No recuerda el día y la hora exacta, pero Paulina no olvida la rabia que sintió cuando entró a su cuenta de Instagram hace unos meses atrás. Ella estaba en su casa y su celular había sonado varias ocasiones con notificaciones de la plataforma. —Oye, qué onda, ¿eres tú?— le habían preguntado varios amigos, mensajes acompañados de un link a otro perfil de la misma red.

Era su nombre y eran sus fotos, pero no era Paulina, era un perfil apócrifo. Esa vez sería la primera, pero no la única. La joven de 23 años cuenta que había sido víctima de suplantación de identidad en dos ocasiones, en las que personas desconocidas crearon perfiles falsos con fotografías que ella originalmente publicó en su cuenta de Instagram.

Quienes suplantan pueden monetizar fotografías y videos originales o manipulados —que no tienen consentimiento para publicar— a través de suscripciones. Así pueden crear múltiples perfiles falsos de una sola víctima en Instagram para vincularlos a páginas de contenido pornográfico o erótico, como OnlyFans y su competencia en AdmireMe.VIP, Fansly, Fanvue, entre otras.

En los últimos cuatro años el ciberacoso contra las mujeres ha aumentado un 5.1%. En 2017 el 17.7% de las usuarias de internet aseguró haber sido víctima de ciberacoso, mientras que el porcentaje aumentó a 22.8% en 2021, de acuerdo a las estadísticas registradas del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La suplantación de identidad o doxing es un tipo de violencia cibernética que consiste en publicar información privada sin consentimiento de la persona, de acuerdo con la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México.

Otros tipos de ciberviolencia contra las mujeres son: el ciberbullying o acoso psicológico a través de Internet; stalking, que va de perseguir, acechar y acosar en plataformas de forma compulsiva a otra persona; grooming, que significa acoso por una persona adulta hacia un niño/a o adolescente para establecer una relación de control emocional y de abuso sexual y shaming, que son actos para avergonzar a la víctima por su aspecto físico como a los comportamientos y deseos sexuales.

A pesar de que la Ley Olimpia puede ser un mecanismo de acceso a la justicia para sancionar estas conductas que atentan contra la intimidad de las mujeres, a un año de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la aplicación de la misma se ha quedado corta ante los casos de suplantación de identidad con fines pornográficos y fraudulentos.

Hasta el momento se conoce de unos 10 agresores sancionados por la Ley Olimpia en los estados de Sonora, Hidalgo, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Quintana Roo y Puebla por violación a la intimidad sexual.

Modus operandi para monetizar contenido sexual

Al igual que Paulina, el celular de “V”—quien prefirió mantener su nombre anónimo— no dejó de sonar. Ella estaba a punto de ir a dormir cuando llegó la avalancha de notificaciones. —¿A dónde me van a invitar o qué? — se preguntó. Pero la sorpresa y sonrisa en su rostro cambiaron cuando abrió los mensajes y no tenían nada que ver con una invitación, pero sí para cuestionar si ella era la persona que ofrecía “regalos picantes” en Instagram. 

El modus operandi inicia con la apertura de la cuenta falsa en Instagram. En esta etapa se realiza el montaje de datos similares a la cuenta original de la víctima, que incluye nombre de usuario y fotografías, donde generalmente están solas, o se hacen montajes de sus rostros con fotografías de otros cuerpos. 

En la descripción del perfil se agrega el enlace a la página que “tiene el contenido exclusivo y picante” para los demás usuarios que ingresarán sus datos bancarios para desbloquear el contenido prometido. 

El siguiente paso es cuando la víctima está más expuesta porque inicia el acercamiento con sus seguidores, los cuales suelen ser familiares, amigos, compañeros de trabajo y conocidos.

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Karen Carrillo, de 27 años, ha sido víctima de suplantación de identidad cuatro veces en el último año y narra que logró “tumbar” las primeras cuentas a través de su denuncia con la misma plataforma. Pero en menos de dos meses se reactivó una cuenta distinta bajo los mismos criterios y características de las anteriores. Actualmente existe una segunda cuenta falsa con sus datos e imágenes que sigue activa. 

De enero a marzo de 2022 Meta eliminó 7 millones de piezas de contenido que infringían la política de bullying y acoso en Instagram y mil 600 millones de cuentas falsas en Facebook, de las cuales 99.7% de estas fueron detectadas y eliminadas por sus sistemas antes de que alguien las reportara, según el Informe de Cumplimiento de Normas Comunitarias.

María Cristina Capelo, líder de Políticas de Seguridad de Meta para América Latina, explicó que las denuncias que reciben se estudian caso por caso para eliminar la cuenta lo más pronto posible. 

“Cuando se reportan casos que son complejos como estos ahí no entra la tecnología para tomar una decisión, sino que son equipos de revisores capacitados en este tipo de abusos para decir si viola o no viola las normas comunitarias”, aseguró María Cristina en entrevista con Animal Político. 

Agregó que en la empresa toman muy en serio que tienen cero tolerancia a que se difunda material íntimo, además de que las políticas no solo prohíben la divulgación, sino también la propia amenaza de hacerlo. 

Los datos del Inegi indican que Instagram se encuentra en el sexto lugar con el 22% en cuanto a las mujeres que vivieron ciberacoso en medios digitales, mientras que Facebook está en la primera posición con 49%, seguido de Twitter (44.9%), WhatsApp (32.2%), Messenger (29.6%) y Telegram (24.2%).

Ximena Baca de 23 años, señala que su perfil de Instagram ha sido suplantado por tres diferentes cuentas falsas y al igual que el resto de las víctimas entrevistadas, desconoce quién o quiénes fueron las personas que estuvieron detrás de su suplantación de identidad. 

Ley Olimpia y el “proceso complejo e ineficiente” para denunciar  

La Ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

Es decir, la Ley Olimpia establece que no se puede exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento a través de materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico.

Estas normas se rigen con el Código Penal Federal y en cada estado también fue incorporada en diversos artículos de cada Código Penal Estatal. 

Las sanciones que puede recibir el agresor dependen de la tipificación del ciberacoso en cada estado. Hay quienes castigan con pena privativa de prisión y multa económica o 90 a 180 días de trabajo a favor de la comunidad. El tiempo en prisión también varía, pero la media se encuentra entre 4 a 6 años y la multa puede oscilar entre 100 a 400 UMAS; es decir, desde 9 mil 622 hasta 38 mil 488 pesos. 

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Guillermo Tenorio, director de la Escuela de Gobierno y Economía de la  Universidad Panamericana, explicó que ese material de prueba hay que presentarlo ante la autoridad ministerial. El Ministerio Público lo que va a hacer es llevar a cabo  toda la indagatoria y lo turnará al Juez de Control por si lo considera necesario.

El material de prueba del delito son todos los contenidos que han sido difundidos sin consentimiento de la víctima como imágenes, vídeos, los sitios web, mensajes, audios, etc. 

“Las plataformas tienen un alcance limitado respecto a derechos fundamentales y actividad delictiva. Ellos pueden bloquear en algunos casos que sean como los más evidentes como lo indican sus políticas y hay otros casos en los que definitivamente no llegan y entonces ahí, por eso nos apoyamos del Estado para que sea el que persiga la actividad delincuencial”, enfatizó Tenorio.

De acuerdo con una solicitud de información, en la Ciudad de México, dentro de la Unidad Especializada “encargada de tipificar el delito contra la intimidad sexual, mejorar y reforzar la integración de las indagatorias e integrar las carpetas de investigación respecto a estos delitos”, desde 2020 hasta febrero de 2022 se iniciaron mil 423 carpetas de investigación por delitos contra la intimidad sexual.

Asimismo, desde el 2017 al 2020 se han judicializado 24 casos de casi 2 mil 143 carpetas de investigación abiertas en 18 estados por el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, de acuerdo con el informe “Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México”, realizado por la colectiva Luchadoras. 

“El desahogo de la investigación por parte de las Fiscalías es el gran cuello de botella. El 83% de las carpetas siguen en trámite, algunas por más de tres años. Solo el 17% de las carpetas iniciadas encuentran alguna forma de conclusión a través de alternativas de justicia”, señala el documento publicado en 2021. 

Anaiz Zamora, excolaboradora en la organización Luchadoras, dijo que el sistema en México es sumamente complejo porque implica poner la denuncia, presentar evidencias, que las investiguen y después entre todo el entramado de denuncias que existen falta el paso final, que es la resolución a favor de la víctima y sentencia contra el agresor. 

La única sentencia condenatoria de la que se tiene registro en beneficio de un hombre por este tipo de conductas se aplicó en Coahuila contra Yessica “N”, por compartir imágenes íntimas de su ex pareja Diego “N” con el objetivo de amenazarlo y prohibirle la convivencia con sus hijas.

La jueza Griselda Elizalde impuso como medidas cautelares: no molestar ni acercarse a su ex pareja; no divulgar, ni publicar imágenes de Diego.

Esto representó un hecho histórico porque es el primer caso de la Ley Olimpia aplicada a favor de un hombre en Coahuila y a nivel federal. 

El acompañamiento a las víctimas

Las cuatro víctimas entrevistadas por Animal Político concuerdan en que sí dudaron y modificaron la forma de publicar sus fotografías por miedo e incertidumbre de repetir la misma situación, a manos de acosadores anónimos.

Ximena confesó que durante y después de la apertura de su cuenta falsa recibió varios mensajes de hombres que pidieron más fotografías, u ofreciéndole ser su sugarbaby, e inmediatamente borraba los mensajes sin leer más o detectar quién la estaba buscando. 

Karen asegura que también se siente más limitada y piensa dos veces antes de subir algo, lo cual antes no le pasaba para nada. “Sí digo: ‘tal vez no lo quiero subir’ y es una especie de autocensura bien fea, que va más allá a lo mejor de una experiencia de trauma, pero es una experiencia, pues personal, fuerte, limitante y pues que se va a quedar ahí, ¿no?”.

“V” y Paulina pusieron privada su cuenta cuando recién se enteraron de la suplantación, para que usuarios externos no tuvieran acceso a las fotos que ya estaban publicadas y evitar contacto con extraños en días próximos. Hasta que se sintieron seguras de nuevo regresaron a su cuenta pública.

La abogada Macías de R3D insiste en que es muy importante conocer qué quiere la víctima y cómo desea atender su caso, y recomienda a los abogados y las abogadas que acompañan a las víctimas a no imponer sólo una medida que quizá la víctima no quiere elegir. “Prefiero darle el abanico de otras posibilidades que existen y ya si aún así quieren si tienen el interés de ir a presentar una demanda ya es otro paso que seguiremos,” compartió Macías.

En caso de que las víctimas deseen denunciar su caso, Meta puede puede entregar cualquier dato o evidencia sobre la interacción de las cuentas que abone a la investigación. Este proceso solamente estará autorizado por la plataforma con una solicitud legalmente válida porque no pueden hacer el papel de justicia y su prioridad es cuidar los datos de las personas que usan sus servicios.

Los procesos penales tardan hasta años sin respuesta y durante ese tiempo el contenido íntimo o suplantación de identidad continúa exhibiéndose. Macías resalta que las normas de la Ley Olimpia son ineficientes y ambiguas para castigar a los responsables, sus alcances son mínimos para erradicar la violencia y el ciberacoso.

“Cuando hay una violencia de este tipo muchas veces la respuesta tendría que ser más inmediata”, agrega Zamora, e insiste que depende del tipo de justicia que busquen las víctimas porque hay alternativas como un acuerdo de reparación para acordar de qué manera el o la agresora podría reparar el daño, sin necesidad de llegar a un juicio.

Conoce más acerca de la suplantación de identidad en este vídeo: