernadores: Miguel Riquelme, de Coahuila, quien convalece de un infarto y podría ser sustituido por su suplente en la sesión del martes; Rolando Zapata, de Yucatán, y Manlio Fabio Beltrones, de Sonora.
Este último ha sido desconocido por la dirigencia encabezada por “Alito”, pero ha dicho varias veces que votará en contra de la reforma.
Completan la bancada tricolor la secretaria general del partido, Carolina Viggiano; las excandidatas Cristina Díaz, de Nuevo León; Anabel Ávalos, de Tlaxcala y Claudia Anaya, de Zacatecas. Y media docena de personas cercanos a la cúpula tricolor.
A los 15, el dirigente nacional del tricolor los presentó la semana pasada para hacer un compromiso público de no votar con Morena y aliados esta reforma, e incluso se presentó la solicitud de licencia y la convocatoria a sus suplentes, en caso de que uno se enferme o atemorice.
<h2>La minibancada naranja</h2>
A pesar de que son sólo cinco, Movimiento Ciudadano juega el rol de fiel de la balanza: el jalisciense Clemente Castañeda encabeza un grupo donde hay dos exlideresas nacionales del PRD: Alejandra Barrales y Amalia García.
Además, dos hombres tienen votos decisivos: Luis Donaldo Colosio Riojas, de Nuevo León, y Daniel Barreda, de Campeche, ambos electos por el principio de Primera Minoría en sus estados.
La bancada naranja fue la última en mostrar sus cinco votos en contra de la reforma judicial, pues las presiones sobre el senador de Campeche eran -y probablemente son- muchas y muy variadas.
Si Barrera, y todos los demás, resisten, la segunda semana de septiembre será histórica: 43 senadores y senadoras habrán frenado una reforma con la que López Obrador luce obsesionado y encaprichado.
De hacerlo, habrán frenado la reforma judicial y la habrán sacado de la agenda de fin de sexenio, esa camisa de fuerza que López Obrador confeccionó para atar a los suyos a su proyecto. Si se frena esa reforma, probablemente vivamos una transición sin tantos contratiempos; se le da un respiro al país y, también, a la presidenta electa.
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