Amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad: ¿proceden para impugnar la reforma judicial?
Con la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) por la Cámara de Diputados, Senadores y Congresos locales, comenzó el debate sobre si, de parte de la oposición, proceden recursos de impugnación como las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y los amparos.
“Cada uno tiene particularidades y cada uno es distinto entre quienes los pueden presentar y cuáles son sus efectos, hay ciertos sujetos legitimados para presentarlos que están enlistados en la Constitución”, menciona en entrevista Daniel Eduardo Torres Checa, abogado por la Universidad Panamericana.
Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que es muy probable que pueda llegar al máximo tribunal de justicia alguno de los recursos ya mencionados.
Aunque, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, asegura que no procede ninguno para impugnar la reforma y que basta el artículo 135 constitucional que establece que el voto de dos terceras partes del Congreso de la Unión acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.
Ante estas posturas, en El Sabueso consultamos lo que dicen artículos constitucionales así como a diferentes especialistas, para explicarte las posibilidades y alcances que tiene la oposición para impugnar la reforma judicial:
Acciones de inconstitucionalidad
Una acción de inconstitucionalidad es el juicio mediante el cual la Corte resuelve si una norma transgrede la Constitución. De acuerdo con la SCJN, pueden promoverlo diversas instituciones, como las minorías parlamentarias.
El artículo 105 constitucional establece que las acciones de inconstitucionalidad pueden interponerse por el equivalente a 33% de las y los integrantes de cada Cámara.
El 33% de 128 senadoras y senadores es 42.24. Pero al tratarse de una fracción, la cifra asciende a 43.
Si bien la oposición cuenta con 43 senadoras y senadores, es decir, 22 del Partido Acción Nacional (PAN), 15 del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y seis de Movimiento Ciudadano (MC), el panista Miguel Ángel Yunes votó a favor de la reforma judicial y fue expulsado oficialmente de su bancada. Además está el legislador Manlio Fabio Beltrones, pero no tiene grupo parlamentario.
Entonces, la oposición ya no contaría con 43 legisladores, sino con 42. Esto incluso sumando a Daniel Barreda, de MC, quien no asistió a la votación.
Lo mismo ocurre en la Cámara de Diputados. Se requieren 33% de las y los legisladores, o sea al menos 165, pero la oposición no alcanza esa cifra.
Lo ocurrido en el Senado, donde legisladoras y legisladores de oposición terminaron respaldando a Morena y aliados, también tuvo repercusión en las oportunidades de impugnación.
“Con uno que pierdan, un senador que se cambia de bando, que se vaya a otro partido político, pierden también los números suficientes para poder presentar una acción de inconstitucionalidad, que es el recurso que tienen en este caso las minorías, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, para poder impugnar una reforma constitucional ante la Corte”, refiere Mariana Tamés Espadas, coordinadora jurídica de Strategia Electoral.
Sin embargo, una acción de inconstitucionalidad también puede ser promovida por el Poder Ejecutivo Federal, la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y los partidos políticos.
En el caso de estos últimos, si bien también pueden presentar dichas acciones, es importante acotar que “la facultad que tienen estos órganos para presentar las acciones deriva necesariamente de su relación con la materia que defienden”, señala Daniel Eduardo Torres Checa.
El PAN anunció que se ceñirá al artículo 105 constitucional, fracción II, inciso F, para interponer este mecanismo, el cual refiere que la reforma afecta en materia electoral. Pero, entonces, su reclamo se restringiría al tema de la elección de magistrados electorales y la integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Aquí la verdad es que entramos en un terreno un poco complicado porque, si bien es cierto que la reforma judicial afecta la materia electoral porque presenta modificaciones en cuanto a la integración de los órganos electorales y al método de selección de magistrados electorales, sólo sería respecto de los de los artículos en específico de la reforma judicial que afectan la materia electoral”, advierte Mariana Tamés Espadas.
¿Puede la Corte invalidar reformas a la Constitución?
Existe un debate sobre si la SCJN puede estudiar e invalidar reformas a la Constitución desde la perspectiva de violaciones al proceso legislativo.
“Tanto en la forma como en el fondo, la Suprema Corte tendría que preguntarse, primero, si está facultada para hacerlo y, segundo, si efectivamente hubo una violación al proceso o si efectivamente hay una violación material al resto de los principios. Y creo que tanto en términos jurídicos como en términos políticos es muy complicado”, indica Torres Checa.
Los criterios de la SCJN y su integración han cambiado con el paso de los años. Pero de acuerdo con el especialista, también hay que considerar el contexto político actual y el hecho de que se trata de una reforma al PJF. Es decir, que la Corte estaría discutiendo una reforma que afecta a su propia integración y funcionamiento.
La publicación Reformas constitucionales inconstitucionales, ¿condiciones para un nuevo debate?, de la que Torres Checa es coautor, menciona que en su momento el exministro presidente Arturo Zaldívar, en el amparo en revisión 2021/2009, defendió en su voto particular la procedencia de medios de control en contra de reformas constitucionales cuando se viole el proceso legislativo.
Otra postura es la del ministro Luis María Aguilar Morales quien, en el recurso de reclamación 9/2016, sostuvo revisar reformas constitucionales únicamente en casos “excepcionales” de violación al proceso legislativo.
Controversias constitucionales
La controversia constitucional es el juicio que resuelve la SCJN cuando uno de los tres poderes, órganos autónomos o niveles de gobierno consideran que una norma, acto u omisión invaden su esfera de competencia, vulnerando el orden Constitucional.
Pueden promover una controversia constitucional los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estatales, los municipios, el Poder Ejecutivo Federal, ambas Cámaras del Congreso de la Unión y órganos constitucionales autónomos federales y estatales, según la SCJN.
“Aquí podría ser que alguna entidad federativa o algún congreso estatal reclame la reforma judicial, sobre todo en entidades federativas donde hay una oposición a esta reforma judicial, como podría ser Querétaro, que rechazó en su legislatura local la este proceso de reforma constitucional”, comenta Daniel Eduardo Torres Checa, abogado litigante en materia constitucional.
Amparos
El amparo es un medio de defensa que tienen las personas para proteger, ante los tribunales, los derechos que reconoce la Constitución cuando una autoridad los está violentando. Estos se presentan, en primera instancia, a Juzgados de Distrito y no directamente ante la SCJN y tendrían que ir en contra del proceso de reforma no contra la reforma en sí.
Noemí Luna, secretaria general del PAN y coordinadora de las y los diputados federales panistas, dijo a Animal Político que la bancada tramitará un amparo por las presuntas irregularidades que se registraron durante la sesión en la que se aprobó la reforma judicial.
Entre ellas dudas sobre el quórum legal debido a que legisladores entraban y salían de la Sala de Armas; la violación de una suspensión provisional de una jueza que ordenó frenar el debate de la reforma; la falta de tiempo para que las y los legisladores conocieran a profundidad el dictamen, y un cambio de sede repentino.
“El juicio de amparo, a diferencia de lo que pasa con las acciones de inconstitucionalidad, quienes lo presentan son ciudadanos y ciudadanos que consideran que esa norma o esa reforma les afecta de alguna forma derechos e intereses. Entonces es muy probable que una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación veamos a colegios, barras de abogados, asociaciones, ciudadanía en particular para tratar de declarar la inconstitucionalidad”, dice Torres Checa.
La y el especialista concuerdan en que a partir de la publicación de la reforma judicial en el DOF, el PJF, que incluye a la SCJN, puede recibir una mezcla de los tres medios de impugnación por parte de diferentes actores y distintos tipos de afectación.
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La antigua casa de campo del líder nazi Joseph Goebbels es un lastre para el Estado, demasiado costosa para restaurar además de sus vínculos con un pasado funesto.
¿Qué hacer con una otrora gran casa de campo, construida en un terreno de unas 17 hectáreas a la orilla de un idílico lago, pero tristemente vinculada a uno de los personajes más macabros de la historia?
La propiedad está abandonada desde el año 2000, le cuesta al Estado un dineral mantenerla y nadie la quiere comprar.
¿La única opción? Regalarla.
Esa es la más reciente propuesta de las autoridades del estado de Berlín para deshacerse de lo que fue el retiro veraniego de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi de Adolf Hitler.
“Se la ofrezco a quien quiera hacerse del lugar, tomarla como un regalo del Estado federado de Berlín”, declaró en mayo el ministro de Finanzas, Stefan Evers, ante el Parlamento estatal.
Apodada por Goebbels como “Villa Bogensee”, por el lago aledaño que queda unos 15 kilómetros al norte del área metropolitana de Berlín, la propiedad decaída y abandonada se ha vuelto un lastre económico para el gobierno local, que debe pagar por su mantenimiento y seguridad.
No obstante, sigue siendo un sitio de atracción para algunos visitantes que se abren paso por entre la maleza para atisbar por entre los ventanales lo que fue una lujosa mansión con decenas de habitaciones
Por la preocupación de que el triste legado del lugar pueda atraer a grupos extremistas, las autoridades quieren la propiedad sea destinada a trabajar con fines sociales
Una organización que representa a judíos europeos propone convertirla en un centro de comunicación y psicología política y combatir discursos de odio.
De no encontrar una solución satisfactoria, su destino podría ser la completa demolición y allanamiento del área, para las cuales ya está preparado el gobierno local, según Stefan Evers.
La historia de la villa en Bogensee
Joseph Goebbels fue uno de los aliados más cercanos a Hitler. Ocupó el cargo de ministro de Propaganda nazi y brevemente canciller del Tercer Reich. Era un demagogo conocido por sus dotes de orador que utilizó para difundir su ideología antisemita y de guerra total.
Bogensee, un lago ovalado en el estado alemán de Brandemburgo y rodeado de un parque natural, fue dedicado a Goebbels por la administración de la ciudad de Berlín en 1936, cuando el dirigente nazi cumplió 39 cumpleaños.
El lugar contaba con una lujosa mansión que el ministro remodeló para incluir unas 40 habitaciones, decenas de aposentos para huéspedes y servicio, aire acondicionado, planta de tratamiento de agua, una sala privada de cine de 100 metros cuadrados y hasta un búnker.
Fue un retiro campestre para él, su esposa y seis hijos. Alejado de Berlín, en la soledad del bosque, el ministro de Propaganda se deleitaba en poder trabajar y leer en silencio sin recibir llamadas telefónicas ni correspondencia, según escribió en su diario.
Pero la villa también fue sede de veladas sociales con líderes nazis, artistas y actores. Goebbels, que tenía la reputación de poseer un gran apetito sexual, supuestamente utilizó el lugar como “nido de amor” para su relaciones secretas.
Al final de la guerra, cuando Goebbels se suicidó con su esposa -tras envenenar a sus seis hijos- el área de Bogensee fue ocupada por el Ejército Rojo por casi un año y luego sirvió temporalmente como un hospital militar.
Durante el período en que Alemania estuvo dividida, los predios fueron tomados por el ala de las juventudes del Partido Comunista de Alemania Oriental, que estableció una escuela de liderazgo con un centro de entrenamiento y varios bloques residenciales.
Tras la reunificación alemana en 1990, el complejo regresó a ser propiedad del estado federal de Berlín, pero la ciudad capital no pudo darle un uso.
¿Qué hacer con un lugar ensombrecido por el pasado?
En 2015, se fundó una asociación de desarrollo para preservar el edificio y usarlo como una academia internacional con miras a la educación en las áreas de crisis. Pero el proyecto se abandonó y la ciudad desistió de querer readaptarla o siquiera venderla.
En las afueras de lo que fue la lujosa villa, la maleza ha crecido alrededor de la mansión, impidiendo el paso a la sala de cine donde Goebbels proyectó sus películas de propaganda.
Las telarañas cubren las ventanas de los cuartos, las vigas de soporte se están cayendo y el polvo se ha apoderado de los salones.
El mantenimiento de la propiedad le cuesta al gobierno local unos US$300.000 al año, tan solo para evitar que se derrumbe completamente.
La restauración no sólo sería un proyecto sumamente costoso, sino que abriría toda una lata de gusanos en torno a la polémica de cuánto conservar de la historia nazi de Alemania al tiempo que las nuevas generaciones no quieren sepultar el pasado, por oscuro y complejo que sea.
Esas son las consideraciones que crean el dilema para las autoridades de qué hacer con este patrimonio.
“La historia del lugar es precisamente la razón por la que Berlín nunca dejaría esta construcción en manos privadas donde existiría el riesgo de que pudiera ser mal utilizada”, expresó el ministro Stefan Evers.
Propuesta inesperada
Tras los comentarios de exasperación hechos ante parlamentario estatal por Evers en mayo pasado, que ofreció regalar la mansión y el terreno, hubo una oleada de posibles prospectores de todo el mundo, informó el diario The New York Times.
Hubo indagaciones hechas por un dermatólogo que quería abrir un centro de cuidados de la piel, así como de varios especuladores inmobiliarios, según expresó Evers al diario. Pero ninguno de estos fue considerado apto, señaló el político.
Un grupo de extrema derecha llamado el movimiento Reichsbürger, del que algunos de sus miembros enfrentan un juicio por tratar de derrocar el gobierno, también hizo indagaciones que fueron rápidamente rechazadas.
Sin embargo, una de las propuestas más interesantes vino de uno de los lugares más inesperados.
La Asociación Judía Europea (EJA, por sus siglas en inglés) que representa a cientos de comunidades judías en ese continente, expresó interés en explorar la posibilidad de convertir el lugar en un centro de libre expresión y combate contra el discurso del odio.
El presidente de la EJA, el rabino Menachem Margolin, le escribó una carta al ministro berlinés, expresando su oposición a que la antigua villa de Goebbels fuera demolida, proponiendo convertirla en un centro de estudios para combatir todo tipo de odio.
“Convirtamos ese predio que propagaba la maldad absoluta en una fuente para propagar el bien. Sería una importante victoria moral”, escribió el rabino Margolin.
Evers respondió que el gesto es digno de atención, pero indicó que el asunto es de financiación y el gobierno estatal está preparado para seguir adelante con la demolición si no se encuentra la solución adecuada.
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