Infancias de Morelos se defienden legalmente y frenan construcción en el parque donde juegan
En Morelos, 8 niñas y niños lograron hacer lo que parecía imposible: detener una construcción para salvar el parque donde juegan diario y proteger el medioambiente.
Darío, Elías, Ángel Gabriel, Daniel Ismael, Cristian Raymundo, Hilda Marian, Annia Nohemí y Jonathan Pablo pidieron a través de un juicio de amparo que se detuviera la construcción de una plaza en el parque donde pasan horas y horas de diversión.
Las infancias pidieron que se respetara su derecho a un medioambiente sano, ya que la edificación implicaba talar los árboles que ahí habitan. Su demanda fue escuchada y resuelta a su favor.
¿Cómo iniciaron la demanda?
Para defender el parque en el que juegan, las 8 infancias y sus familiares decidieron iniciar la demanda de amparo bajo la asesoría de un abogado. En ella las niñas y niños, junto con sus padres y una persona de la tercera edad, interpusieron este recurso legal el pasado 28 de septiembre de 2021 contra actos del gobierno del Estado de Morelos y otras autoridades.
De acuerdo con la versión pública de la sentencia ―y de la que Animal MX tiene copia― las infancias y sus familias solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades correspondientes por otorgar un permiso para la construcción de una plaza que afectaría tanto su derecho a un medioambiente sano y su sano desarrollo.
La licenciada Martha Eugenia Magaña López, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, cuenta a Animal MX que las personas señalaron en la demanda su necesidad por defender el parque que siempre estuvo en su colonia para jugar, después de que las autoridades del Ayuntamiento comenzaron a hacer trabajos y transformarlo en una plaza.
Aunque la construcción del proyecto que las autoridades tenían prevista “era para hacerlo un poco más sofisticado y hacer algunas pistas, sí tenía una intención, quizás, de algo de entretenimiento, pero se perdía el tema orgánico (tradicional) que es lo que las personas de este juicio de amparo querían defender”, añadió de la jueza.
¿Qué dijo la jueza responsable de detener la construcción en el parque?
Al resolver el juicio de amparo 1251/2021 en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos con sede en Cuernavaca, la Jueza y el Secretario Rodolfo Andrés Martínez Hidalgo, determinaron que los argumentos que las infancias dieron en la demanda fue aceptada y resuelta a su favor, tras alertar que el parque en el que juegan estaba en peligro.
Para comunicar a las infancias el resultado de su demanda, la Jueza preparó un recurso que se conoce como “sentencia de lectura fácil”, en la que dio razón a los argumentos que presentaron.
“Ustedes tienen razón, el parque de la colonia CIVAC, debe tener una protección especial, eso obliga a las autoridades a que antes de hacer cualquier construcción o cambio, se tomen las medidas necesarias para cuidarlo, con eso lograremos lo que llamamos tener un medioambiente sano(sic)”, se lee en el documento del que Animal MX tiene copia.
El Parque Venus que las pequeñas y pequeños defendieron se encuentra en Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca, conocida como CIVAC, en el municipio de Jiutepec, Morelos y ha cumplido su función de ser un espacio común para sus habitantes desde hace 35 años.
Un parque que ha vivido por generaciones
La jueza Martha Eugenia Magaña López cuenta que desde su construcción, este parque ha sido un lugar tradicional, repleto de árboles, idóneo para que niñas y niños jueguen en él cuando lo visiten.
“Es un parque en el que ellos pueden desplazarse y jugar. Entonces, las autoridades del Ayuntamiento comenzaron a hacer trabajos para cambiar este parque y transformarlo en una plaza”, señala Magaña López.
En la sentencia de lectura fácil se explica que la construcción del proyecto en el parque y las obras realizadas en él, así como su ejecución, vulneraron los artículos 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esto tras poner en riesgo el derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. De igual manera, el daño ocasionado sería irreparable e irreversible perjudicando a las infancias y habitantes de esa comunidad.
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¿Qué es un juicio de amparo?
Un juicio de amparo ―explica la Jueza― se trata de un recurso extraordinario que se utiliza después de que se agotaron los medios posibles para resolver el acto u omisión de una autoridad.
“Por ejemplo, si nosotros tenemos un acto de autoridad y en el reglamento o en la ley que rige el actuar de esa autoridad existen recursos; es necesario primero, agotarlos, o sea, tramitarlos para obtener una respuesta”, explica.
Si esa respuesta es en sentido negativo o no ―conforme a nuestros intereses― aunque para otras personas fuera positivo, ya es posible llegar a un juicio de amparo.
“Esa es la regla general. Hay ocasiones que en forma directa se puede venir al juicio de amparo cuando se vulneran derechos constitucionales o algún derecho humano”, añadió la Jueza.
En el caso de los habitantes de la colonia donde se encuentra el parque, tuvieron un interés que en materia jurídica llaman “legítimo” y en el caso de la demanda de las infancias fue por defender un derecho ambiental.
La jueza Magaña López explica que todas las personas tenemos derecho a un medioambiente sano, a respirar un aire limpio o tener árboles, pero no a apropiarnos de esos recursos naturales, es decir, “propiamente no nos pertenece”, señala.
Además añadió que si bien tenemos derecho a ello, no es algo que pudiéramos quedarnos, obtener o pertenecer y es ahí de donde surge ese interés legítimo de las personas de la colonia CIVAC para defender el parque y la vegetación.
Si la construcción se hubiera llevado a cabo, los habitantes que viven cerca del parque se iban a ver afectados por factores como una posible contaminación del aire por la falta de árboles o que, tanto infancias como personas adultas, ya no pudieran contar con un espacio para jugar.
“Eso es lo que les dio derecho o entrada para presentar este juicio”, explicó la Jueza.
Autoridades fallaron, infancias se defendieron
En la sentencia a la que dio lectura la Jueza Magaña López, explicó a niñas y niños las acciones que las autoridades cometieron y que ponían en peligro su sano desarrollo.
“Decidí que las autoridades de manera inmediata deben realizar acciones para proteger el parque, porque si se daña cortando más árboles, sería muy difícil recuperarlo”, sentenció.
También les explicó que antes de permitir realizar cualquier cambio en el parque, las autoridades deben revisar que no se dañen los árboles y construcciones del lugar, ya que alrededor hay casas y en ellas habitan familias.
También les dijo que deberían consultar tales cambios con los vecinos de la colonia, para que juntos los protejan y tomen esa decisión.
En su explicación, la jueza les resaltó en caso de que decidan realizar algún cambio, las autoridades deben cuidar los espacios donde juegan y las áreas verdes, y en caso de ser modificados, solo podrán mejorarse cuidando de no perder la forma en que lo conocen. De ocurrir esto, las autoridades deberán informar a las infancias y sus familias a través de una carta sencilla.
Entre las autoridades responsables de cuidar el parque se encuentran el Secretario Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; el Síndico Municipal y representante legal y jurídico del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; el Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; y la Directora de Amparos, en representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México.
“Esto fue algo que nos tiene que poner mucha atención porque cuando los niños acudieron a escuchar esta sentencia, les decía que ellos tienen que saber que toda acción, por lo menos legal que ellos realizan o plantean, tiene una consecuencia y una respuesta”, señaló la Jueza.
Un formato de lectura para las infancias
Para esta sentencia se ordenó hacer un formato de lectura accesible para las infancias por las edades de cada una de ellas. En especial para comunicar de manera fácil y responsable la resolución al logró que consiguieron por defender el sitio donde juegan.
“Si nosotros no les damos una respuesta en la forma en que puedan entendernos, nunca vamos a lograr que los niños realmente ejerzan un derecho y tengan ese acceso realmente efectivo a la justicia”, menciona la Jueza Martha Eugenia Magaña López.
La sentencia que presentó fue específicamente para niños y adolescentes, en la que preparó un formato con palabras sencillas acorde a las edades de las infancias que fueron parte del proceso.
“Veo el rango de edad de las personas a las que me voy a dirigir. Después, tomo de la sentencia la idea fundamental: cuál era el problema y cómo se resolvió. En este caso, hice una infografía porque consideré que atendiendo el tema podía utilizar colores porque tengo que tratar de comunicarme con ellos, como ellos se comunican con el mundo”, explica.
En una revisión a la sentencia de “lectura sencilla”, como detalla la Jueza, Animal MX pudo leer paso a paso qué fue lo que se le comunicó a las infancias donde con colores, ilustraciones y un lenguaje fluido para sus edades se puede leer todo el proceso y su decisión final.
Los formatos de “lectura sencilla” se realizan en una diferentes procesos. Ante esto, la jueza enfatizó en la necesidad de cuidar mucho las palabras para no revictimizar a las personas.
Para ello, es importante contar la asesoría y acompañamiento de un equipo interdisciplinario e intercultural para crear vínculos a través de los formatos de comunicación sencilla en el proceso.
“Tenemos que atender cuál es la barrera que tenemos que fracturar: puede ser la edad, la comunicación, la lengua, alguna discapacidad, hay muchísimas”, recalcó la Jueza.
Actualmente, y tras conocer la sentencia a favor de las infancias, la Jueza explica que se encuentran en la fase de “cumplimiento”, es decir, al tratarse de un problema ambiental se necesita tiempo para comprobar que la reforestación que las autoridades dieron al parque por los árboles talados sea benéfica para los habitantes.
“Sí se está verificando que las áreas donde se puede trabajar todavía en el tema de reforestación se esté logrando. Esperamos que, finalmente, vuelvan a tener ese parque que anhelaban los niños y las familias que viven ahí”, finaliza la Jueza Magaña López.
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La vida de una colonia establecida por inmigrantes de Rusia en el litoral uruguayo cambió por completo cuando los militares la invadieron. Algunos se preguntan hasta hoy por qué.
A Víctor Macarov lo fueron a buscar a la salida de su instituto de enseñanza. Tenía 18 años.
A Miguel Schevzov, de la misma edad, se lo llevaron cuando estudiaba en casa de un amigo.
Vladimir Roslik Dubikin, también de 18, estaba en el cine y corrió igual suerte.
Una tras otra, una veintena de personas fueron detenidas entre abril y mayo de 1980 en San Javier, un pequeño pueblo de inmigrantes rusos en el oeste de Uruguay.
Los tomaron por sorpresa, mientras hacían las cosas más cotidianas.
Esteban Gilsov volvía de pescar. Jorge Gurin estaba en su casa con su esposa, Susana Zanoniani. Y Néstor Dubikin, de apenas 16 años, había ido en bicicleta hasta el río: ellos también fueron arrestados por la dictadura militar que había en Uruguay.
Los llevaron a un cuartel. Les pusieron capuchas. Los torturaron de forma salvaje. Y 11 de ellos fueron enviados a una cárcel por meses o años.
Ninguno sabía por qué los sometían a semejante martirio, una pesadilla que volvería cuatro años más tarde con más detenciones arbitrarias y un asesinato que marcó el fin del régimen militar.
Algunos se lo preguntan hasta hoy.
“No entiendo cuál es el motivo que llevó a esa gente a hacer todo eso, porque es una maldad”, dijo Dubikin, ahora con 62 años, como testigo de un juicio en desarrollo contra nueve acusados de cometer esos abusos. “Le destrozaron la vida a un montón de gente”.
El fiscal uruguayo para crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, aseguró que el absurdo se debió a la ascendencia de esas personas.
“A ellos se los privó de la libertad sólo por su condición de rusos, pero no por su actividad política, no porque hayan cometido ningún delito”, dijo Perciballe al inicio del juicio el mes pasado.
El propósito, sostuvo, fue “montar una mentira”.
“El olor del miedo”
San Javier descansa sobre el río Uruguay, unos 360 kilómetros al noroeste de Montevideo. Desde sus costas se avistan unos islotes cercanos, ya del lado argentino de la frontera fluvial.
El pueblo tenía cerca de 1.700 habitantes, en su mayoría de ascendencia rusa, cuando los militares irrumpieron en 1980 y comenzaron a arrestar gente, incluidas algunas mujeres.
Casi todos los detenidos fueron trasladados unos 90 kilómetros al sur hasta el batallón de infantería Nº 9 del Ejército, en la ciudad de Fray Bentos, donde todo adquirió tintes kafkianos.
Pasaron largos plantones encapuchados. Los interrogaron con golpizas, choques eléctricos y ahogamientos simulados -siempre bajo supervisión de un médico militar, que indicaba si la tortura podía seguir.
Les preguntaban por una supuesta pertenencia al Partido Comunista de Uruguay, ilegalizado y reprimido por la dictadura que comenzó en 1973 y terminó en 1985, aunque ninguno de los detenidos tenía actividad política según la Fiscalía y sus testigos.
Los interrogadores buscaban establecer vínculos entre los presos y la Unión Soviética.
Ricardo Bozinsky, que a sus 19 años fue una de las víctimas, testificó que los militares les decían cosas como que “ustedes los rusos son culpables de lo que pasó en Vietnam”.
“No sé lo que querían. Yo no entendía nada”, dijo Bozinsky ante el juez del caso, Claudio De León.
Les preguntaban por supuestas prácticas de tiro, por explosivos y contrabandos de armas. Por presuntos aviones que aterrizaban en medio del campo y por hipotéticos contactos con submarinos soviéticos, pese a que el río Uruguay allí tiene pocos metros de profundidad.
La mezcla de torturas y sinsentidos hizo mella en los detenidos.
“Lo más débil no es el músculo sino el agotamiento cerebral. Después, uno pierde el control mental sobre el tiempo y el espacio. Es como un delirio. Y la mente ve lo que quiere ver: ve frutas, agua”, testificó Aníbal Lapunov sobre los abusos que sufrió con 22 años.
“Después le pegan unos picanazos”, agregó, “uno se despabila y empiezan: ‘Sí, porque vos sos agente de la KGB (la agencia soviética de inteligencia) y tenés un submarino y tripulás un Boeing’… Y uno queda mirando”.
Lapunov recordó que llegaron a amenazarlo con empotrar sus pies en una lata con hormigón y lanzarlo al Río de la Plata.
“Esos famosos chinos, no eran nada chinos, eran otros como yo”, dijo que le advirtieron en referencia a unos cadáveres que habían aparecido tiempo antes en las costas uruguayas y que los militares atribuían a navegantes asiáticos.
Un par de adolescentes fueron conducidos por soldados armados a un campo cercano al pueblo, donde poco antes habían intentado avistar ovnis por simple hobby. Y, bajo amenazas de muerte, les preguntaban por armas escondidas.
“Es ridículo, es como la historia de los submarinos y del avión”, testificó Omar Karamán, que entonces tenía 17 años, sobre la idea de que hubiera una célula comunista armada en el pueblo. “Si no hubiese sido tan trágico, sería hasta chistoso”.
Los detenidos estaban incomunicados y sus familiares ignoraban qué les ocurría.
Lena Roslik aún evoca cómo olían las ropas de sus dos hermanos y su padre Miguel, presos en el cuartel, cuando las recibió a cambio prendas limpias que les llevaron.
“Tenían algunas manchas de sangre y un olor muy característico”, recordó como testigo del juicio. “No era olor a suciedad, era otro olor raro: yo le decía a mi madre que es el olor del miedo”.
Algunos fueron liberados luego de varios días.
Pero a 11 detenidos les hicieron firmar a fuerza de golpes y torturas una declaración que establecía que sí, que eran comunistas, que integraban un grupo armado.
La justicia militar los envió entonces al penal de Libertad, que pese a su nombre es una cárcel en el sur del país. Desconcertados, comunistas presos en su mismo piso les preguntaban quiénes eran, por qué ninguno encajaba en sus nociones sobre los miembros del partido.
Algunos pasarían un año y medio encerrados. Otros, cuatro años.
El 21 de junio de 1980, un comunicado oficial sobre ellos sostuvo que “una importante célula del aparato armado del proscripto Partido Comunista que estaba capacitando a sus elementos para la lucha armada fue desbaratada por las Fuerzas Conjuntas”.
Víctor Macarov, uno de los que estuvo preso hasta 1984, declaró en la causa que sólo se trataba de “jóvenes sin experiencia política, que eran los únicos que les podían haber firmado (…) que había un submarino, que aterrizaban Boeings en el Puerto Viejo entre las chircas”.
“A ver, si había un piloto que aterrizaba un Boeing en el Puerto Viejo tendría que estar enseñando a manejar aviones de combate”, ironizó. “Y si hay un submarino tendríamos que buscarlo, reflotarlo y cobrar una entrada para que la gente lo visite”.
“Sospechosos”
Puerto Viejo es el punto del río Uruguay donde desembarcó en 1913 cerca de medio millar de inmigrantes rusos para fundar su colonia.
Su objetivo era crear el reino de Dios en la tierra, explica Virginia Martínez, profesora de Historia, en su libro “Los rusos de San Javier” .
Pertenecían a una secta denominada Nuevo Israel que escapaba de la persecución de la Rusia zarista y fueron atraídos por un Uruguay que recibía de brazos abiertos a inmigrantes de diversos lugares.
El líder de la comunidad era Vasili Lubkov, a la vez profeta y administrador general. Lo llamaban “Papá”.
En sus inicios, la colonia reunió a unas 150 familias de campesinos que tenían un sistema de propiedad colectiva de la tierra y sembaban trigo, maíz y lino. También produjeron el primer aceite de girasol uruguayo.
Con el tiempo, el liderazgo de “Papá” generó disidencias internas. Y la colonia de San Javier, con sus peculiares reglas y costumbres, motivó debates en la prensa y hasta en el Parlamento de un país que ya consagraba la laicidad.
Al final Lubkov fue privado de su poder de administrador y, junto a un grupo de familias, emprendió el viaje de vuelta a sus tierras de origen en 1926. Pero entonces Rusia ya había conformado la Unión Soviética, y el profeta fue enviado a un campo de concentración.
A San Javier llegaron nuevos inmigrantes rusos, ucranianos y de otras nacionalidades, muchos huyendo entonces de la Revolución rusa y el socialismo.
En el pueblo surgieron tensiones con los reclamos de tierras liderados por comunistas. En 1933 una persona murió y otras resultaron heridas cuando la policía reprimió una reunión sindical.
Pero San Javier nunca fue un bastión comunista ni de izquierda. Muchos allí simplemente desatendían la política o simpatizaban con el tradicional Partido Colorado, que gobernaba el país cuando llegaron los primeros colonos.
Poco pareció importarle eso al régimen militar que se instaló en Uruguay a partir de 1973 y que, al igual que otros gobiernos de facto durante esos años en Sudamérica, consideró al comunismo y a la izquierda en general como un enemigo a destruir en el marco de la Guerra Fría.
El mero hecho de que en San Javier hablaran ruso, hubiera bailes o comidas eslavas y algunos fueran a estudiar becados en Moscú “los transformó para la ideología profundamente anticomunista de la dictadura en sospechosos”, dijo Martínez en el juicio.
El mismo año en que dieron el golpe de Estado, los militares realizaron allanamientos y arrestos en San Javier. Volvieron en 1976 con más represión.
Pero nada se compara a lo que ocurriría después.
“Un gran quiebre”
“¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Asesinos!”.
María Zavalkin repite en el juzgado de Fray Bentos los gritos que soltó cuando le entregaron el cuerpo sin vida de su esposo, el médico Vladimir Roslik Bichcov, el lunes 16 de abril de 1984.
Roslik murió a los 42 años. Su cadáver estaba dentro de un cajón sin tapa en una morgue de la misma ciudad, describe Zavalkin. Tenía la cabeza vendada, parte de la nariz negra y una camisa con sangre en el pecho.
Ella le gritaba entonces al médico Eduardo Saiz, jefe del servicio sanitario del batallón Nº 9 del Ejército, que huía del lugar.
Zavalkin conocía a Saiz desde 1980, cuando su marido fue preso y torturado en ese cuartel y ella intentaba llevarle medicamentos.
Roslik era uno de los 11 detenidos de San Javier enviados a la cárcel de Libertad. Pasó 18 meses allí por supuestos vínculos con el Partido Comunista, que Zavalkin descarta.
Cuando fue liberado y volvió a su casa en San Javier, le pidió por favor a su esposa que jamás le preguntara lo que había pasado.
“Nunca quiso hablar, pero cambió”, dice Zavalkin ante el juez. “Estuvo en el baño no sé cuánto rato, mirándose en el espejo”.
Nacido en San Javier de padres rusos, Roslik había estudiado Medicina en Moscú becado por la universidad Patrice Lumumba.
De vuelta en su pueblo natal en 1969, pasó a ser un médico solicitado por muchos vecinos que valoraban sus conocimientos, disponibilidad y manejo del idioma ruso.
Pero al salir de la cárcel las autoridades le prohibieron ejercer su profesión y, según Zavalkin, “eso fue lo que más sufrió”.
Ambos tuvieron un hijo, Valery, cuatro meses antes de que los militares volvieran por Roslik en la madrugada del domingo 15 de abril de 1984.
En la redada, una reedición súbita de lo vivido cuatro años antes, detuvieron a otros habitantes de San Javier para llevarlos al batallón de Fray Bentos e interrogados bajo tortura sobre presuntos vínculos con el comunismo y traslados de submarinos con armas por el río.
“¡Otra vez no!”, gritaba Roslik cuando los soldados irrumpieron en su casa, le colocaron esposas y capucha, y se lo llevaron en llantos, recuerda Zavalkin emocionada.
A las seis de la mañana del día siguiente, su padre le avisó que su marido había fallecido. Entonces ella asumió que lo habían matado.
La primera autopsia de Roslik, realizada por Saiz, apuntó sin embargo a signos compatibles con una muerte por paro cardiorrespiratorio, sin violencia.
Luego de enfrentar a Saiz a los gritos y de recibir un certificado de defunción con omisiones notorias, Zavalkin llamó a un médico conocido que le recomendó solicitar otra autopsia.
El nuevo examen fue autorizado en la ciudad de Paysandú con otros médicos militares y estableció como causa de la muerte “anemia aguda; síndrome asfictivo”.
El médico de confianza de Zavalkin participó de esa autopsia y registró varios signos de violencia en el cadáver.
Un informe posterior de peritos forenses en base a ambas autopsias concluyó que Roslik tuvo “una muerte violenta multicausal”, con desgarro del hígado, varios traumatismos y obstrucción de la vía aérea con un material fluido similar al del estómago.
El régimen se negaba a admitir que Roslik había sido asesinado. En cambio, insistía en que integraba “una agrupación subversiva vinculada al clandestino Partido Comunista” que traficaba armas.
Pero los resultados de la segunda autopsia y del último informe forense fueron revelados por la prensa, y se supo que Roslik murió detenido bajo tortura.
Ese sería el último crimen de una dictadura que se desmoronaba poco a poco, como sus mentiras.
“Lo que pasó con el asesinato de Roslik”, dice la profesora Martínez en el juzgado, “es un gran quiebre en el país” y “en la conciencia de buena parte de la sociedad”.
Infiltrados
Cómo surgió exactamente la idea de los militares uruguayos de invadir San Javier en 1980 y 1984 sigue siendo un misterio.
Daniel Rey Piuma, un desertor de la Armada hoy fallecido, sostuvo en un libro ya en democracia que el operativo de 1980 comenzó con una denuncia anónima enviada a una unidad naval distante, sobre la correspondencia de dos personas del pueblo.
En esos años la colonia recibía correo de la Unión Soviética, sobre todo porque muchos tenían familiares allí, explicaron testigos del juicio. Pero descartaron que se tratara de material político prohibido.
Sin embargo, tras aquella denuncia anónima los servicios de inteligencia del régimen infiltraron el pueblo. Enviaron agentes que se hacían pasar por turistas, cazadores o vendedores de autos, en busca de información sobre presuntas actividades subversivas.
“Hicieron una inteligencia sostenida y se dieron cuenta de que ahí no había tal célula armada”, indicó Martínez ante el juez.
Pero el Ejército invadió San Javier de todos modos. Y, además de detener a adultos y menores de edad, clausuró el Centro Cultural Máximo Gorki donde los locales practicaban idioma, danzas y música de Rusia.
Los soldados destrozaron murales que decoraban el escenario del club y se llevaron piezas de utilería como espadas, palos y una vieja estrella con la hoz y el martillo como pruebas de que había comunistas con armas, testificó José Erramuspe, que integraba la comisión del centro cultural.
Las autoridades informaron que en San Javier incautaron distintas armas largas y cortas. Pero la mayoría eran escopetas y revólveres de bajo calibre, material más típico de un pueblo rural que de un arsenal soviético.
El fiscal Perciballe sostuvo que servicios militares de inteligencia “montaron ficticiamente esta idea de que en San Javier había gente vinculada a la Unión Soviética y al Partido Comunista, que es absolutamente falsa”, para reforzar la posición del régimen antes de un plebiscito constitucional convocado en 1980 buscando seguir en el poder.
Sin embargo, en noviembre de ese año los uruguayos votaron contra la propuesta constitucional de las Fuerzas Armadas.
Y en 1984 los sectores más duros de la dictadura intentaron reflotar la noción de una amenaza comunista en San Javier para obstaculizar el retorno de la democracia al país, porque “querían mantener sus beneficios” y “la impunidad que tenían hasta ese momento”, indicó Perciballe.
Entre los nueve imputados en el juicio figuran oficiales que estaban a cargo del batallón de Fray Bentos durante las detenciones y torturas, como Óscar Mario Roca y Sergio Caubarrere, y otros acusados de conducir los apremios físicos, como Dardo Ivo Morales y Abel Pérez.
En el banquillo de acusados también está el exmédico militar Saiz.
El fiscal reclama condenas de entre 11 y 15 años y medio de prisión.
Los imputados se declaran inocentes y sus abogados niegan que haya pruebas para condenarlos.
“La Fiscalía ha construido un relato que, más allá de lo jurídico, es un relato político e histórico, pretendiendo juzgar una época y no las acciones concretas y personales de los acusados”, sostuvo una de las abogadas defensoras, Graciela Figueredo, al inicio del juicio oral.
Agregó que “los acusados cumplieron funciones militares formales en un contexto institucional determinado, sin haber ordenado, participado ni colaborado en actos ilícitos”.
Otro abogado defensor, Fernando Doti, sostuvo que en el batallón “se seguía una cadena de mando”.
“No se estaba en poder, dicho de otra manera, de cuestionar o detener las acciones ordenadas porque venían desde una jerarquía o una cadena de mando”, indicó.
El argumento de la “obediencia debida” ha sido esgrimido por exmilitares uruguayos en otros casos por violaciones de derechos humanos, aunque es considerado contrario al derecho internacional.
En el gobierno de facto en Uruguay hubo miles de prisioneros políticos y torturados. Según cifras oficiales, 197 personas desaparecieron (la gran mayoría aún sin ser encontradas) y 202 fueron asesinadas por responsabilidad del Estado entre 1968 y 1985.
Ya en su etapa final, el juicio sobre San Javier es una de las causas por crímenes de lesa humanidad durante el régimen militar que se abrieron en el país después que en 2011 se invalidara una ley que blindaba de persecución a los responsables de esos delitos, la cual había sido ratificada en dos votaciones populares.
El asesinato de Roslik quedó excluido de la causa debido a una sentencia previa que lo consideró cosa juzgada.
Pero Zavalkin siente que está más cerca de alcanzar la justicia que busca desde 1984.
“Recién ahora, menos mal que estoy lúcida todavía, es que se ha podido hacer todo esto”, dice a sus 72 años.
“Una novela de terror”
El infierno que vivió San Javier aún se evoca de distintas formas allí.
El camino principal que conduce al pueblo hoy se llama Vladimir Roslik.
Una fundación sin fines de lucro con el mismo nombre impulsada por la familia de Roslik ha abierto una policlínica, un hogar de ancianos y un centro de atención a la infancia en el pueblo.
En la comunidad se mantienen tradiciones rusas en comidas como el borsch o el vareniki, y el grupo local Kalinka de danza tradicional reunió recientemente a unas 200 personas en un espectáculo en el Centro Cultural Máximo Gorki, que reabrió en democracia.
Pero hoy es difícil escuchar la lengua que trajeron los inmigrantes. “Casi nadie entiende nada” de ruso, dice Norma Karamán, quien en el pasado enseñó ese idioma en el pueblo.
Durante el juicio, Zavalkin vinculó el cambio a los operativos militares de los años ’80. “La gente se asustó. Y lo del ruso se borró: nadie quería hablar ruso”, relató.
Otros testigos también hablaron de secuelas de miedo y desconfianza entre vecinos.
“Vivimos aterrorizados mucho tiempo”, dijo Ana Semikin, quien presenció la detención de su padre. “Sufrir todo eso de buenas a primeras fue muy difícil. No sólo para las familias; fue muy difícil para el pueblo. Convivir con la gente también, porque muchos creían lo que decía el diario, lo que pasaban por la televisión una y otra vez”.
Sergio Onetto, quien fue detenido durante días en 1980 cuando tenía 17 años, sostuvo que “tal vez la peor secuela fue la secuela social”.
“San Javier era un pueblo muy amiguero. Yo entraba y salía de un montón de casas sin golpear la puerta. Y un montón de personas me pidieron que no fuera más”, testificó.
Al año siguiente, Onetto se mudó a Montevideo, donde más tarde se recibiría de psiquiatra. Pero cuando volvía a San Javier de visita, recordó, veía cómo “se les trancó el proyecto de vida” a sus amigos jóvenes que pasaron más tiempo presos.
Uno de ellos es Vladimir Roslik Dubikin, sobrino homónimo del médico asesinado, en quien notó un “deterioro psíquico muy importante” tras salir del penal de Libertad. Hoy vive internado en una casa de salud.
“En mayor o menor medida, todos salimos con secuelas psicológicas”, testificó Macarov. “Las torturas hechas por un ser humano a otro ser humano no creo que se puedan olvidar”.
Susana Zanoniani, una exmaestra del pueblo que fue detenida y torturada en 1980 junto a jóvenes que fueron alumnos suyos, habló como testigo por videoconferencia a sus 80 años y reclamó justicia por las víctimas, “por el que está loco, por los que se mataron, por los que se murieron injustamente”.
“Nada hoy crea una novela de terror como la que hicieron los militares en San Javier”, reflexionó. “Porque fue una novela de terror”.
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