Una historia política de la gentrificación
Era 1995 cuando surgió uno de los primeros proyectos que buscaban “gentrificar” la Ciudad de México. Habían pasado apenas 10 años del terremoto de 1985, aún dominaba el PRI, los chilangos no teníamos derecho a votar por nuestros gobernantes y la palabra “gentrificación” ni siquiera estaba en el diccionario.
Uno de los primeros intentos por reconstruir y repoblar una de las zonas más deterioradas de la Ciudad de México se llamó “Proyecto Alameda”, y era una idea de la inmobiliaria canadiense Reichmann International.
El regente de la Ciudad era el priista Óscar Espinosa Villarreal, quien había sido nombrado por el presidente Ernesto Zedillo en diciembre de 1994, y transcurrían los primeros años de un sexenio caracterizado por la aplicación de las medidas más drásticas del neoliberalismo para enfrentar la crisis de cambio de sexenio (aumento del IVA y de las tarifas de servicios, quiebra de la empresa de transporte público Ruta 100, privatizaciones y desarrollo de proyectos que generaron ganancias millonarias a sus promotores, nacionales y extranjeros).
El Proyecto Alameda, que buscaba desarrollar edificios de vivienda de alto costo, oficinas y centros comerciales sobre la avenida Juárez, se proponía la remodelación de toda la zona, el arreglo de banquetas, luminarias y servicios públicos, y la rehabilitación de las vecindades para la llegada de nuevos habitantes a la zona.
Se buscaba crear un emblema de lo que hoy llamamos gentrificación: “proceso de renovación urbana donde barrios populares o deteriorados son transformados, generalmente con la llegada de personas de mayor poder adquisitivo, lo que a menudo resulta en el desplazamiento de los residentes originales” (la definición es de Google).
El Proyecto Alameda, según se nos explicó a los periodistas que entonces cubríamos los asuntos de la Ciudad de México, era parte de un corredor de desarrollo inmobiliario que vendría desde Cuajimalpa -donde Manuel Camacho y Marcelo Ebrard ya habían desarrollado la ZEDEC Santa Fe en los años dorados del salinismo), pasaría por todo Paseo de la Reforma y desembocaría en la Alameda, “gentrificando” todos los barrios y colonias a su paso.
Reichmann y Óscar Espinosa se toparon con la oposición de miles de vecinos que muy pronto se manifestaron en contra del Proyecto Alameda, desempolvaron sus banderas del Movimiento Urbano Popular y se organizaron en defensa de su barrio.
En esa oposición confluyeron muchos de los líderes de organizaciones que integraban el Movimiento Urbano Popular, como Dolores Padierna, Javier Hidalgo, Marcos Rascón (Súper Barrio), Leopoldo Ensástiga y Clara Brugada, por mencionar algunos.
Más que las movilizaciones, lo que realmente detuvo el Proyecto Alameda fue la gran crisis económica de 1995. Pero la oposición a ésta y otras políticas públicas del neoliberalismo salvaje le dio cohesión y banderas a los grupos que entonces confluían en el PRD, que en 1997 llevaron a Cuauhtémoc Cárdenas a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.
Gentrificación en los gobiernos de izquierda
La crisis no detuvo el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y, en 1997, durante la transición entre el priismo y el primer gobierno democrático de la Capital, Óscar Espinosa entregó al ingeniero Cárdenas una cartera de proyectos -algunos en marcha y otros totalmente detenidos- para rehabitar las colonias dañadas por los sismos y detener la expansión de la Ciudad hacia sus periferias, que generaba invasiones, la pérdida de zonas ecológicas, problemas de transporte y movilidad, y la necesidad de construir obras de infraestructura para llevar servicios urbanos a asentamientos alejados del centro.
Cuauhtémoc Cárdenas (1997-2000) no rechazó esos proyectos, e incluso, en febrero de 1998, acudió a la colocación de la primera piedra de la Torre Mayor, en Paseo de la Reforma. Una obra que implicó demoler el antiguo Cine Chapultepec para levantar un rascacielos de 225 metros de altura.
Simbólicamente, el entonces edificio más alto de la Ciudad fue hecho por Reichmann, el mismo desarrollador que había visto frustrados sus planes del Proyecto Alameda.
El resto es una historia más o menos conocida, que puede condensarse en una frase: el desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México y los procesos de gentrificación ocurrieron bajo el mando, supervisión y autorización de gobiernos emanados de la izquierda, primero perredista y luego morenista.
La renovación urbana en decenas de colonias, con la llegada de nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo, elevación de las rentas; proliferación de restaurantes, cafeterías, bares y tiendas con servicios y precios casi exclusivos para extranjeros; el consiguiente desplazamiento de los habitantes originales y el cambio de la identidad comunitaria en los barrios… todo eso no ocurrió como una fatalidad impuesta o solapada por gobernantes priistas o panistas.
En realidad, los principales responsables de las políticas inmobiliarias y de vivienda que causaron la gentrificación se llaman Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum.
Con López Obrador como jefe de Gobierno (2000-2006) se emitió el famoso Bando 2, que buscaba repoblar las colonias dotadas con servicios públicos con vivienda popular y/o asequible para clases medias; aunque, en realidad, eso permitió la proliferación de proyectos de vivienda y el surgimiento del llamado “cártel inmobiliario”, una confluencia de empresarios y autoridades que obtuvieron enormes ganancias con la construcción de edificios de vivienda.
Aunque fueron los gobernantes panistas de la alcaldía Benito Juárez quienes se ganaron a pulso el mote de “cártel inmobiliario”, en realidad todos los jefes y jefas de Gobierno dejaron que la construcción de vivienda se guiara por los fines comerciales de los desarrolladores y no por una política pública que privilegie el bien común y proteja a los habitantes originales.
El modelo se reprodujo con Marcelo Ebrard (2006-2012), quien otorgó los permisos para la construcción de Mitikáh, la enorme torre que ensombreció para siempre el antiguo barrio de Xoco y que hoy se erige como un símbolo del triunfo de la gentrificación en la ciudad.
Pero fue en el gobierno de Mancera (2012-2018) en el que se dio el boom inmobiliario con cambios en el uso de suelo en varias zonas de la ciudad, la llegada y expansión de Airbnb (2016 es el año con más inmuebles registrados en la plataforma) y la proliferación de desarrollos como los B-Grand, que aparecieron en Coyoacán, Del Valle, Tlalpan, Pedregal, San Ángel y Polanco.
A Mancera -quien también tuvo que enfrentar el sismo de 2017 y dar inicio a un programa de reconstrucción- se le ha señalado, incluso recientemente en la conferencia mañanera, como responsable de la gentrificación: Pero lo cierto es que todos los jefes y jefas de gobierno han puesto su grano de arena para el desarrollo de un proceso que, por otro lado, no es exclusivo de la Ciudad de México, sino un fenómeno global ligado al modelo económico y la desigualdad, imperantes en todo el mundo.
Hacia una ciudad habitable
En ese contexto histórico, las consecuencias de la gentrificación comenzaron a hacer crisis desde el gobierno de Claudia Sheinbaum (2018-2024), y hoy han hecho estallar las protestas en la administración de Clara Brugada.
La jefa de Gobierno es heredera de las luchas del Movimiento Urbano Popular y una lideresa importante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), que durante años exigió la regularización y urbanización de predios invadidos por sus militantes en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa.
Le toca a Brugada encarar los reclamos de los grupos que hoy se dicen desplazados y se levantan en contra de las rentas impagables, los elevados costos de la vivienda y el encarecimiento de la vida en la Condesa, la Roma, la Narvarte, la Portales, la Juárez, la Cuauhtémoc, el Centro Histórico, la San Rafael, la Santa María la Ribera y otras colonias que están dejando de ser populares para convertirse en sitios de privilegio para adinerados y extranjeros.
¿Podrán Brugada y las 14 acciones de su Bando 1 detener los estragos de la gentrificación, para lograr “la ciudad habitable, asequible, con identidad y arraigo local” que ha prometido la nueva administración?
El candidato del Partido Republicano se reunió esta semana en privado con el ministro de Seguridad de El Salvador. Ya antes ha reivindicado la fórmula del país centroamericano para combatir el crimen: “Necesitamos más Bukele y menos Boric”.
Sabiendo que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos, José Antonio Kast reivindica la fórmula para combatir la criminalidad más conocida del continente: el llamado “modelo Bukele”.
“Necesitamos más Bukele y menos Boric”, ha dicho el candidato del Partido Republicano, quien se juega la presidencia del país sudamericano en segunda vuelta el 14 de diciembre, en referencia a las políticas del mandatario de El Salvador frente a las de su homólogo chileno.
Tras una campaña plagada de mensajes como ese, en el balotaje del pasado 16 de noviembre Kast obtuvo el 24% de los votos y ahora pretende aglutinar el apoyo de los votantes de oposición para imponerse a la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara, quien obtuvo el 26%.
Ya el año pasado visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel en El Salvador convertida en la piedra angular de las políticas de seguridad de Bukele, para conocer cómo funciona, pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos que la envuelven.
Tras el recorrido, rechazó la posibilidad de enviar presos cárceles chilenas a cumplir su pena en prisiones salvadoreñas: “Él (el delincuente) entró a delinquir y aquí va a cumplir; una vez que cumpla, lo vamos a expulsar y jamás va a volver a entrar a nuestra patria”.
Y aunque no se reunió con el popular mandatario, mantuvo reuniones de trabajo con los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino.
En ese contexto, a nadie sorprendió que esta semana se volviera a juntar en privado con Villatoro, el hombre al frente de la llamada “guerra contra las pandillas” de Bukele, cuando este viajó a Chile para participar en un seminario sobre seguridad.
Ni que describiera la reunión como “más que positiva”.
“Nosotros hemos recibido de él muchos comentarios y observaciones sobre cosas que no son iguales, pero podrían también eventualmente aplicarse en Chile”, le dijo a los medios locales -sin querer ahondar en los detalles de la conversación- este abogado católico y conservador que ya contribuyó a transformar la derecha tradicional chilena.
Supervisor de la “guerra contra las pandillas”
Para cuando el 26 de marzo de 2021 Bukele nombró a Villatoro ministro de Justicia y Seguridad Pública, este veterano funcionario llevaba ya décadas de carrera en la esfera pública.
Fue director de Aduanas de 2004 a 2009 bajo la presidencia de Antonio Saca (Arena, derecha), cargo en el que repetiría bajo el mandato de Bukele en 2019.
A finales de julio de 2020, fue nombrado titular de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Y ese mismo año, con la promesa de reducir los homicidios y la extorsión, aspiró a convertirse en fiscal general del país, puesto con el que finalmente se hizo Raúl Melara.
Desde que asumiera la cartera de Seguridad hace más de cuatro años, Villatoro ha supervisado la llamada “guerra contra las pandillas” en El Salvador, con la que el gobierno del presidente Bukele ha logrado desarticular dichas organizaciones y reducir drásticamente los homicidios.
Sus críticos, así como organizaciones nacionales e internacionales, lo acusan de hacerlo a costa de convertir a El Salvador en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta, con un régimen que coarta derechos constitucionales y enviando a cientos a prisión tras juicios masivos y sin respetar el debido proceso.
Esas políticas han llevado a la detención de más de 85.000 personas –según las cifras oficiales más recientes, de marzo de 2025– y a mantener al país bajo un régimen de excepción permanente desde que la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista, lo aprobara por primera vez en marzo de 2022.
“Mantener el régimen de excepción a la fecha es justamente por el mismo respeto y seriedad que hay que tenerle al fenómeno de las maras, porque no son una organización criminal cualquiera”, le dijo Villatoro al respecto en abril, cuando el periodista Roberto Valencia lo entrevistó para un reportaje en BBC Mundo.
“Esto es como que una religión negra y mantener el régimen va en el sentido de mantener siempre esa guerra permanente”, agregó.
—¿A corto o medio plazo no vislumbra razones para dejar de prorrogarlo?
— No, aunque es algo que analizamos día con día. Es cierto que se ha dicho que acabará cuando agarremos al último homeboy (pandillero) en territorio salvadoreño, pero como ministerio tenemos que estar preparados para cualquier decisión del presidente.
También se había mostrado tajante en su rechazo a las críticas sobre el Cecot en una entrevista anterior con la BBC.
“Tenemos con los salvadoreños el compromiso de que (los presos del Cecot) nunca volverán a las comunidades. Y vamos a asegurarnos de construir los casos necesarios (contra ellos) para garantizar que nunca regresen”, le dijo en mayo de 2023 al periodista Will Grant.
“Para nosotros, el Cecot representa el monumento más grande a la justicia que hemos construido jamás. No tenemos nada que ocultar”.
Visitas de aliados
Sea como fuere, los resultados en seguridad de su modelo han brindado a Bukele una popularidad sin precedentes para un presidente salvadoreño, lo que a su vez ha inspirado a gobiernos y políticos de todo el continente.
Y es Villatoro el que se ha encargado de reunirse con unos y otros, enarbolando siempre la bandera de la “mano dura” contra la criminalidad.
Así, el 9 de diciembre de 2023 se encontró con la ministra argentina de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en Buenos Aires, y al día siguiente asistió en lugar de Bukele a la toma de posesión de Javier Milei como presidente.
A los seis meses, en junio de 2024, acompañó a Bullrich en un recorrido por el Cecot, similar al que le ofreció a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en marzo de este año.
Y al día siguiente escoltó por esos pasillos y frente a las mismas celdas al ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos Valverde.
El salvadoreño llegó a Santiago de Chile este lunes para participar en un seminario organizado por la Universidad San Sebastián sobre los desafíos actuales de los sistemas penitenciarios, viaje que aprovechó para reunirse en privado con el candidato presidencial Kast.
Durante la ponencia, volvió a repetir que El Salvador, en su día “capital de los homicidios”, se volvió bajo el mandato del actual presidente “el país más seguro del hemisferio”.
Desde 2015, el año más mortífero de su historia reciente (106,3 por cada 100.000 habitantes), la tasa de homicidios ha ido bajando año con año.
El año que Bukele llegó a la presidencia, 2019, la tasa era ya de 36 por cada 100.000 habitantes, en 2020, con el Plan Control Territorial ya en marcha, cayó a casi la mitad (19,7), y 2024 cerró con 1,9, según cifras oficiales.
Sobre la presencia del crimen organizado en Chile, durante el seminario el ministro planteó que cualquier país que busque enfrentar mafias o bandas debe “ordenar su sistema penitenciario para impedir que los delincuentes comunes se mezclen con quienes responden a una organización criminal”.
Y agregó que otra de las claves del éxito de su modelo es impedir que los líderes criminales sigan operando desde prisión, mientras defendió el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia.
En entrevistas con medios locales, volvió a hacer hincapié en los mismos puntos y mostró una vez más una defensa férrea de las políticas del gobierno salvadoreño frente a las críticas de organismos de derechos humanos.
“No tenemos empatía con terroristas. Les respetamos la vida y les damos comida, pero si las críticas vienen hacia nuestras cárceles de terroristas, no nos importa lo que digan”, le dijo a Radio Pauta.
“La democracia es hacer lo que el pueblo manda”, señaló, y destacó la alta popularidad sin precedentes para un mandatario que las encuestas le siguen otorgando a Bukele.
Con ello se hizo eco de las palabras del propio jefe de Estado, quien en un discurso en junio por motivo del primer año de su segundo mandato, dijo: “¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”.
La seguridad, clave en campaña chilena
Kast se postuló inicialmente a la presidencia en 2017, cuando quedó cuarto con apenas 8% de apoyo.
Volvió a intentarlo en 2021, tras el estallido social, y ganó la primera vuelta, pero perdió el balotaje con 44% de votos ante el actual presidente de izquierda Gabriel Boric, quien obtuvo 56%.
Y aunque sufrió otra derrota electoral con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional que impulsó en 2023, su paso al balotaje del 14 de diciembre muestra la vigencia de su movimiento político.
“Kast ha tratado de representar una derecha ‘nueva’, lo que yo llamo la derecha nacionalista populista”, le dijo a BBC Mundo Robert Funk, politólogo de la Universidad de Chile.
Y añadió que el candidato “ha tratado durante estos años de acercarse a otros modelos que hemos visto en distintas partes del mundo” como el presidente estadounidense Trump, el argentino Milei, el salvadoreño Bukele y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Esta vez, a diferencia de las dos campañas anteriores, Kast puso en el centro de su agenda conservadora la economía, la migración y la seguridad, las principales preocupaciones ciudadanas.
Casi dos de cada tres chilenos adultos (63%) señalan el crimen y la violencia como los temas que más les preocupan, de acuerdo a una encuesta de la firma Ipsos divulgada en octubre.
Se trata de un nivel inquietud mayor que en México (59%) o Colombia (45%), según el mismo estudio, pese a que las tasas de homicidios en estos países son más de cuatro veces superiores.
De hecho, Chile figura con el segundo mayor porcentaje de preocupación por el crimen y la violencia entre 30 naciones de distintos continentes incluidas en la encuesta, apenas tres puntos abajo de Perú, que también tiene mayores tasas de homicidios.
“Chile es un país que está extremadamente atemorizado”, dijo en entrevista con BBC Mundo Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, que evalúa políticas públicas en justicia y seguridad en este país
Y eso, los candidatos que se enfrentarán en las urnas el 14 de diciembre lo saben.
*Con el reporteo adicional de los periodistas de la BBC Gerardo Lissardy y Will Grant, y el colaborador Roberto Valencia.
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