El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dejó de surtir 15 millones de recetas de pacientes de los servicios médicos públicos, una cifra que representa 5 veces más que las recetas no surtidas en 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando fueron 3.1 millones.
Y aun cuando no hay abasto de medicinas, tampoco se han conseguido ahorros. Hoy se gasta 29% más de lo que se gastó el sexenio pasado, aunque se compran menos medicinas.
El resultado: los pacientes gastaron 39% más en la compra de medicinas en 2022 que en 2018, en términos reales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022.
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Y para los más pobres fue peor, pues en 2018 desembolsaban 211 pesos, pero en 2022 su gasto aumentó a 427 pesos.
Si bien el sistema de salud siempre ha tenido fallas y carencias, los testimonios y las estadísticas confirman que el cambio en el sistema de compras no logró los objetivos ni de ahorro ni de abastecimiento.
Se apostó por compras consolidadas de todos los productos que se necesitaban, pero las empresas a las que se acudió e incluso la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) de la ONU incumplieron con la entrega y obligaron al gobierno y hospitales a realizar compras de emergencia, que sólo significaron mayores precios.
Un análisis del Instituto Farmacéutico México (INEFAM), demuestra que compraron menos y más caro. Al revisar contratos encontraron que en 2018 adquirieron mil 747.2 millones de piezas y pagaron 73 mil millones de pesos (mdp), pero en 2022 el gasto por mil 81.5 millones de piezas fue por 75 mil 225 mdp. Es decir, 665.7 millones de piezas menos 3% más dinero.
Además, la Auditoría Superior de la Federación también detectó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) ni siquiera entregó la totalidad de medicamentos contratados, por lo que tuvo que hacer reembolsos en los años siguientes.
No hay medicinas
Liliana, enfermera de las caravanas de Oaxaca, el programa que atiende a los más pobres del estado donde solo tienen servicios de salud una vez al mes, asegura que nunca en los 25 años que lleva trabajando habían tenido tal desabasto de medicinas.
“Hemos llegado a tener un 20% de lo que es el paquete, el stock de medicamentos del cuadro básico. El año pasado, unos cuatro meses se nos surtió bien, pero de ahí el surtimiento ya fue muy escaso, incluso en el mes de julio, de julio-agosto nos dieron como cuatro claves nada más, sería un total de unos 40 medicamentos”.
Cuarenta medicamentos para atender a comunidades en las que puede dar hasta 30 consultas por día es completamente insuficiente, dice. “Nos falta insulina, nos hizo falta para el tratamiento a los pacientes crónicos”.
Ella, como el resto del personal médico, son quienes dan la cara a los pacientes y reciben las quejas, pero también las carencias y las historias de tragedia, como las mujeres que siguen muriendo en el parto o los niños con tumores que no tienen recursos ni para pagar los traslados al hospital que puede quedarles a horas de distancia.
“A veces es difícil porque eres tú quien te enfrentas a la realidad de los pacientes; entiendo su molestia, pero sale de tus manos el brindarles una buena atención y que lleve un buen control de su padecimiento porque no contamos con el medicamento necesario para otorgar una buena atención de calidad”, dice.
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Lo que menciona Liliana no parece aislado. El colectivo Cero Desabasto ha dado seguimiento en distintos informes a las recetas sin surtir en el sistema médico y hasta 2022 no se recuperaban los niveles prepandémicos, y ni siquiera ha igualado los niveles del sexenio de Enrique Peña Nieto.
En ese año, 2022, el IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena y Semar dejaron de surtir efectivamente 15 millones 251 mil recetas, es decir, no entregaron a los usuarios uno o ningún medicamento que los médicos le habían prescrito para tratar su padecimiento.
Al desagregar los datos por institución, el IMSS, por ejemplo, está en un máximo histórico de recetas sin surtir. En 2018, el surtimiento estaba en 99.3%, con 217 millones de recetas prescritas y 1.4 millones sin ser surtidas efectivamente. El siguiente año fueron 5 millones sin surtir.
En 2020, el año de la pandemia, cuando los servicios médicos se enfocaron en la atención de la Covid-19 y bajó la atención habitual, el número de recetas aumentó a 15 millones y 2021 tuvo el máximo de 22 millones sin surtir. Aunque en 2022 bajó a 12 millones, el porcentaje de surtimiento es de 94.7.
En el gobierno de Peña Nieto el número de recetas sin surtir fue de 3.1 millones de recetas. La institución con el mayor faltante fue el IMSS, con 1.4 millones, le siguió el ISSSTE, con 779 mil; Pemex, con 548 mil; Sedena, con 194 mil y Semar, con 205 mil.
Compra de medicinas con AMLO: cuatro intentos, tres fracasos
Sin embargo, el presupuesto tiene un escenario totalmente opuesto al desabasto: el gobierno de López Obrador ha gastado más que Peña Nieto para la adquisición de medicinas.
En la revisión a la partida presupuestal “medicinas y productos farmacéuticos”, de todo el sector Salud, el gobierno pagó 61 mil 315 millones de pesos en 2018, pero en 2024 el presupuesto fue de 79 mil 401 millones de pesos, lo que significa un aumento de 29% en términos reales.
Solo en 2020, el gobierno gastó menos que en 2018, con 55 mil millones de pesos, pero las compras llegaron hasta 69 mil millones de pesos en 2023.
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Al revisar el gasto por institución, la Secretaría de Salud tuvo el mayor aumento, con 137%, pues en 2018 el gasto fue de 5 mil 644 millones de pesos, pero en 2024 fue de 13 mil 367 millones de pesos.
Mientras que el crecimiento en el IMSS fue de 41%, con 40 mil 579 millones de pesos en 2018 y 57 mil 270 millones de pesos en 2024. El ISSSTE, Sedena y Semar, en cambio, fueron las instituciones con recortes de 43%, 95% y 68%, respectivamente. Entonces, ¿Por qué si se gastó más hubo menos medicinas?
Cómo se compraban medicinas en sexenios pasados y el cambio con AMLO
Desde el sexenio de Felipe Calderón comenzó a implementarse las compras consolidadas para el sector salud, que básicamente consistió en que el IMSS asumió la responsabilidad de negociar las compras de medicamentos e insumos médicos para todas las instituciones de salud. El argumento fue que, al comprar millones de piezas, se obtendrían mejores precios y evitarían que cada institución hiciera compras pequeñas, que solo representan sobrecostos.
Sin embargo, desde el inicio de su gobierno, López Obrador dijo que cambiaría esa forma de compra para combatir la corrupción y encontrar ahorros. Pero lo que resultó es que en ninguna de las compras en cuatro años lograron adquirir la totalidad de la demanda.
Hacienda, el primer intento en cambiar compra de medicinas
El primer intento fue centralizar las compras en Hacienda, incluyendo las medicinas, a través de la Oficialía Mayor, cargo entonces ocupado por Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía, pese a que ni ella ni la institución tenían experiencia en la adquisición de artículos tan particulares como los medicamentos.
En esa primera compra, Hacienda informó que había hecho compras por 7 mil millones de pesos en medicamentos, lo que había generado ahorros por mil millones de pesos con respecto a 2018, pero en realidad no compraron lo que se requería. Necesitaban 792 partidas de medicinas, pero sólo licitaron 632. De ellas, compraron 404 (64%) y 228 quedaron desiertas (36%).
Dan al INSABI facultades para comprar medicinas
Luego, el gobierno decidió que el Instituto de Salud para el Bienestar, creado el 29 de noviembre de 2019, compraría las medicinas a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para surtir a todas las instituciones de salud del país e incluso, contrataría a proveedores de cualquier parte del mundo que ofrecieran mejores condiciones de venta.
Mientras que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), empresa del Estado productora de vacunas, se convertiría en la nueva distribuidora de medicinas, luego que en marzo de 2019, presidencia vetó a las empresas Grupo Fármacos Especializados S. A.; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S. A. y Maypo, acusándolas de acaparar el mercado de distribución de medicinas en el sexenio anterior.
De esa compra, el INSABI y la UNOPS reconocieron que solo adjudicaron 50.8% de las claves de medicamentos y 55% de las de material de curación que se solicitaron para 2021. El año siguiente dijeron que tuvieron ahorros de 10 mil millones de pesos, pero solo compraron 91% de las claves.
Incluso, en la auditoría al INSABI sobre las compras de 2021, la ASF comprobó que la UNOPS no entregó ni siquiera la totalidad de medicamentos que sí se habían contratado y pagado, por lo que debía hacer reembolsos por 32 millones 600 mil dólares.
INSABI compra en solitario en 2022
Para 2022, el INSABI terminó el acuerdo con la UNOPS, pese a que supuestamente éste haría las compras de medicinas hasta 2024. Por eso es que ese año, el Instituto hizo los procesos de compra en solitario, pero no adquirió el 22% de la demanda.
En todos los casos, además de estos procesos de licitación, las instituciones como el IMSS e incluso hospitales, tuvieron que hacer otros concursos para adquirir las medicinas que no les llegaron por medio de la UNOPS o el INSABI y que necesitaban con urgencia, por eso es que compraron a distintos precios.
Otro intento: decreto de AMLO pasa a Birmex la compra de medicinas
Apenas el 23 de diciembre, el presidente emitió un decreto para que ahora BIRMEX sea la institución encargada de realizar las compras y distribución de medicinas para 2024; se trata del cuarto cambio en materia de adquisiciones. Sumado a la instalación de una “megafarmacia”, donde estarían “todos los medicamentos del mundo”, como parte de la estrategia para evitar el desabasto. Pero en sus dos primeras semanas de funcionamiento sólo surtió 67 recetas, el 0.01% de las 600 mil que atiende el IMSS a diario.
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Compra de medicinas con AMLO: más contratos con montos más pequeños
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) también hizo un análisis de las adquisiciones de medicinas revisando los contratos de 2018 a 2022 y encontró que el resultado de esos fallidos intentos de compra fue que hubo más contratos con montos más pequeños, “contrario al objetivo de las compras consolidadas que busca comprar en volúmenes grandes con precios de mayoreo”.
En 2022, el 20% del monto total de compras de medicamentos se asignó en contratos menores a cinco millones de pesos, mientras que en 2018 esta proporción fue únicamente de 5%.
“Por eso es que las instituciones públicas de salud fueron obligadas a realizar adquisiciones con poco tiempo, lo que implicó condiciones de desventaja para negociar mejores precios en la compra”, concluye el informe Compras públicas ineficientes, medicamentos más caros.
Otro ejemplo de ello fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación que, al revisar las adquisiciones de Pemex en 2021, encontró que la UNOPS no había adjudicado las claves de medicinas que Pemex requería, 26 millones 943 mil piezas, por lo que Pemex hizo contratos por su cuenta “para garantizar el abasto al mes de junio de 2021, en tanto la UNOPS realizaba el procedimiento de contratación para el suministro de julio a diciembre de 2021”.
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El delfín de Ricardo Martinelli, quien está asilado en la embajada de Nicaragua, se impuso en unas elecciones de una sola vuelta con alrededor de un tercio de los votos.
La elección de José Raúl Mulino como presidente de Panamá este domingo puede resultar paradójica vista desde ciertos ángulos.
Mulino ganó los comicios de una sola vuelta con 34% de los votos, según resultados parciales, y al recibir la noticia de su triunfo por parte del Tribunal Electoral se comprometió a formar “un gobierno de unidad nacional lo antes posible”.
“Implica un enorme peso sobre mis hombros, que recibo complacido”, dijo.
Mulino es delfín político del expresidente Ricardo Martinelli, quien quedó fuera de la competencia electoral por estar condenado por lavado de dinero, y esto quizás sea llamativo en un país donde la corrupción figura en encuestas como el tema que más preocupa a la gente.
El ahora presidente electo indicó incluso en campaña que piensa “ayudar” al magnate Martinelli, refugiado en la embajada de Nicaragua, a evitar que cumpla su pena de 10 años de cárcel, porque sostiene -como él- que fue resultado de una persecución política injusta.
También podría sorprender que en un país como Panamá, donde estallaron protestas masivas en años recientes, haya triunfado un exministro de Seguridad Pública criticado por una represión policial de manifestantes en el pasado.
Sin embargo, los analistas señalan distintos factores que explican este éxito electoral.
Para entenderlos, hay que comenzar por conocer quién es el próximo presidente panameño, alguien a quien pocos veían como tal hasta hace unos meses.
“Leal al expresidente”
Abogado de 64 años, Mulino alcanza la cima del poder en su país tras una larga trayectoria política, algo que quizá también luzca contradictorio con el descontento popular expresado por los panameños hacia su clase dirigente.
Es hijo de un exgobernador de la provincia de Chiriquí, en la región occidental de Panamá y limítrofe con Costa Rica.
Su madre solía pedirle que riera para cambiar el talante adusto por el que algunos le apodaron “Stalin”, según el diario panameño La Prensa.
Sin embargo, en el plano ideológico Mulino está lejos del extinto líder comunista soviético: se define de centroderecha en un país donde la izquierda política es irrelevante.
Casado y con cuatro hijos, Mulino posee una licenciatura universitaria en derecho y ciencias políticas, una maestría en derecho marítimo en Estados Unidos y ha trabajado en el sector privado como socio de un bufete de abogados en Panamá.
Incursionó en política participando en la “cruzada civilista”, un movimiento que reunió a distintos sectores de la sociedad panameña contra el régimen militar que hubo en el país entre 1968 y 1989.
Luego de la invasión de EE.UU. y la caída del régimen del general Manuel Noriega, Mulino fue vicecanciller y canciller del gobierno de Guillermo Endara (1989-1994).
Años después ganó más notoriedad y protagonizó polémicas como ministro del gobierno de Martinelli (2009-2014), primero de Justicia y luego de Seguridad Pública.
Desde este cargo impulsó políticas de “mano dura”, ya fuera con retenes policiales en las calles o con la represión de protestas contra una ley que resultó en dos muertes y decenas de heridos en la provincia de Bocas del Toro en 2010, hechos por los que el Estado tuvo que resarcir a las víctimas con pensiones vitalicias.
Tras salir del ministerio, Mulino pasó seis meses preso de forma preventiva por presunto peculado en un contrato millonario del gobierno para adquirir radares de una firma italiana.
Pero el caso terminó anulado y Mulino, que llegó a definirse como “preso político”, siempre reivindicó su proceder.
Fue precandidato presidencial para las elecciones de 2019 por el partido Cambio Democrático con que Martinelli había llegado al poder, pero resultó derrotado en las primarias por Rómulo Roux, un abogado que volvió a postularse este año.
Mulino se pasó al partido Realizando Metas que fundó Martinelli en 2020 y fue su candidato a vicepresidente para estas elecciones, hasta que el expresidente quedó inhabilitado en marzo por su condena por lavado.
Fue entonces cuando Mulino se convirtió repentinamente en candidato presidencial en una coalición con el partido Alianza.
Mientras Martinelli es “quizás la figura más popular del país”, Mulino “no es conocido por ser una figura carismática o popular, pero sí leal al expresidente”, dice Juan Diego Alvarado, un politólogo e investigador panameño experto en elecciones, en diálogo con BBC Mundo.
Abrazados
El ahora presidente electo de Panamá realizó una campaña corta y efectiva, sin arriesgarse a participar en los debates entre candidatos, apelando al caudal de votos de su padrino político.
“Vamos a ganar y Ricardo Martinelli estará conmigo desde el primer día”, tuiteó Mulino en marzo.
Este domingo, en plena jornada electoral, visitó al expresidente en la embajada de Nicaragua y su campaña divulgó imágenes de ambos abrazados.
Los analistas señalan que buena parte de los votantes de Mulino están disconformes con el gobierno actual de Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y con el sistema político en general.
En un país que durante la pandemia tuvo un severo confinamiento y su primera recesión en años, y donde ahora asoma una desaceleración económica tras la recuperación reciente, esos votantes añoran el crecimiento sostenido próximo a un 8% del PIB anual que hubo en la presidencia de Martinelli.
La base electoral de Martinelli que heredó Mulino para ganar con mayoría simple las presidenciales de una sola vuelta “es una minoría consolidada”, señala Harry Brown Araúz, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) en Panamá.
“Esa parte de la población tiene un recuerdo bueno del período presidencial del presidente Martinelli, donde hubo una dinámica económica muy fuerte”, le dice Brown Araúz a BBC Mundo.
Mulino ha prometido volver a aquellos años de bonanza con creación de empleos, mejoras en la seguridad pública y mayor acceso a servicios como agua potable o electricidad, que escasean sobre todo en zonas rurales e indígenas del país.
También propuso ampliar el metro capitalino que fue inaugurado en 2014 por Martinelli, el primero de Centroamérica, construir carreteras y un tren entre Ciudad de Panamá y el interior, así como parar el creciente flujo de migrantes que entra al país por la selva del tapón del Darién rumbo a EE.UU.
El presidente electo ha ofrecido pocos detalles en campaña de cómo piensa lograr todo eso y Alvarado advierte que “las condiciones económicas no están dadas para regresar a ese crecimiento” del gobierno de Martinelli, que respondía en buena medida a factores exógenos.
Recientemente Panamá ha sufrido una sequía que bajó el nivel de agua y el flujo de barcos en el canal marítimo que es un pilar de su economía.
El cierre de una gran mina de cobre tras las masivas protestas del año pasado por su impacto ambiental le costará al país este año cinco puntos del PIB, que pasará de expandirse 7,5% en 2023 a 2,5% en 2024, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y la deuda pública panameña ha crecido en los últimos años hasta alcanzar US$47 mil millones o la mitad del PIB a fines de 2023.
Alvarado concluye que quienes apoyan a Martinelli y dieron el triunfo a Mulino priorizaron sus logros en el gobierno a los señalamientos de corrupción que les hacían sus adversarios, a veces sin presentar alternativas creíbles.
Señala además que hay una demanda de “mano dura” de parte de la población contra la criminalidad o para enfocar la migración como un problema de seguridad, lo cual pudo haber beneficiado a Mulino.
Pero para el presidente electo empieza ahora el desafío de gobernar sin mayorías legislativas un país en crisis y que tuvo grandes protestas callejeras recientes, no sólo contra la mina sino también por el costo de vida y su gran desigualdad social.
“En la medida en que las condiciones económicas en Panamá no se den para el crecimiento”, advierte Alvarado, “es probable que las políticas económicas que se tomen sean impopulares y lleven entonces a nuevas movilizaciones”.
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