En solo dos años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sacó 157 mil millones de pesos de los fondos destinados a la salud y esto obligó a suspender el pago de todos los tratamientos de cánceres, trastornos congénitos o trasplantes para los pacientes más pobres del país que debían ser atendidos en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Solo en 2021, el recorte al presupuesto del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (Fonsabi) para atender cáncer infantil, mama y cervicouterino llegó hasta el 97%, lo que impidió pagar 7 mil 900 tratamientos para pacientes con esas enfermedades que no tienen seguridad social.
Consulta el especial completo. No fuimos Dinamarca: el saldo de la austeridad de AMLO en salud
Un año después, en 2022, no pagaron ni un solo tratamiento para las 66 enfermedades consideradas como catastróficas, incluyendo distintos tipos de cáncer, infartos al miocardio, cuidados intensivos neonatales o trasplantes, de acuerdo con reportes contables del Fonsabi.
En cambio, el gobierno de AMLO transfirió a la Tesorería de la Federación (Tesofe) 157 mil millones de pesos que debían ser usados para estos enfermos entre 2021 y 2022, lo que hace imposible saber en qué se gastaron, porque eso recursos se revolvieron con el resto de dinero de la Tesofe.
Para dimensionarlo, esa cantidad es equiparable con los 138 mil millones de pesos del presupuesto del Tren Maya en 2023 o 6 veces el presupuesto del INE.
Se trata de uno de los efectos de la desaparición del Seguro Popular en 2019, la estrategia iniciada en 2004 que daba atención a quienes no tenían para pagar servicios de salud, pero que fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), extinto el año pasado.
A través del Seguro Popular, los pacientes con enfermedades consideradas como catastróficas por su alto costo, como cáncer, recibían los tratamientos requeridos que incluía no sólo medicinas, sino cirugías, hospitalización, consultas y estudios.
Dichos tratamientos eran pagados con recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, que hasta 2018 tenía 119 mil millones de pesos. El Seguro Popular desapareció en 2019 y fue sustituido por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (Fonsabi), pero para diciembre de 2023 sólo habían 45 mil millones de pesos en el Fondo.
Es decir, en 4 años AMLO disminuyó 62% del dinero ahorrado durante 14 años, y sin explicar en qué lo gastó.
Lee más: Secretaría de Salud pagó a Birmex 134 mdp de sobreprecio por vacunas para infancias en 2020
Además, el Fonsabi fue usado para triangular recursos dentro de las finanzas públicas a través de multimillonarios movimientos de ingresos y egresos.
¿Dónde está el dinero para salud?
De acuerdo con Números de Erario, un análisis de México Evalúa, ha existido una simulación en el gasto de salud debido a que desde 2019, el gobierno estableció nuevos lineamientos en la Ley de Ingresos de la Federación y en la Ley General de Salud para que, en caso de tener excedentes, el Fonsabi transfiriera los recursos a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
En 2021 y 2022, el Fonsabi efectivamente tuvo excedentes gracias a aumentos presupuestales desde la Secretaría de Hacienda, pero no fueron usados para financiar tratamientos médicos, sino que, por los nuevos lineamientos, los regresó a la Tesofe.
Lee también: “Hay que andar cazando las vacunas”: por desabasto hay niños sin vacunar o familias tienen que comprarlas
En 2021 regresó 92 mil 745 millones de pesos, y en 2022, 64 mil 700 millones de pesos, lo que suma 157 mil 400 millones de pesos, dinero que fue registrado como gasto, pero al haber si transferirlo se perdió el rastro de su uso porque se agrega a la ‘bolsa’ de recursos de la Tesorería.
El Insabi, además, reconoce en su propio informe de 2022, que no pagó ningún tratamiento en ese año. En el apartado “casos autorizados, validados y pagados”, es decir, donde tendría que reportar el número de tratamientos pagados, el Insabi dijo que solo utilizó recursos del Fonsabi para pagar deudas a seis proveedores.
“Se transfirieron recursos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos por un total de 54 mil 881 millones de pesos para dar cumplimiento con las obligaciones previamente contraídas”, dice el informe.
Jorge Cano, investigador de México Evalúa, explica que “es posible que estén pagando tratamientos con el gasto corriente del Insabi, el cual también ha tenido recortes, aunque no lo especifican; lo que sí informan es que el Fonsabi dejó de financiar enfermedades catastróficas, que era el principal herramienta para lo cual fue creado”.
Eliminan atención de cáncer
El gasto del Seguro Popular para atender cáncer infantil entre 2012 y 2016 fue de 500 millones de pesos; en los años siguientes bajó a 300 millones de pesos, pero en 2021 solo fue de 21 millones de pesos; un recorte de 97%. El número de tratamientos pagados pasó de 1,600 en 2018 a 300 en 2021.
En cáncer de mama, el gasto pasó de 1 mil 995 millones de pesos en 2018 a 170 millones de pesos en 2021, un recorte de 93%. Mientras que el número de tratamientos pagados pasó de 7 mil 400 a 2 mil 500, una disminución de 4 mil 900 tratamientos.
El cáncer cervicouterino tuvo 300 millones de pesos en 2018, pero solo contó con 15 millones en 2021, un recorte de 95%. Y el número de tratamientos pasó de 2,500 en 2018 a 800 en 2021, una disminución de mil 700.
Además, la Auditoría Superior de la Federación detectó que desde 2020 solo pagó los tratamientos realizados entre 2017 y 2019 sobre enfermedades lisosomales, cuidados intensivos neonatales, cáncer de colon y recto; trastornos quirúrgicos, congénitos y adquiridos, cáncer infantil, linfoma no Hodgkin y tumor maligno de próstata, entre otros.
Te puede interesar: Aumentan casos de enfermedades prevenibles con vacunación entre menores de hasta 5 años
Otro de los efectos inmediatos de la sustitución del Seguro Popular por el Insabi fue la cancelación del acuerdo con organizaciones civiles como la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), que atendía a 1,400 pacientes al año. El argumento del gobierno federal fue que no había necesidad de financiar a organismos civiles, si las pacientes podían ser atendidas en hospitales públicos.
Este fue el impacto de esa decisión.
“Tuve miedo de morirme”
Lorena tenía 24 años cuando le diagnosticaron cáncer de mama. Había pasado un año tratando de que alguien la atendiera. En ese entonces era estudiante de Economía en la UNAM y con el seguro facultativo fue al IMSS, pero le daban consulta hasta 6 meses después.
También trabajaba de forma temporal en el INEGI y acudió al ISSSTE, pero la doctora que la revisó le dijo que la bolita en su seno izquierdo era de leche y era “normal” después de amamantar y que “no la hiciera perder su tiempo”.
Después de buscar más opciones llegó a la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), una asociación civil que da atención integral a mujeres que padecen cáncer. Desde el primer día de consulta le hicieron una biopsia y 15 días después le entregaron los resultados que confirmaron cáncer en etapa 3.
En Fucam le informaron que si se afiliaba al Seguro Popular, el gobierno Federal se podría hacer cargo de pagar su tratamiento, puesto que había un convenio firmado mediante el cual la organización atendía a mujeres sin seguro social de manera inmediata y después el gobierno reembolsaba 70% de los costos de la atención de cada paciente, el resto se pagaba con las donaciones que recibía la organización.
Así lo hizo. Tuvo que darse de baja de la universidad para renunciar al seguro facultativo del IMSS y al trabajo para no tener ISSSTE. Inmediatamente comenzó el tratamiento que consistiría en quimioterapias, cirugía y radioterapias. Era 2019.
Había pagado 5 mil pesos por la biopsia, una mastografía, ultrasonido y una tomografía antes de estar afiliada, pero una vez que entró al Seguro Popular, no pagó nada por el tratamiento. Solo confirmaba sus consultas y acudía. Por primera vez dejó de preocuparse por la atención médica.
Pero la tranquilidad duró poco. Meses después, en enero de 2020, se enteró por redes sociales del anuncio del gobierno Federal de concluir el convenio con el Fucam, y eso le afectaba directamente.
“Esa fue la primera vez que tuve miedo de morirme. Ya llevaba un tratamiento y para mí era de vida o muerte porque ya había buscado la atención en otros lados y no la había encontrado”, explica Lorena.
Por eso, junto con otras mujeres, protestó afuera de Palacio Nacional, para hacer ver que no había corrupción como acusaba el presidente, que ellas eran la prueba viviente de que el dinero público pagaba sus tratamientos.
Fucam daba tan buen servicio que incluso la propia esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Muller acudía ahí a practicarse los chequeos anuales, dice Lorena; lo que se confirma con la fotografía de Gutiérrez Muller en marzo de 2019 promoviendo la realización de mastografías en las instalaciones de la Fundación.
Ninguna de las protestas fueron escuchadas ni por el mandatario, ni por ninguna otra autoridad. “Jamás nos recibieron. Lo único que nos dijeron es que ya le habían pagado al Fucam nuestro tratamiento”, recuerda Lorena.
El presidente tampoco mostró ningúna prueba de la corrupción ni hubo denuncia alguna de su gobierno por alguna irregularidad ocurrida en los 20 años de operación del Seguro Popular.
Fucam atendía 1,400 pacientes al año
En respuesta a las protestas, la Secretaría de Salud emitió un comunicado en febrero de 2020 con la siguiente redacción: “En el periodo de 2017 a 2019, el gobierno federal le pagó a Fucam más de 776 millones de pesos por la atención de cáncer de mama. Por ello, Fucam tiene la obligación ética, moral y jurídica de continuar la atención de las pacientes que se encuentran actualmente en tratamiento oncológico”.
No era así, advierte Felipe Villegas, director del Fucam. Enfermedades como el cáncer requieren intervención lo más rápido posible, por eso “primero se daba la atención, operamos a la paciente, se daba la quimio y una vez que se había hecho el procedimiento subías el caso (a una plataforma) y el Seguro Popular te podría tardar desde un mes hasta más de 6 meses entonces. No se pagaba antes”.
Siempre estábamos trabajando con crédito con los proveedores, luego llegaba la cantidad de dinero que pagaba Seguro Popular, y en ese momento se pagaba lo que se debía y ya se podía seguir con el tratamiento”, explica Villegas en entrevista con Animal Político.
Durante la cancelación del apoyo, el entonces subsecretario de Salud, Hugo López Gatell también insistía en que los tratamientos que se habían iniciado en el Fucam ya estaban pagados, pero no era cierto.
“Podía pasar que se pagaba la cirugía pero el tratamiento de cáncer de mama puede tardar hasta 5 años para completarlo, por eso el subsidio nos ayudaba a dar el tratamiento mínimo –que era el que manejaba Seguro Popular–, y gracias a los donativos pagábamos todo, incluso tratamientos integrales como uno dermatológico, hematológico o alguno de los efectos propios de los tratamientos de cáncer que no contemplaba el Seguro Popular”.
Gracias a ese modelo, explica Villegas, del 2008 cuando inició la colaboración con Seguro Popular, al 2019 cuando concluyó, “veíamos alrededor de 27% de los de todos los pacientes de Seguro Popular y alrededor del 7% de todos los pacientes de cáncer de mama a nivel nacional”.
Traducido en pacientes significó que en 2016 alcanzaron las 1,200 pacientes y en los años siguientes fue aumentando hasta llegar a 1,440 en 2018. “Comparativamente equivalía más o menos a lo que Instituto Nacional de Cancerología o el Hospital General atendían”, afirma Villegas.
Ese nivel de atención no es menor, tomando en cuenta el costo de los tratamientos. Para una etapa temprana, el tratamiento de “bajo costo es de mínimo de 100 mil a 200 mil pesos; una etapa temprana de alto costo son las que requieren terapia blanco son de 400 mil o 500 mil pesos más o menos. Las etapas avanzadas de bajo costo son de 300 mil pesos y de alto costo son alrededor de 1 millón de pesos”. Por eso se conoce como gasto catastrófico, porque es muy alto, explica Villegas.
El argumento gubernamental era que ninguna mujer se quedaría sin atención porque serían dirigidas al Hospital Juárez de México, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Cancerología “con la prontitud que cada caso amerite y de manera totalmente gratuita. Ninguna mujer con cáncer se quedará sin atención”.
Pagar o morir
El gobierno tampoco cumplió la promesa de que ninguna mujer se quedaría sin atención. Lorena pudo terminar el tratamiento gracias a que, ante la emergencia, el Fucam consiguió más donativos para las pacientes que ya habían iniciado su proceso antes de la desaparición del Seguro Popular.
Sin embargo, en los años siguientes Lorena prácticamente tuvo que trabajar para realizarse estudios constantes, toda vez que, genéticamente está predispuesta al cáncer. “Tenía que hacerme estudios cada tres meses, tenía que ahorrar 27 mil pesos para pagarlos en el Fucam”, dice, debido a que en los servicios públicos no la atendían con esa rapidez y de ello dependía su vida.
De hecho, gracias a esas revisiones le fue detectada a tiempo la metástasis que estaba desarrollándose en el cerebro y que luego de meses fue atendida en el Hospital 20 de noviembre del ISSSTE, y tuvo que esperar porque le sería imposible pagar en un hospital privado, pero para dar una idea de la atención, en agosto de 2023 le dieron pase para realizar una resonancia magnética, pero la cita será hasta octubre de 2024.
Lorena enfrenta ahora metástasis en los huesos, por lo que será sometida a una cirugía este 12 de marzo. Su trabajo que le da seguridad social, en este caso, la ha salvado, pero dos de sus amigas fallecieron por falta de atención.
Una de ellas, cuenta, era originaria de Veracruz y tenía cáncer de seno. “Era el estrés de estar pensando cómo pagar el medicamento cada tres semanas. Era mucho y un día dijo ya no”. Dejó el tratamiento y falleció seis meses después, el año pasado.
Lorena dice que el principal mensaje que quiere dar es que las mujeres jóvenes también deben estar vigilantes de su salud, porque es una idea errónea que solo las mayores de 40 podrían enfermar de cáncer, pero lo más importante es la detección oportuna.
El Fucam sigue atendiendo a personas sin seguridad social, pero sin el subsidio gubernamental tiene que cobrar cuotas de recuperación que, aunque no se comparan con los precios de un hospital privado, no son alcanzables para las más pobres del país. Mucho menos si viven fuera de la Ciudad de México.
“No hemos bajado el número de diagnósticos, se ha mantenido alrededor de mil 500 a 2 mil anuales; pero de esas pacientes que se les hace el diagnóstico aquí, algunas se van al IMSS, al ISSSTE, algunas no tienen seguridad social y nos dicen ‘me atiendo aquí’ entonces les damos el presupuesto y les decimos cómo las podemos apoyar. Pero hay cánceres de 1 millón de pesos, esas casi no se están quedando al tratamiento y no sabemos dónde se están atendiendo. También hay casos donde no pueden pagar ni 200 mil pesos y otras que no tienen ni lo suficiente para venir. No sabemos dónde se están tratando esas mujeres que se nos están quedando fuera del radar; no es que no se estén tratando pero no lo puedo garantizar”, dice Villegas.
¿Qué era el Seguro Popular?
El presidente López Obrador repitió una frase para justificar su decisión de desaparecer el Seguro Popular: “Ni es seguro, ni es popular”. Según el mandatario, la principal estrategia en materia de salud que inició con Vicente Fox y continuó en los siguientes dos sexenios, en realidad no había funcionado.
Consistía en dar atención a quienes carecían de seguridad social y, sobre todo, se hacía cargo de los tratamientos para 66 enfermedades catastróficas como distintos tipos de cáncer, trasplantes, tumores, trastornos congénitos, entre otros; proveer medicinas y financiar hospitales.
Funcionaba como un seguro de gastos médicos, porque los hospitales federales operados por los gobiernos estatales se hacían cargo de la atención a los enfermos y el Gobierno Federal pagaba el costo de cada tratamiento a través del Fideicomiso para el Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), alimentado con aportaciones de la Federación, los estados y el propio derechohabiente que pagaba cuotas de cero a 11 mil pesos, dependiendo de un estudio socioeconómico.
La ganancia del Seguro Popular es que si una persona en situación de pobreza enfermaba de cáncer, por ejemplo, este fondo podía pagar el costoso tratamiento porque la Federación transfería a cada hospital el monto de medicinas y cirugías del paciente. La desventaja es que si la enfermedad no estaba incluida en el catálogo, no aplicaba el seguro.
También es cierto que la Auditoría Superior de la Federación señaló múltiples irregularidades en este programa, como que los gobernadores de los estados utilizaran estos recursos para pagos de nómina o que gastaran el dinero sin reportar en qué. Sin embargo, las reglas de operación intentaron ser más estrictas cada año para evitarlo.
El INSABI fue constituido formalmente el 29 de noviembre de 2019, y fue extinto en mayo de 2023.
Relacionado
El ataque sin precedentes reaviva la rivalidad entre los dos países y pone en peligro el equilibrio en Medio Oriente.
La tensión entre dos viejos rivales en Medio Oriente alcanzó este fin de semana el punto más algido cuando, por primera vez en la historia, Irán atacó directamente a Israel.
Irán lanzó una ofensiva sin precedentes con aviones no tripulados y misiles contra territorio israelí, después de prometer represalias por un ataque a su consulado en la capital siria, Damasco, en el que murieron siete miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, incluidos dos generales.
Israel nunca se atribuyó esa agresión, pero se cree que estuvo detrás del bombardeo.
Anteriormente, Israel e Irán estuvieron involucrados en una guerra en la sombra que dura años ya, en la que ambos atacaron objetivos del otro sin admitir responsabilidad.
Esos ataques han aumentado considerablemente durante la guerra en Gaza, que estalló tras un ataque contra Israel perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que, según cifras israelíes, murieron 1.200 personas, en su mayoría civiles.
Al menos 33.000 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, han muerto como consecuencia de la respuesta militar israelí.
¿Por qué Israel e Irán son enemigos?
Los dos países fueron aliados hasta la Revolución Islámica de 1979 en Irán, que trajo al poder un régimen que ha utilizado la oposición a Israel como parte clave de su ideología.
Irán no reconoce el derecho de Israel a existir y busca su erradicación.
El líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, calificó anteriormente a Israel de “tumor canceroso” que “sin duda será desarraigado y destruido”.
Israel cree que Irán plantea una amenaza existencial, como lo demuestran la retórica de Teherán, su acumulación de fuerzas comprometidas con la destrucción de Israel, la financiación y armamento de grupos palestinos, incluidos Hamás y el grupo militante chiita libanés Hezbolá, y lo que cree que es un programa nuclear con el que Irán busca construir una bomba nuclear, algo que su enemigo niega.
¿Quiénes murieron en el consulado de Irán en Damasco?
Irán dice que el bombardeo a Israel del sábado por la noche es una respuesta al ataque aéreo del 1 de abril contra el edificio del consulado iraní en la capital siria, Damasco, que mató a altos comandantes iraníes.
Irán culpa a Israel por el atentado, que consideró una violación de su soberanía. Israel no ha dicho que lo haya llevado a cabo, pero en la comunidad internacional se da por sentado.
Trece personas murieron, incluido el general de brigada Mohammad Reza Zahedi, un alto comandante de la fuerza Quds, la rama en el extranjero de la Guardia Republicana de élite de Irán (CGRI).
Había sido una figura clave en la operación iraní para armar al grupo chiita libanés Hezbolá.
El ataque al consulado sigue un patrón de ataques aéreos contra objetivos iraníes ampliamente atribuido a Israel. Varios altos comandantes de la CGRI han muerto en ataques aéreos en Siria en los últimos meses.
Este cuerpo militar canaliza armas y equipos, incluidos misiles de alta precisión, a través de Siria hasta Hezbolá. Israel está tratando de detener estas entregas, además de impedir que Irán fortalezca su presencia militar en Siria.
¿Quiénes son los aliados de Irán?
Irán ha creado una red de aliados y fuerzas proxy en Medio Oriente que, según dice, forman parte de un “eje de resistencia” que desafía los intereses de Estados Unidos e Israel en la región. Los apoya en diversos grados.
Una guerra proxy ocurre cuando un estado combate a otro estado, pero en lugar de usar sus propias fuerzas militares emplea las fuerzas de otro, que puede ser una milicia.
Siria es el aliado más importante de Irán. Teherán, junto con Rusia, ayudó al gobierno sirio de Bashar al-Assad a sobrevivir a la guerra civil que duró una década en el país.
Hezbolá en el Líbano es el más poderoso de los grupos armados que respalda Irán. Ha estado intercambiando disparos transfronterizos con Israel casi a diario desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás.
Decenas de miles de civiles a ambos lados de la frontera se han visto obligados a abandonar sus hogares.
Irán respalda a varias milicias chiitas en Irak que han atacado bases estadounidenses en Irak, Siria y Jordania con cohetes. Estados Unidos tomó represalias después de que tres de sus soldados murieran en un puesto militar en Jordania.
En Yemen, Irán brinda apoyo al movimiento hutí, que controla las zonas más pobladas del país.
Para mostrar su apoyo a Hamás en Gaza, los hutíes han disparado misiles y aviones no tripulados contra Israel y también han estado atacando barcos comerciales cerca de sus costas, hundiendo al menos un barco. En respuesta, Estados Unidos y el Reino Unido han atacado objetivos hutíes.
Irán también proporciona armas y entrenamiento a grupos armados palestinos, incluido Hamás, que atacó a Israel el 7 de octubre del año pasado, provocando la actual guerra en Gaza y los enfrentamientos que involucran a Irán, sus representantes y los aliados de Israel en todo el Medio Oriente.
Sin embargo, Irán niega cualquier participación en el ataque de ese día.
¿Cómo se comparan las capacidades militares de Irán e Israel?
Irán es mucho más grande que Israel geográficamente y tiene una población de casi 90 millones de habitantes, casi diez veces mayor que la de Israel, pero esto no se traduce en un mayor poder militar.
Irán ha invertido mucho en misiles y drones. Tiene un vasto arsenal propio, pero también ha estado suministrando cantidades significativas a sus representantes: los hutíes en Yemen y Hezbolá en el Líbano.
Lo que le falta son sistemas modernos de defensa aérea y aviones de combate.
Se cree que Rusia está cooperando con Irán para mejorarlas a cambio del apoyo militar que Teherán ha brindado a Moscú en su guerra con Ucrania: Irán ha proporcionado drones de ataque Shahed y, según se informa, Rusia ahora está tratando de fabricar estos dispositivos por sí misma.
Por el contrario, Israel tiene una de las fuerzas aéreas más avanzadas del mundo. Según el informe de balance militar del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés), Israel tiene al menos 14 escuadrones de aviones, incluidos F-15, F-16 y el último avión furtivo F-35.
Israel también tiene experiencia en realizar ataques en lo profundo de territorio hostil.
¿Tienen Irán e Israel armas nucleares?
Se supone que Israel tiene sus propias armas nucleares, pero mantiene una política oficial de ambigüedad deliberada.
Irán no tiene armas nucleares y también niega que esté intentando utilizar su programa nuclear civil para desarrollarlas.
El año pasado, el organismo de vigilancia nuclear mundial encontró partículas de uranio enriquecidas hasta un 83,7% de pureza -muy cerca de la calidad requerida para armas- en el sitio subterráneo Fordo de Irán.
Irán dijo que pueden haber ocurrido “fluctuaciones no deseadas” en los niveles de enriquecimiento.
Irán ha estado enriqueciendo abiertamente uranio hasta un 60% de pureza durante más de dos años, en violación de un acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales.
Sin embargo, ese acuerdo ha estado al borde del colapso desde que el presidente estadounidense Donald Trump se retiró unilateralmente y restableció sanciones paralizantes contra Irán en 2018. Israel se había opuesto al acuerdo nuclear en primer lugar.
¿Qué mensaje está enviando Irán con su ataque?
“Bloqueamos. Interceptamos. Juntos venceremos”, así evaluó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Pero Tom Fletcher, asesor de política exterior de varios primeros ministros del Reino Unido y ex embajador del Reino Unido en el Líbano, dijo que la ofensiva iraní era una “señal escalofriante de la capacidad y el alcance de Irán”.
Los dirigentes tanto de Irán como de Israel están “bajo presión interna, enfrentando críticas internacionales y están claramente dispuestos a jugar con fuego”, advirtió.
Pero le dijo a la BBC que el ataque sin precedentes de Irán parecía haber sido cuidadosamente calibrado.
“Irán telegrafió estos ataques con antelación, lo que los hizo más fáciles de repeler”, dijo, comparándolos con los intercambios de disparos que había visto cuando era embajador en el Líbano, donde “la intención es mostrar la capacidad pero no necesariamente escalar”.
También dijo que era “positivo” que Irán decidiera responder directamente en lugar de a través de Hezbolá. Algunos israelíes han pedido a los militares que amplíen su confrontación con el grupo armado libanés para expulsarlo de la frontera.
Sanam Vakil, del grupo de expertos Chatham House, dijo que el ataque había sido un éxito desde el punto de vista de Irán y que Teherán estaba “demostrando el engaño de Israel”.
“Esta es la primera vez que Irán ha violado directamente la soberanía de Israel”, le dijo a la BBC.
“Los ataques fueron ciertamente calibrados, dirigidos a instalaciones militares con el objetivo de no infligir demasiado daño ni herir a nadie”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
