Claudia Sheinbaum y la necesaria reforma electoral
Las elecciones del 1º de junio dejaron a la vista la necesidad de una reforma político-electoral, que haga viables los procesos para elegir los tres Poderes de la Unión en comicios que se pretenden democráticos, profesionales, confiables, simultáneos y menos costosos.
Las lecciones son muchas, pero sólo hay una en la que todos parecen estar de acuerdo: México no puede ir a la gran cita electoral de 2027 en condiciones como las de 2025. Es decir, con las mismas presiones, la improvisación, la poca certeza en las reglas y los retrocesos vistos en la elección judicial.
Aunque Guadalupe Taddei y otras voces del oficialismo digan que todo salió bien, lo cierto es que las evidencias son preocupantes: la bajísima participación, la poca claridad en el proceso de selección y postulación de candidaturas, la imposibilidad de realizar campañas que permitieran a la ciudadanía conocer mínimamente a las personas por las que tenía que votar y el regreso de prácticas como las boletas planchadas, las urnas embarazadas, la existencia de más votos que votantes en una sección electoral, las casillas zapato y la aparición de boletas marcadas con la misma caligrafía y exactamente los mismos patrones.
Evidencias de que la voluntad ciudadana fue suplantada, de que se rompió el principio de “un ciudadano-un voto” y de que se quebrantó la regla fundamental de la democracia: certeza en las reglas, incertidumbre en el resultado.
En la elección judicial ocurrió exactamente lo contrario: nadie tenía claras las reglas de la elección -que el Congreso dejó inacabadas, confusas e inaplicables, tanto en la Constitución como en las leyes secundarias-, pero de antemano se sabía quiénes iban a ganar: las candidaturas cercanas al régimen que, para que no hubiera duda, las apuntó en guías de voto ampliamente difundidas, los famosos acordeones, la vergonzosa aportación de Morena a la picaresca electoral mexicana.
La coincidencia de los acordeones con los resultados de la elección son la prueba irrefutable de que la elección judicial no fue un proceso democrático, y de que urge una reforma político-electoral que impida que esto vuelva a ocurrir.
Que sí debería tener una reforma
Una reforma electoral debería caminar hacia el voto electrónico y el voto por internet, no sólo para reducir costos, sino para facilitar el uso de boletas que en la elección judicial resultaron incomprensibles para la mayor parte de la ciudadanía.
La reforma debería corregir todas aquellas fallas, duplicidades y vulnerabilidades del sistema que el INE viene detectando en sus procesos desde hace años, y que en la elección judicial llegaron a un punto extremo.
La reforma debería atajar el dinero sucio que se lava en los procesos electorales y acabar con los patrocinios ilegales a partidos y candidatos.
La reforma debería ser política, no sólo electoral; es decir, debería estar dirigida no sólo a cambiar las reglas de acceso al poder (que es lo que se ha hecho en las últimas reformas, desde 1996 hasta 2014), sino modificar la forma en la que se ejerce el poder.
La reforma debería empoderar a la ciudadanía, ampliar sus derechos y facilitar su participación en la vida democrática más allá de la fecha de los comicios.
La reforma debería modernizar el sistema político mexicano y hacerse cargo de que la democracia no puede reducirse a cubrir el expediente electoral, sino que debe mejorar la vida de la gente.
Pero esa no es la reforma que pretende el oficialismo.
¿Qué plantea Claudia Sheinbaum?
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la semana pasada que propondrá una reforma electoral, que según legisladores de Morena será presentada en septiembre, al arranque del segundo año de la actual Legislatura.
Es una pena que la presidenta haya decidido hablar de la necesaria reforma electoral como reacción a los señalamientos que cinco consejeras y consejeros del INE han hecho sobre la elección judicial, y por haberse “atrevido” a sugerir que no se aprobara la declaración de validez de la elección de ministros de la Suprema Corte.
Las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala, y los consejeros Arturo Castillo, Martín Faz y Jaime Rivera, no hicieron más que evidenciar las malas prácticas detectadas gracias a la depuración realizada en los Cómputos Distritales y, en uso de sus atribuciones legales (que según la presidenta no tienen, pero según la Constitución, sí), invalidar los votos de 818 casillas en las que las prácticas fraudulentas fueron extremas.
A eso, la presidenta respondió en la mañanera del martes 24 de junio acusando al INE de extralimitarse en sus funciones y, a los cinco consejeros en particular, de tener una postura política contraria a la 4T y actuar “de forma antidemocrática”.
Luego advirtió que habrá reforma electoral, como si se tratara de un castigo, y anunció que retomará lo que planteó en sus “cien compromisos para el segundo piso de la transformación”, un documento ambiguo que plantea cuatro cosas en esta materia:
- Voto popular para mayor autonomía del Poder Judicial.
- Reforma al sistema electoral.
- No reelección en puestos de elección popular.
- Gobierno honesto, sin nepotismo.
En otro documento, titulado “cien pasos para la transformación, Claudia Sheinbaum 2024-2030”, se detalla:
- Impulsaremos la reforma al sistema electoral que fortalece la democracia participativa, la revocación de mandato, la decisión del pueblo a través de las consultas, la reducción del costo del INE y del Tribunal Electoral y la elección de los consejeros electorales y los magistrados, por voto popular.
Y, en otros posicionamientos, la presidenta ha defendido la desaparición de los diputados y senadores plurinominales y la reducción de las prerrogativas a partidos políticos, dos propuestas que no van a acompañar sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, necesarios para cualquier reforma constitucional que pretenda Morena.
Sin embrago, un día después precisó que se va a crear un grupo de trabajo para desarrollar la iniciativa y, contrario a lo dicho por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, la presidenta descartó que la propuesta se presente en septiembre y que se vaya a aplicar en las elecciones federales de 2027.
Más allá de las diferencias en el régimen sobre el contenido de la iniciativa y las fechas de presentación y aplicación de la reforma, lo cierto es que 2026 sería el año propicio para discutir una reforma profunda, seria, progresiva e incluyente, como la que se necesita. Y que sería mucho mejor ponerla a prueba en las intermedias de 2027 y no en las presidenciales de 2030.
La necesaria reforma electoral no debería ser una venganza en contra de cinco consejeras y consejeros del INE, no debería surgir del rencor y prejuicios de Morena; no debería excluir al resto de los partidos políticos, a la academia y a la ciudadanía; no debería retroceder en términos de certeza, profesionalismo, inclusión y ampliación de derechos.
Por increíble que parezca en medio de la actual turbulencia y encono, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la gran oportunidad de hacer de la necesaria reforma político-electoral uno de los grandes legados de su sexenio.
Así lo hará si atiende más a su inteligencia y vocación democrática, y menos a las voces excluyentes y sectarias de los “duros” que habitan en su partido-movimiento.
Japón enciende un reactor en la planta nuclear más grande del mundo a 15 años de haber cerrado sus 54 reactores luego de que un terremoto y un tsunami provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Japón reinició las operaciones en la central nuclear más grande del mundo por primera vez desde que el desastre de Fukushima obligara al país a clausurar todos sus reactores hace 15 años.
La decisión de reactivar el reactor número 6 en Kashiwazaki-Kariwa, al noroeste de Tokio, se tomó a pesar de las preocupaciones de seguridad de los residentes locales.
Su puesta en marcha se retrasó un día debido a un fallo en la alarma y está previsto que comience a operar comercialmente el próximo mes.
Japón, que depende en gran medida de las importaciones de energía, fue uno de los primeros países en adoptar la energía nuclear.
Sin embargo, en 2011 sus 54 reactores tuvieron que cerrarse después de que un terremoto y un tsunami masivos provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Esta es la última etapa en la reactivación de la energía nuclear de Japón, que aún tiene un largo camino por recorrer.
Capacidad reducida
No se espera que el séptimo reactor en Kashiwazaki-Kariwa se reactive hasta 2030 y los otros cinco podrían ser desmantelados. Esto deja a la planta con mucha menos capacidad que la que tenía cuando los siete reactores estaban operativos: 8,2 gigavatios.
Desencadenada por el terremoto más potente jamás registrado en Japón, la fusión de los reactores de Fukushima Daiichi, 220 kilómetros al noreste de Tokio, provocó una fuga radiactiva en la costa.
Las comunidades locales fueron evacuadas y muchas no han regresado a pesar de las garantías oficiales de que es seguro hacerlo.
Los críticos afirman que la empresa propietaria de la planta, Tokyo Electric Power Company (Tepco), no estaba preparada y que su respuesta y la del gobierno no estuvieron bien coordinadas.
Un informe gubernamental independiente lo calificó de “desastre provocado por el hombre” y culpó a Tepco, aunque un tribunal posteriormente absolvió de negligencia a tres de sus ejecutivos.
Aun así, el miedo y la falta de confianza alimentaron la oposición pública a la energía nuclear y Japón suspendió sus 54 reactores poco después del desastre.
Durante la última década, el país intentó reactivar estas centrales eléctricas, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050.
Desde 2015, Japón ha reactivado 15 de sus 33 reactores operativos. La central de Kashiwazaki-Kariwa es la primera de las que posee Tepco en reactivarse.
Antes de 2011, la energía nuclear representaba casi el 30% de la electricidad de Japón y el país planeaba alcanzar el 50% para 2030.
Su plan energético del año pasado reveló un objetivo más moderado: Japón quiere que la energía nuclear cubra el 20% de sus necesidades eléctricas para 2040.
Pero incluso eso puede ser complicado.
“Una gota en el océano”
La energía nuclear está cobrando impulso a nivel mundial.
El Organismo Internacional de Energía Atómica estima que la capacidad mundial de energía nuclear podría duplicarse para 2050.
En Japón, la energía nuclear representaba tan solo 8,5% de la electricidad en 2023.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien asumió el cargo en octubre, ha enfatizado la importancia de la energía nuclear para la autosuficiencia energética de Japón, especialmente considerando que se prevé un aumento repentino de la demanda de energía debido a los centros de datos y la fabricación de semiconductores.
Los líderes japoneses y sus empresas energéticas llevan mucho tiempo impulsando la energía nuclear.
Afirman que es más fiable que las energías renovables, como la solar y la eólica, y más adecuada para el terreno montañoso de Japón.
Sin embargo, los críticos afirman que el énfasis en la energía nuclear se produce a costa de la inversión en renovables y la reducción de emisiones.
Mientras Japón intenta revitalizar sus ambiciones en materia de energía nuclear, los costos de funcionamiento de los reactores se dispararon, en parte debido a las nuevas comprobaciones de seguridad que exigen cuantiosas inversiones por parte de las empresas que intentan reactivar las centrales.
“La energía nuclear se está volviendo mucho más cara de lo que jamás se hubiera imaginado”, afirma la doctora Florentine Koppenborg, investigadora principal de la Universidad Técnica de Múnich.
El gobierno podría subvencionar los costos o trasladarlos a los consumidores, pero ambas opciones son inaceptables para los líderes japoneses, que durante décadas han elogiado la asequibilidad de la energía nuclear.
Una factura energética elevada también podría perjudicar al gobierno en un momento en que los hogares protestan por el aumento de los costos.
El gobierno “tiene las manos atadas para apoyar financieramente la energía nuclear, a menos que esté dispuesto a ceder en uno de sus principales argumentos de venta”, señala Koppenborg.
“Creo que este resurgimiento es una gota en el océano, porque no cambia el panorama general del declive de la energía nuclear en Japón”.
Los escándalos
Además del temor a otro desastre como el de Fukushima, una serie de escándalos también socavaron la confianza pública.
La central de Kashiwazaki-Kariwa, en particular, se vio envuelta en un par de ellos.
En 2023, uno de sus empleados perdió un fajo de documentos tras colocarlo encima de su auto y olvidar que estaba allí antes de arrancar.
En noviembre, se descubrió que otro empleado había manipulado de forma inadecuada documentos confidenciales.
Un portavoz de Tepco dijo que la compañía informó de los incidentes a la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA, por sus siglas en inglés) y añadió que su objetivo era mejorar la gestión de seguridad.
Estas revelaciones son una “buena señal” para la transparencia, apunta Koppenborg. Pero también indican que Tepco “está teniendo dificultades para cambiar sus métodos y su enfoque de seguridad”.
A principios de este mes, la NRA suspendió su revisión para reiniciar los reactores nucleares en la planta de Hamaoka de Chubu Electric, en el centro de Japón, tras descubrirse que la compañía había manipulado datos sísmicos en sus pruebas.
La compañía se disculpó y declaró: “Seguiremos respondiendo con sinceridad y en la mayor medida posible a las instrucciones y directrices de la NRA”.
Hisanori Nei, un antiguo alto funcionario de seguridad nuclear, declaró a la BBC que si bien estaba “sorprendido” por el escándalo en Hamaoka, creía que la severa sanción impuesta a su operador debería disuadir a otras empresas de hacer lo mismo.
“Las compañías eléctricas deberían reconocer la importancia de no falsificar datos”, dijo. Añadió que las autoridades “rechazarán y castigarán” a las empresas infractoras.
Miedo y desconfianza
Lo ocurrido en Fukushima hizo que la opinión pública japonesa se opusiera a lo que se había proclamado como una forma de energía asequible y sostenible.
Miles de residentes presentaron demandas colectivas contra Tepco y el gobierno japonés, para exigir indemnizaciones por daños materiales, angustia emocional y problemas de salud supuestamente relacionados con la exposición a la radiación.
En las semanas posteriores al desastre de marzo de 2011, el 44% de los japoneses consideraba que se debía reducir el uso de la energía nuclear, según una encuesta del instituto de estudios Pew.
Esa cifra aumentó al 70% en 2012. Pero luego, las encuestas realizadas por la publicación empresarial japonesa Nikkei en 2022 mostraron que más del 50% de la gente apoyaba la energía nuclear si se garantizaba la seguridad.
Aún persiste el miedo y la desconfianza. En 2023, el vertido de agua radiactiva tratada de la central nuclear de Fukushima Daiichi generó ansiedad e ira tanto en el país como en el extranjero.
Y muchos siguen oponiéndose a la reactivación de las centrales nucleares.
En diciembre, cientos de manifestantes se congregaron frente a la asamblea de la prefectura de Niigata, donde se encuentra Kashiwazaki-Kariwa, expresando su preocupación por la seguridad.
“Si algo ocurriera en la central, seríamos nosotros quienes sufriríamos las consecuencias”, declaró un manifestante a la agencia de noticias Reuters.
La semana pasada, antes de la reactivación de Kashiwazaki-Kariwa, una pequeña multitud se congregó frente a la sede de Tepco para protestar de nuevo.
Las normas de seguridad nuclear se reforzaron tras el desastre de Fukushima.
La NRA, un órgano ministerial establecido en 2012, supervisa ahora la reactivación de las centrales nucleares del país.
En Kashiwazaki-Kariwa se han construido muros de contención de 15 metros de alto para protegerse de grandes tsunamis y se instalaron puertas estancas para resguardar los equipos críticos de la instalación.
“Con base en las nuevas normas de seguridad, [las centrales nucleares japonesas] podrían sobrevivir incluso a un terremoto y tsunami similares al que tuvimos en 2011”, defiende Nei, exalto funcionario de seguridad nuclear.
Sin embargo, Koppenborg sigue preocupada por la situación: “Se están preparando para lo peor que han visto en el pasado, pero no para lo que está por venir”.
A algunos expertos les inquieta que estas políticas no ofrezcan suficiente planificación frente al aumento del nivel del mar debido al cambio climático, o del megaterremoto, único en un siglo, que Japón ha estado anticipando.
“Si el pasado se repite, Japón está muy bien preparado”, admite Koppenborg.
“Pero si ocurre algo realmente inesperado y se produce un tsunami más grande de lo esperado, no lo sabemos”.
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