Mariana Rodríguez mostró una INE con dirección de Monterrey, pero vive en San Pedro
Para entender mejor
La precandidata de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez Cantú, mostró una imagen de su credencial de elector para asegurar que su residencia está en la capital neoleonesa, aunque documentos y otra evidencia coinciden en mostrar a San Pedro Garza como el municipio donde ha registrado su actividad empresarial, y donde tiene el domicilio que presume en redes sociales.
En la página Marcanet del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se observa que en abril de 2021 Mariana Rodríguez registró el nombre “Fosfo fosfo” como marca para prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, y como titular del registro indicó como domicilio una dirección de San Pedro Garza.
Del mismo modo, en la página del Registro Público de Comercio se puede observar que en el registro de cinco empresas con su nombre, de 2019 a 2021, se colocó como domicilio al mismo municipio de San Pedro, conocido por ser uno de los más ricos del país.
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En 2021, cuando era candidato a la gubernatura, Samuel García dijo que Rodríguez acudiría a votar en San Pedro.
Y un punto más de su vida sampetrina es el domicilio que muestra constantemente en redes sociales. La empresa de arquitectura y diseño de interiores Blásquez Villaseñor diseñó en dicha residencia una habitación para la hija de la también influencer, y señaló como ubicación en noviembre de 2022 San Pedro Garza García.
En el artículo de una entrevista que Rodríguez dio a la revista Quién, y que se publicó en marzo pasado, se menciona que al menos desde 2020 ella y García han vivido en San Pedro.
A una semana de que Samuel García asumiera la gubernatura de Nuevo León, en 2021, la empresaria recibió a Imelda Robles del periódico El Norte en su domicilio, que de acuerdo con la nota sobre la entrevista se ubica en la Colonia San Patricio, de San Pedro Garza García.
En 2022, Quién también publicó un video desde su casa sampetrina, y en la entrevista ella mencionó que vivía ahí con el gobernador Samuel García y no en la casa de gobierno porque ‘El Bronco’ había quitado esa residencia oficial.
Además, Rodríguez es exalumna del colegio American School Foundation of Monterrey, que se ubica en Santa Catarina, pegado al Valle Poniente del municipio de San Pedro.
La Constitución de Nuevo León establece como requerimiento para ser miembro de un ayuntamiento “tener residencia no menor de un año para el día de la elección en el Municipio en que esta se verifique”.
Rodríguez ha insistido en que sí cumple dicho requisito y mostró su credencial de elector, diciendo que nació, trabajó y reside en Monterrey, aunque no específico cuál es su domicilio en Monterrey, ni lo ha mostrado en alguno de sus videos.
Se buscó al equipo de Mariana Rodríguez, pero hasta el momento de publicación no se había obtenido respuesta.
La precandidatura de Rodríguez se confirmó luego de que Samuel García dejara su aspiración presidencial por el conflicto con el Congreso local y no poder asegurar que un interino de su mismo partido quedara al mando del gobierno estatal.
García comenzó a promocionarla incluso antes de que comenzaran las precampañas en Nuevo León, aunque la ley plantea que las autoridades sean imparciales ante los procesos electorales.
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Alrededor del 16% de los habitantes del West Virginia -que votaron en masa por Trump- dependen de un programa federal de subsidios alimentarios que se enfrenta a grandes recortes.
Elizabeth Butler va de un supermercado a otro en su ciudad natal, Martinsburg, West Virginia, para asegurarse de que consigue el mejor precio en cada artículo de su lista de la compra.
Junto con 42 millones de estadounidenses, paga esos alimentos con subsidios federales. Ese dinero no cubre toda la factura de su familia de tres miembros.
“La comida no nos dura ni un mes”, dice. “Voy a todos estos sitios diferentes sólo para asegurarme de que tenemos comida suficiente para todo el mes”.
Pero ese dinero podría acabarse pronto, ya que el Congreso se prepara para votar lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acuñado como su “gran y hermosa ley”.
El programa de subsidios alimentarios que utiliza la señora Butler -llamado Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, comúnmente conocido como SNAP- es una de las muchas partidas en el bloque de recortes, mientras el Congreso trata de conciliar las demandas aparentemente contradictorias del presidente de bajar los impuestos y equilibrar el presupuesto.
El Senado debe votar su versión del proyecto de ley pronto. Si se aprueba, se someterá a votación en la Cámara de Representantes, momento en el que se enviará a Trump para que la firme.
El presidente ha presionado a las dos cámaras del Congreso, que controla el Partido Republicano, para que aprueben la ley antes del 4 de julio.
La política detrás del recorte del SNAP
SNAP ofrece a los hogares con bajos ingresos, incluidos los estadounidenses adultos mayores, las familias con niños y las personas discapacitadas, dinero cada mes para comprar alimentos.
En West Virginia, uno de los estados con mayor índice de pobreza, el 16 % de la población depende de esta prestación.
El estado es también un bastión republicano fiable y votó abrumadoramente a Trump en noviembre de 2024, cuando se presentó con la promesa de reducir el coste de la vida de los estadounidenses, incluido el precio de los comestibles.
“Cuando gane, bajaré inmediatamente los precios, empezando el primer día”, dijo en una rueda de prensa en agosto rodeado de alimentos envasados, leche, carnes y huevos.
Meses después de que el presidente hiciera esa promesa, los precios de los comestibles de compra habitual, como el zumo de naranja, los huevos y el tocino, son más altos que en la misma época del año pasado.
Es un hecho que no ha pasado desapercibido para Butler: “El presidente aún no ha cambiado los precios de los alimentos y prometió a la gente que lo haría”.
Trump ha argumentado, sin dar una explicación de cómo, que los recortes de gastos en el proyecto de presupuesto de 1,000 páginas ayudarán a bajar los precios de los alimentos: “El recorte va a dar a todo el mundo mucha más comida, porque los precios están bajando mucho, los comestibles están bajando”, dijo Trump cuando se le preguntó específicamente sobre los recortes al SNAP.
“La ‘gran y hermosa’ ley fortalecerá en última instancia SNAP a través de medidas de reparto de costos y requisitos de trabajo de sentido común”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a la BBC.
Los republicanos llevan mucho tiempo divididos sobre cómo financiar programas de bienestar social como SNAP y Medicaid. Mientras que muchos piensan que el gobierno debe dar prioridad a equilibrar el presupuesto, otros, especialmente en las regiones empobrecidas, apoyan los programas que ayudan directamente a sus electores.
En su versión actual, los republicanos del Senado proponen recortes por un valor de US$211.000 millones, y los Estados serán en parte responsables de compensar la diferencia.
En teoría, aprobar el proyecto de ley debería ser una tarea política fácil, ya que los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca.
Pero como el proyecto de ley incluye recortes en programas como SNAP y Medicaid, que son populares entre los estadounidenses de a pie, vender el proyecto a todas las facciones del Partido Republicano no ha sido tarea fácil.
“Si no tenemos cuidado, la gente va a salir lastimada”
En las últimas semanas se han filtrado informes sobre la frustración y los disensos privados sobre los potenciales recortes a Medicaid y SNAP, develando la lucha interna que se está librando al interior del Partido Republicano.
El senador por West Virginia, Jim Justice, dijo al medio Politico en junio que ha advertido a sus camaradas republicanos que recortar el SNAP podría costarle al partido su mayoría en el Congreso cuando los electores vuelvan a las urnas en 2026.
“Si no tenemos cuidado, la gente va a salir lastimada, la gente se va a disgustar. Va a ser el tema número 1 en los noticieros centrales por todas partes”, dijo Justice.
“Y entonces, bien podríamos despertar a una situación en este país en la que la mayoría se convierta rápidamente en minoría”.
Una encuesta reciente de la agencia Associated Press y NORC Center for Public Affairs Research, reveló que el 45 % de los estadounidenses piensan que los programas de asistencia alimentaria como el SNAP están subfinanciados, mientras que sólo el 30% piensa que los niveles de financiamiento son los adecuados. Cerca de un cuarto de los encuestados consideraron que los programas están sobrefinanciados.
Esta no es la primera vez que el partido se enfrentado a los recortes al SNAP, dijo Tracy Roof, profesor de la Universidad de Richmond que actualmente está escribiendo un libro sobre la historia política del SNAP.
Bajo la administración de Biden, el Congreso permitió que se eliminaran progresivamente las prestaciones ampliadas que se habían puesto en marcha durante Covid, a pesar de que tanto republicanos como demócratas advirtieron de que los estadounidenses podrían pasar hambre.
“Una de las características del SNAP es que cuenta con apoyo bipartidista, más que cualquier otro programa contra la pobreza”, declaró la profesora Roof a la BBC.
Pero esta vez es diferente.
“Una cosa que distingue este periodo de los anteriores esfuerzos por recortar programas de ayuda social ha sido la disposición de los legisladores republicanos para votar a favor de cosas respecto de las que aparentemente, de manera extraoficial, tienen muchas preocupaciones”, dice. “Antes siempre había republicanos moderados, sobre todo en el Senado, pero en ambas Cámaras, que resistían hacer concesiones”.
Ella atribuye esa sumisión a dos cosas: el miedo a molestar a Trump y el poco temor a la reacción negativa del público por parte de los representantes que ocupan escaños en el Congreso en los que pueden ser reelegidos con facilidad
La BBC se puso en contacto con el congresista Riley Moore, que representa a Martinsburg, West Virginia, sobre los impactos de los recortes para sus electores, pero no respondió.
Moore votó a favor del proyecto inicial de la Cámara, que incluía los recortes al SNAP.
El senador de Missouri Josh Hawley, que había sido uno de los más críticos con los recortes, se ha suavizado desde entonces: Hawley declaró al medio de comunicación NOTUS que “siempre ha apoyado” la mayoría de los recortes de Medicaid y que “estaría bien” con la mayor parte de lo que contiene el proyecto de ley.
“Lo único que nos ha mantenido con vida a mí y a mi familia”
Padre de dos, Jordan, quien ha pedido que su apellido no sea usado en este artículo, ha sobrevivido los últimos tres años por los beneficios del SNAP.
Él y su esposa obtienen cerca de US$700 mensuales para alimentar a su familia de cuatro, pero aun así pasan apuros.
El joven de 26 años dice que su esposa ha tenido dificultades para encontrar un trabajo y al mismo tiempo cuidar de los dos hijos que tienen, por lo que si los cambios al programa SNAP impactan a su familia ya está preparado para actuar y conseguir un segundo trabajo.
“Me aseguraré de hacer lo que sea necesario para alimentar a mi familia”, dice.
Él y otros ciudadanos de West Virginia están siguiendo de cerca lo que ocurre con la ley en el Congreso.
Cameron Whetzel, de 25 años, creció en una familia que dependía del SNAP. Pero cuando él y su mujer intentaron solicitar el beneficio, se enteró de que ganar 15 dólares la hora era demasiado para poder optar a él, dijo.
“No está bien que tenga que duplicar mi salario para poder comprar alimentos”, dijo Whetzel, y añadió: “Llevamos cuatro meses sin comprar huevos porque son demasiado caros”.
Está frustrado, dice, porque las autoridades en Washington no entienden los impactos de los recortes que están respaldando en el Congreso.
“Hacer un recorte federal que luego recaiga en el Estado, que ya está en apuros, es como dar una patada a un caballo en el suelo”, afirma Whetzel. “Tanto si se cree en un gobierno pequeño como si se cree en un gobierno grande, el gobierno tiene que proveer a alguien, de alguna manera”.
*Con información adicional de Bernd Debusmann Jr
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