Periodista y explicador de la política de las cosas y las cosas de la política.

Explicador político

Sin categoría

La madrugada del 8 de abril de 1995 el gobierno del Distrito Federal desplegó un operativo extraordinario en diversos puntos de la capital del país. Era sábado y estaba por comenzar la Semana Santa, por lo que el gobierno del regente Óscar Espinosa Villarreal consideró que el momento era oportuno para actuar.
Apoyados por los granaderos del Distrito Federal, y con las alertas encendidas en la Secretaría de Gobernación e incluso en la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, Espinosa dio la orden de tomar los 50 módulos de la empresa Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100.
La toma de los módulos era el paso fundamental para declarar la quiebra de la empresa paraestatal e iniciar el proceso de liquidación, pero no el único. En paralelo, el gobierno de Espinosa Villarreal pidió a la Procuraduría capitalina ejecutar órdenes de aprehensión previamente obsequiadas por un juez en contra de algunos de los líderes del Sindicato de Ruta 100 (Sutaur 100), y procedió a la toma de las instalaciones administrativas.
La decisión, adoptada en los primeros meses del gobierno de Ernesto Zedillo, en plena crisis económica tras su rompimiento con Carlos Salinas y el famoso “error de diciembre”, dio origen a un largo conflicto laboral, social y político, y cambió en definitiva el rostro de la Ciudad de México.
No es exagerado decir que la quiebra de Ruta 100 fue la decisión que precipitó la caída del PRI en la capital del país, y fue uno de los más importantes cimientos en los que la izquierda basó la estrategia con la que ganó el gobierno en 1997.
Muchos de los grupos políticos que se habían organizado en torno al Movimiento Urbano Popular tras los sismos de 1985, y que en 1988 respaldaron la candidatura presidencial del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, encontraron en la quiebra de la empresa de transporte un motivo de lucha que los aglutinó y reorganizó en contra de las políticas neoliberales.
¿Qué más neoliberal que la decisión de Ernesto Zedillo de quebrar la empresa pública de transporte en plena crisis económica, para dar paso a un esquema de concesiones a empresas transportistas privadas?
Justo en ese mes, Zedillo y la mayoría priista en la Cámara de Diputados habían aplicado otra medida que cargaba en la población el costo de los errores económicos del salinismo: aumentar la tasa del IVA del 10 al 15 por ciento.
No en vano todo un crisol de personajes de diferentes corrientes de la izquierda con presencia en la capital se dejó ver en la larga etapa de manifestaciones en solidaridad con el Sutaur 100: desde Andrés Manuel López Obrador, René Bejarano y Dolores Padierna, hasta Armando Quintero, Martí Batres y la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada.
La quiebra era una decisión administrativa, que buscaba frenar la sangría de recursos públicos que cada año el gobierno local debía destinar a Ruta 100, pero también política, pues se buscaba desactivar a los líderes sindicales (marcadamente a Ricardo Barco y Gabino Camacho), que a su vez eran dirigentes del Movimiento Proletario Independiente (MPI), un grupo de izquierda radical con presencia en la periferia de la ciudad, al que Zedillo acusaba de tener nexos con la guerrilla zapatista que un año antes se había levantado en armas en el estado de Chiapas.
Todos los ingredientes de una apasionante trama política fueron apareciendo en escena: el operativo en la oscuridad de la madrugada para tomar los módulos, el espionaje a los líderes sindicales para seguir sus movimientos y poder detenerlos sin que pusieran resistencia y, posteriormente, una serie de trágicos acontecimientos.
La muerte del secretario de Transportes que había sido el responsable de ejecutar la decisión: Luis Miguel Moreno, que según la versión oficial de suicidó, aunque su cuerpo apareció en su despacho con dos balas en el pecho el lunes 10 de abril, dos días después del operativo de quiebra.
El homicidio del fiscal del caso, Jesús Humberto Priego Chávez, el 18 de junio de 1995, que fue presentado por el gobierno como un crimen cometido en un intento de asalto.
Un día después, el asesinato del magistrado Abraham Polo Uscanga, quien se había negado a liberar las órdenes de aprehensión que le habían sido requeridas por el gobierno para detener a los dirigentes del sindicato.
Eso, y un sinfín de manifestaciones en las principales avenidas del primer cuadro y afuera de los módulos de Ruta 100, donde más de una vez hubo sangrientos enfrentamientos entre trabajadores que intentaban recuperar las instalaciones, y granaderos que les impedían el paso.
<h2>¿Qué era Ruta 100 y por qué era tan importante?</h2>
La empresa paraestatal Ruta 100 fue creada en 1981 por el regente Carlos Hank González, y fue uno de los últimos actos del gobierno del presidente José López Portillo.
La decisión se tomó para desarticular lo que entonces se conocía como “el pulpo camionero”, un grupo de dirigentes del transporte que controlaban todas las rutas de servicio en el DF y la zona metropolitana, que habían llegado a acumular gran riqueza y poder, y que podían paralizar la ciudad cada vez que el gobierno les negara un aumento a las tarifas.
El “pulpo camionero”, conocido formalmente como Alianza de Camioneros de México, era lidereado por los también priistas Isidoro Rodríguez y Rubén Figueroa, empresario del ramo que también fue gobernador de Guerrero de 1975 a 1981.
Para crear Ruta 100 fue menester pactar con ellos para revocarles sus concesiones y renovar la flotilla de autobuses, lo que dio pie a la aparición de nuevos autobuses Mercedes Benz, cuyo concesionario en México era ni más ni menos que el regente Carlos Hank González (pura corrupción, en pocas palabras).
Así pasamos de los viejos Delfines y Guajoloteros, a los Ruta 100, que primero eran color café con amarillo, y después, en el sexenio de Carlos Salinas, azules con gris para dar una impresión de que eran “más ecológicos”.
En poco más de una década, la Ruta 100 creció hasta operar con más de 7 mil 500 unidades que cubrían 207 rutas por todo el DF y municipios conurbados del Estado de México. Llegó a transportar a 2.8 millones de usuarios diariamente, y su sindicato contaba con más de 12 mil trabajadores.
Sin embargo, la demanda de transporte de la capital era tal, que en 1987 el gobierno reabrió las concesiones, esta vez a empresarios que adquirieron combis y microbuses, que poco a poco fueron desplazando a los autobuses de Ruta 100, hasta inundar la Ciudad de micros y “peseras”, tal como la padecemos en la actualidad.
Al momento de la quiebra de Ruta 100, el Sutaur era un poderoso sindicato que año con año negociaba un contrato colectivo con jugosas canonjías que no siempre llegaban a toda la base de trabajadores.
Ricardo Barco, además de ser un líder sindical y social, con un discurso de izquierda cercano al maoísmo, era un hombre adinerado al que más de una vez se le acusó de corrupción y de mantener el control del sindicato con prácticas gangsteriles.
El conflicto de Ruta 100 duró hasta finales de 1996, y concluyó con una negociación que provocó la liberación de los líderes sindicales, la creación de un esquema de empresas para operar los codiciados ramales de la paraestatal (al menos una de ellas quedó en manos de una cooperativa dirigida por Barco y sus allegados), y la creación en el año 2000 de un organismo sustituto: la Red de Transportes de Pasajeros (RTP), que conecta zonas periféricas de la Ciudad con la red del Metro, actualmente con mil 300 autobuses que circulan en 103 rutas.
<h2>Efectos políticos de la quiebra</h2>
Mientras el conflicto entre el gobierno de Óscar Espinosa y el Sutaur 100 seguía su curso, el gobierno y los partidos políticos pactaron una reforma política que daría paso a la primera elección democrática de un jefe de gobierno en la capital del país.
La elección ocurrió en 1997 y en ella resultó ganador el PRD y su candidato Cuauhtémoc Cárdenas.
Aquella elección dio paso a una larga etapa de gobiernos de izquierda en la capital, primero bajo las siglas del PRD (Cárdenas, Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera), y luego con la bandera de Morena (Claudia Sheinbaum, Martí Batres y Clara Brugada).
Junto a esas jefas y jefes de Gobierno, varias generaciones de líderes de izquierda se han acomodado en el Congreso de la CDMX (antes Asamblea Legislativa) y en las 16 alcaldías.
Sus gobiernos han sido de claroscuros y, en buena medida, han terminado emulando las prácticas clientelares con las que gobernó el PRI antes de que hubiera democracia en la Ciudad.
Bien podría llamársele “la generación del sismo”, pero también “la generación Ruta 100” a esa pléyade de personajes que encontraron en la quiebra de la empresa de transporte un buen impulso para sus carreras políticas.
En 30 años, ya sin Ruta 100, la política de transporte y movilidad implementada por estos gobiernos de izquierda también es de claroscuros: sólo han construido una línea del Metro (la polémica línea 12, que corre de Mixcoac a Tláhuac), pero han acondicionado ocho líneas de Metrobús y dos líneas de Cablebús.
La RTP opera y sustituye al Metro en sus cada vez más frecuentes fallas de servicio. Hay un sistema eléctrico de Trolebuses y Tren Ligero, y un sistema de bicicletas (Ecobici) que se deteriora aceleradamente.
Hoy existe una tarjeta electrónica de movilidad multimodal, pero la movilidad de la Ciudad sigue siendo uno de los principales problemas para los ciudadanos y un desafío para la autoridad.
Las cifras son impresionantes: en un lunes hábil, se realizan 3.8 millones de viajes en Metro, 1.3 millones en Metrobús, 320 mil en Trolebús, 302 mil en RTP, 135 mil en Cablebús, 126 mil en Tren Ligero y 70 mil en Ecobici, según <a href="https://app.semovi.cdmx.gob.mx/MI_movilidad/" target="_blank" rel="noopener">datos de la Secretaría de Movilidad de la CDMX</a>.
Hoy, 30 años después de aquella madrugada de abril, ya no hay Ruta 100 ni un poderoso sindicato detrás, y lo cierto es que nadie los extraña.

A 30 años, nadie extraña a la Ruta 100

Poco se habla de ello, pero además de votar por nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y más de 800 cargos del Poder Judicial federal, el 1º de junio también se votará por mil 800 jueces a nivel estatal.
¿Por qué es importante hablar de eso?
Porque son los jueces más cercanos; es decir, aquellos que resuelven la mayor parte de los casos de vida cotidiana de la ciudadanía.
Según un estudio hecho el año pasado por la Fundación Konrad Adenauer México, de las personas que dicen haber tenido contacto con un juez o jueza por algún proceso, el 72 por ciento dijo que fue ante un juez estatal, sólo el 18 por ciento ante un juez federal y 11 por ciento ignora qué tipo de juzgador lo atendió.
La encuesta de opinión sobre el Poder Judicial y su reforma señala, también, que sólo el 53 por ciento de las personas consideradas en el estudio dijeron estar informadas para elegir a la mejor candidata o candidato a juez, y el 45 por ciento admitió estar desinformado como para tomar una decisión así.
Y, sin embargo, el 64 por ciento dijo que es probable que vaya a votar el 1º de junio.
Esto no lo dice el estudio, pero está claro que una buena parte de la ciudadanía irá a las urnas el 1º de junio sin saber a ciencia cierta qué está eligiendo y qué función desempeñan las personas que integran los juzgados y tribunales del país.
<h2>La “ninguneada” elección local</h2>
Mientras toda la atención se ha centrado en las elecciones judiciales a nivel federal, en 19 entidades se preparan para llevar a cabo la elección de mil 800 personas juzgadoras, entre magistraturas de Supremos Tribunales de Justicia y/o Tribunales de Disciplina Judicial local, jueces de primera instancia y otros cargos.
Además, si a nivel federal el INE recibió pocos recursos y poco tiempo para organizar esta elección inédita y extraordinaria, a nivel local la situación es peor: al menos <a href="https://animalpolitico.com/politica/eleccion-judicial-local-entidades-presupuesto-ine" target="_blank" rel="noopener">una tercera parte de los 19 organismos públicos locales que llevan a cabo este proceso enfrentan crisis financiera</a> por la negativa de recursos por parte de los Congresos y gobiernos estatales.
Cada estado, según lo que se haya acordado en su reforma constitucional local, determinó qué cargos elegir en este 2025 y cuáles dejó para 2027. Además, en cada entidad se decidieron maneras distintas de colocar las candidaturas en las boletas y designar los cargos luego del cómputo de los votos.
Así, en cada entidad será distinto el número de boletas que recibirá la ciudadanía, además de sus seis boletas para la elección judicial federal.
En la Ciudad de México, por ejemplo, para elegir 133 cargos se tendrán tres boletas distintas. Mientras que en el Estado de México se recibirán cuatro boletas distintas, para elegir 89 cargos.
El resto de estados con elección judicial local son: Aguascalientes (65 cargos), Baja California (171), Chihuahua (305), Coahuila (106), Colima (46), Durango (49), Michoacán (112), Nayarit (49), Quintana Roo (138), San Luis Potosí (87), Sonora (50), Tabasco (72), Tamaulipas (147), Tlaxcala (36), Veracruz (98), Yucatán (14) y Zacatecas (33).
Actualmente, algunos institutos electorales locales ya tienen en sus sitios de internet oficiales las boletas, las listas de candidaturas y un sistema para conocer un perfil mínimo de las candidatas y candidatos.
Pero lo cierto es que será imposible que cada ciudadana y ciudadano analice a detalle por quién votar en las seis boletas que recibirá para la elección federal, y las tres o cuatro que recibirá para la elección local.
Pensemos en un ciudadano de la Ciudad de México, que encontrará 64 nombres en la boleta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 38 en la boleta del Tribunal de Disciplina Judicial, 15 en la boleta de Sala Superior del Tribunal Electoral, 21 en la boleta de Sala Regional del Tribunal Electoral, 41 en la boleta de Tribunal de Circuito y 25 en la boleta de Juzgado de Distrito.
Ahí ya van 204 candidaturas, sólo a nivel federal.
Aparte, esa ciudadana o ciudadano de la Ciudad de México podrá encontrar hasta 45 nombres en la boleta color salmón que se usará para elegir el Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad, 19 nombres en la boleta azul de magistraturas del Poder Judicial local, y hasta 43 nombres en la boleta verde para la elección de Juzgados.
Es decir, para emitir un voto informado tendría que conocer el perfil de otras 107 personas.
A ese ciudadano le quedan solamente 54 días para escudriñar en las páginas del INE y del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los 311 perfiles que tendría que leer para saber por quién votar y por qué votar.
<h2>Los jueces más cercanos son también los más fáciles de cooptar</h2>
Y, sin embargo, habrá elección, y de esa elección surgirán los jueces y magistrados que estarán resolviendo los problemas de vida cotidiana de la gente.
No importa si votan muchos o pocos; si van solamente los 15 millones de votantes que calcula el INE como cifra máxima de participación (15 por ciento del padrón electoral), o los 30 millones que pretenden movilizar Morena y el gobierno.
Basta con que acudan unos cuantos para validar una elección que cambiará para siempre la historia del sistema de justicia den México.
Esos jueces locales, como dice la académica Ana Laura Magaloni, resuelven en primera instancia el 98 por ciento de las controversias judiciales entre particulares.
Y, como lo advirtió ella misma el pasado jueves, <a href="https://animalpolitico.com/politica/elecciones-judiciales-locales-observatorio-ibero" target="_blank" rel="noopener">al presentar el Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia,</a> esos mil 800 jueces locales que se elegirán en 19 estados son también los más vulnerables ante la coacción y presión de poderes fácticos: sindicatos, empresas y grupos del crimen organizado.
Quienes financiarán las campañas de los miles de candidatos a nivel local, quienes decidirán finalmente la movilización en favor de unos -y no de otros- serán quienes controlen las clientelas políticas. Llámese sindicatos de maestros, de electricistas, de burócratas u organizaciones gremiales afines al partido en el poder.
Como ocurre con las elecciones municipales, los candidatos y candidatas a jueces locales son los más fáciles de cooptar, presionar o colocar a gusto de un interés privado.

La ninguneada elección judicial local

Los escarceos recientes entre las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel son sólo un pequeño aviso de lo que nos espera en los próximos 60 días, una vez que han arrancado formalmente las campañas de la elección judicial.
Tan sólo a nivel federal, 3 mil 423 personas candidatas saldrán a competir por los 881 cargos en disputa: 9 asientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistraturas de Sala Regional del Tribunal Electoral (tres por cada una de las cinco circunscripciones), 5 magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal; 464 magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito, y 386 jueces de Distrito.
Adicionalmente, en los próximos días y semanas, miles de candidaturas se sumarán al proselitismo en busca de uno de los más de 2 mil 500 cargos que se elegirán a nivel local en 19 estados que también votarán por sus jueces locales.
La elección judicial, ideada en la cabeza de Andrés Manuel López Obrador en el sexenio pasado, quizás no sea el tema que acapare la atención mediática -pues la agenda seguirá enfocada en Donald Trump y su amenaza de los aranceles-, pero sí es lo que más va a terminar afectando nuestra vida cotidiana.
<h2>Una trampa</h2>
Con prisas y sin certeza en las reglas, el Instituto Nacional Electoral y los 19 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) involucrados en este proceso se dirigen hacia una trampa: organizar una elección extraordinaria que, si sale bien, terminará legitimando la captura del Poder Judicial por parte del oficialismo y, si sale mal, será el pretexto “perfecto” para que Morena cumpla su ya viejo anhelo de reformar el sistema electoral.
Lo más curioso es que, en ese empeño, la llamada “4T” cuenta con la complacencia de la actual consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, funcionaria electoral sonorense cuya familia ha logrado acomodarse en los gobiernos federal y estatal de Sonora en los últimos años y que justo en este mes de abril cumplirá dos años en el cargo.
Guadalupe Taddei y su grupo han logrado hacerse del control del proceso, en parte por el apoyo del gobierno morenista y sus legisladores, pero también por la decisión de hacerse a un lado, tomada por una buena parte de consejeras y consejeros.
Eso explica que en la comisión temporal que da seguimiento al proceso sólo estén dos consejeras y un consejero afines al régimen: el tabasqueño Jorge Montaño, amigo cercano del senador Adán Augusto López, y las consejeras Norme Irene de la Cruz y Rita Bell López Vences.
La elección ha dividido a la llamada “herradura de la democracia”, y tendrá que hacerse con recursos limitados, luego de la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de otorgar los mil 500 millones de pesos solicitados como ampliación presupuestal.
Luego del recorte presupuestal hecho por la Cámara de Diputados al INE, Claudia Sheinbaum decidió otorgar sólo 800 de los mil 500 millones de pesos solicitados por el INE, y estamos entonces ante una elección deficitaria.
No habrá dinero para garantizar la promoción del proceso, los debates entre los candidatos y candidatas, ni mucho menos para asegurar que no se violen las reglas de competencia.
Las campañas que iniciaron el domingo con un bombardeo inclemente en redes sociales serán fiscalizadas por un INE que no tendrá recursos para vigilar quién financia las candidaturas.
Será muy complejo seguir la pista del dinero, para saber qué intereses están detrás de las personas que terminarán al frente de un Juzgado o un Tribunal.
Y al INE sólo le resta apelar a la buena conducta de candidatas y candidatos y confiar en que lean sus boletines en los que han advertido que sólo podrán promoverse a través de propaganda impresa en papel reciclable, “fabricada con materiales biodegradables y distribuida de casa en casa”.
Las candidatas y candidatos no podrán recibir financiamiento ni público ni privado ni contratar espacios en radio y televisión ni recibir el apoyo de partidos políticos o gobiernos ni pagar pautas en redes sociales.
Sin embargo, desde ayer son notorios anuncios en redes sociales, como TikTok, Instagram, Facebook y X (antes Twitter), en los que han comenzado a difundir su nombre y trayectoria.
¿Podrá el INE detener a quien busque, de manera subrepticia, violar las reglas e impulsar el alcance de sus cuentas de redes sociales? Ésa es la gran pregunta.
Otra es: si el INE ya advirtió que ningún funcionario público puede promover el proceso y llamar a votar ni siquiera de manera genérica, ¿podrá contener a la presidenta Sheinbaum, que ayer mismo hizo un llamado a participar, pese a las restricciones del INE?
¿Qué garantizará que las candidatas y candidatos respeten los topes de gasto personales que pueden ejercer en campaña? Topes que van de 220 mil pesos a 1.4 millones de pesos.
La campaña inicia y, por primera vez en muchos años, no hay certeza en las reglas, pero sí una seguridad en el resultado: los candidatos afines al régimen llevan ventaja clara.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Elección judicial: qué esperar en los próximos 60 días

La última sesión del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) duró 16 minutos. Fue una reunión virtual, transmitida en redes sociales, que inició a las 11 de la noche con 35 minutos, en la que los cuatro integrantes del pleno aprobaron un último acuerdo y cerraron la cortina.
Fue un triste final para una institución cuya nobleza no siempre fue honrada por sus comisionadas y comisionados.
Pasadas las 18:00 horas, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de las leyes secundarias en materia de transparencia y protección de datos personales; a las 22:23 horas, el Diario Oficial de la Federación publicó <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5752569&amp;fecha=20/03/2025#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">el decreto correspondiente en una edición vespertina</a>, y a las 23:35 horas comenzó la última sesión del pleno del INAI.
El último acto del Instituto fue un trámite burocrático: crear un comité de transferencia que entregará los recursos materiales a la nueva institución creada por Morena y sus aliados en el Congreso para garantizar, según ellos, el derecho a la información: “Transparencia para el pueblo”, un órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Como dijo la comisionada Josefina Román, ahora sí se trataba de la “ultimísima sesión”, y había que ser breves, porque en el último minuto del jueves el INAI se convertiría en calabaza.
Sus compañeras, Julieta del Río y Blanca Ibarra, también apuraron las despedidas y los agradecimientos a sus equipos de trabajo, y recordaron que seguirán viéndose, pues las actuales integrantes del INAI serán parte del comité de transferencia.
El comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, se extendió un poco más que sus compañeras, y aprovechó para hacer un breve recuento del camino andado desde la expedición de la primera Ley Federal de Transparencia, en 2002; la integración del IFAI y su conversión en INAI; hasta la extinción ordenada por la reforma constitucional aprobada por Morena y sus partidos aliados como parte del “Plan C” que le heredó Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum.
Concluía una larga historia de claroscuros y, como advirtió una de las comisionadas, “no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla”; así que ahí estaban, las tres comisionadas y el comisionado presidente, apurando una última votación, el último acto legal del INAI.
El acta de defunción del instituto dirá que murió a las 23:50 horas del jueves 20 de marzo de 2025, y su epitafio podría especificar: “aquí yacen las ilusiones de una generación que creyó en la transparencia y la rendición de cuentas”.
<h2>Transparencia para el pueblo</h2>
Las últimas horas de vida del INAI fueron caóticas, con un grupo de trabajadores tomando la sede del instituto en el sur de la Ciudad, y las comisionadas haciendo malabares con la demanda de que se protegieran sus derechos laborales.
Liquidación, recontratación, finiquito, protección a los derechos adquiridos eran las demandas de empleados y empleadas -algunas que estuvieron ahí las dos décadas-, que tuvieron como única respuesta la incertidumbre.
Las y el comisionado que se van actuaron como acostumbraron en los últimos años: sin ingenio ni visión de Estado, y los que van a llegar -comandados por la secretaria Raquel Buenrostro- aún no podían llegar.
No eran tantos los trabajadores que durante más de seis horas bloquearon la avenida de los Insurgentes Sur, pero se calcula que serán más de 400 los afectados por la extinción del INAI y el nacimiento de Transparencia para el Pueblo.
Más allá de su nombre propagandístico, la nueva institución es una quimera, cuyas reglas de funcionamiento interno fueron publicadas en <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5752650&amp;fecha=21/03/2025#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">otra edición vespertina del Diario Oficial de la Federación,</a> ésta del viernes 21 de marzo.
El decreto firmado por Claudia Sheinbaum establece que Transparencia para el Pueblo es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción con autonomía técnica y operativa.
El titular de este órgano será nombrado por la titular de la Secretaría Anticorrupción y tendrá, para su operación, siete direcciones generales bajo su mando: 1. Políticas, Vinculación y Capacitación; 2. Obligaciones de Transparencia; 3. Recursos de Revisión y de Inconformidad; 4. Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública; 5. Asuntos Internacionales e Información; 6. Jurídica, y 7. Administración y Finanzas.
Es decir, se acabaron los tiempos de un pleno integrado por siete comisionados, nombrados por el Senado y con autonomía constitucional, y comienza la era de la “transparencia” en manos del gobierno federal.
<h2>Epílogo</h2>
Con más prejuicios que evidencias, López Obrador puso en la mira al INAI desde comienzos de su mandato, en 2019. Nunca le gustó el organismo ni el mecanismo empleado por los partidos políticos para repartirse los lugares en el pleno.
Nunca creyó en un diseño constitucional basado en un reparto de comisionados correspondiente al peso de cada fuerza política representada en el Congreso. Nunca creyó en la ciudadanización de los organismos constitucionales autónomos ni mucho menos los respetaba.
Para el momento en que López Obrador llegó a la Presidencia de la República, el propio INAI ya había abonado a su descrédito, con comisionados que un día eran autónomos y al otro día militaban en un partido político. Por mencionar los dos ejemplos más notorios: Alonso Lujambio se afilió al PAN en junio de 2009, cinco meses después de haber dejado la presidencia del IFAI, y Ximena Puente fue electa diputada federal del PRI un año después de concluir su periodo como presidenta del INAI.
Así como refutarle a López Obrador la idea de que era un organismo que servía a los intereses del “PRIAN”.
Y, para acabarla, los altos sueldos, los viajes por el mundo, los abusos en la contratación de publicaciones y asesores, y los escándalos de corrupción abonaron a una mala fama pública que hizo difícil su defensa en el momento en el que el lopezobradorismo alcanzó la mayoría que necesitaba para extinguir un instituto que su líder consideraba oneroso e inútil.
El INAI murió dejando inconclusa la tarea de consolidar un sistema nacional de transparencia y una cultura ciudadana de exigencia de rendición de cuentas, que eran los anhelos del Grupo Oaxaca y decenas de activistas, académicos y periodistas que pugnaron por la primera ley de transparencia y acceso a la información pública.
Pero queda vivo el derecho a la información, consagrado en el artículo sexto de la Constitución. Nada impide que la ciudadanía siga solicitando la información pública que no encuentre en los portales de los sujetos obligados (es decir, todo aquel ente público que ejerce recursos del erario). Ese derecho habrá que seguirlo ejerciendo.

Murió el INAI, pero no el derecho a la información

Como siempre que hay un horror en el que fallaron todas las autoridades, hoy se llama a “no politizar” la tragedia del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.
“No politizar”, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, como sinónimo de no usar el caso para exigirle que reciba a las madres buscadoras y otros colectivos que, durante ya décadas, se han tenido que integrar alrededor de la tragedia nacional de las personas desaparecidas.
“No politizar”, exige su administración, como una manera de descalificar a los cientos de personas que el sábado por la noche hicieron una vigilia en el Zócalo, frente a Palacio Nacional, para exigir que deje de invisibilizar a las víctimas del país de las fosas.
“No politizar”, secunda Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, partido que gobierna Jalisco y el municipio de Teuchitlán, desde hace más de seis años.
“No politizar”, suplican el gobernador actual, Pablo Lemus, y el alcalde José Ascención Murguía.
No politizar, cuando quizás lo mejor sea todo lo contrario.
Politizar, para exigirle cuentas a MC, que dice gobernar diferente, pero no se hace responsable del crecimiento e influencia de su cártel local. Politizar para llamar a cuentas a su exgobernador, Enrique Alfaro, y su exfiscal estatal, Joaquín Méndez Ruiz.
Politizar, para que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, explique qué hizo la FGR cuando se enteró del primer operativo en el que autoridades locales, y también federales (la Guardia Nacional estuvo ahí), incursionaron en el rancho e hicieron como si no pasara nada extraño ahí.
Politizar para que la presidenta Sheinbaum haga política -valga la redundancia- y reciba de una vez a los colectivos de madres buscadoras. Politizar para que la presidenta no encuentre en Teuchitlán el San Fernando o el Ayotzinapa de su sexenio.
Politizar para que MC, “la fuerza naranja”, tome el toro por los cuernos y deje de presumir sus “logros” en un estado tomado y controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, haciendo como si el territorio fuera un paraíso de inversiones, ferias, festivales, movilidad y “buenas rolas”.
Politizar, para tratar de entender en qué ha basado su éxito electoral MC, pese a la calamidad y la falta de atención que, durante todo su sexenio, se le reprochó a Enrique Alfaro.
<h2>La responsabilidad de MC</h2>
En las pasadas elecciones municipales del estado de Jalisco, más de 2 mil 600 personas votaron a favor de José Ascención Murguía, el político de Movimiento Ciudadano que buscaba la reelección en el municipio de Teuchitlán.
Chón Murguía, como se le conoce localmente, fue uno de los 40 candidatos postulados por Movimiento Ciudadano que ganaron una presidencia municipal el año pasado en Jalisco. En su caso, se llevó 2 mil 693 de los 5 mil 588 votos emitidos en Teuchitlán en la jornada del 2 de junio de 2024.
A pesar de que fue operado de la columna, lo que le impidió hacer una campaña intensa, dejó atrás con una amplia diferencia a los candidatos del PAN y Morena, sus rivales más cercanos, lo que le dio la oportunidad de continuar con el gobierno municipal que había iniciado en 2021.
Durante la campaña, fue visitado varias veces por Pablo Lemus, el candidato emecista a la gubernatura, quien también ganó la elección, aunque con una diferencia de apenas 5 puntos porcentuales sobre la candidata de Morena.
Ya electos, ambos políticos se reunieron en agosto de 2024, se tomaron una foto y Lemus subió a <a href="https://x.com/PabloLemusN/status/1820190099369275652" target="_blank" rel="noopener">su cuenta de X un mensaje</a> en el que decía:
“Nos reunimos con José Ascención Murguía Santiago, presidente electo de Teuchitlán, para dialogar sobre el trabajo conjunto que realizaremos en beneficio de este municipio. Durante nuestra conversación, abordamos diversos temas cruciales para el desarrollo de Teuchitlán, enfocándonos en infraestructura vial, agua, apoyo al campo y obra pública. Estamos comprometidos a trabajar en equipo para llevar a cabo estos proyectos y asegurar que Teuchitlán continúe avanzando”.
Ni en campaña ni en transición ni en sus primeros meses de gobierno, Murguía y Lemus hablaron de crimen organizado, de la problemática de personas desaparecidas ni de la crisis forense de Jalisco. Nunca dijeron que Teuchitlán era un lugar en el que el Cártel Jalisco Nueva Generación operaba un rancho de exterminio.
Hoy dicen que no tenían ni idea de lo que pasaba en el Rancho Izaguirre, un predio en el que los colectivos de búsqueda de desaparecidos han hecho el macabro hallazgo de fosas, hornos crematorios y cientos de pendas, zapatos y objetos personales que sugieren que decenas de personas encontraron ahí un destino fatal.
Para Pablo Lemus le ha servido de coartada decir que él no era gobernador en septiembre de 2024, cuando autoridades locales y federales hicieron un operativo en el rancho en el que detuvieron a diez personas y liberaron a algunas otras. No era él quien mandaba sobre la Fiscalía de Justicia de Jalisco, a la que le correspondía tomar el control del predio e investigar los delitos que pudieron haberse cometido en el rancho.
En efecto, él tomó posesión el 6 de diciembre de 2024, y en septiembre era gobernador electo (más preocupado en defender su triunfo ante las impugnaciones de Morena). Pero no relevó a un extraño el cargo, o a un enemigo político.
Lemus puede decir, incluso probar, que él no sabía nada sobre las indagatorias que hizo, o no hizo, la Fiscalía de Jalisco. Incluso, el actual fiscal, Salvador González de los Santos, fue nombrado en diciembre de 2024 por el Congreso del estado a propuesta de Lemus, y tampoco le tocó el caso del Rancho Izaguirre en septiembre de ese año.
Pero Enrique Alfaro, el exgobernador a quien Lemus sugiere que se le deben exigir cuentas, era de su mismo partido; de hecho, fue el dirigente político que hizo que MC se convirtiera en primera fuerza en Jalisco, por lo que no es fácil que el actual gobernador le endilgue toda la responsabilidad política sin provocar un pequeño cisma en el partido naranja.
En todo caso, junto con Alfaro, debe ser llamado a rendir cuentas el fiscal que estaba a cargo en septiembre de 2024, Joaquín Méndez Ruiz, quien dejó el cargo dos meses después de haber hecho un cateo en el Rancho Izaguirre, sin decir nada sobre lo que encontraron los colectivos hace un par de semanas.
Pablo Lemus y el nuevo fiscal podrán señalar las ineptitudes de sus antecesores, pero ¿qué puede decir el alcalde, Chón Murguía? Si él es presidente municipal desde 2021.
¿Será que no vio nada? ¿Será que, como ya ha salido a decir la semana pasada, el rancho estaba en un paraje alejado en el que es muy difícil supervisar lo que ocurre?
¿O será que, como todo sugiere, decidió no meterse en problemas con el Cártel Jalisco Nueva Generación? Cártel al que los colectivos de búsqueda responsabilizan de la crisis de violencia, de los levantones y el reclutamiento forzado de jóvenes, y de la crisis de personas desaparecidas que desde hace muchos años ha sido denunciada.
Todo esto ocurre cuando Movimiento Ciudadano ha intensificado una campaña publicitaria en la que presume sus gobiernos estatales en Nuevo León y Jalisco.
“En Movimiento Ciudadano hacemos buenas rolas… y también buenos gobiernos”, presume el dirigente emecista Jorge Álvarez Máynez <a href="https://youtu.be/xtIoPjdDuwE?feature=shared" target="_blank" rel="noopener">en uno de esos videos</a>.
El también excandidato presidencial habla de agua, movilidad y empleo para presumir los “logros” de sus gobernadores, pero nada dice de seguridad, violencia y derechos humanos.
“Así se construye el México nuevo, así gobierna la fuerza naranja”, concluye el dirigente en sus videos, en los que aparece aferrado en todo momento a su teléfono celular.
Hace falta politizar el caso Teuchitlán, para que todos dejen de echarse la bolita y, por primera vez en décadas, el Estado mexicano responda por una tragedia.

Teuchitlán, y por qué sí politizar la tragedia

Donald Trump se ha convertido en la némesis perfecta de Claudia Sheinbaum; un enemigo detestable para la mayor parte de mexicanas y mexicanos que, mientras siga siendo capoteable, le dará réditos políticos a la presidenta.
El presidente de Estados Unidos y sus amenazas son un motivo para exaltar el nacionalismo y convocar a la unidad nacional, el pretexto ideal para llenar el Zócalo cuantas veces sea necesario durante los cuatro primeros años del nuevo sexenio.
Si Trump ha hecho de sus supuestos “enemigos extranjeros” -como México- el eje de la narrativa con la que sostiene el respaldo de sus votantes, otro tanto ha hecho Sheinbaum para mantener movilizada a su grey frente al amenazante hombre naranja.
Dos mítines en menos de dos meses lo confirman: el del domingo 12 de enero, ocho días antes de que Trump asumiera el poder y al cumplirse los primeros cien días del sexenio de Sheinbaum, y el de este domingo 9 de marzo.
En ambos, Morena, el gobierno, sus partidos aliados y los sindicatos y organizaciones afines al régimen echaron la casa por la ventana para movilizar a miles de personas que llenaron el Zócalo para vitorear a Claudia Sheinbaum.
“Presidenta-presidenta”, gritaron ayer las 350 mil personas que, según el Gobierno de la Ciudad de México, se congregaron en el primer cuadro.
No en balde los miles de camiones y microbuses estacionados en calles y avenidas aledañas, Tlalpan, Eje Central, Balderas, Chapultepec, 5 de febrero, Fray Servando, Reforma y hasta Insurgentes Centro.
No en vano los millones de pesos gastados en movilizaciones, más de 30 mil sillas colocadas en el Zócalo, templetes, grupos musicales, equipo de sonido y el reparto e playeras, gorras, tortas, aguas y refrescos.
La idea de “mostrar unidad” y un respaldo incondicional a la presidenta en sus negociaciones con Donald Trump se tradujo en la obligación de “mostrar el músculo” del partido-movimiento.
Por eso, en el Zócalo había ayer contingentes enormes provenientes de los estados vecinos: Morelos, Puebla, Hidalgo y el Estado de México (todos gobernados por Morena), pero también de entidades más alejadas, como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Tabasco, Campeche, Zacatecas, San Luis Potosí, Sinaloa y hasta las Baja Californias.
Los gobernadores morenistas -que apenas el jueves acudieron a Palacio Nacional a junta del IMSS-Bienestar- volvieron a demostrar que son los principales movilizadores del nuevo binomio partido-gobierno.
Al más puro estilo priista, todos y todas tenían una cuota de asistentes por cumplir, pero según reveló el periodista Arturo Páramo en el diario Excélsior, fue el gobierno del Estado de México, con Delfina Gómez y Horacio Duarte al frente, quienes recibieron la instrucción directa de llenar la Plaza de la Constitución.
La reunión en la que se les pidió a los mexiquenses no fallar ocurrió el martes 4 de marzo (dos días antes de la llamada Sheinbaum-Trump), transcurrió en el viejo edificio del Arzobispado y a ella acudieron el secretario de Gobierno del Edomex, Horacio Duarte, legisladores federales y locales y alcaldes mexiquenses.
Como en esa reunión, durante la semana la instrucción de acudir en masa a la Plaza de la Constitución bajó a todas las organizaciones -gubernamentales y partidistas-, a través de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, folletos distribuidos en las calles, perifoneos en colonias, carteles pegados en postes de luz y mantas colgadas en puentes peatonales.
El estado de alerta era patente en los primeros anuncios que se imprimieron y distribuyeron: “acompañemos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum a la Asamblea Informativa, donde anunciará las acciones en defensa del bienestar de las y los mexicanos y la soberanía de nuestro país”.
Luego vino la llamada del jueves 6 de marzo, el mensaje de Trump anunciando un mes más sin aranceles para los productos del T-MEC, el festejo de la presidenta en la conferencia mañanera, y el cambio de convocatoria: ya no sería mitin y protesta, sino festival y celebración.
O dicho de otra manera: ¿por qué perder la oportunidad de volver a llenar el Zócalo, exaltar el nacionalismo, hablarle al pueblo y usar a la bestia Trump como resorte de la popularidad presidencial?
Todo mientras el gobierno y sus negociadores ganan otro mes de tregua arancelaria, en un juego político que hasta el momento ha sabido jugar bien la presidenta Sheinbaum; con cabeza fría, serenidad y paciencia, según su paráfrasis a Kalimán.
¿Cuál es el límite de ese juego? Quizás se sepa cuando Donald Trump decida acabar con los plazos mensuales, o cuando necesite apretar más a México para su política doméstica.
Sólo entonces sabremos qué dice en el famoso plan b, c y d -las acciones “en defensa del bienestar de todas y todos los mexicanos”- que hasta el momento la presidenta Sheinbaum no se ha visto obligada a anunciar. Las cartas de su juego que ha decidido aún no mostrar.

El uso político de Trump

Como pocas veces, la coalición gobernante tuvo la gran oportunidad de distanciarse de los partidos que la antecedieron en el ejercicio del poder, pero la dejó ir. Pudo, en la aprobación de la reforma que prohíbe el nepotismo, mostrar decoro y decencia política, mostrar que sí son distintos; pero se impusieron los intereses de los grupos que hacen contrapeso a la presidenta Claudia Sheinbaum dentro del propio Morena.
La aprobación de la iniciativa que prohíbe el nepotismo puso a prueba el discurso de “regeneración de la vida pública” -enarbolado desde hace al menos una década por Andrés Manuel López Obrador- y exhibió los primeros jaloneos internos de cara a la gran elección de 2027, cuando se renovarán la mitad de las gubernaturas del país.
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum sugería que ningún gobernante pueda transferir el poder a un familiar en línea directa desde 2027, pero las presiones del Partido Verde y los intereses de los coordinadores parlamentarios de Morena, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, pudieron más que las buenas intenciones de Sheinbaum, y la aplicación de esta medida se envió hasta 2030.
De por medio estaban las candidaturas de tres personajes que actualmente están en el Senado, con parientes directos en las gubernaturas de los estados en los que quieren ser candidatos.
Ruth González Silva es la esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo “el Pollo” Gallardo, un político que ha transitado por varios partidos, pero que en las elecciones de 2021 se impuso como candidato del Partido Verde y, a través de un acuerdo con la dirigencia de Morena, tuvo vía libre para ganar las elecciones.
La actual senadora potosina y “primera dama” de la entidad quiere suceder a su esposo en la gubernatura y, desde ahora, mantiene una intensa campaña de promoción de cara al 2027, año de las elecciones.
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum le estorbaba y por ello el Partido Verde, a través de su coordinador, el exgobernador chiapaneco, Manuel Velasco Coello, condicionó sus votos a cambio de que la reforma antinepotismo entrara en vigor hasta 2030.
La tensión con el PVEM subió de tono cuando el PRI le ofreció a Morena los votos para aprobar la reforma, pues ello implicaba poner en riesgo la alianza legislativa que le ha permitido al oficialismo aprobar más de una docena de reformas constitucionales.
Morena, según reveló el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, no quiso arriesgar los 14 votos del PVEM en el Senado y los 62 votos verdes en la Cámara de Diputados, indispensables para que el oficialismo mantenga la mayoría calificada.
<h2>Beneficiarios en Morena</h2>
De paso, hubo dos senadores que se vieron beneficiados con la maniobra del Verde: el zacatecano Saúl Monreal, quien aspira a suceder a su hermano David en la gubernatura, y Félix Salgado Macedonio, quien quiere que su hija Evelyn le entregue la gubernatura de Guerrero. Ambos, también, en 2027.
Saúl Monreal cree que debe ser el tercero de los hermanos que gobierne Zacatecas, a pesar del desastre que es la entidad en materia de inseguridad y presencia de grupos del crimen organizado, que inhiben toda actividad económica.
Félix Salgado piensa que ahora sí le toca, después de que en 2021 tuvo que hacerse a un lado cuando el Instituto Nacional Electoral le aplicó la pena máxima (la pérdida de la candidatura) por no haber entregado informes de gastos en su precampaña. Guerrero tampoco es un ejemplo de buen gobierno; sin embargo, los Salgado podrían consolidar un cacicazgo de 12 años.
Justo lo que la iniciativa de Claudia Sheinbaum pretendía evitar, pues según dijo Sheinbaum en el 108 aniversario de la Constitución, el pasado 5 de febrero, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular, era “un asunto de principios”.
<h2>Los jaloneos rumbo a 2027</h2>
La reforma aún debe aprobarse en la Cámara de Diputados, donde un legislador cercano a la presidenta, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, criticó los cambios hechos en el Senado por sus compañeros de partido y coalición.
Es probable que Ramírez Cuéllar se quede solo en esta lucha al interior de la bancada morenista en San Lázaro, como le ha ocurrido frente a la dupla Ricardo Monreal-Pedro Haces desde el inicio de la Legislatura. No pudo ni siquiera ser presidente de la Comisión de Presupuesto, pese a su cercanía con la presidenta Sheinbaum, por lo que se antoja difícil que su voz sea determinante en la dictaminación de la minuta enviada por el Senado.
Donde la reacción fue inmediata y contundente fue en la dirigencia nacional de Morena. Ante los cambios pactados con el Verde, la lideresa Luisa María Alcalde advirtió que el partido tomará medidas para que todos sus candidatos en 2027 cumplan el criterio de idoneidad establecido en la reforma que envió Sheinbaum:
“Que las personas que pretendan participar para un cargo de elección popular no tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que ocupa el cargo por el cual participarán”.
Pero no todo está perdido para Saúl Monreal y Félix Salgado, quienes ya criticaron la medida anunciada por Luisa María Alcalde. Si quieren ser candidatos en 2027 y suceder a su hermano e hija, respectivamente, siempre podrán postularse bajo las siglas del Partido Verde y el PT.
Lo cierto es que este episodio deja ver que el 2027 ya toca las puertas de Morena y de la coalición gobernante, anunciando tensiones entre los grupos y corrientes internas.
Además de Guerrero, San Luis Potosí y Zacatecas, en 2027 se disputarán otras 13 gubernaturas: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.
Todo un festín de gubernaturas en el que ya hay más de un aspirante anotado por cada entidad, y que implicará todo un reto para la cohesión interna en la dirigencia de Luisa María Alcalde y del secretario de Organización, Andrés López Beltrán.
En el Senado, el coordinador Adán Augusto López ya mueve sus fichas y alienta candidaturas como la de la chihuahuense Andrea Chávez, pues sabe que un buen número de candidatos emanados de la bancada le servirían para intentar construir una candidatura presidencial en 2030.
Y lo mismo debe calcular el coordinador en Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, a quien no sólo lo mueve la candidatura de su hermano.
Frente a ellos, la presidenta Claudia Sheinbaum apenas tiene margen de maniobra, pues está más ocupada gobernando y lidiando con Donald Trump, que haciendo política partidista.

Morena: el nepotismo y la (in)decencia política

La confiabilidad de una democracia puede resumirse en una frase: certeza en las reglas, incertidumbre en los resultados. Es decir, dotar a los competidores y a los votantes de claridad absoluta en las reglas del juego, y que eso derive en una cancha pareja (condiciones de equidad) en la que ningún competidor tenga más probabilidad de ganar que otro; es decir, que nadie sepa quién va a triunfar antes de que inicie el juego.
En la elección judicial está ocurriendo todo lo contrario: las reglas con las que se jugarán 881 cargos del Poder Judicial Federal y otros cientos de cargos de los Poderes Judiciales locales (a estas alturas ni siquiera sabemos cuántos) no son claras para la sociedad y para los competidores. Ni siquiera para el árbitro.
El Instituto Nacional Electoral ha tenido que ir poniendo parches a través de acuerdos votados por mayoría en el Consejo General (ni siquiera son acuerdos que convenzan a todo el INE), para sacar adelante una elección que se hará por decisión de Andrés Manuel López Obrador y los votos en el Congreso de tres de las seis fuerzas políticas que conforman el sistema político mexicano (Morena, PVEM y PT).
<h2>Incertidumbre en las reglas</h2>
A estas alturas, cuando faltan 98 días para los comicios del 1º de junio, ni siquiera están definidas cuatro de las seis listas de candidaturas a cargos federales, pues el INE sigue enmendando errores y procesando renuncias entre los más de 4 mil 200 nombres que el senador Gerardo Fernández Noroña llevó al instituto el pasado 12 de febrero.
Eso sí, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, ya acudió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la directora de Talleres Gráficos de México, a dar el botonazo de arranque a la impresión de las boletas, con las únicas dos listas que ya son definitivas: la de candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en la que hay 64 nombres) y la de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (donde figuran 15 candidaturas).
Ante <a href="https://www.animalpolitico.com/politica/boletas-eleccion-judicial-ine-inconsistencias-renuncias" target="_blank" rel="noopener">las renuncias de aspirantes y las inconsistencias en las listas integradas por los comités de selección</a>, falta por definirse las boletas con las que se elegirá a 15 integrantes de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (3 por cada una de las cinco salas); las boletas para elegir al Tribunal de Disciplina Judicial (que se integrará por cinco personas), las boletas de los Tribunales de Circuito (donde habrán de elegirse 464 magistraturas en todo el país), y las boletas de Personas Juzgadoras de Distrito (386 cargos).
Lo inédito de esta elección, el recorte presupuestal y lo apretado de los tiempos han tenido otros efectos: no está garantizada la paridad sustantiva, lograda en los procesos electorales de los Poderes Legislativo y Ejecutivo desde 2018, y no habrá un programa para el voto de personas en prisión preventiva, lo cual es una gran paradoja: los principales afectados de un sistema judicial corrupto e ineficiente -los presuntos culpables- no podrán votar por los jueces.
Una más: ante lo complejo de las boletas electorales, el INE ha tenido que inventarse un método para el cómputo de los votos, que ya no será hecho por ciudadanas y ciudadanos en las casillas, sino en los 300 Consejos Distritales por parte de consejeros que integran la estructura del INE, <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/autores/explicador-politico/eleccion-judicial-por-que-es-grave-que-la-ciudadania-no-cuente-los-votos-en-la-casilla" target="_blank" rel="noopener">como se explica en este texto</a>.
Y algo a lo que no estábamos acostumbrados: nadie sabe, hoy por hoy, cuándo habrá resultados. No habrá Conteos Rápidos ni Programa de Resultados Electorales Preliminares, y el INE se dio hasta 12 días de plazo para dar a conocer los resultados de los comicios.
Hoy en día, tampoco se sabe bien a bien cómo serán las campañas de las candidatas y candidatos, que comienzan formalmente el 31 de marzo, aunque al menos tres candidatas llevan meses promocionándose mediante entrevistas pagadas y pauta en redes sociales, sin que nadie les diga nada: las ministras Lenia Batres (que luchó hasta el último minuto para aparecer en la boleta con el sobrenombre de “ministra del pueblo”), Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Tampoco se sabe si habrá debates, aunque los prevé la reforma constitucional, y cómo se distribuirán los tiempos oficiales del Estado -que administra el INE- entre los miles de candidatos.
<h2>Certeza en el resultado</h2>
Todo esto ocurre mientras crecen dos certezas en torno a los resultados de la elección judicial: la bajísima participación de la ciudadanía (del 9 por ciento, según calculó la consejera presidenta en una entrevista con Ciro Gómez Leyva), y la segura victoria de candidaturas ligadas al oficialismo.
Con una baja participación, sin los partidos de oposición involucrados en el proceso, sin una sociedad civil interesada y vigilante del proceso, es seguro que ganará la movilización del partido en el gobierno, único interesado en estos comicios.
No es casual que Morena haya iniciado su campaña de afiliación de 10 millones de militantes a sus filas justo en paralelo al proceso electoral. Muy probablemente, esos diez millones de simpatizantes -el voto duro de Morena- serán los únicos que vayan a votar el 1º de junio.
Tampoco es casual que la campaña de afiliación sea encabezada por Andrés López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se le ocurrió la idea de la elección del Poder Judicial. El hijo concluirá lo que parece ser la intención original de este proceso: la captura del Poder Judicial por parte de la fuerza política gobernante.
Así, frente a la complacencia de un INE y un Tribunal Electoral que no se distancian del oficialismo, una cosa es cierta: el resultado del 1º de junio beneficiará a Morena y, aunque vaya a votar apenas un 10 por ciento del padrón electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum, los líderes morenistas en el partido y el Congreso, y desde luego Guadalupe Taddei, dirán que fue todo un éxito.
Las consecuencias vendrán después, cuando el sistema electoral mexicano acuse los efectos de haber invertido la ecuación “certeza en las reglas, incertidumbre en el resultado”, para regresar a los tiempos del partido hegemónico, en los que la oposición (incluidos los que hoy gobiernan) no tenían claridad en las reglas ni gozaban de condiciones de equidad, pero todo mundo sabía que el que iba a ganar era el PRI.
Incertidumbre en las reglas, certeza en los resultados: bienvenidos de regreso a los años 70.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Elección judicial: incertidumbre en las reglas, certeza en el resultado

Argumenta la presidenta Claudia Sheinbaum, en su iniciativa de reforma constitucional que busca prohibir nuevamente la reelección de cargos legislativos y municipales, que este mecanismo ha distorsionado la representación política y ha permitido que ciertas élites puedan perpetuarse en el poder.
Cierto, pero también ha propiciado que se profesionalice la tarea legislativa, se consoliden proyectos municipales que antes se veían interrumpidos cada tres años, y ha comenzado a generar lo que se buscaba en 2014, cuando se aprobó la reforma que permitió la reelección: dotar a la ciudadanía de un mecanismo de control sobre sus representantes y gobernados.
Si bien hacen falta estudios claros y profundos sobre los efectos de la reelección de cargos municipales, permitida desde 2015, y la reelección legislativa, aplicada a nivel federal desde 2021 en la Cámara de Diputados y desde 2024 en el Senado, dichos estudios podrían generarse justo ahora que la presidenta ha vuelto a abrir el debate sobre el tema.
Nuevamente, Morena tiene la oportunidad de abrir un amplio debate plural y serio sobre un tema crucial para el sistema político mexicano; en este caso, las ventajas y desventajas de la reelección consecutiva o inmediata.
Pero, nuevamente, Morena y sus aliados podrían decepcionarnos, al usar sus votos para aprobar en automático lo que la presidenta envió, sin discusión alguna y sin haber sopesado argumentos a favor y en contra. Ésa ha sido su dinámica desde septiembre, cuando obtuvieron la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Ésa será, probablemente, su conducta ante la nueva iniciativa.
<h2>El mito histórico de la no reelección</h2>
En octubre de 1910, en el Plan de San Luis, Francisco I. Madero proclamó la frase que, durante todo el siglo XX, marcó la ruta del desarrollo del sistema político mexicano: “sufragio efectivo, no reelección”.
Luego de 30 años de gobiernos de Porfirio Díaz, con tres reelecciones “legales” y dos de facto, su permanencia en el poder se volvió insostenible y fue el principal motivo de la Revolución que cambió la historia del país y de la que emanó el régimen del partido hegemónico que gobernó desde 1929 hasta el año 2000.
La no reelección del presidente de la República y gobernadores se estableció desde la Constitución de 1917, y en 1933 se hizo explícita la prohibición también para presidentes municipales.
Luego de la transición en los años 90 y la alternancia en el año 2000, y la irrupción de múltiples fuerzas políticas en gobiernos estatales y municipales, la no reelección de ediles volvió a ponerse a debate por la imposibilidad de consolidar proyectos locales de gobierno en un solo periodo de tres años.
Las primeras reformas en la materia buscaron ampliar a cuatro años el periodo de gobierno en estados como Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Veracruz, pero no fueron suficientes para resolver el problema planteado.
La reelección fue una demanda de los jóvenes que, desde 2009, protestaron en contra de los partidos políticos con acciones como el Voto Nulo, el Aventón Ciudadano y la Asamblea Nacional Ciudadana.
La generación que creció con Twitter como principal herramienta de difusión de sus demandas y activación de quienes confluían con ellos no buscaba empoderar a los partidos políticos ni a las élites con sus demandas, que se resumían en cinco: candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, consulta popular, reducción del dinero a los partidos políticos y reelección consecutiva de legisladores y munícipes.
Después de una elección federal intermedia (la de 2009) en la que el voto nulo sacudió a la clase política, el entonces presidente, Felipe Calderón, abrió el diálogo con esos jóvenes activistas y envió una iniciativa de reforma política que hacía suyas algunas de esas demandas, incluida la reelección consecutiva de alcaldes y legisladores.
La reforma se discutió durante meses y fue hasta el final del segundo sexenio panista, ya en 2012, cuando se aprobaron y aprobaron las reformas a la Constitución, que incluían las candidaturas independientes (que comenzaron a operar en 2015), la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Pero no incluyeron ni la reelección ni la reducción del financiamiento público a los partidos políticos.
<h2>¿Por qué se revivió la reelección en la Constitución en 2014?</h2>
Muchos de los jóvenes activistas que manifestaron su decepción con todos los partidos en 2009 y pugnaron por cambios constitucionales para darle más poder a la ciudadanía se volvieron férreos opositores al gobierno de Enrique Peña Nieto a partir de 2012.
Y también vieron con desconfianza el Pacto por México, firmado por Peña Nieto y el PRI con el PAN y la dirigencia nacional del PRD, ya sin Andrés Manuel López Obrador en ese partido.
Sin embargo, el Pacto por México consolidó algunas de las demandas de la Asamblea Nacional Ciudadana, como la reelección consecutiva de presidentes municipales, siempre y cuando éstos no hubieran sido electos para un periodo de cuatro años.
Los argumentos eran: fortalecer la efectividad de las acciones de gobierno, generar mayor vinculación y rendición de cuentas entre gobernantes y gobernados, y otorgar mayor peso político al voto de la ciudadanía al establecer un sistema de “premio-castigo” con autoridades que puedan buscar la ratificación de su gobierno mediante la reelección consecutiva.
Algunos miembros de esa generación encontraron en Morena y sus gobiernos -principalmente el de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México- una vía para canalizar sus inquietudes y consolidar sus carreras profesionales.
Los dos ejemplos más visibles son Andrés Lajous, actual encargado del proyecto ferroviario del gobierno federal, y Pepe Merino, director de la Agencia de Transformación Digital, que actualmente son funcionarios cercanos a la presidenta Sheinbaum.
<h2>Las contradicciones de Morena y Sheinbaum</h2>
Llama la atención que hoy la presidenta Sheinbaum mande una iniciativa al Congreso de la Unión que desconoce que la reelección no se puso en la Constitución para beneficiar a los políticos, sino para empoderar a los ciudadanos.
A reserva de analizar la exposición de motivos, una vez que se envíen las iniciativas, también es notorio -al menos en el anuncio hecho por la presidenta Sheinbaum el pasado 5 de febrero- que se desconocen las experiencias de reelección inmediata de presidentes municipales y legisladores. O no se analizan a detalle.
Hay diputados a los que Morena ha premiado y empoderado después de que llegaron a la Cámara baja en 2018, se reeligieron en 2021 y nuevamente en 2024. El caso más notorio es el del actual presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, un legislador que llegó al Congreso como suplente de Horacio Duarte y que poco a poco ha ido escalando posiciones. De hecho, es la segunda vez que preside la Cámara de Diputados.
Pero hay otro ejemplo de reelección que la presidenta Sheinbaum debería tener presente: el de Clara Brugada.
La actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México fue electa como alcaldesa de Iztapalapa por Morena en 2018 (ya había sido jefa delegacional en periodos anteriores en medio del escándalo del caso “Juanito”).
En 2021, luego de una gestión bien valorada por la ciudadanía, Clara Brugada se presentó a la reelección e hizo campaña con la bandera de “consolidar la transformación” de la alcaldía más grande y más poblada de la capital del país.
Con políticas como los senderos seguros para mujeres, las Utopías y el Cablebús -que Claudia Sheinbaum aprobó y presumió como jefa de Gobierno de la CDMX)- muy pronto comenzó a hablarse del “modelo Iztapalapa” y de Clara Brugada como la segura candidata de Morena al gobierno de la Ciudad en 2024.
Es sabido que no era la candidata de Sheinbaum, quien prefería a su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero también es un hecho que la campaña de Brugada se basó en sus resultados en Iztapalapa, sobre todo tras la reelección consecutiva en 2021.
No es claro aún el destino de las iniciativas anunciadas por la presidenta Sheinbaum, pero quizás valdría la pena que los legisladores de Morena -y aliados- analicen el caso Brugada, entre otros, antes de aprobar en automático esta iniciativa.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Sufragio efectivo y reelección

A menos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida otra cosa, el próximo 1º de junio votaremos en todo el país para elegir 881 cargos del Poder Judicial Federal y cargos judiciales locales en 17 entidades. Votaremos por primera vez en la historia por las ministras y ministros de la Corte, pero los comicios serán muy distintos a los que estamos acostumbrados desde hace más de 30 años.
Cuando lleguemos a votar, nos van a entregar al menos seis boletas, pero no vamos a encontrar seis urnas para depositar la boleta de cada cargo en donde corresponde, como ha sido siempre. Habrá una sola urna al centro para echar todos los votos y, si hay muchos electores, podría haber dos urnas.
Los votos no se contarán en la casilla, como siempre ha ocurrido, ni veremos las tradicionales mantas para saber cuántos votos obtuvo cada candidatura y quién ganó en nuestra cuadra, como siempre había ocurrido.
Esta vez, las funcionarias y funcionarios de Mesa Directiva de Casilla únicamente van a separar las boletas por color, contarán cuántas se emitieron para cada cargo y publicarán en las mantas que se cuelgan en el lugar donde fue instalada la casilla solamente la cifra de sufragios depositados para cada cargo a elegir.
Los votos se irán a los 300 Consejos Distritales del INE, donde se hará el cómputo y escrutinio de las casillas que correspondan a cada distrito.
Esto quiere decir que, si va a haber 83 mil casillas y son 300 distritos, cada Consejo estaría contando, en promedio, los votos de 279 casillas. Por eso, esta vez no habrá resultados la misma noche de los comicios, como ha ocurrido siempre, sino hasta 12 días después de que votemos.
<h2>La ausencia de los partidos y la complejidad de las boletas</h2>
Otra novedad es que en esta elección no habrá partidos políticos en la casilla, con sus representantes cuidándose las manos unos a otros, pues así lo estableció la reforma constitucional que aprobaron Morena y sus aliados en septiembre pasado.
Tampoco habrá partidos políticos en las boletas, pues las candidaturas no serán postuladas por ellos sino por los tres poderes de la Unión. Es decir, al lado del nombre de cada candidata y candidato no habrá el logotipo de un partido, como ha ocurrido siempre, sino que aparecerá alguna de tres siglas posibles: PE (Poder Ejecutivo), PL (Poder Legislativo) y PJ (Poder Judicial).
Habrá también, como cuarta opción, las siglas EF, que quiere decir En Funciones, para aquellas candidaturas de personas que actualmente ocupan un cargo y que tuvieron pase directo a la boleta electoral, como es el caso de las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.
La complejidad de las seis boletas que vamos a tener en nuestras manos es mayor mientras más candidaturas aparezcan en ellas. Por ejemplo, habrá hasta 84 nombres para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), separados en dos columnas para que los votantes escojan cinco mujeres y cuatro hombres, poniendo el número que corresponda a la candidatura elegida en unos recuadros colocados en la parte superior de las listas.
Para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) hay hasta 52 espacios, pues se deben elegir cinco cargos y, si cada poder puede postular tres candidaturas por vacante (es decir, 15), habría al menos 45 candidatas y candidatos.
En la boleta para elegir a dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es la más sencilla: contendrá sólo los nombres de 18 candidaturas.
La boleta de las Salas Regionales del Tribunal Electoral será distinta para cada una de las cinco circunscripciones, y en ella habrá 20 espacios para candidaturas de mujeres y diez para candidaturas de hombres, pues habrá que elegir dos magistradas y un magistrado por cada Sala.
La cosa se complica en los casos de Tribunal de Circuito y Juzgados de Distrito, pues cada entidad y distrito judicial va a tener boletas distintas, con un número variado de candidaturas.
Según <a href="https://animalpolitico.com/politica/eleccion-judicial-boletas-confusas-ilegibles-ine" target="_blank" rel="noopener">el modelo aprobado por el INE,</a> las boletas para la elección de esos cargos contendrán gamas de colores subrayando los nombres de las candidatas y candidatos, según la especialidad judicial: administrativa, penal, civil, trabajo o mixto.
El INE prevé que pueda haber hasta 70 candidaturas en la boleta de juezas y jueces de Distrito y hasta 42 candidaturas en la boleta de magistradas y magistrados de Circuito.
<h2>¿Quién contará los votos?</h2>
La noche del 1º de junio, como siempre que hay elecciones, el INE pondrá en marcha un sofisticado sistema de recolección de paquetes electorales para llevarse los votos de la casilla a los 300 Consejos Distritales; sólo que esta vez los votos sólo irán separados y cuantificados, pero no computados.
Esto es una grave regresión para nuestro sistema electoral. Durante décadas, hemos construido un sistema electoral en el que la piedra angular de la confianza es la máxima de “ciudadanos contando los votos de los ciudadanos”.
Eso, que fue una conquista después de décadas de elecciones ganadas por la aplanadora priista y del gran y emblemático fraude electoral de 1988, se acabó.
En el INE, consejeras y consejeros electorales han justificado su decisión explicando que este mecanismo, que saca de las casillas el cómputo de los votos y “desciudadaniza” los comicios, es la única manera de que la elección judicial sea posible. La complejidad de las boletas haría que los cómputos en las casillas fuera muy lento, y obligaría a mantener a los ciudadanos-funcionarios de casilla despiertos durante horas, probablemente días.
A la complejidad de las boletas se suma el hecho de que en 17 entidades habrá elecciones judiciales locales; es decir, además de las seis boletas para cargos federales, podrían estarse distribuyendo hasta seis boletas más para elegir personas juzgadoras de tribunales y juzgados locales.
Consejeras y consejeros argumentan, con más buena fe que razón, que los 300 Consejos Distritales del INE también son instancias ciudadanas, pues están integradas por personas sin militancia partidista y que son designados mediante procedimientos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
Cierto: los Consejos Distritales están conformados por una persona presidenta y seis consejeras, pero son designados por los 32 Consejos Estatales que, a su vez, son designados por el Consejo General del INE.
Si bien el procedimiento ha funcionado en las últimas elecciones para dar certeza e imparcialidad a los comicios en general, pues ha sido ahí donde se han llevado a cabo los Cómputos Distritales de las elecciones en las últimas décadas, sin mayor contratiempo, lo cierto es que nunca los 300 Consejos Distritales se habían enfrentado a la responsabilidad de hacer el primero -y único- cómputo de una elección.
Además, a diferencia de lo que siempre ha pasado, esta vez las ciudadanas y ciudadanos no podremos ir a nuestra casilla a ver quién ganó y a cotejar la manta publicada afuera con el sistema de cómputo en el que el INE hará públicos los cómputos.
Se perderá ese tramo de control ciudadano que tanto abonaba a la certeza de los comicios.
Todo esto ocurre porque el INE está haciendo una elección inédita y tan compleja como las que acabamos de vivir en 2024, o incluso más complicada, sin tiempo y sin recursos.
Pese a todo, el INE puede y va a sacar esta elección adelante, pero a un alto costo político: al organizarla y concluirla, habrá dado pasos enormes en la desprofesionalización de nuestro sistema electoral.
<h2>Postdata</h2>
La Suprema Corte de Justicia habrá de resolver este miércoles <a href="https://animalpolitico.com/politica/suprema-corte-suspension-eleccion-electoral-tribunal-jueces" target="_blank" rel="noopener">el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena</a>, en el que propone la que podría ser una nueva salida a todo este embrollo.
El ministro sugiere que el INE y el Tribunal Electoral acaten las suspensiones emitidas por jueces locales en contra de la reforma judicial y la elección del 1º de junio, lo que podría traducirse en un aplazamiento de los comicios.
La sentencia requiere seis votos, pues la Corte está integrada actualmente sólo por 10 ministros, y no 11, ante el fin del periodo del ministro Luis María Aguilar el año pasado.
En medio de un nuevo pleito entre la Corte y la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, explícito en la ceremonia por el aniversario de la Constitución, la votación será de pronóstico reservado.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Elección judicial: por qué es grave que la ciudadanía no cuente los votos en la casilla

A la mitad de su primera gestión como presidente de Estados Unidos, Donald Trump llegó a considerar buena idea bombardear los laboratorios en los que se produce fentanilo, aunque éstos se encontraran en territorio mexicano. 
Así lo narra la periodista Maggie Haberman, de The New York Times, en su libro El Camaleón, la invención de Donald Trump, que editorial Planeta acaba de poner en circulación en México.
Haberman siguió la trayectoria de Trump desde antes de su campaña política de 2016, cubrió su primera administración y formó parte del equipo que ganó un Premio Pulitzer en 2018 por la investigación de las conexiones de la campaña de Trump con Rusia.
La periodista describe a Trump como un personaje capaz de cambiar de actitud y comportamiento según lo que más le convenga en cada momento; un camaleón que puede mostrarse encantador o iracundo, inseguro o vengativo, inteligente y amenazador.
En su libro, Haberman narra cómo Trump adoptaba ideas disparatadas que le rondaban la cabeza durante meses. Una de esas ideas tiene que ver con México, y puede explicar el <a href="https://www.animalpolitico.com/politica/aranceles-guerra-comercial-trump-respuesta-sheinbaum" target="_blank" rel="noopener">origen de la crisis que ha decidido desatar en México al inicio de su segundo periodo</a> en la Casa Blanca.
“Trump se reunió con funcionarios de salud pública y agentes antidroga en el Despacho Oval para debatir cómo frenar la oleada de fentanilo que cruzaba la frontera sur. Allí existía la frustración compartida de que el gobierno mexicano no estuviera haciendo más para reducir el número de laboratorios de droga”, escribe Haberman.
Brett Goroir, secretario adjunto de Salud, era uno de los funcionarios presentes en esa reunión y, al mismo tiempo, era almirante del Cuerpo Comisionado el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, por lo que acudía uniformado a las reuniones en la Casa Blanca, lo que le hacía pensar a Trump que formaba parte de las Fuerzas Armadas.
“Cuando en esa reunión Giroir dijo que deberían bombardearse los laboratorios de droga –“poner plomo en el objetivo”, sugirió-, a Trump le encantó la idea. La planteó varias veces y terminó planteando a un perplejo Mark Esper, el secretario de Defensa, si Estados Unidos podía en efecto bombardear los laboratorios”, continúa la periodista.
Según la autora, los asesores de Trump no intentaron hacer que el presidente cambiara de opinión, y se limitaron a pedirle a Brett Giroir que no usara más el uniforme militar cuando acudiera al Despacho Oval.
<h2 class="p1">La “alianza intolerable”</h2>
En su primer mandato, Trump solía llamar a todos los misiles estadounidenses “patrióticos”, sin reparar en que existe un arma específica llamada “misil Patriot”. Cuatro años después, ese mismo personaje obsesionado con bombardear los laboratorios mexicanos de fentanilo ha decidido iniciar una guerra comercial en contra de sus socios, México y Canadá.
Y la orden ejecutiva con la que justifica la decisión de aplicar aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos que ingresen a su país es en sí misma un misil, pues retoma la idea de que los cárteles operan con total libertad los laboratorios en los que se produce el fentanilo que está matando a miles de estadounidenses cada año.
“Las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México que además ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles”, se afirma en el documento publicado el sábado por la Casa Blanca.
Con más prejuicios que pruebas, Donald Trump lanzó esta dura acusación para justificar una decisión que viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y que, según los especialistas de ambos lados de la frontera, tendrá consecuencias negativas para las economías de los tres países.
Trump, el camaleón, atacó mostrando su rostro más duro a sus socios comerciales, y su cara amable al electorado que creyó en él durante su campaña. A México y Canadá los responsabiliza de la crisis por el consumo de fentanilo en su país; a sus compatriotas, les aseguró que está cumpliendo la promesa de campaña por la que votaron en noviembre.
Durante el fin de semana, el camaleón aderezó la firma de sus órdenes ejecutivas con publicaciones en sus redes sociales cargadas de amenazas, pero en la noche del domingo matizó asegurando que el lunes por la mañana hablaría con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y también “con México” (quizás su machismo no le permita mencionar por su nombre a la presidenta Claudia Sheinbaum).
<h2 class="p1">La respuesta mexicana</h2>
Las acusaciones de Trump revivieron en México una polémica que Morena y el lopezobradorismo han enfrentado desde hace más de un año, cuando el periodista Tim Golden publicó en el medio ProPublica un reportaje titulado con una pregunta: ¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?
Aunque dicho reportaje no prueba nada, más que la DEA investigó durante un tiempo si narcotraficantes entregaron 2 millones de pesos a operadores de la primera campaña presidencial de AMLO, en 2006, y a pesar de que el propio Tim Golden se cuidó de redactar que “la investigación no concluyó que AMLO supiera de las supuestas donaciones”, la publicación causó gran revelo en México, y permitió a la oposición alimentar la versión de una supuesta relación de la 4T con el narco, bajo el argumento de que sólo eso explicaba la decisión de López Obrador de no continuar el combate a los cárteles.
Muy rápido, la narrativa opositora creó un vínculo entre el “abrazos, no balazos” del presidente, su saludo a la mamá del Chapo sus visitas a Badiraguato y la supuesta complicidad entre políticos de Morena y los grupos criminales que controlan vastos territorios de la geografía nacional.
Bajo esa lógica, se lanzaron a las redes sociales los hashtags #NarcoPresidente #NarcoGobierno y #NarcoPresidenta, con jugosas aportaciones económicas de grupos ligados al PAN, tratando de influir en las campañas electorales de 2024, sin éxito.
Trump, sin embargo, ha vuelto a poner el tema sobre la mesa, y eso ha despertado a la oposición de su letargo, con el único discurso que cree que le puede funcionar para desprestigiar a la administración de Claudia Sheinbaum, el del “narcogobierno”.
Los gritos lanzados por legisladores del PAN en la sesión del sábado en la Cámara de Diputados, durante la aprobación de la reforma a la Ley del Infonavit; la sugerencia de “reformar la reforma” y cancelar la elección del Poder Judicial, y la advertencia de los jueces de que ir a la elección del 1º de junio es poner el sistema de justicia en manos del crimen, como dice Trump, son gestos deplorables de quienes quieren sacar raja política a la agresión externa, pero incrementan la presión al gobierno de Sheinbaum.  
La presidenta, quien ha logrado convertir a Trump y sus amenazas en un catalizador de la unidad nacional, respondió desde el sábado, asegurando que la acusación de la Casa Blanca es una calumnia.
Sheinbaum ha dicho, además, que Estados Unidos es responsable del crecimiento de su consumo interno, y que su gobierno ha sido omiso en atacar a las organizaciones criminales que, en su territorio, trafican y distribuyen drogas. Además, aseguró que si en algún lugar existen alianzas con grupos criminales es en las armerías de Estados Unidos, donde se venden las armas con las que se delinque en México.
La presidenta ha logrado concitar el respaldo de cámaras empresariales, sectores económicos y gobiernos locales, y seguramente aumentará su popularidad al plantar cara frente a Trump, un narcisista acostumbrado a abusar de los más débiles.
<h2>Un mes, a cambio de movilizar a la Guardia Nacional</h2>
La mañana de este lunes, Sheinbaum habló con Donald Trump, y anunció cuatro acuerdos alcanzados: se ponen en pausa los aranceles por un mes a partir de ahora, México movilizará a 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte de forma inmediata para combatir el tráfico de fentanilo, Estados Unidos se compromete a trabajar contra el tráfico de armas de alto poder y ambos gobiernos pondrán a sus equipos a trabajar en seguridad y comercio.
Sheinbaum ha ganado tiempo, y lo celebró en la conferencia mañanera como un logro de su gabinete, pero la amenaza arancelaria de Trump se quedará ahí.
Además, Trump envió su propio mensaje, aclarando que los 10 mil efectivos de la Guardia Nacional estarán ahí “para detener el flujo de fentanilo y migrantes ilegales”. Una vez más, el camaleón ha puesto en juego el estilo negociador que lo llevó de corredor inmobiliario a presidente de Estados Unidos, y que Haberman describe detalladamente en su libro: primero el porrazo y luego el diálogo.
Frente a ese negociador, en una relación desigual, la presidenta Sheinbaum ha jugado bien políticamente hasta el momento, pero, en sus negociaciones con el presidente de Estados Unidos, bajo la lógica de “cooperación sin subordinación”, necesitará algo más que retórica juarista y patriotismo.
Para sobrevivir a Trump, tendrá que demostrar que su gobierno ha abandonado efectivamente la política de “abrazos, no balazos”, y que habrá una seria política de cero tolerancia al crimen organizado. Y eso debe incluir a los gobiernos locales emanados de su partido.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Trump: la obsesión, la mentira y la encrucijada mexicana

Tabasco está muy lejos de ser un edén. El reciente asesinato del periodista Alejandro Gallegos León es el más reciente de una cadena de hechos de violencia que demuestran que la corrupción política sí tiene consecuencias.
Hoy, después de seis años de gobiernos morenistas en la entidad y 12 de administraciones “de izquierda”, <a href="https://animalpolitico.com/estados/tabasco-violencia-asesinatos-narcomenudeo-desaparecidos" target="_blank" rel="noopener">en Tabasco se viven los peores niveles de violencia y criminalidad registrados en décadas</a>, con asesinatos selectivos, motines, bloqueos, quema de comercios, balaceras, desapariciones, secuestros, asaltos y otros hechos de delincuencia común.
No en balde Villahermosa es actualmente la ciudad con la percepción de inseguridad más alta de todo el país. En los primeros meses del sexenio de Claudia Sheinbaum, desplazó de ese indecoroso primer lugar al municipio de Fresnillo, Zacatecas.
Según la <a href="https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/9587" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi</a>, en el último trimestre de 2024, el 95.3 % de la población de la capital tabasqueña se sintió insegura, mientras que el promedio nacional fue del 67.8 % entre hombres y 54.4 % entre mujeres.
<h2>El factor Adán Augusto</h2>
En la historia corta, Tabasco se incendió a partir de 2023, luego de que se revelara <a href="https://animalpolitico.com/politica/adan-augusto-nombramientos-presuntos-nexos-cjng" target="_blank" rel="noopener">-gracias a la filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de grupo de activistas conocido como Guacamaya&#8211;</a> que los mandos de sus corporaciones policiacas estaban coludidos con grupos criminales.
Gracias a esa filtración supimos que los jefes policiacos contratados por Adán Augusto López cuando fue gobernador del estado &#8211;Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y José del Carmen Castillo Ramírez, comisionado de la Policía Estatal&#8211; habían formado un grupo llamado La Hermandad, que después se convirtió en La Barredora, y que estaban en la mira del Ejército por sus nexos con el crimen organizado.
Según las revelaciones de Sedena Leaks, el hoy presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado colocó en esos cargos a personajes con antecedentes criminales, que se aliaron con el Cártel Jalisco Nueva Generación para la operación de rutas de trasiego y extracción ilícita de hidrocarburos, trasiego y distribución de droga y tráfico de migrantes, principalmente en los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Comalcalco y Centro (Villahermosa).
Los primeros reportes sobre estos hechos, enviados por el Centro de Fusión de Inteligencia del Sureste al Centro Nacional de Inteligencia, ambos comandados por la Defensa Nacional, datan de 2019. Sin embargo, cuando esta revelación ocurrió, en octubre de 2022, Adán Augusto López ya llevaba más de un año al frente de la Secretaría de Gobernación.
Es decir, el expresidente Andrés Manuel López Obrador puso en manos de su paisano y amigo la seguridad interior y la gobernabilidad del país pese a los reportes del Ejército.
No sólo eso, el sucesor de Adán Augusto López en la gubernatura de Tabasco, Carlos Merino Campos, dejó en su cargo a Hernán Bermúdez, identificado por la Sedena como “comandante H”.
Los señalamientos no hicieron mella en el secretario de Gobernación, quien a finales de 2022 inició su proselitismo en busca de la candidatura presidencial de Morena.
El tabasqueño fue <a href="https://animalpolitico.com/elecciones-2024/picalenguas/ine-gastos-no-reportados-interna-morena" target="_blank" rel="noopener">el aspirante que más dinero gastó (y trató de ocultar al Instituto Nacional Electoral) en promoción</a>; sin embargo, quedó en penúltimo lugar en la encuesta y tuvo que “conformarse” con ser candidato al Senado en 2024 y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.
Hoy, Adán Augusto López acumula y ejerce un inmenso poder en la Cámara alta, desde donde impulsa y veta reformas, nombramientos y las carreras políticas de quienes buscan ser gobernadores o gobernadoras en 2027. Consentido del expresidente López Obrador, es uno de los “hombres fuertes” del régimen y, también, un dolor de muelas para la presidenta Claudia Sheinbaum y una piedra en el zapato para el actual gobernador, Javier May.
<h2>La cuna del lopezobradorismo</h2>
En la historia larga, Tabasco es la cuna del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador. Ahí nació, ahí se formó como funcionario, como político y como activista. Y ahí rompió con el PRI en 1988, cuando le fue negada la candidatura del oficialismo a la gubernatura.
El lopezobradorismo, hoy convertido en la denominada “cuarta transformación”, nació de las luchas postelectorales que encabezó AMLO tras sus denuncias de fraude en las campañas estatales de 1988 y 1994, cuando fue candidato, y en las de 2000 y 2006, cuando impulsó las candidaturas de César Raúl Ojeda y el PRI se volvió a imponer con prácticas políticas deleznables.
En la narrativa lopezobradorista, Tabasco era el prototipo de todo lo que tenía que cambiar en el país: la desigualdad ancestral, la injusticia, la corrupción política, el saqueo de las arcas públicas, el nepotismo, la protección política al crimen organizado y los abusos de los gobernadores que habitaron la Quinta Grijalva.
Desde Manuel Gurría hasta Andrés Granier, pasando por Roberto Madrazo y Manuel Andrade, el relato lopezobradorista convenció a propios y extraños de que ellos eran los culpables de los muchos males que padece el estado.
Tanto así, que en 2012 el PRD logró ganar la gubernatura tras los escándalos de Granier (quien terminó encarcelado), postulando al expriista Arturo Núñez. Y aunque el perredista terminó rompiendo con AMLO, en los hechos Tabasco es gobernado por eso que llamamos “izquierda” desde hace más de 12 años.
En la lógica de un partido-movimiento que afirma tener la misión de “limpiar la vida pública de México”, Tabasco debería ser -junto con la Ciudad de México- el paradigma de los gobiernos morenistas, la muestra clara de que se pretende desterrar la corrupción, el ejemplo a seguir a nivel administrativo y de buenas prácticas políticas. Pero es todo lo contrario.
<h2>Un tema que quiebra a Morena</h2>
En la historia corta, el intento de asesinato de Hernán Bermúdez, en diciembre de 2023, y su posterior renuncia al cargo, <a href="https://animalpolitico.com/estados/renuncia-secretario-de-seguridad-tabasco-hernan-bermudez?rtbref=rtb_cgkpmqz9it4tdoo39r6k_1714639266869" target="_blank" rel="noopener">en enero de 2024</a>, encendieron la mecha de la violencia en Tabasco, que lleva un año sumido en balaceras, bloqueos, motines, asesinatos e ingobernabilidad.
Las declaraciones del <a href="https://animalpolitico.com/estados/gobernador-tabasco-javier-may-adan-augusto-exsecretario-seguridad-barredora" target="_blank" rel="noopener">gobernador May, señalando abiertamente a Bermúdez de proteger a La Barredora</a>, el respaldo de la presidenta Sheinbaum al gobernador, y la reciente detención de un jefe de ese grupo criminal<a href="https://animalpolitico.com/estados/detienen-lider-barredora-grupo-criminal-nexos-adan-augusto-tabasco" target="_blank" rel="noopener"> apodado El Tomasín</a>, son los episodios más recientes de una historia que aún no ha terminado.
El desastre tabasqueño no sólo confronta al exgobernador Adán Augusto con el gobernador Javier May, sino que está quebrando al lopezobradorismo local y genera una importante disputa política dentro de Morena.
La corrupción y la presunta entrega del estado a jefes policiacos coludidos con el crimen organizado, como origen de la violencia, es un expediente que tira por la borda los discursos del oficialismo. Es un expediente delicado para la presidenta Sheinbaum; una tragedia social de la que no se puede responsabilizar a la oposición ni culpar a la prensa de querer “dañar al gobierno” por hablar de ella.
<a href="https://x.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Siguenos en:

Siguenos en:

Plumaje