Las candidatas a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y al Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, han propuesto utilizar tecnologías que incluyen videovigilancia o uso de datos biométricos para combatir la inseguridad o disminuir la impunidad en la procuración de justicia.

Pero especialistas alertan que eso pone en riesgo derechos humanos como la privacidad y la protección de datos personales, y abre la posibilidad de que los gobiernos empleen esa información para espionaje o alguna otra actividad ilegal contra la ciudadanía.

“La instrucción que tenemos de Xóchitl es de que el programa, y ella seguramente lo hará con quienes sean sus colaboradores en el futuro, tiene que respetar íntegramente los derechos humanos porque el respeto a los derechos humanos es lo que hace sólida a cualquier política de seguridad pública”, contestó. 

El equipo de Clara Brugada, en tanto, respondió que su propuesta incluye invitar a personas expertas y a la Comisión de Derechos Humanos local para evaluar  y monitorear la política que propone. 

Datos biométricos en manos de la FGR

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, busca fortalecer la Fiscalía General de la República (FGR) con herramientas para la investigación criminal como los análisis de identificación genética, huellas, comparación de voz y reconocimiento facial. 

“Estas herramientas deben operar en todas las fiscalías y tener la capacidad de realizar búsqueda de coincidencias con todas las bases de datos biométricos existentes en cualquier dependencia”, se lee en la presentación que proyectaron durante la conferencia de prensa. 

“Faltan muchísimos detalles por ser revelados pero en la información que fue presentada por el candidato a senador Omar García Harfuch se deja entrever que dentro de las propuestas de la candidata Claudia Sheinbaum se encuentra la creación de bases de datos biométricos, los sistemas de reconocimiento facial, entre otras medidas que desde nuestro punto de vista son riesgosas y violatorias de los derechos humanos”, dice en entrevista Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). 

Según la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial debe proteger los datos personales. Esto implica a la FGR, las fiscalías y dependencias que, según la propuesta de Sheinbaum, buscarán coincidencias de datos biométricos para la investigación criminal. 

Como antecedente García menciona que, en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el sistema normativo que creaba el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), justamente porque obligaba a usuarios a otorgar sus datos biométricos. La acción de inconstitucionalidad 82/2021 estableció que como los datos biométricos permiten identificar a las personas, proporcionarlos de manera obligada viola el derecho a la intimidad.

El director de la organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital recuerda que esta propuesta es similar al Plan Ángel que presentó Marcelo Ebrard. 

El ahora coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior en la campaña de Sheinbaum proponía que datos biométricos como el análisis morfológico del caminar estarían en manos de la Guardia Nacional, integrada por elementos del Ejército, y la Secretaría de Seguridad Pública. 

Para saber más: Plan Ángel de Marcelo Ebrard propone dejar millones de datos biométricos de los ciudadanos en manos de la Guardia Nacional

Ali González, directora de Estrategia de la organización Codeando México, confía en la tecnología cívica, es decir, usada como herramienta estratégica en la resolución de problemas públicos. Pero sugiere que antes de las propuestas sobre seguridad y tecnología, se requiere una estrategia digital nacional. 

“Preocupa mucho que no se está poniendo en la mesa, más allá del resultado, qué es la política de seguridad, cómo se hace una arquitectura digital que nos proteja a todos”, dice González. 

Una publicación de Derechos Digitales, organización de alcance latinoamericano, menciona que solucionar una problemática como la inseguridad a través de la adopción de algún tipo de tecnología no es algo negativo. El problema es cuando se utiliza para el control y la vigilancia. 

“Nos merecemos una estrategia digital nacional digna que le dé herramientas a todos los niveles de gobierno, para que la tecnología se use de manera inteligente, no costosa, auditable, segura para los datos de las personas”, recomienda González.  

Tecnología no soluciona problemas de seguridad

La aspirante presidencial Xóchitl Gálvez y Clara Brugada, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” al gobierno capitalino, también han mencionado el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, drones, big data y videovigilancia.

“Vamos con todo en el uso de tecnología y de inteligencia. Una de mis características es que soy una mujer relacionada a la tecnología, a la Inteligencia Artificial, donde hoy con buenos analíticos podemos prevenir muchísimo la incidencia delictiva pero, sobre todo, darle seguimiento con tecnología a los que cometan estos delitos”, dijo Gálvez en el Encuentro de seguridad. 

Mientras que durante la Presentación de su Proyecto de Gobierno, Brugada dio a conocer el eje “Ciudad segura, libre de violencia y en paz”, en el que propone dotar a las y los policías de estas tecnologías y ser la ciudad más videovigilada de América Latina. 

“Resultan preocupantes las expresiones de diversas candidatas respecto de la utilización de inteligencia artificial o big data, es decir, que con base en el análisis de datos se pueda predecir quién está predispuesto a cometer delitos”, dice al respecto Luis Fernando García, director de la R3D. 

Otra de las propuestas de Brugada es que la Ciudad de México sea la más videovigilada de América con cámaras de mayor resolución para prevención, investigación y persecusión del delito. 

“El uso de las cámaras es importante para la seguridad, pero no el uso automatizado y masivo porque se convierte en un tema de vigilancia de personas. Entonces tenemos que ser muy críticos de cómo nuestros gobernantes van a querer meter esa agenda y pedir que sea auditable, en qué casos se va a permitir y en qué casos no”, dice González al respecto.

García califica a estas propuestas como propaganda tecnosolucionista. O sea, pretender que la tecnología por sí misma resuelva los problemas de seguridad sin que, en algunos casos, exista evidencia de un efecto significativo en la prevención de los delitos o en su persecución. 

En cambio, sí está documentado que estas tecnologías fallan en la mayoría de ocasiones con el reconocimiento de las personas y que tienen altos costos.

“La adquisición de esas tecnologías tiene un costo económico importante y distrae a esos recursos que bien podrían ser utilizados en otras medidas que sí existe evidencia que son útiles para combatir la delincuencia”, agrega el director de la organización.

Contrario a esto, Rubén Moreira, coordinador de la mesa de seguridad de la campaña de Xóchitl Gálvez, aseguró que la inteligencia artificial puede servir para predecir eventos delictivos. 

“La inteligencia puede servirnos para muchas cosas, y la inteligencia artificial evitar muchos temas de extorsión, de fraudes, de todo este tipo de cosas y además de predicción de eventos delictivos”, respondió. Además dijo que “es prematuro hablar de costos porque además también hay que ver cómo se va a hacer la colaboración con los estados y los municipios”. 

El tecnosolucionismo, además, se vuelve autoritario cuando las personas no son sujetas de protección sino sospechosas permanentes de la comisión de delitos y, por lo tanto, deben ser vigiladas. Esto va en contra de los gobiernos democráticos, coinciden González y García.

“Para mí el costo más importante es el posible costo democrático. Yo sí creo mucho en que se puede hacer un uso inteligente de la tecnología en seguridad pero me parece un peligro gigante que se pueda hacer un mal uso de estos datos”, comenta González.

En respuesta a El Sabueso, el equipo de comunicación de Brugada respondió que para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y el adecuado uso de la tecnología en las labores de seguridad, invitará a personas expertas, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la ciudadanía a participar en la evaluación constante del desempeño de los cuerpos de seguridad y de la política de seguridad que implemente en caso de resultar electa.

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Otros discursos sobre la seguridad

En el arranque de sus campañas como aspirantes al Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski mencionaron el tema de seguridad durante sus discursos, pero especialistas coinciden en que han optado por la retórica en lugar de realizar propuestas concretas o explicar cómo lograrían cumplirlas.

“Vamos a blindar toda la Ciudad de México como lo hice en Benito Juárez, que logramos ser la alcaldía más segura del país. Yo le quiero regresar la tranquilidad y la paz a todas las familias de esta ciudad, yo no quiero que sigan viendo a la ciudad con miedo”, dijo el candidato de la coalición Va por CDMX al presentar “Las cinco de Taboada”.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del cuarto y último trimestre de 2023 revela que la alcaldía Benito Juárez, que gobernó Taboada, está en primer lugar a nivel nacional entre las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó menor, con 15.2 %. 

Sin embargo, blindar la capital del país no es un plan de seguridad. “Esa no es una propuesta realmente, es un discurso de campaña, es pura retórica”, menciona Fernando Escobar Ayala, investigador de la asociación civil Causa en Común.

Para Juan Manuel Aguilar,  miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), las condiciones de seguridad de la alcaldía Benito Juárez se interrelacionan con otros factores demográficos o económicos, por lo que no se puede replicar la estrategia en toda la Ciudad de México o en otras alcaldías. 

“Hay ciertas alcaldías que, por sus condiciones, tienen situaciones particulares de seguridad que no pueden ser replicadas. Lo que pasa en Benito Juárez no se puede hacer en Iztapalapa, no se puede hacer en Gustavo A. Madero”, menciona el investigador Posdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN).

Por su parte, Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano, habló de una reforma legislativa sin dar más detalles sobre lo que cambiaría en términos de seguridad.

“Vamos a meternos de a deveras a la seguridad para que podamos salir en paz, para que las mujeres se sientan seguras cuando están en la calle y para ello reforzaremos completamente el sistema y vamos a hacer una reforma enorme, legislativa, para cambiar el sistema de seguridad y de justicia”, dijo. 

Fernando Escobar Ayala y Juan Manuel Aguilar coinciden en que el abanderado de MC deberá aclarar en qué consiste esa reforma para conocer en qué consiste su modelo de seguridad.

Mientras Brugada habla de pacificar, Taboada quiere blindar la Ciudad de México y Chertorivski busca una reforma legislativa al sistema de seguridad y justicia.

Causa en Común realizó un listado de propuestas en materia de seguridad y justicia para que sean tomadas en cuenta por las y los aspirantes a cargos de elección popular. La primera consiste en ejecutar un plan para recuperar el control de todos los centros penitenciarios, reducir la sobrepoblación y mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad.

“En ningún lugar del documento de propuestas de Clara Brugada hay alguna mención a arreglar, a revisar la situación de las cárceles de la Ciudad de México (…), donde lo que abunda es el autogobierno, la saturación de las prisiones y, desde luego, las constantes violaciones a los derechos humanos”, sostiene Escobar Ayala. 

Taboada y Chertorivski tampoco han mencionado a las personas privadas de la libertad al hablar de seguridad y justicia, un tema que debería ser considerado porque la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México tiene bajo su responsabilidad 13 Centros de Reclusión para adultos, 11 para varones y dos para mujeres.