Los resultados de la elección judicial no dejan lugar a dudas: las personas que llegarán a los máximos tribunales del país fueron puestas por Morena.
Los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral han venido confirmando las victorias de las candidatas y candidatos promovidos en las guías de voto elaboradas y distribuidas por Morena.
La operación fue quirúrgica, pero brutalmente cínica: desde hace más de dos meses se creó un sitio llamado “Poder Judicial 4T”, en el que se invitaba a descargar el acordeón (había uno para cada estado de la República), imprimirlo y llevarlo a la casilla el domingo 1º de junio.
La reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador, votando con su acordeón, es la prueba. Todo un símbolo de una operación política perfectamente planeada y ejecutada. La desfachatez con la que el régimen se adueñó del Poder Judicial, el único que aún no controlaba y que le representaba un contrapeso.
La coincidencia entre los acordeones y los resultados es total, y así lo ha venido documentando Animal Político en esta semana:
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación los bendecidos por el acordeón eran y serán: Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinoza Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías.
Su lealtad a la autodenominada 4T los llevó al acordeón; su apego incondicional a las decisiones del “partido-movimiento” está garantizado.
Lo mismo ocurre con el Tribunal de Disciplina Judicial que, a partir de septiembre, sustituirá al Consejo de la Judicatura, con la supuesta misión de vigilar la conducta de todos los juzgadores federales del país.
En esta elección la única sorpresa es que la presidencia recaerá en Celia Maya y no en Bernardo Bátiz, ambos incondicionales del lopezobradorismo.
Aquí los elegidos para llegar al acordeón también coinciden plenamente con los ganadores en los Cómputos Distritales del INE: Celia Maya, Bernardo Bátiz, Verónica De Gyvés Zárate, Indira Isabel García y Rufino H. León Tovar.
La operación acordeón también le permitió a Morena adueñarse del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); es decir, los jueces que tendrán la última palabra en cualquier litigio relacionado con las elecciones en los próximos años.
Para renovar este Tribunal, el 1 de junio se eligieron dos magistraturas de la Sala Superior, un hombre y una mujer, para cubrir dos vacantes que se abrieron desde 2023.
La exmagistrada de Sala Regional Claudia Valle, y el expresidente del Tribunal Electoral de Chiapas, Gilberto de Guzmán Bátiz resultaron ganadores.
Sus nombres eran promovidos en los acordeones y su llegada a la Sala Superior va a robustecer la mayoría que actualmente ya tiene el oficialismo con la presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, cuyas sentencias son sistemáticamente afines a los designios del gobierno y su partido.
A partir de que entren en funciones los dos nuevos integrantes de la Sala Superior quedarán en absoluta minoría Janine Otálora y Reyes Rodríguez, quienes se han distanciado del grupo hegemónico.
Esta Sala Superior calificará las elecciones de 2027, cuando se renovarán la Cámara de Diputados, 16 gubernaturas, cientos de ayuntamientos y diputaciones locales, y cientos de cargos del Poder Judicial, entre otros, los cinco espacios de la Sala Superior del TEPJF que no se renovaron en este año.
Llegado el momento, Morena tendrá a sus aliados en la toma de decisiones.
El pasado 1º de junio también se renovaron las 15 magistraturas de Salas Regionales del Tribunal Electoral, tres por cada una de las cinco circunscripciones en las que se divide el país.
En este caso, ya con el cien por ciento de los votos computados, se confirmó que 12 de las 15 posiciones venían previamente señaladas en los acordeones:
En la Sala Regional número 1, con sede en Guadalajara, las próximas magistradas Rebeca Barrera Amador e Irina Graciela Cervantes Bravo, y el futuro magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, eran los indicados en las guías de la 4T.
En la tercera Sala Regional, Xalapa, ganaron Roselia Bustillo Marín, Eva Barrientos Zepeda y José Antonio Troncoso Ávila.
En la Sala Regional número cuatro, Ciudad de México, los ganadores fueron María Cecilia Guevara y Herrera, Ixel Mendoza Aragón y José Luis Ceballos Daza.
En la Sala Regional número cinco, con sede en Toluca, llegaron dos candidatas del acordeón: Nereida Berenice Ávalos Vázquez y Marcela Elena Fernández Domínguez. Sólo el tercer ganador, Omar Hernández Esquivel, no estaba en el acordeón oficial. Quien aparecía en las guías de voto, Fernando Ramírez Barrios, se quedó a 40 mil votos del ganador.
En la segunda Sala Regional, Monterrey, sólo una de las candidatas del acordeón llegará al cargo: María Guadalupe Vázquez Orozco.
Eusebia González González y Ernesto Camacho Ochoa, que estaban en el acordeón, se quedaron en el camino y quienes ganaron esas dos posiciones fueron Ivett Figueroa Gámez y Sergio Díaz Rendón.
En resumen, de los 31 cargos electos para integrar los máximos tribunales del país (la SCJN, el TDJ y el TEPJF), 29 surgieron del acordeón. La eficacia de la operación morenista es indiscutible.
Lo mismo debe estar ocurriendo con los 850 cargos adicionales que se votaron: magistraturas de Tribunal de Circuito y Juzgados de Distrito. Con el tiempo -y la futura conducta de las personas juzgadoras electas- se irán confirmando sus vínculos políticos con el gobierno federal y los gobernadores y gobernadoras que los pusieron en un acordeón.
La elección judicial no entusiasmó a la ciudadanía. Participaron sólo 13 millones de 99.5 millones de personas con derecho a votar. Y, de quienes votaron, aproximadamente 3.5 millones decidieron anular su voto o dejar los recuadros en blanco.
Los datos al respecto son indicativos (y apabullantes): los 13 millones de personas que votaron para elegir a la Suprema Corte emitieron en total 116 millones 690 mil votos (hay que recordar que en cada boleta morada, de la SCJN, los electores podían emitir nueve votos).
De esos 116.6 millones de votos, 90 millones fueron válidos, 12.6 millones fueron computados como nulos y 14 millones fueron recuadros no utilizados.
La mayoría de los mexicanos le dio la espalda a esta elección, que costó más de 8 mil millones de pesos; en ese sentido fue todo un fracaso.
Pero con los 9.5 millones de personas que votaron y no anularon, Morena se apoderó ya del Poder Judicial. Para sus propósitos políticos la “operación acordeón” fue todo un éxito.
Desde que asumió la presidencia de EU, Trump ha ampliado el alcance de su misión sobre deportaciones, apuntando no sólo a criminales, sino también a trabajadores migrantes, activistas estudiantes e incluso turistas.
Durante la campaña electoral, Donald Trump fue muy claro: “Lanzaré el mayor programa de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos”.
Esa promesa, según sugirieron las encuestas de opinión, resultó muy popular entre la población estadounidense, incluidos muchos inmigrantes legales que sentían que demasiadas personas estaban entrando al país por el “camino equivocado”.
Desde que el presidente asumió el cargo, ha ampliado el alcance de su misión, apuntando no sólo a los criminales, sino también a los trabajadores migrantes, ciertos activistas estudiantiles e incluso a turistas con problemas de visa.
Durante casi cinco meses, las detenciones y deportaciones encontraron poca resistencia. Pero ahora , en algunas partes de Los Ángeles han estallado protestas después de que los funcionarios de inmigración intensificaran sus redadas en los lugares de trabajo.
Pero ¿quiénes son los migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)? Y ¿a quién más tienen en el punto de mira?
Desde que asumió el cargo, el presidente Trump ha destacado la caída en picada de los números de cruces fronterizos y los arrestos récord que se han registrado bajo su administración.
Aproximadamente 51 mil migrantes indocumentados permanecían detenidos por ICE a principios de junio, la cifra más alta registrada desde septiembre de 2019.
Si bien no hay cifras precisas y actualizadas que estén disponibles públicamente sobre el número total de arrestos llevados a cabo por los servicios de inmigración desde el 20 de enero, algunos funcionarios de la Casa Blanca han dicho que esperan que ICE pueda aumentar la cifra de arrestos por día de los aproximados 660 que se registraron durante los primeros 100 días de la presidencia de Trump hasta los 3 mil arrestos diarios.
Inicialmente, los funcionarios estadounidenses insistieron en que las operaciones estaban “dirigidas” a criminales y potenciales amenazas a la seguridad pública.
Pero un número significativo de migrantes indocumentados detenidos por la administración Trump no tienen antecedentes, según un rastreador de datos.
El Transactional Records Access Clearinghouse, un proyecto de la Universidad de Syracuse que compila cifras de inmigración, estima que de las 51 mil 302 personas que se encontraban en centros de detención de ICE para el 1 de junio, aproximadamente el 44 % no tenía antecedentes penales, más allá de haber ingresado a Estados Unidos sin permiso.
Los disturbios en Los Ángeles fueron provocados por una serie de arrestos de migrantes que dejaron un total de 118 personas detenidas, entre las que, según el Departamento de Seguridad Nacional, había cinco miembros de pandillas.
ICE dice que los arrestados en Los Ángeles son “lo peor de lo peor”. La agencia identificó a un puñado de personas con antecedentes penales, incluidos tráfico de drogas, agresión, crueldad infantil, violencia doméstica, robo y tráfico de inmigrantes.
Sin embargo, no está claro cuántos del total de arrestos tienen antecedentes penales.
Los padres de un migrante indocumentado de 23 años, miembro de la comunidad indígena zapoteca de México, le dijeron al diario The Washington Post que su hijo, quien según ellos no tenía antecedentes penales, fue detenido afuera de una tienda de ropa.
La BBC no puede confirmar de forma independiente los detalles de este caso.
El zar fronterizo Tom Homan dijo que estos arrestos eran un “daño colateral”, argumentando que los agentes no pueden justificar legalmente el encuentro con inmigrantes indocumentados y no detenerlos.
Se han dado varios casos de turistas arrestados y retenidos en centros de detención.
En abril, por ejemplo, una turista galesa de 28 años fue retenida durante 19 días en un centro de procesamiento de ICE en el estado de Washington después de que se le negara la entrada a Canadá por lo que luego resultó ser una “confusión de visa”.
En otro incidente más reciente en junio, Khaby Lame, ciudadano italiano de 25 años (la estrella de TikTok más popular del mundo con 162 millones de seguidores), fue detenido en el aeropuerto de Las Vegas por “violaciones migratorias”.
ICE alegó que Lame excedió el plazo de su visa después de haber ingresado al país el 30 de abril. Las autoridades dijeron más tarde que se le concedió la “salida voluntaria” y abandonó el país.
Además, en marzo, la actriz canadiense Jasmine Mooney estuvo detenida durante dos semanas tras ser arrestada en el cruce fronterizo de San Ysidro, desde donde intentaba ingresar a Estados Unidos.
Más tarde describió las condiciones de su detención como “inhumanas” y contó que la mantenían en una celda de cemento sin mantas y con baños limitados. Posteriormente fue puesta en libertad sin ser acusada de ningún delito.
Su caso llamó la atención del primer ministro de la Columbia Británica, David Eby, quien dijo que el incidente aumentó aún más la ansiedad de los canadienses sobre viajar a EU.
“Nuestra relación es tan tensa en estos momentos que este caso nos hace preguntarnos: ¿qué pasa con nuestros familiares que trabajan en Estados Unidos?” dijo en una declaración a la cadena CBC.
Otros, como Fabian Schmidt, un ciudadano alemán de 34 años, fueron detenidos en los aeropuertos.
Schmidt, quien vive en Estados Unidos desde 2007, fue detenido cuando se dirigía a ese país desde Luxemburgo.
En una entrevista con WGBH, un medio de noticias de New Hampshire, Schmidt dijo que lo interrogaron sobre un cargo menor de drogas que luego fue desestimado y un cargo posterior que se impone a personas que conducen bajo la influencia del alcohol o de sustancias psicoactivas y que resultó en una multa.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha evitado en gran medida hacer comentarios sobre casos específicos, pero ha insistido repetidamente en que está operando legalmente.
Algunas de las imágenes más impactantes de la política migratoria de la administración Trump provienen de El Salvador.
Más de 250 personas a las que el gobierno de EU acusa de ser miembros de la banda Tren de Aragua fueron trasladadas a una megacárcel salvadoreña, el Cecot.
Sin embargo, los familiares de algunos de esos hombres han cuestionado cualquier vínculo con las pandillas y algunos argumentan que fueron arrestados como resultado de tatuajes inocentes.
“Es realmente desalentador”, le dijo a la BBC Adelys Ferro, directora ejecutiva del Caucus Venezolano-Estadounidense. “Todas estas decisiones son inhumanas, crueles y también ilegales”.
El caso más destacado es el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño de 29 años residente en Maryland que fue deportado a El Salvado en marzo.
Varios jueces, incluidos los de la Corte Suprema, han dictaminado que Ábrego García fue deportado por error y que el gobierno debe “facilitar” su regreso a al país y a su familia.
El 6 de junio, fue devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos penales federales después de haber sido acusado formalmente de transportar ilegalmente a inmigrantes indocumentados mientras aún se encontraban en EE.UU..
Los extranjeros que participan en protestas políticas también se encuentran en en el punto de mira de la administración Trump, a pesar de que algunos tienen residencia permanente o visas de estudiante válidas.
Anthony Enriquez, abogado en la organización Robert F Kennedy Human Rights, le dijo a la BBC que había “cada vez más” titulares de permisos de residencia detenidos desde que Trump regresó a la presidencia.
“Las autoridades de inmigración se sienten facultadas para realizar detenciones que legalmente no les están permitidas”, afirmó.
A más de mil 600 estudiantes internacionales se les han revocado las visas por diferentes motivos, según Nafsa, una organización que se centra en la educación internacional.
Muchos de los arrestos se producen en el marco de la ofensiva de la Casa Blanca contra lo que percibe como “antisemitismo” en los campus estadounidenses, incluida la detención de Mahmoud Khalil, una figura prominente durante las protestas contra la guerra de Gaza en la Universidad de Columbia el año pasado.
Khalil, de 30 años, tiene un permiso de residencia y ha estado luchando para detener su deportación en los tribunales.
Rumeysa Ozturk, estudiante de la Universidad Tufts, también pasó seis semanas bajo custodia antes de ser liberada.
La universidad dijo más tarde que le habían dicho que a Ozturk, quien había participado en protestas propalestinas, le habían revocado la visa de estudiante. Ella continúa luchando contra su deportación en los tribunales.
Aunque estos casos han sido objeto de fuertes críticas, ICE ha justificado algunos de los arrestos diciendo que los estudiantes participaron en actividades “alineadas” con el grupo palestino Hamás.
“Una visa es un privilegio, no un derecho”, dijo la portavoz de Seguridad Nacional de EU, Tricia McLaughlin, en una publicación en X.
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