En 2 años, gobierno de Chihuahua gastó más de 500 mdp en publicidad oficial
Ciudad Juárez, Chihuahua.– En dos años, la administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván ha destinado más de 500 millones de pesos a contratos de publicidad oficial con medios de comunicación estatales y nacionales.
La mitad del presupuesto destinado a la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales se ha concentrado mediante múltiples contratos en tan solo 10 medios de comunicación.
Entre septiembre de 2021 y septiembre de 2023, la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado entregó un total de 312 contratos de publicidad equivalentes a un total de 518 millón 638 mil 764.46 pesos, de acuerdo con información oficial obtenida mediante solicitudes de información y la página de Contrataciones Públicas del Estado* (abajo se explica el método de cruce de datos).
El monto no solo implica un repunte en el gasto de publicidad oficial estatal, sino que representa el triple o doble del presupuesto otorgado por el Estado a dependencias y organismos públicos autónomos estatales.
Concentran 10 medios la mitad del dinero
La mitad del dinero otorgado en lo que va de la administración de María Eugenia Campos en contratos de publicidad oficial se concentró en 10 medios de comunicación, que a través de diversos contratos recibieron un total de 255 millones de pesos.
Entre los medios que más dinero público recibieron están El Diario de Juárez y Chihuahua, El Heraldo de Chihuahua, Televisa, Canal 44 de Juárez y Chihuahua, Multimedios, Radio Fórmula, Medios Masivos Mexicanos, Tv Azteca, Tiempo y Norte Digital.
El Diario, cuyo dueño es Osvaldo Rodríguez Borunda, fue el más beneficiado con un total de 77 millones 832 mil 823.72 pesos: Publicaciones del Chuvíscar S.A. de C.V. (El Diario de Chihuahua) recibió nueve contratos por un total de 38 mil 958 mil 476.31 pesos y Publicaciones e Impresos Paso del Norte S. de R.L. de C.V. (El Diario de Juárez) otros nueve contratos por 38 millones 874 mil 347.41 pesos.
Rodríguez Borunda también se vio beneficiado a través de la empresa Medios Diversificados del Sacramento, S. de R.L. de C.V., la cual recibió tres contratos por un total de 5 millones 999 mil 999.99 pesos.
A El Diario, le siguen El Heraldo de Chihuahua con 33 millones 519 mil 999.54 pesos mediante cinco contratos; Televisa con 27 millones 840 mil pesos mediante dos contratos; Canal 44 de Juárez y Chihuahua (propiedad de la familia del expresidente municipal de Juárez y actual diputado federal, Armando Cabada) con 28 millones 200 mil pesos a través de siete contratos; y Multimedios (estaciones de radio y televisión) con 17 millones 288 mil 461.54 pesos a través de siete contratos.
Radio Fórmula obtuvo un total de 16 millones 615 mil 384.62 pesos en tres contratos; Medios Masivos Mexicanos, 15 millones 599 mil 999.99 pesos en tres contratos; Tv Azteca, 14 millones 500 mil pesos en cuatro contratos; la página Tiempo, 12 millones 040 mil pesos en cinco contratos; y Norte Digital, 11 millones 600 mil en 2 contratos.
En total, la Coordinación de Comunicación Social del Estado concentró en 10 medios la mitad del gasto en publicidad oficial: 255 millones 036 mil 669 pesos, equivalentes al 49 por ciento de los 518 millones 638 mil 764.46 pesos que ha ejercido en total durante los dos primeros años de la administración de la gobernadora María Eugenia Campos.
Gasto se dispara con Maru Campos
El gasto en publicidad oficial de esta administración ha implicado un aumento significativo con respecto a lo que gastó el gobierno de Javier Corral Jurado en sus últimos años.
En 2021, todavía en el gobierno de Corral Jurado, el Estado presupuestó 58 millones 206 mil 678.15 pesos para publicidad, mientras que para 2022, la gobernadora Campos Galván elevó el gastó a 260 millones 132 mil 274.38 pesos: un incremento del 347 por ciento con respecto al año anterior.
De acuerdo con los estados de egresos de la Secretaría de Hacienda, hasta 2022 el gasto en publicidad estatal venía descendiendo: en 2019 fueron 140 millones 102 mil 789 y en 2020 bajó a 109 millones 748 mil 680 pesos.
Para 2023, la Coordinación de Comunicación Social tiene presupuestado incrementar aún más el gasto para publicidad oficial con 272 millones 922 mil 133 pesos. Hasta septiembre ha entregado contratos por un total de 200 mil 299 mil 811.93 pesos.
Supera presupuesto de dependencias
El presupuesto destinado a publicidad oficial por el Gobierno del Estado supera lo presupuestado para dependencias y organismos públicos autónomos estatales. En algunos casos, lo triplica.
La Comisión Estatal de Derecho Humanos (CEDH) contó con un total de 89 millones 782 mil 362.56 pesos en 2022 y 99 millones 981 mil 902 pesos en 2023, cuya suma (189 millones 764 mil 264.56) representa el 37 por ciento del gasto en publicidad oficial.
Asimismo, en dos años el Instituto Chihuahuense de las Mujeres recibió un presupuesto 141 millones 202 mil 837.48; la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (antes Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, COEPI) recibió 211 millones 903 mil 087.56 peso, y la Secretaría de Cultura del Estado 336 millones 025 mil 584.62.
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Como otras regiones en Colombia, el Catatumbo parece estar condenado por su riqueza natural, geográfica y de recursos.
El río Catatumbo es testigo de la historia de vida y muerte que marca a Colombia.
Baña a la región a la que da nombre, una de las más ricas en recursos y mejor geolocalizadas del país, y por años también fue depósito de los cadáveres que dejó la brutalidad paramilitar en la zona a fines de los 90.
Si bien la violencia nunca se apaciguó del todo, expertos ven ahora, más de dos décadas después, cómo se reviven algunas de las peores escenas de aquella época.
Desde el 15 de enero, violentos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC dejan al menos 80 muertos y más de 30.000 desplazados huyendo del horror.
La situación es ya considerada una crisis humanitaria.
La disputa por esta región es tan feroz que puso en jaque a la paz total que anhela el presidente Gustavo Petro para Colombia, quien suspendió las negociaciones con el ELN y movilizó a miles de soldados a la zona.
“La situación del Catatumbo es un fracaso de la nación”, dijo Petro.
Muchos leen la frase como un reconocimiento de que su política de paz está lastimada, pero otros la vinculan a las décadas que el Catatumbo acumula a merced de grupos armados, con un Estado que no logra resolver la violencia y precariedad a la que se exponen sus habitantes.
Como muchas otras partes del país, el Catatumbo parece condenado por su riqueza.
Qué implica controlar el Catatumbo
La región ocupa alrededor de la mitad del departamento Norte de Santander, en el nororiente colombiano, y parte del sur del Cesar.
Es un territorio de más de 4.800 km² junto a la frontera venezolana donde predominan bosques y selvas y una amplia variedad climática.
“Esta condición la hace muy apetecible como corredor estratégico y de movilidad para grupos armados insurgentes e ilegales”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
“En términos geográficos, el Catatumbo permite conectar el norte del país con Venezuela”, agrega por su parte Jorge Mantilla, doctor en criminología de la Universidad de Illinois en Chicago.
Si una guerrilla llegase a controlar por completo el Catatumbo, como ahora mismo se la disputan el ELN, disidencias de las FARC y grupos paramilitares, estaría cerca de dominar la frontera colombo-venezolana y el norte colombiano.
Esto es, en la práctica, hacerse con un vasto y estratégico territorio lleno de recursos naturales al que se le pueden sacar rentas millonarias.
Fue algo que comprendieron los primeros grupos guerrilleros que se asentaron en la región desde los 70, en pleno conflicto armado.
La riqueza que atrajo violencia
El Catatumbo fue en la primera mitad del siglo XX la primera provincia petrolera de Colombia.
Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, su cuenca ha sido una de las más prolíficas del país, aunque el crudo no trajo el progreso esperado para la región.
En ese contexto llegaron las guerrillas, atraídas por rentabilizar esa industria y aprovechar que el territorio vivía “marginado por el Estado”, según describe el Centro Nacional de Memoria Histórica.
El ELN y el Ejército Popular de Liberación (EPL, ya desmovilizado) arribaron a fines de los 70. Las FARC a mediados de los 80.
Según se expandieron estos grupos insurgentes de izquierda, el Estado aumentó su presencia militar, intensificándose el conflicto.
Luego, a fines de los 90, los habitantes sufrieron lo que ellos llaman la “arremetida paramilitar”, una barbarie que desde entonces estigmatiza a la región con sangre y terror.
Las muertes masivas y selectivas fueron constantes. Decenas de cuerpos eran arrojados al río Catatumbo. Muchos por supuestamente estar vinculados a grupos guerrilleros (ELN, EPL o FARC), según las razones que daban los paramilitares.
Las riberas de los afluentes se convirtieron en fosas comunes de las masacres.
Un halo de esperanza apareció para los locales tras el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en 2016, pero aquí nunca se materializó esa firma.
Como sucedió en diversas zonas ricas, amplias y de difícil acceso en Colombia, otros grupos armados llegaron antes que el Estado para ocupar los vacíos dejados por los desmovilizados de las FARC y apropiarse así de sus recursos.
En el caso del Catatumbo, “bosques, agua, petróleo, carbón y, desde los 90, coca”, menciona Arias, además de múltiples cultivos base para la alimentación.
Son recursos clave para el desarrollo que hasta la fecha no han servido para traer suficiente bienestar a sus habitantes.
Falta “inversión en infraestructura, en educación, en salud, en vivienda, en oportunidades laborales, en apoyo a proyectos productivos”, según un relato de la Comisión de la Verdad en Colombia.
Semillero de economías ilícitas
Las décadas de conflicto, la débil presencia del Estado y su ubicación estratégica convirtieron al Catatumbo en una región prolífica para rentas ilegales como el narcotráfico, la extorsión, el tráfico de migrantes desde Venezuela y el lavado de activos.
Guerrillas como el ELN, surgidas en los 60 con fines políticos, “transitan hacia un escenario donde cada vez es más importante la delincuencia organizada y donde aumentan su dependencia de economías ilícitas”, describe Mantilla.
El Catatumbo es uno de los enclaves cocaleros más importantes del país y, según este experto, superó en los últimos años la producción de cocaína de otras regiones como Nariño o Putumayo.
Un informe de las Naciones Unidas de 2024 estima que el Catatumbo contaba en 2023 con casi 54.000 hectáreas de hoja de coca.
Esta región y otras tres en el país son las únicas que superan las 30.000 hectáreas de ese cultivo.
Una concentración que, de acuerdo a testigos e informes sobre terreno, es controlada por los grupos armados presentes.
“Por algunos años, el ELN y disidencias las FARC, de alguna forma, coexistieron aquí”, cuenta Arias, “a excepción de 2018 cuando hubo enfrentamientos entre un reducto del EPL y el ELN”.
El experto recuerda que incluso el ELN facilitó el rearme de facciones de las FARC que no se adhirieron al proceso de paz de 2016.
“Desde 2019, estos grupos elaboraron algunos acuerdos tácitos de respetar zonas, asuntos y temas de finanzas”, dice Arias.
Dichos tratos abordaban temas de narcotráfico, financiamiento y extorsión, y le dieron una mayor estabilidad a la zona.
Una especie de “gobernabilidad paralela”, dice la Comisión de la Verdad.
En medio, el ELN se sentó a la mesa negociadora de la administración de Petro en unos diálogos de paz que lograron avances prometedores y un cese al fuego.
Pero los diálogos se enquistaron desde mayo de 2024, los acuerdos entre el ELN y otros grupos de la región se quebrantaron y la breve estabilidad del Catatumbo se desmorona en este arranque sangriento de 2025.
Clave para la paz
El Catatumbo demuestra también su importancia política en un conflicto que hoy luce lejos de resolverse.
Es casi imposible, según expertos, que haya paz en Colombia si no hay paz con el ELN, la guerrilla en activo más numerosa del país.
Además, el dominio por décadas del ELN en esta región fronteriza contribuyó a que en los últimos años se convirtiera en actor “binacional” y un instrumento “clarísimo de Venezuela para influir en Colombia”, según el analista Mantilla.
Esto complica, más si cabe, cualquier resolución.
El gobierno de Venezuela es garante de paz del ELN en las negociaciones con funcionarios colombianos.
“Maduro se lo recuerda con frecuencia a Petro”, dice Mantilla.
El académico también advierte que “la fortaleza militar del ELN es la frontera con Venezuela y el hecho de que ahora esté asumiendo una posición más beligerante es un recordatorio de que cualquier conversación de paz pasa por ese país”.
Un escenario particularmente complejo a la fecha, dado que las relaciones entre los gobiernos de Petro y Maduro atraviesan su momento más complicado después de que Colombia no reconociera la victoria del venezolano en las elecciones del pasado 28 de julio.
En la pugna de poder del Catatumbo, este experto cree que el ELN acabará imponiéndose sobre las disidencias de las FARC y otros grupos armados.
“Esto podría acelerar los acuerdos con las disidencias, que quizás busquen protección del Estado”.
Lo que sucedería con un ELN más poderoso e influyente es una incógnita, aunque muchos en Colombia conciben que la violencia reciente es un golpe definitivo a la legitimidad de cualquier acuerdo de paz.
Todo indica que lo que pase en el Catatumbo marcará en Colombia el debate sobre la seguridad y la paz a poco más de un año de nuevas elecciones presidenciales.
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