Tren Maya: la campaña de activistas para fortalecer recursos legales y así defender el territorio
#ParemosElTren es una de las iniciativas presentes en la Península de Yucatán para defender el territorio y la Selva Maya del proyecto denominado Tren Maya, el cual es impulsado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que mantiene activas las obras de construcción pese a los amparos y suspensiones definitivas en su contra.
Los procesos legales son estrategias de las que activistas y ambientalistas optaron para defender el territorio maya después de que las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que el gobierno de México presentó no muestran el impacto real a la flora y fauna que el Tren Maya tendrá en el ecosistema, y que ya comienza a ser visible.
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Las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) son documentos que se utiliza para determinar los daños que una obra o megaproyecto tendrá al impactar el territorio.
Para mantener activos los litigios por la defensa de la selva, miembros del colectivo SOS Cenotes, en alianza con la organización Terra Vida A.C., iniciaron una campaña de fondeo para continuar cubriendo los gastos que conlleva este proceso.
La lucha de ambientalistas contra el Tren Maya
Con dos amparos y suspensiones definitivas vigentes que ordenan detener las obras del Tren Maya en el Tramo 5 Sur, su construcción continúa. En el sitio, ambientalistas que monitorean continuamente la obra ya denunciaron el desplazamiento de la fauna y el derrame de diésel.
Miembros de SOS Cenotes explican a Animal MX que los recursos que se obtengan de la campaña “Detengamos la destrucción del Tren Maya” se destinarán para costear las visitas de campo de las abogadas en las comunidades afectadas y la realización de algunos peritajes que son parte de los litigios.
Eloy González, urbanista, consultor en movilidad sustentable y miembro de SOS Cenotes, menciona que las visitas realizadas por las abogadas de Terra Vida a las comunidades maya son importantes porque permiten socializar las demandas con las personas afectadas.
“Por ejemplo, hay una demanda relacionada con las comunidades indígenas, que es el proceso de la OIT que no se siguió con el tren. En eso, no son unos cuántos los afectados, son muchísimas las comunidades de toda la Península. Sin embargo, esa socialización no ha sido tan extensa por falta de recursos”, explica Eloy Gónzalez.
Parar el Tren Maya con procesos legales
Durante poco más de dos años, desde el que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cambiar el trazo original del Tren Maya en el Tramo 5 Sur por la selva maya sin una MIA que mostrara el impacto real al ecosistema, y sin programas y planes claros de remediación, activistas y ambientalistas iniciaron procesos legales para denunciar el inicio de un ecocidio.
Muchos de estos procesos legales y peritajes se han realizado pro bono, en especial por parte de la organización Terra Vida A.C. Sin embargo, para continuar con las visitas a las comunidades se necesita cubrir gastos de estancia y vuelos para llegar a ellas.
Tan solo en una visita de campo con tres de las abogadas que llevan una de las demandas de amparo, se llega a tener un gasto de 80 mil pesos, según cifras compartidas por miembros de SOS Cenotes para dimensionar el costo de los procesos.
Camila Jaber, apneista mexicana, ingeniera en recursos hídricos e integrante de SOS Cenotes, manifiesta a Animal MX haber puesto una demanda de amparo en contra del proyecto ferroviario y, como muchas otras, también recibió una suspensión definitiva para detener las obras del Tren Maya. Pero no ha sido respetada.
“Se trata del derecho humano a la cultura. Esto es interesante porque, desde el ámbito en que me desarrollo el inicio de mi carrera ha sido en los cenotes, espacios que han sido para el desarrollo de la cultura”, explica Camila Jaber.
Emprender esta campaña de fondeo para cubrir los gastos del trabajo de campo que realizan las abogadas en las visitas a las comunidades -añade Camila Jaber- permite dar un seguimiento adecuado para que los procesos legales avancen. Incluso, expandir el análisis de las afectaciones que el megaproyecto tiene en otros tramos 6 y 7.
Un tren que potenció la violencia e inundaciones
Jaber denuncia que el proyecto del Tren Maya no solo afecta a la biodiversidad de la Selva Maya, ya que con la llegada de la especulación inmobiliaria, se percibe un crecimiento desmedido alrededor de la obra.
“El Ten Maya se percibe y se está viendo como este ‘fósforo’ que está incendiando ese crecimiento en la zona. Un ejemplo es Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y, por supuesto, toda la parte que atraviesa Campeche y que llega hasta la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Hemos escuchado que la especulación inmobiliaria ha crecido sobremanera”, señala.
Con la llegada de inmobiliarias a la Selva Maya, miembros de SOS Cenotes señalan que el impacto sociocultural también comienza a verse en las comunidades, aún desde el desconocimiento sobre cómo beneficiará el proyecto a las comunidades. Incluso, la llegada de la violencia e inundaciones en zonas donde no las había.
Un ejemplo es la comunidad de Leona Vicario en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo. Jaber explica que ese sitio se encuentra cerca de una de las estaciones del tren en la que han visto una expansión de crecimiento urbano no planeado que no se percibía anteriormente.
“El tren está marcando la ruta de todos los proyectos que van detrás de él. Donde más se ha visto es la desinformación con la que opera [el Tren Maya] y que ha permitido que siga avanzando y se siga construyendo”, denuncia.
Otra de las afectaciones sociales que ha traído el Tren Maya a las comunidades afectadas son inundaciones como las que se viven en Bacalar y los pueblos que han quedado divididos.
“La información fue muy influenciada y se ha aprovechado de las necesidades y las deficiencias que se viven en esta zona, para impulsar el tren como una solución que evidentemente no llegó y no va a llegar. Tenemos claro que en su lugar llegaron los militares [y con ello] la pérdida de biodiversidad”, señala Camilia Jaber.
¿Cómo apoyar a difundir las consecuencias del Tren Maya?
Para continuar con los esfuerzos de difusión sobre las consecuencias del megaproyecto Tren Maya en las comunidades y la biodiversidad que SOS Cenotes en alianza con Terra Vida, lanzaron la iniciativa “Detengamos la destrucción del Tren Maya” en la plataforma de GoFundMe.
Si deseas apoyar esta iniciativa puedes hacerlo con la cantidad que desees aportar.
En alianza con TerraVida A.C., se impulsará el fortalecimiento de los procesos legales y de cuidado en defensa de la naturaleza y las comunidades que habitan en la Selva Maya.
Las actividades en las que destinarán los recursos son:
- Fortalecer los procesos legales actuales relacionados con la destrucción de la biodiversidad del territorio y la protección de derechos de las comunidades indígenas.
- Iniciar nuevos procesos legales por la destrucción de ecosistemas a lo largo de toda la vía del tren en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo y para detener el proyecto de turismo masivo Puerta al Mar que vulnera la reserva de la biósfera de Sian Ka’an.
- Fortalecer las acciones de defensa territorial, comunicación y concienciación del colectivo SOS Cenotes.
Eloy Gonzáles de SOS Cenotes señala que aunque el tren ya está avanzado, hay tramos que aún no están terminados como el 5, 6 y 7 y aún es factible e importante detenerlo.
“La dinámica de desarrollo que conocemos sigue ese mismo modelo del tren donde no importa nada y va por el interés económico. Es ahí cuando nos preguntamos ¿el tren para quién? porque no es para las comunidades”, sentencia.
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En el mundo solo Bolivia tiene un sistema de elección de altos magistrados por la vía del voto popular, algo que México implementará a partir del próximo año.
En México se promulgó hace unos días un nuevo sistema de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces a través del voto popular, en una polémica reforma del Poder Judicial que solo tiene un paralelo en el mundo: Bolivia.
El país sudamericano adoptó en su Constitución de 2009 un método inédito para adjudicar los puestos de las altas cortes del país a través de elecciones universales.
Solo algunos países a nivel local -Estados Unidos, Suiza y Japón- tiene elecciones de jueces.
Desde que se adoptó el nuevo sistema en Bolivia, los ciudadanos han acudido a las urnas en dos ocasiones (en 2011 y 2017) para votar por los candidatos que aspiraban a ocupar los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
Pero este tipo de elecciones no han contado con respaldo popular: en 2011 un 60% de los que votaron lo hicieron en blanco o anulando su voto, cifra que en 2017 llegó al 65%. Según algunos analistas, esto se debe a que los ciudadanos no conocen a los cientos de aspirantes que aparecen en las boletas.
“En el acto de votación, la gente manifiesta su propósito de dejar claro que no está de acuerdo con el método. Porque no conocen a los candidatos ni creen que sea la mejor forma de conformar a los tribunales”, explica Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fuera presidente de Bolivia (2005-2006) y presidente de la Corte Suprema de Justicia del país (2004-2005).
Por su parte, el jurista Farit Rojas, profesor e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, sostiene que la elección popular de los jueces ha sido un cambio positivo de “conquista de derechos”, pero coincide en que el método de selección de los candidatos -por una lista votada por mayoría en el Congreso- no cuenta con el respaldo mayoritario de los ciudadanos.
“En Bolivia estás obligado a votar, y si no hay sanciones. Y bajo esta lógica es que la gente acude a votar. Pero cuando no saben por quién votar, hay voto blanco o nulo”, explica Rojas.
El método boliviano es muy similar al que acaba de aprobar México.
“Que los elija la gente”
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador abanderó su propuesta de reforma al Poder Judicial como su máxima prioridad en su último año de gobierno. Aseguró que la intención de la reforma es democratizar un poder que califica como “ajeno” al pueblo.
“Consideramos que si se elijen a los jueces, como se hace en EE.UU. y en otros países, puede reformarse el Poder Judicial. Limpiarse, purificarse, y esto nos va ayudar a todos. Entonces no es algo para perjudicar al pueblo, para afectar la vida pública del país. No es concentrar el poder. Se está planteando un órgano independiente [de control] que no va a depender del Ejecutivo”, planteaba López Obrador en junio pasado.
“Primero que los elija la gente, porque es mucho mejor que los elija el pueblo a que se elijan en la cúpula. Es democrático. La gente sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene… ¿Y qué cosa no conviene? Que haya corrupción”.
Argumentos similares fueron esgrimidos en la Asamblea Constituyente que formuló una nueva Carta Magna en Bolivia en 2009.
“La administración de Justicia siempre fue vista como una herencia colonial, que servía para despojar derechos, territorios y otras poblaciones indígenas. Siempre hubo una desconfianza muy grande respecto de las instituciones de Justicia”, explica Farit Rojas. “Tenían en claro que debía participar la población. Lo que no tenían en claro era cómo elegir los mejores candidatos”.
En los últimos 15 años, dos han sido los mayores problemas en la experiencia boliviana: la selección de candidatos y el proceso de votación.
La cuestión de la preselección
La Constitución de Bolivia recoge una renovación sexenal de los altos cargos del Poder Judicial (la elección de 2023 se pospuso en medio de una disputa política y jurídica de los tres poderes).
La votación parte de una preselección que realiza la Asamblea Legislativa a través de una verificación de idoneidad de candidatos que es aprobada por una mayoría de dos terceras partes.
Tal mayoría la ha tenido en los últimos años el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), lo que ha supuesto que esta fuerza política haya tenido el poder de aprobar la lista.
Rodríguez Veltzé señala que este ha sido uno de los primeros puntos cuestionables. “Aprobaron las nóminas para la elección popular y no llevaron a los ciudadanos más capacitados o conocidos”.
“Al contrario, gente que tenía algún prestigio o que podía ser eventualmente un buen candidato, prefirió no presentarse para evitar la manipulación política o partidaria”, continúa.
Rojas coincide en que este método de preselección ha generado rechazo: “La población tiende a rechazar a los candidatos que evidentemente son candidatos del gobierno. La población no es tonta y sabe identificar a los candidatos afines al MAS y no los elije”.
En México, la reforma aprobada da un pase directo a la elección a los juristas que actualmente son parte del Poder Judicial. Pero también abre la puerta a la inscripción de otros perfiles con menor experiencia, pues basta con haber realizado la carrera de Derecho con una calificación de 8,5 sobre 10 y gozar de “buena reputación” para postularse a juez. En el caso de los magistrados de circuito, basta con tres años de experiencia.
En defensa de la reforma impulsada por AMLO, los legisladores del bloque mayoritario afirmaron que los requisitos son los que ya estaban en la ley y que solo están añadiendo más opciones y reglas de paridad de género.
Pero la oposición ha criticado que sea el Congreso, desde 2018 dominado por el bloque oficialista, el que elija a los aspirantes y que las listas solo sean sometidas a votación popular, al igual que ocurre en Bolivia.
Rodríguez Veltzé cree que, en general, este sistema no promueve que los juristas avancen en una carrera judicial profesional e independiente. Señala que en Bolivia, el hecho de que los mandatos sean sexenales, sin posibilidad de reelección, limita tal profesionalización. En México solo los jueces y magistrados de distrito podrán ser reelegidos, no así los ministros de la Suprema Corte. Todos estarán en el cargo durante 9 años.
“Creo que el sistema es contraproducente. No alienta a que los mejores abogados o abogadas participen de un proceso meritocrático”, sostiene Rodríguez Veltzé.
Rojas, sin embargo, encuentra positivo que el tradicionalmente cerrado ámbito judicial se haya abierto a la sociedad.
En ese sentido, los constituyentes bolivianos resaltaron que el nuevo sistema permitió por primera vez la participación de sectores marginados, como los pueblos indígenas, además de que privilegia la paridad de género.
La complicada votación
Los aspirantes que pasan por el filtro de la Asamblea Legislativa de Bolivia avanzan a la fase de elección, pero no pueden hacer campaña. Es el órgano electoral el encargado de informar a los ciudadanos sobre quiénes son, su hoja de vida y sus méritos.
“Cuando se presentaron las papeletas para el voto, eran unas hojas muy grandes con más de 100 fotografías pequeñas, con nombres de ciudadanas y ciudadanos, y al votante común le resultaba muy ajena la calidad de los postulantes”, explica Rodríguez Veltzé.
“Esta es una expresión objetiva del rechazo ciudadano a tomar una responsabilidad que en realidad debería responder a otra modalidad de elección”, añade.
En el caso de Bolivia, los ciudadanos votan por 26 cargos, mientras que en México la nueva ley somete a votación a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia (eliminando dos asientos) y a más de 1.600 magistrados de circuito y jueces de distrito. Para remplazar gradualmente los cargos, habrá elecciones a partir de 2025 y hasta 2036.
Como en Bolivia, en México también estarán prohibidas las campañas financiadas con dinero público o privado, así como la contratación de publicidad. Pero a los candidatos se les permite usar espacios del Estado en medios de comunicación y participar en foros y debates.
Los defensores de la ley aseguran que será viable una votación masiva al estar programada en un sistema escalonado de votaciones en la próxima década.
Pero los críticos advirtieron que será muy complejo para el ciudadano no solo conocer los perfiles de los candidatos, sino elegir entre muchos nombres en las boletas, como ocurrió en Bolivia en las dos últimas elecciones.
Los legisladores del bloque del gobierno de México argumentaron durante los debates de la reforma que, bajo el nuevo sistema, la boleta no estará politizada ya que no mencionará a partidos políticos. Además, señalaron que los tres poderes tendrán el derecho de presentar propuestas de candidatos, independientemente de su afinidad política o ideológica.
“No le tengan miedo al pueblo, no le tengan miedo a la democracia”, expresó el diputado Hamlet García Almaguer, del partido Morena, en uno de los debates.
¿Más influencia del crimen organizado?
Los críticos de la Reforma Judicial en México advirtieron que el voto popular podría abrir la puerta a que poderes ilícitos, como los cárteles del narcotráfico, pudieran influir en la elección de jueces al financiarlos o movilizar votos en su favor.
En Bolivia no se ha observado este fenómeno, señalan los analistas. La influencia se ha visto desde el sector de la política. “Cuando el voto está en manos de la población, es más complicado que los carteles puedan corromper a toda la población al votar”, explica Rojas.
“Creo, como muchos juristas, que la legitimidad no te la da el cómo eres nombrado, sino tus resultados, el cómo ejerces el cargo”, añade.
Los defensores de la reforma en México defienden que existen mecanismos para asegurarse de que esto no suceda, como los comités técnicos que realizarán evaluaciones rigurosas de la idoneidad de los candidatos antes de ser considerados por el Congreso.
También señalan que la reforma prevé mecanismos de control más fuertes que los que actualmente existen y que cuando los ciudadanos tengan sospechas de la complicidad de un magistrado con el crimen organizado, tendrán en sus votos el instrumento para detenerlo.
Y aseguran que con la creación del Tribunal de Disciplina se vigilará de manera efectiva la actuación de los jueces, a diferencia de lo que sucede con el actual Consejo de la Judicatura Federal, que tiene registros bajos de investigaciones contra magistrados (423 sanciones y 22 destituciones desde el año 2000).
¿Mejoró la justicia en Bolivia?
Lo cierto es que, luego de dos elecciones, en Bolivia el Poder Judicial sigue gozando de baja popularidad entre los ciudadanos.
Una encuesta difundida el año pasado -cuando debían haberse realizado las terceras elecciones de magistrados- por el Fondo de Promoción y Protección de Defensores de Derechos mostró que el 85% de los entrevistados en todo el país pensaba que la justicia era “poco o nada confiable”.
Rojas defiende que, aunque hay problemas, el sistema de votación popular ha sido un paso positivo hacia la mejora del sistema. Se puso la Justicia ante el ojo público, se redujeron los altos sueldos de los ministros y se abrió este poder a juristas externos al círculo tradicional.
“Se hizo pública la administración de justicia, cosa que no sucedía antes. Las reformas se pensaban en leyes, se pensaba que el problema era eso. Pero ahora se discute que el problema son las instituciones y las personas”, argumenta.
“En Bolivia la administración de justicia es lenta, es costosa, pero no en todos los casos es corrupta. Hay buenos jueces, buenos tribunales y buenas prácticas”.
Para Rodríguez Veltzé, por el contrario, la elección a través del voto popular no es la respuesta adecuada para tener buenos jueces. Además, cree que hace falta reformar otros elementos clave de la justicia para su correcto funcionamiento.
“No solamente son los jueces mal elegidos, sino el conjunto del órgano del poder que no ha contribuido a dar a la justicia su lugar. No hay un buen presupuesto, legislación adecuada, políticas públicas o tipos delictivos”, explica.
El bloque oficialista en México ha prometido que reformará otros aspectos de la justicia, como las fiscalías. Pero para Rodríguez Veltzé, la justicia “merece estar al margen de los vaivenes políticos”.
“El tema es tan serio que ameritaba mayor debate, mayor reflexión. Pero en todo caso, será la experiencia la que muestre los resultados. Lamento mucho que no hayan tomado en cuenta lo que pasó en mi país y que no ha funcionado”, reflexiona.
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