Eugenio, el fresno que aloja pájaros carpinteros, mitiga el clima y unió a sus vecinos contra la tala de una inmobiliaria en CDMX
Eugenio es un árbol de 150 años de edad que corre el riesgo de ser talado por una inmobiliaria que busca imponer un proyecto en la cerrada de Eugenia 28, en la colonia Del Valle, de la alcaldía Benito Juárez en la CDMX.
Este fresno mide casi 30 metros de alto y cuenta con una copa de verdes hojas de casi 20 metros, un abrazo a este árbol se hace a medias ya que tiene una circunferencia de 3 metros.
En esta misma calle habitan poco más de 10 grandes árboles y juntos forman una barrera natural contra el clima extremo, permitiendo que flora y fauna sean parte del ecosistema. A ellos llegan aves, ardillas, cacomixtles, insectos y polinizadores.
En el catálogo de árboles de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, el fresno o Fraxinus Uhdei es parte de la vegetación endémica de México con presencia en CDMX. Incluso, es parte de las observaciones de especialistas y observadores ciudadanos en la plataforma de Naturalista de la Conabio.
Aunque el árbol Eugenio es uno de los árboles que protege la Sedema en la Ciudad de México, los vecinos cuentan con la copia de un documento en el que autoridades dieron un permiso a la desarrolladora Grupo Adinse para talar siete árboles, por una compensación económica por la restitución de árboles por poco más de 685 mil pesos.
Por ejemplo, en el documento, la desarrolladora sólo presenta una tabla que explica la compensación que se da por cada árbol dependiendo de su tamaño que parte de los 8 metros. Eugenio es un fresno de 30 metros.
Hasta ahora, la desarrolladora quitó dos árboles. Vecinos de la cerrada denunciaron que la tala se hizo con irregularidades desde no portar uniforme, herramientas, equipo de seguridad y unidades identificadas con alguna de las áreas encargadas para retirar la vegetación.
Eugenio vive en la Ciudad de México desde hace 150 años, él forma parte de los árboles que habitan en la ciudad y sus vecinos no quieren que sea talado, tal y como ocurrió con dos árboles que en octubre fueron derribados sin protocolos de seguridad, ni plan de restauración, según denunciaron los vecinos.
El árbol Eugenio de CDMX, “protegido” por autoridades ambientales
La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) cuenta con un programa denominado #RetoVerde para revegetar y reforestar la ciudad con el objetivo de tener más espacios verdes, aumentar la humedad ambiental y mitigar los efectos del cambio climático, según describen en el sitio web.
De este programa nace la guía de campo “Árboles comunes de la Ciudad de México”, un folleto en el que con ilustraciones de las diferentes especies de árboles que habitan en la ciudad se encuentra el fresno (Fraxinus Uhdei), especie a la que pertenece Eugenio y que se trata de un árbol que se caracteriza por tener hojas compuestas y una altura de 30 metros.
A pesar de ser un árbol protegido e identificado como parte de la vegetación de la Ciudad de México, la Sedema decidió otorgar un posible permiso para que Eugenio.
Animal Político intentó contactar en tres ocasiones a la Sedema para conocer cuál sería el destino de este árbol, pero sin tener respuesta. Mientras que, el jefe de gobierno, Martí Batres, señaló en la conferencia de prensa del 14 de noviembre que Eugenio no será talado y la desarrolladora debe incluirlo en su proyecto.
“La idea del gobierno es que no se quite el árbol Eugenio, estamos en coincidencia con los vecinos y el desarrollo que se realice ahí tendrá que incluir al árbol en su proyecto”, declaró Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México.
En octubre, vecinos lograron comunicación con las autoridades de Protección Civil y Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) para intentar detener la tala de dos árboles semejantes a Eugenio, sin embargo, no se logró ya que un representante que se identificó como parte de la desarrolladora presentó supuestas autorizaciones para la tala. Desde ese día, los vecinos no han dejado de denunciar las irregularidades de Grupo Adinse para defender a este fresno monumental.
Una de sus acciones más representativas fue la organización del #EugeFest, un evento que reunió a personas de todas las edades para defender e informar a la ciudadanía interesada por el rescate de los espacios verdes con arte, a través de la música, pláticas, ciencia ciudadana y concurso de dibujos donde cada integrante de esta comunidad expresaba lo que este fresno les hacía sentir, es decir, los servicios ecosistémicos y de mitigación que un árbol proporciona.
Eugenio a través de sus vecinos
Animal Político consultó a vecinas y vecinos de Eugenio, algunas personas llevan tan solo un par de años viviendo en esta calle y otras lo conocen desde pequeños.
Uno de ellos es Luis, un hombre de 68 años que nació y creció en la calle Eugenia. Durante más de 40 años se dedicó a la aviación, hoy está jubilado y recuerda cómo ha sido su vida al crecer junto al árbol Eugenio.
Luis cuenta que el árbol Eugenio se encuentra dentro de un predio en el que, anteriormente, fue la casa del escritor Manuel Toussaint. A su muerte, la viuda del escritor siguió viviendo en ese lugar. Tanto Luis como su mamá la conocieron y trataron por mucho tiempo. Con el tiempo el predio pasó a ser de la Fundación de Ayuda a la Ancianidad I.A.P.
“Eugenio es parte del paisaje y la variedad biológica de la zona. Lo que me preocupa del árbol es que hemos estado viendo las consecuencias de un cambio climático, de la tala inmoderada, de los pocos ejemplares monumentales que tenemos en la ciudad de México”, señaló Luis en entrevista para Animal Político.
Para Luis, salvar a Eugenio es un motivo de justicia ambiental.
“Eugenio, no es el único, son casi 6 o 7 árboles, el segundo más grande después de Eugenio a ese lo talaron sin decir nada, fue lo que detonó todo esto. Sin previo aviso, sin manifestación de obra, de pronto llegan unos gandules con motosierras y en menos de cuatro horas lo hicieron trizas”, denunció Luis.
“Me motiva que se trata también de un ser vivo. Para su edad, Eugenio está en plena madurez entonces, quién les da el derecho de llegar y traer una sierra eléctrica para un árbol frondoso y bonito y todavía tienen el descaro de anunciar sus departamentos en “bonita calle arbolada”. La contradicción y el doble discurso que manejan”, añadió
Salvar a Eugenio y los árboles que permanecen en el predio es el único objetivo que ha unido a los vecinos. Incluso, que se logre una norma de declaratoria de patrimonio cultural, natural o biocultural para la Ciudad de México y proteja a la vegetación que la rodea.
“Imagina para quienes lo hemos visto siempre, que desde hace 50 años lo has visto y ahora pensar que ya no podrás verlo sí es un cambio y un impacto en tu vida. Nos motiva salvar el entorno, la calle y la calidad de vida, de llegar, entrar a tu casa y verlo hasta te relaja y tranquiliza”, describió Luis.
“Lo vi desde que era niño”: vecinos en defensa del árbol Eugenio
Gustavo es otro de los vecinos que creció en Eugenia 28, de la colonia Del Valle en la alcaldía Benito Juarez. Hoy es un empresario de 34 años y cuenta que él ha convivido con Eugenio desde que nació. Al igual que sus vecinos se ha dedicado a defender al monumental fresno por justicia ambiental y estar en contra de la corrupción de las inmobiliarias.
A Gustavo le gusta ver a Eugenio desde su ventana desde que era niño “jugando y viendo su majestuosa copa, más adelante haciendo tarea y verlo me daba alegría, así pasando por la universidad hasta hoy. Amo despertarme, bajar la persiana y ver a ese majestuoso e histórico árbol”, dijo en entrevista para Animal Político.
Al igual que sus vecinos, Gustavo coincide en estar “harto de la corrupción inmobiliaria, de las autoridades cómplices y los políticos (de todos los partidos) que nos han dado promesas sobre mejorar los planes de desarrollo urbano sin cumplir”.
Eugenio es querido por sus vecinos quienes reconocen la calidad de vida que les otorga con gran sombra que regula la temperatura, la mejora en la calidad del aire y la biodiversidad que vive gracias a él.
Gustavo cuenta que defender a Eugenio les ha mostrado que, como comunidad, pueden hacer ciudadanía y detener atrocidades ambientales.
“Reitero es un ejemplo de que juntos, los ciudadanos somos más fuertes que las empresas, fundaciones e instituciones”, insistió.
Eugenio, un monumento natural
Ana es arquitecta y ama cuidar de la naturaleza. Llegó a vivir a la calle de Eugenia desde hace cinco años y Eugenio es uno de los motivos por el que le gusta vivir en esa cerrada, para ella, es “imposible ignorarlo” y sostiene que verlo cada mañana es garantía de alegría.
“Tengo de vista a ese árbol y es lo que me hace sonreír cuando despierto porque lo volteo a ver y hay una cantidad de fauna alrededor que te saca una sonrisa. Se hizo parte de mi vida muy esencial, lo que ves en la noche al dormir. Sí pensé en irme si llegaban a talarlo porque no iba a tolerar no ver esa vista que tenía y convivir con esa naturaleza que hemos preservado los vecinos hasta ahorita y que seguirá, estoy segura”, contó en entrevista para Animal Político.
Ana reconoce a Eugenio como un árbol del que ha tenido la oportunidad de ver varias ardillas recién nacidas y crecer ahí, pájaros haciendo sus nidos, como los que se alcanzan a ver ahora; incluso, águilas con sus 3 crías. “Son cosas que no te imaginas vivir en una ciudad como la nuestra. Es una cosa difícil de asimilar, fue una experiencia impresionante”, describe Ana.
Defender a Eugenio se ha convertido en una de sus prioridades, al igual que la de sus vecinos. Ana cuenta que proteger a Eugenio y la vida que lo rodea es un compromiso, pese a la respuesta de las autoridades y a la negligencia de la desarrolladora que costaron la tala de otros árboles.
“Me siento muy frustrada, a veces, porque ha sido muy complicado llegar a las autoridades, que nos volteen a ver, tratar de hablar con la constructora y que reaccionen para ver el valor que tiene. De los años que llevo viviendo aquí me siento responsable de su vida y de las especies que viven en él”, señala.
Ana espera que salvar a Eugenio sea un precedente para las próximas generaciones y que las infancias “puedan defender a sus vecinos arbolitos y que esto se haga como una ‘epidemia’ de valor a lo que merece valor”, añadió.
Ayudar a vecinos y salvar a otros árboles
Mar también es vecina de Eugenio desde hace seis años y ha preferido no dar sus apellidos, al igual que sus vecinos, para evitar represalias por parte de la desarrolladora de Grupo Adinse, quien ha intentado denunciarlos hasta por 30 millones de pesos.
Mar tiene 39 años, se dedica al marketing y cuenta que siempre ha vivido en distintas colonias de la región sur de la Ciudad de México, pero la cerrada de Eugenia es un espacio que la ha maravillado desde el inicio, por su naturaleza y los vecinos con los que convive.
Mar cuenta que en los alrededores de esta cerrada ya han salvado a otros árboles como, dos jacarandas (Mimosifolia) que querían tirar para colocar una farmacia. Una más que salvaron se encontraba cerca de la taquería que está en la esquina de esta calle. Otra especie que han salvado es un hule (Rubber fig) que está frente a un edificio que construyeron hace años.
Después de organizar el festival #EugeFest en defensa de la vida de Eugenio y la vegetación de la cerrada de Eugenia, Mar y el movimiento de vecinos esperan que las redes que se han creado ayuden a visibilizar el derecho de las personas a un medio ambiente.
“Queremos que la plataforma que tenemos para Eugenio no solo sirva para salvar a Eugenio, queremos que se convierta en una plataforma para que todos los demás grupos de vecinos que se están enfrentando a lo mismo, les ahorremos tiempo en búsquedas y argumentos legales que nosotros ya tenemos”, dijo en entrevista para Animal Político.
Otro de los objetivos es mostrar el impacto social y ambiental que tiene para una comunidad el derribar árboles sin un estudio previo que indique los cambios que el ecosistema tendrá y que ya ocurren tras la tala irregular de dos árboles que se encontraban con Eugenio.
“Ya tuvimos una pérdida. Se tiraron dos árboles gigantescos, medían 20 metros y ya hemos visto un cambio rápido en el ecosistema, ahora van menos pájaros por ejemplo, las aves buscaron otro refugio y las casas que están alrededor del predio se llenaron de insectos porque, claro, les quitas su hogar y, evidentemente, van a buscar otro”, añadió.
Entre las consecuencias que han notado es que ante la presencia de insectos la gente fumiga y activa otras estrategias para que no se llenen de insectos, esto es una muestra de cómo al talar dos árboles de 20 metros se afectó su forma de vida en casi dos meses. “Eso también nos ha ayudado a dimensionar qué pasaría si quitan a Eugenio”, advierte.
Grupo Adinse colocó un anuncio de demolición en la puerta blanca del número 28 que da entrada al predio. En él anuncia la “demolición total del inmueble”. En un segundo cartel la desarrolladora señala contar con los permisos de uso de suelo, alineamiento y declaratoria de cumplimiento ambiental, para construir un edificio con 13 departamentos.
Sin embargo, vecinos denuncian que ninguno de estos documentos fueron presentados al talar los dos árboles el pasado mes de octubre.
Incluso, Grupo Adinse señala que “se harán las compensaciones correspondientes, según lo señalado por la Secretaría de Desarrollo Ambiental”.
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La propuesta del expresidente tiene enormes implicaciones legales, financieras y logísticas. Los defensores de los migrantes también advierten de los costes humanos.
Donald Trump ha prometido que, de resultar reelegido presidente, deportará masivamente a aquellos que no tienen permiso para permanecer en Estados Unidos.
Mientras su campaña ha respondido de distintas formas a la pregunta de cuántos podrían terminar siendo expulsados, su compañero de fórmula, el aspirante republicano a vicepresidente JD Vance, dio una cifra concreta durante una entrevista con la cadena de televisión ABC.
“Empecemos con un millón de personas. Ahí fue donde Kamala Harris falló y a partir de ello podemos nosotros comenzar a trabajar”, señaló el senador por el estado de Ohio.
Pero aunque la idea ya forme parte de las propuestas de la plataforma electoral de Trump —bajo el lema “¡Deportaciones masivas, ahora!”—, los expertos advierten que expulsar del país a tantas personas implicaría una serie de desafíos legales e incluso prácticos.
Y los defensores de los migrantes también han advertido sobre el significativo costo humano de las deportaciones, con familias separadas y operativos en comunidades y lugares de trabajo a lo largo y ancho de EE.UU.
¿Cuáles son los desafíos legales?
De acuerdo a las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional y del instituto de investigación Pew Research, hoy viven en el país unos 11 millones de migrantes indocumentados, un número que ha permanecido relativamente estable desde 2005.
La mayoría de ellos son residentes de larga duración: cerca de cuatro de cada cinco de los migrantes indocumentados llevan en el país al menos una década.
Los inmigrantes que están en el país sin un estatus legal tienen derecho al debido proceso, incluida una audiencia judicial antes de ser expulsados.
Así que un aumento drástico en las deportaciones pasaría probablemente por expandir antes el sistema de tribunales de inmigración, hoy saturado y con retrasos a la hora de resolver los casos.
La mayoría de los inmigrantes que se encuentran en el país no ingresaron en el sistema de deportaciones después de haber sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sino por la policía local.
Sin embargo, en muchas de las principales ciudades del país se han aprobado leyes que restringen la cooperación entre la policía y el ICE.
La campaña de Trump se ha comprometido a emprender acciones contra esas urbes, llamadas “ciudades santuario”, pero el entramado de leyes locales, estatales y federales en EE.UU. complican la situación.
Kathleen Bush-Joseph, una analista del Instituto de Políticas de Migración con sede en Washington, señala que la cooperación entre agentes del ICE y las autoridades locales sería fundamental para poder llevar a cabo un programa de deportación masiva.
“Es mucho más fácil para el ICE ir a recoger a alguien a la cárcel si las autoridades locales colaboran, en vez de tener que ir a buscarlo a las calles”, señala Bush-Joseph.
Como ejemplo de cuán crucial es este aspecto, Bush-Joseph recuerda las declaraciones de principios de agosto de funcionarios de la Oficina del Alguacil de los condados de Broward y Palm Beach en Florida, cuando aseguraron que no enviarían a ninguno de sus agentes a ayudar en planes de deportaciones en masa.
“Hay muchos otros condados que no van a cooperar con el plan de deportación masiva de Trump. Y eso lo vuelve mucho más difícil”, explica.
Cualquier programa de deportación masiva también tendrá muchas implicaciones legales, especialmente por las demandas que se prevé generará entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de 2022 estableció que los tribunales no pueden emitir mandatos judiciales sobre las políticas de aplicación de la ley de inmigración, lo que significa que estas continuarían en vigor incluso mientras las impugnaciones se abren paso en el sistema legal.
¿Es factible desde el punto de vista logístico?
Ahora, si el gobierno de EE.UU. lograra avanzar con los pasos legales que posibiliten su plan de deportación masiva, las autoridades todavía tendrían que lidiar con los enormes desafíos logísticos.
Durante el mandato de Joe Biden, los esfuerzos de deportación se han enfocado en los migrantes detenidos en la frontera.
Los que ya estaban en el país y terminan siendo deportados o suelen contar con antecedentes penales o son considerados una “amenaza para la seguridad nacional”.
En 2021 quedaron suspendidas las controvertidas redadas que se llevaron a cabo durante el gobierno de Donald Trump en lugares de trabajo.
Y a diferencia de los detenidos en la frontera, la cifra de deportaciones de personas que fueron arrestadas dentro de EE.UU. ha ido cayendo en la última década hasta situarse por debajo de los 100.000 anuales, después de haber alcanzado su máximo —230.000— durante los primeros años del gobierno de Barack Obama.
“Para multiplicar ese número y que en un solo año se alcance el millón (de deportados) va a necesitar una inversión enorme de recursos que hoy por hoy no parecen existir”, le dice a la BBC Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas en el Concejo de Inmigración de EE.UU.
Por una parte, los expertos dudan de que los 20.000 agentes del ICE y el personal de apoyo vayan a ser suficientes para buscar y encontrar incluso una fracción de esa cantidad a la que apunta la campaña de Trump.
Además, Reichlin-Melnick señala que el proceso de deportación es largo y complicado y que la identificación y el arresto de un migrante indocumentado no es más que el inicio.
Después, los detenidos van a tener que estar en un centro de detención o en un programa alternativo, a la espera de comparecer ante un juez de inmigración, y el sistema lleva años acumulando casos sin poder cerrarlos.
Una vez superado ese paso es que se procede a la deportación, lo que también requiere de la cooperación diplomática del país recipiente.
“En cada uno de esos pasos, el ICE simplemente no tiene la capacidad de procesar a millones de personas”, señala Reichlin-Melnick.
Trump ha dicho que va a involucrar a la Guardia Nacional y otros cuerpos militares para que asistan en las deportaciones.
Históricamente, las fuerzas militares estadounidenses han tenido un papel limitado, más de apoyo, en la frontera entre México y EE.UU.
Ahora, más allá de apoyarse en los militares y de contar con la ayuda de “cuerpos policiales locales“, Trump ha dado pocas pistas sobre cómo llevaría a cabo su plan de deportación masiva.
En una entrevista con la revista Time, a principios de este año, el expresidente solo dijo que no descarta construir nuevas instalaciones de detención de migrantes y que tomaría medidas para brindar inmunidad procesal a la policía, para blindarla ante posibles demandas de grupos progresistas.
Y añadió que podría haber incentivos para los cuerpos policiales locales y estatales que participen en el plan, y que los que no lo que no lo quieran hacer “no van a participar de los beneficios”.
“Tenemos que hacerlo. No es sostenible para nuestro país”.
La BBC ha intentado contactar al equipo de Trump para obtener más detalles.
Eric Ruark, el director de investigaciones de NumbersUSA —una organización que aboga por controles más estrictos a la inmigración— dijo que cualquier programa de deportación desde el interior del país solo será efectivo si va de la mano de un aumento del personal que controla la frontera.
“Esa tiene que ser la prioridad. Si no lo es, no va a haber un gran progreso en el tema. Es lo que hace que la gente siga llegando hasta la frontera”, apunta.
Y agrega que también es necesaria una ofensiva contra las empresas que contratan inmigrantes indocumentados.
“(Los inmigrantes) están viniendo por el trabajo”, subraya. “Y lo están consiguiendo, básicamente porque la capacidad de vigilar y hacer cumplir la ley ha sido desmantelada”.
El costo político y financiero
Los expertos calculan el costo de mantener un plan como el que propone Trum en unos US$100.000 millones.
El presupuesto de 2023 del ICE para el traslado y deportación fue de US$327 millones, y expulsó del país a cerca de 140.000 personas.
De acuerdo al plan de Trump, miles de personas que están a la espera de sus audiencias de inmigración podrían ser detenidos. La campaña del candidato presidencial republicano ha previsto construir grandes campamentos para albergar a todos ellos.
También se tendrían que multiplicar los vuelos para llevar a cabo las deportaciones, y eso pasaría probablemente por contar con el apoyo de la Fuerza Aérea.
Y lo que está claro es que cualquier aumento en la operatividad de los departamentos correspondientes implica que los costos se disparen.
“Incluso un cambio menor supone decenas de millones de dólares”, explica Reichlin-Melnick.
Además, habrían de sumarse a los gastos de otros esfuerzos de control fronterizo que Trump ha prometido: los de seguir construyendo el muro en la frontera con México, los que implica un bloque naval para evitar que el fentanilo ingrese al país y los generados por el traslado de miles de tropas a la frontera.
Adam Isacson, experto en migración y fronteras de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo que “imágenes espantosas de deportaciones masivas” también podrían tener un costo político para Trump, a nivel de relaciones públicas, si volviera al poder.
“Cada comunidad de Estados Unidos vería a personas que conoce y ama siendo subidas a esos autobuses”, explica.
“Habría imágenes muy dolorosas de niños llorando, de familias, en la televisión. Todo eso es muy mala prensa. Es lo que ya vimos con la política de separación familiar, pero amplificado”, remata.
¿Ha habido deportaciones masivas antes?
En los cuatro años en los que Trump ocupó la Casa Blanca, se deportaron alrededor de 1,5 millones de personas, tanto desde la frontera como del interior del país.
La administración Biden, que había deportado a alrededor de 1,1 millón de personas hasta febrero de 2024, está en camino de igualar esa cifra, según muestran las estadísticas.
Durante los dos mandatos de Obama, cuando Biden era vicepresidente, más de tres millones de personas fueron deportadas, lo que llevó a algunos defensores de la reforma migratoria a apodar “el deportador en jefe” al entonces presidente.
Pero el único programa comparable con el que propone Trump sería quiza el que se llevó a cabo en 1954 en el marco de la llamada “Operación espaldas mojadas” (Operation Wetback), bautizada así por un insulto común que se usaba en aquel entonces contra los mexicanos, y que supuso la deportación de 1,3 millones de personas.
Aunque hay historiadores que ponen en duda la cifra.
El plan, aprobado bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, se topó con una considerable oposición pública —en parte porque también se deportaba a algunos ciudadanos estadounidenses—, así como con la falta de financiación.
En 1955 se suspendió.
Los expertos en inmigración dicen que, el hecho de que se centró en personas originarias de México y la falta del debido proceso hacen que aquella operación no se pueda comparar con un programa de deportación masiva actual.
“Los deportados eran hombres solteros, mexicanos”, señala Bush-Joseph.
“Ahora, la gran mayoría de los que cruzan la frontera por zonas entre puertos de entrada no son originarias de México, ni siquiera de la parte norte de Centroamérica. Y eso hace que sea mucho más difícil deportarlos”, añade.
“Son situaciones incomparables”.
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