Buscar a un hijo en Sinaloa significa aprender a correr para esquivar balas o mirar al cielo, no para rezar, sino para protegerse de los drones del crimen organizado. Valorar qué tanto se puede avanzar para encontrar al ser querido o parar para cuidar la vida propia. María Isabel Cruz Bernal, una mujer originaria de Oaxaca que se vio forzada a trasladarse a Sinaloa para convertirse en abogada e investigadora de su propia tragedia, lo sabe mejor que nadie.

Tras la desaparición de su hijo Yosimar García Cruz, un policía municipal visto por última vez el 26 de enero de 2017, María Isabel Cruz Bernal se convirtió en una madre buscadora de Sinaloa y fundó la asociación civil Sabuesos Guerreras A.C. Lo hizo para ayudar a los familiares de personas desaparecidas, labor que desempeña como presidenta, aunque sabe que se enfrenta al peligro en una zona en conflicto armado por la disputa interna del Cártel de Sinaloa. 

“Desde  que se soltó la guerra siempre hemos estado en peligro. Yo tengo 13 amenazas de muerte, pero nunca he dejado de buscar ni a mi hijo ni a los hijos de los demás. Buscar en este contexto, ¡híjole, es bastante difícil porque a veces tienes que salir corriendo, tienes que, literal, esquivar balas, esquivar los drones, da miedo!”, confiesa en entrevista con Animal Político.

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María Isabel y decenas de madres buscadoras de Sinaloa piden a las autoridades información sobre los restos humanos localizados, tras la desaparición de 10 mineros e ingenieros en Concordia que desembocó en una operación sin precedentes para buscarlos, así como en la localización de al menos cinco fosas clandestinas en la localidad de El Verde

En ese estado el epicentro de las desapariciones se concentra en el municipio de Culiacán, con 2 mil 129 personas, seguido por Mazatlán con 1, 636, Ahome con 1,003 y Navolato con 380. Concordia aparece en el lugar número 11 de la lista con 92 personas desaparecidas.

Para María Isabel todo comenzó la madrugada en que estalló la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa: “Los Chapitos” —hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— y “Los Dámaso” —liderados por Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, un conflicto interno que le arrebató a su hijo.

Yosimar García Cruz, policía municipal en Culiacán, desapareció el 26 de enero de 2017. La única línea de investigación que sostiene María Isabel es que su hijo quedó atrapado en el fuego cruzado tras cumplir con su deber. “Él participó en el rescate de los militares heridos tras el bombazo en el 2016”, un violento ataque ocurrido el 30 de septiembre en la salida norte de Culiacán.

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Tras la desaparición de su hijo, fundó la asociación civil Sabuesos Guerreras a la que pertenecen entre 2,500 y 2,800 familias de la entidad que, ante la inacción estatal, han tenido que convertirse en expertas en logística y rastreo forense.

María Isabel es clara sobre el papel fundamental que juegan: “Nos dedicamos a hacer lo que las autoridades no hacen“. Ellas no esperan pasivamente a que suene un teléfono con buenas noticias, sino que realizan investigaciones de campo, recolectan coordenadas y arman toda la logística necesaria para llegar a posibles fosas clandestinas.

Su objetivo principal son aquellos que han sido completamente olvidados por el sistema judicial: “los de larga data que no los busca nadie y son los nuestros”, afirma.

El contraste: la búsqueda de los mineros frente a la de los demás

El esfuerzo de las madres buscadoras contrasta con las prioridades del Estado, una herida que volvió a abrirse con los recientes sucesos en el municipio de Concordia. Luego de la desaparición de un grupo de mineros que trabajaban para la empresa canadiense Vizsla Silver Group, se descubrieron fosas clandestinas gracias al inusual despliegue de las autoridades de seguridad.

María Isabel lamenta esta doble moral institucional: “Desafortunadamente tuvieron que desaparecer 10 mineros para que se desplegara un fuerte operativo”, afirma y recuerda  que Sinaloa lleva más de un año y medio en una guerra brutal donde las personas desaparecen “por igual de montones”.

De acuerdo con María Isabel, hubo el caso de una familia de 60 integrantes que se esfumó y “no se hizo megaoperativo, no se hizo ni ruido siquiera”. Para ella la lección que dejó la desaparición de los trabajadores de la mina es innegable: “Ahora sabemos que cuando el gobierno quiere puede”.

Ante la ausencia de una versión pública del Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, diversas organizaciones de la sociedad civil lanzaron una Plataforma Ciudadana de Fosas en la que documentan al menos 2 mil 017 cuerpos más exhumados  en todo el país entre 2023 y 2024.

De acuerdo con la información de la plataforma, de 2006 a 2024 la Fiscalía estatal ha detectado 128 fosas en Sinaloa, con 122 cuerpos sin identificar, así como 14 fosas identificadas por la Fiscalía General de la República (FGR) con 24 cuerpos. En notas de prensa local, nacional e internacional se refiere que hay 111 personas identificadas.

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De manera desagregada, el municipio de Ahome es el que concentra la mayor cantidad de hallazgos, seguido por Culiacán, Guasave, Mazatlán y Angostura. Entre los datos destaca que en el mismo periodo no hubo ni un solo hallazgo en el municipio de Concordia, donde desaparecieron y luego fueron localizados los mineros e ingenieros.

Sin embargo, a raíz de la desaparición y rastreo de los mineros, la Fiscalía de Sinaloa localizó al menos cuatro fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, mismas que son adicionales a las dos en las que fueron localizados los trabajadores de Vizsla Silver Group. 

En contraste, María Isabel asegura que Sabuesos Guerreras, que radican en Culiacán, y otros colectivos, sí tienen conocimiento desde hace meses sobre irregularidades en El Verde, incluso asegura que hubo varias compañeras que pidieron a las autoridades hacer búsquedas en esta localidad.

“Pero incluso las compañeras de Mazatlán, que son las que han acudido y han ido a trabajar esas partes, muchas veces se detienen porque el crimen organizado las ataca en los predios. No te deja penetrar. Entonces, aunque vayas con seguridad, no hay garantía de que sea completamente seguro entrar a un lugar”, señala.

El bloqueo de información, una tortura psicológica

Tras la localización de la primera fosa clandestina en El Verde, en el que la FGR halló cuerpos y restos humanos de los mineros desaparecidos, familiares de personas víctimas de desaparición forzada en Mazatlán, así como el colectivo “Por las Voces Sin Justicia” exigió a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa información sobre los trabajos de localización e identificación de posibles restos humanos localizados en dicho lugar.

A través de un comunicado, las familias manifestaron que cada descubrimiento representa una posibilidad de encontrar a quienes les fue privada su libertad y subrayaron que la opacidad en los datos oficiales no solo incrementa su incertidumbre y dolor, sino que constituye un acto de revictimización para quienes ya enfrentan la ausencia de sus familiares.

Sabuesos Guerreras también emitió un comunicado urgente en el que hizo un llamado “a la acción institucional” de las autoridades, lanzando un exhorto directo a la FGR y autoridades como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y al Gobierno del Estado de Sinaloa para que cumplan su deber de informar de manera digna y constante.

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María Isabel explica que el hallazgo de las fosas clandestinas en Concordia tampoco trajo alivio, sino una nueva tortura para las miles de familias que esperan respuestas. La zona quedó bajo una estricta investigación federal, lo que significa una barrera infranqueable y burocrática para los colectivos civiles.

María describe esta exclusión como una agonía insoportable: “No nos van a proporcionar información ni tampoco nos van a dejar penetrar a este lugar, pues es más la angustia y la incertidumbre, ¿no? Es morir más lentamente“.

Las madres buscadoras solo saben lo que logran leer en la prensa. No exigen expedientes clasificados a la FGR, sino un mínimo acto de empatía para descartar que sus hijos estén ahí. Piden desesperadamente que las autoridades puedan “dar características de las prendas de los cuerpos que no se han localizado, que no se han identificado para que puedan saber si alguno de ellos es su hijo”.

La normalización del terror en Sinaloa

Esta lucha ocurre en un escenario social donde la brutalidad es el pan de cada día.

“Todos los días amanecemos con que bombardearon una casa, con que ‘rafaguearon’ otra, con que aparecen más cuerpos. Ayer aparecieron los cuerpos de dos mujeres”, afirma María Isabel.

Para esta madre buscadora la constancia del horror ha anestesiado a la sociedad, al punto de que “es tan normal que ya nadie dice nada”. La empatía ciudadana parece haberse esfumado bajo el peso de la violencia: “Que alguien desaparezca mientras no sea el tuyo no interesa”, lamenta la fundadora de Sabuesos Guerreras. Asegura  que mientras la gente lee historias como la suya es probable que una madre buscadora esté cavando en algún lugar para encontrar a sus hijos.