Aumento de motos provoca más accidentes viales: lesiones de motociclistas crecen un 184% en seis años
Las lesiones derivadas de accidentes de motociclistas en México han aumentado un 184% en los últimos seis años, lo cual requiere cada vez más recursos para su atención hospitalaria y se ha convertido en un problema de salud pública. Según estimaciones de la Asociación Nacional de Seguridad Vial (ANASEVI), este problema representa un costo aproximado de 350 millones de pesos anuales.
De acuerdo con la ANASEVI, el incremento en los percances viales va de la mano con el creciente número de motocicletas que circulan en las calles y de la falta de acciones por parte de las autoridades para regular este medio de transporte, así como de sanciones para quienes infringen el reglamento de tránsito.
En 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró que en el país circulaban un millón 582 mil 228 motocicletas, mientras que para 2023 fueron 7 millones 784 mil 486, lo que representó un aumento de 392%.
Por qué hay más motos en México y cuántas circulan
La Ciudad de México y el Estado de México tuvieron un aumento de 1111% y 1864% en el parque vehicular de motocicletas, siendo las entidades con mayor incremento, lo que se ha reflejado en un mayor número de accidentes y fallecimientos de estos conductores.
En el caso de la capital del país, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la ANASEVI atribuyen este incremento de motocicletas y accidentes al hecho de que se venden vehículos baratos de baja calidad y ello resulta en percances viales, algunos de ellos en los que sólo se ven involucradas las motos.
Pese a los riesgos que implica el circular en motocicleta, conductores entrevistados señalaron que esta modalidad de transporte resulta más eficiente en términos de ahorro de dinero –por el costo del vehículo y su mantenimiento–, de disminución en los tiempos de traslado, e incluso porque resulta una herramienta con la que pueden autoemplearse a través de plataformas de mensajería o reparto de comida.
Además, aseguran que más allá del estigma que hay contra las motocicletas y los motociclistas, es necesario que las autoridades tomen medidas para que las calles y avenidas se conviertan en espacios seguros para toda persona que circule en ellas.
Accidentes en moto demandan cada vez más recursos de hospitales
Isaac B. tiene 35 años y maneja motocicleta en la Ciudad de México desde los 22, “más que nada por una necesidad de disminuir los tiempos de traslado de un lugar a otro, en aquel entonces estudiaba la universidad por las mañanas y trabajaba por las tardes, entonces no me daba tiempo si utilizaba el transporte público”.
Al principio –recuerda Isaac– tuvo que platicar con su familia para que aceptaran que se comprara una motocicleta, ante el temor de que pudiera accidentarse, pero finalmente aceptaron, y desde entonces, señala que ha constatado que, sin importar el medio de transporte, lo que provoca siniestros es que las personas no respeten el reglamento de tránsito, o que cometan un descuido.
“La situación más reciente me ocurrió en septiembre pasado, yo estaba saliendo de un estacionamiento y el automóvil frente a mí se detuvo y abrió la puerta cuando intentaba pasarlo, lo que me rompió un dedo de la mano, o sea, son situaciones que pueden pasar incluso cuando no vas rápido en alguna avenida”, agrega.
“Pero la realidad es que hay muchas situaciones que pueden provocar un accidente: desde personas que van en el celular, o haciendo otras cosas al mismo tiempo, los que no usan las direccionales o quienes ya van desesperados por llegar a cualquier lado, y eso no es exclusivo de las motos, aunque a mucha gente no le gustan porque les parecen inseguras, incluso a las empresas aseguradoras, ya que los seguros son más caros”, señala.
Entre enero de 2018 y septiembre de 2024, el número de personas atendidas en hospitales públicos a causa de accidentes en motocicleta se incrementó 184%, al pasar de 22 mil 706 a 64 mil 483, según datos de la Secretaría de Salud federal.
Esta situación ha generado que en algunos hospitales del país, el número de personas accidentadas en motocicleta requiera cada vez de más recursos para su atención.
En 2018 hubo siete hospitales públicos en los que por cada 10 casos de lesiones atendidas, al menos tres fueron de motociclistas. Los centros en los que se brindaron más atenciones de este tipo fueron el Hospital General de Tierra Blanca, Veracruz (37%), seguido del Hospital Comunitario Cihuatlán (35%) y el Hospital Regional de la Barca (33%), estos dos últimos ubicados en el estado de Jalisco, de acuerdo con las estadísticas de Salud.
Para el periodo de enero a septiembre de 2024, en once hospitales públicos se registró que por cada diez casos de lesiones atendidas, cuatro fueron de motociclistas. En el caso del Hospital Integral Comunitario de Santos Reyes Nopala, Oaxaca, estas atenciones representaron el 78%; en el Hospital General de Tierra Blanca, Veracruz, fueron el 61%.
“Son situaciones que necesitan atención de la autoridad”, reclaman motociclistas
Saúl Gómez, integrante del colectivo Ni Un Repartidor Menos, reconoce que “el boom” de las aplicaciones de reparto de comida y los trabajos en mensajería han estado relacionados con el aumento de motocicletas, principalmente en la Ciudad de México.
“Ha habido un gran boom de la motocicleta, porque es una alternativa para evitar el tráfico, y el trabajo que facilita no se limita a llevar comida, se puede hacer paquetería y hasta una mudanza. Es una opción más para generar ingresos en un país que carece de oferta de trabajo digno, porque si la hubiera no tendríamos tantos repartidores en las calles”, agrega.
“Entre 2018 y 2023, el colectivo ha registrado más de 400 muertos en la Ciudad de México, la mayoría de ellos durante la pandemia, y han fallecido más repartidores en motocicleta que en bicicleta“, comenta en entrevista.
En la capital del país, en 2023 la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) registró 31 mil 709 incidentes viales, de los cuales 14 mil 901 fueron de motociclistas, es decir el 47%. De estas personas, 202 fallecieron a causa del percance.
“Recientemente un automóvil atropelló a un compañero, se lo llevó en el cofre en la colonia Narvarte, y ese tipo de situaciones nos preocupan, por eso es que hemos salido a manifestarnos en las calles, porque como ciudadanos tenemos que marcarle a la autoridad lo que tiene que hacer, evidenciar sus fallas, porque no sólo somos vulnerables a los percances, sino que en casi todos los casos las muertes quedan impunes”, reclama Saúl.
Ante los aumentos de accidentes y muertes viales de motociclistas, pero también de peatones, automovilistas y ciclistas, Saúl señala que “es obvio que algo se hizo mal, al aumentar las velocidades permitidas en las calles, en dar licencias a quien las pidiera sin tener que hacer un examen… al final de cuentas eso no ha funcionado para nada”.
Por ello, considera que “la autoridad no puede quedarse de brazos cruzados ante estas situaciones que necesitan atención, porque para atender la seguridad vial no sólo se necesita hacer valer el reglamento de tránsito, sino que se pavimenten las calles que están llenas de baches y que se trabaje de la mano con la sociedad para construir mejores condiciones para quienes optamos por esta opción de trabajo”.
Al respecto, Beatriz Valdéz Vázquez, directora general de Aplicación de Normatividad de la Subsecretaría de Tránsito de la SSC, explicó que, hasta hace unos años, la motocicleta era un vehículo de actividades deportivas y recreativas, pero con la pandemia muchas personas quedaron sin empleo y vieron en las motos un área de oportunidad para generar ingresos económicos.
Por ello, indicó que desde la Secretaría de Seguridad están “reeducando al ciudadano, porque muchos toman las motocicletas muy fácil, desde el hecho de que se compran en tiendas que dan pagos con muchas facilidades, hasta el mal uso que se da por irresponsabilidad del manejo de personas menores de edad o que no han tomado un curso para su uso”.
Las acciones emprendidas desde la SSC para la movilidad segura en CDMX
Valdéz Velázquez señaló que en la Ciudad de México se han emprendido acciones para atender los accidentes en motocicleta, reconocidos por la autoridad como un problema de salud pública, como la reforma al reglamento de tránsito para que se prohíba que menores de edad puedan manejar estos vehículos, la obligación de los motociclistas de utilizar casco, los operativos policiacos en puntos de mayor incidencia de percances viales y las multas del programa fotocívicas.
Otras acciones son la difusión de campañas para concientizar a los conductores para no manejar alcoholizados a través de medios de comunicación y en las calles, así como en visitas a escuelas primarias, donde hablan con las niñas y niños sobre la importancia del uso de casco y medidas de seguridad en caso de que sus padres sean motociclistas.
“Eso es lo que hacemos para la reducción de lesiones graves, porque no podemos prohibir que las personas conduzcan una moto, pero tomamos estas medidas para salvarles la vida, y hoy podemos ver un cambio en las calles, ya sea porque los motociclistas se preocupan por su salud o porque saben que los llevamos al corralón”, agregó.
Valdéz también destacó que la Secretaría de Movilidad ha implementado exámenes teóricos y prácticos para emitir licencias de motocicleta, así como una escuela para personas interesadas en aprender a conducirlas.
“Desafortunadamente, nosotros, como institución, no le podemos decir a los ciudadanos que no compren una motocicleta porque no es segura para su movilidad, pero mínimo, si están conduciendo, deben aprender a hacerlo para que todos los ciudadanos estemos seguros”, expresó.
¿Qué falta mejorar en materia de seguridad vial?
Arturo Cervantes, presidente de la ANASEVI, subraya que a nivel internacional las lesiones y muertes viales son un problema de salud pública, y que en caso de nuestro país estas tuvieron un repunte en 2019.
“Tristemente cada día mueren alrededor de 47 mexicanos y más de 120 resultan con lesiones graves en incidentes viales. En el tema de las muertes habíamos logrado bajar el número a 13 mil 970 en 2020, pero para 2022 se alcanzaron las 16 mil 345, esto es una tasa de 130 fallecidos por cada millón de habitantes, con una vulnerabilidad particular de peatones y motociclistas“, apunta Cervantes.
A pesar de este panorama, el especialista señala que a nivel nacional se han dado cambios positivos para atender esta problemática, como la reforma constitucional de 2020, que cambió el artículo 4° para que se reconozca que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, calidad, inclusión e igualdad, así como la publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
A día de hoy van 16 estados del país que han homologado las normas locales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, lo que ha generado cambios en los requisitos para la emisión de licencias, la elaboración de bases de datos de accidentalidad y siniestros, construcción de ciclovías, así como ajustes en la velocidad permitida.
“Aunque los números de lesionados y fallecidos van en aumento, esto se puede corregir, y creo que vamos por el camino correcto, porque seguimos trabajando porque el enfoque del sistema se centre en la salud pública”, destaca el presidente de la ANASEVI.
Sin embargo, reconoce que “falta mucho para que las políticas públicas en marcha den mejores resultados, porque no se destinan recursos financieros suficientes, o porque los gobiernos aún no implementan sistemas inteligentes de transporte; hay que usar más tecnología para multar a los infractores, porque difícilmente una pequeña fuerza policial va a poder controlar a millones de vehículos que circulan en el país”.
“Necesitamos que las autoridades tomen nota de esta situación y que hagan valer las leyes y reglamentos que ya tenemos. A lo largo de la república la seguridad vial debe ser una prioridad, porque todo mundo merece moverse con seguridad”.
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Tras varios años de búsqueda, Yanette Bautista logró hallar los restos de su hermana. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado que la Justicia actúe contra los responsables.
El primer recuerdo que Yanette Bautista tiene de su hermana, Nydia Erika, es de aquella vez cuando en un lugar apartado y campestre fueron sorprendidas por su padre, a quien no veían desde hacía meses.
“Tendría unos 5 años y ella 7. La alegría compartida de ver a mi padre, quien vivía en Venezuela y pasaba mucho tiempo del año fuera de la casa, es algo que recuerdo siempre”, cuenta Yanette.
Ella también recuerda exactamente la última vez que vio a su hermana: fue casi tres décadas después, en el cementerio de Guayabetal, una población ubicada unos 50 kilómetros al oriente de Bogotá, la capital de Colombia.
“Eran pedazos de huesos, pero entre ellos estaba el crucifijo que le había dado mi mamá. Así supe que era ella”, señala Yanette.
Tres años antes, el 30 de agosto de 1987 su hermana había sido desaparecida por el ejército colombiano. Entonces Yanette dejó su vida de secretaria ejecutiva para dedicarse por completo a buscar a Nydia Erika.
“Las mujeres somos las únicas que buscamos a los desaparecidos. Si no lo hacemos nosotras, nadie los busca”, señala.
Y añade: “Son las mujeres las que buscan con valentía. Desafiamos las reglas de silencio y opresión impuestas por quienes hicieron desaparecer a nuestros seres queridos, y terminamos defendiendo los derechos de todas las personas. Por eso me quité los tacones y me los cambié por zapatos de trabajo para comenzar a buscar a mi hermana”.
Y en un país en el que se estima hay 80.000 personas desaparecidas por el conflicto interno, que se extendió durante cinco décadas, la labor de Yanette y de otras decenas de mujeres resulta casi indispensable.
“Desde que desapareció Nydia Erika me la pasé gritando: ‘Vivos se los llevaron, Vivos los queremos’”, relata la hermana.
“Pero no sabía que nos la pasamos buscando muertos”.
A pesar de los esfuerzos de Yanette y de las confesiones hechas por militares involucrados en el caso, la desaparición de Nydia Erika Bautista permanece impune.
Radio Cubana
La historia de Yanette y Nydia Érica tiene su origen en la violencia. Y en el amor.
El padre de ambas era un militante a ultranza del Partido Liberal, que durante gran parte del siglo XX tuvo una feroz disputa con el Partido Conservador por el control del poder en Colombia.
Los años de mayor fragor se conocieron como los de “La Violencia”, que se estima dejó cerca de 100.000 muertos.
“Mi padre era liberal. Y un día fueron por él y le metieron varios balazos que lo dejaron malherido”, señala Yanette.
Se lo llevaron de urgencia a un hospital cercano. “Ahí trabajaba mi mamá como enfermera. Lo comenzó a cuidar y se enamoraron”.
Pronto, la suya se convirtió en una familia de seis hermanos que vivían en un barrio de clase media en Bogotá.
“Al poco tiempo nos dimos cuenta que Erika era la favorita de mi papá”, relata Yanette.
Cuenta que su papá se ponía junto a ella a escuchar la legendaria emisora Radio Cubana, en los inicios del régimen castrista en la isla.
“Creo que era su favorita porque leía mucho. Ella en una fiesta prefería sentarse a hablar de política que bailar”, dice.
La influencia política de su padre, los libros que leía y el ambiente de los años 60 modelaron el carácter militante de Nydia Erika.
“Estudió sociología en la Universidad Nacional. Allí fundó ‘El Aquelarre’, un periódico donde se discutían los temas sociales que aquejaban al país en la década del 70”, relata.
Fue en ese entonces que se unió a la guerrilla del M-19, un movimiento subversivo urbano que había nacido en los años 70. Ella operaba entre Bogotá y Cali.
“Ni a mis padres ni a mí nos gustó que lo hiciera. El ambiente del país no estaba propicio para pertenecer a un movimiento guerrillero, aunque su papel era más político que militar”, anota Yanette.
El temor familiar se volvió realidad: en 1986, fue detenida por miembros de la II Brigada, con sede en Cali, la tercera ciudad del país.
Fue torturada durante varios días hasta que un colectivo de defensores de los Derechos Humanos se acercó a las instalaciones del batallón y exigió su liberación.
Primera comunión
Yanette y Nydia Erika se mudaron juntas a un apartamento en el centro de Bogotá con sus hijos.
“Ella, a pesar de lo que le había pasado, siguió en la militancia. Recuerdo que al apartamento donde vivíamos juntas venían a visitarla muchos dirigentes del M-19”, dice Yanette.
A pesar de no tener convicciones religiosas, uno de los hijos de Nydia Erika decidió hacer la primera comunión. La fecha elegida fue el domingo 30 de agosto de 1987.
“Ese día fue acompañar a una amiga a coger el bus y nunca más volví a saber de ella”, recuerda Yanette.
Durante horas, tanto su Yanette como los otros miembros de la familia comenzaron una búsqueda frenética para poder hallar a Nydia Erika.
Pasaron las horas. Los días. Las semanas.
“No aparecía. Nadie sabía qué había pasado con ella. Nosotros suponíamos que tenía que ver con su militancia, y les preguntamos a los dirigentes y comandantes si sabían algo. Tampoco sabían nada”, recuerda.
Fue entonces el momento en que Yanette dejó su trabajo y se dedicó a buscar a su hermana por todo el país.
“Nadie nos daba una respuesta. Fuimos a todas las entidades del gobierno, pero ni una sola pista. Nosotros teníamos claro que esto había sido una acción del ejército, pero no teníamos ninguna prueba”, señala.
Comenzaron a llamarla, a amenazarla. “Que no buscara más, me decían”.
Lo que sí ocurrió, detalla Yanette, es que se generó un movimiento de personas, de distintas organizaciones sociales colombianas, que comenzaron a seguir a Yanette en su empeño de buscar a su hermana.
En 1991, casi cuatro años después de la desaparición, alguien habló: el sargento Bernardo Alfonso Garzón, quien pertenecía al batallón número 20 de Inteligencia y conocía el destino de decenas de personas que fueron desaparecidas por el ejército nacional.
“Él nunca nos dijo nada de frente. Pero en una confesión, señaló que a Nydia la habían dejado tirada en la vía a Guayabetal”, dice.
Entonces comenzó la búsqueda en el terreno. Y efectivamente, uno de los administradores del cementerio de Guayabetal recordaba que tres años antes habían traído el cuerpo de una mujer que coincidía con la descripción de Nydia Erika.
“Hicimos la exhumación y ahí vi el crucifijo que le había dado mi mamá. También tenía la ropa que sabíamos que era suya”, recuerda.
Un examen confirmaría más tarde que ese era el cuerpo de Nydia Erika Bautista. Y 13 años después, debido a denuncias de que esos restos no pertenecían a Nydia Erika, la Fiscalía Colombiana confirmó su identidad medianteuna prueba de ADN.
Fosa común
Tras varias investigaciones, tanto Yanette como la familia pudieron saber lo que había pasado con ella.
Esa noche del 30 de agosto de 1987, miembros del ejército tomaron a la fuerza a Nydia Erika y, tras someterla a torturas, la asesinaron.
Posteriormente su cuerpo fue dejado en la carretera a Guayabetal, a la intemperie durante nueve días, hasta que fue hallado por dos personas que pasaban por el lugar.
“La enterraron como una NN. Nosotros por supuesto no sabíamos nada”, dice Yanette.
“Desde ese día dejé de gritar que nos devuelvan vivos a los desaparecidos. No tiene sentido. Los que hacemos esto, buscar a nuestros desaparecidos, solo buscamos personas muertas”, reclama.
Sin embargo, su lucha no terminó allí.
“A Nydia Erika la mataron personas del ejército nacional de Colombia. El Estado mató a mi hermana. Pero a pesar de que eso está claro, nadie ha pagado por su crimen”, dice.
En este sentido, la justicia colombiana ha dado varias vueltas. En 1995 un general y varios suboficiales fueron destituidos por el crimen de desaparición y asesinato.
Pero en distintas instancias judiciales y más por fallas en el proceso que por pruebas que exoneren a los militares, hasta el momento no se ha emitido ninguna condena en contra de las personas involucradas en la desaparición forzada de Nydia Erika.
Entonces, con la idea de continuar con su lucha, decidió crear la Fundación Nydia Erika Bautista, no solo para seguir el reclamo de justicia para su hermana sino también para ayudar a otras mujeres que buscan a sus desaparecidos.
“Somos las mujeres las que hacemos esta tarea. Sin las mujeres, Colombia no encontraría a sus desaparecidos. Por eso nos tenemos que apoyar entre nosotras”, anota.
Pero eso ha tenido un costo. Tras arrancar con la fundación, debió exiliarse durante siete años a Alemania debido a las amenazas que recibía por su trabajo de denuncia en Colombia.
Ahora, tras tres décadas de lucha, dice que es imposible no recordar a su hermana todos los días.
“Nosotros éramos padre y madre de nuestros hijos. Ellos no tenían papá y a sus hijos los considero mis hijos y ella trataba a los míos como suyos. Ese es un vínculo muy fuerte”, concluye.
Hasta el momento, a pesar de distintas condenas de la justicia local, ningún militar ha sido condenado por la muerte de Nydia Erika.
“Vamos a seguir luchando. Hasta el final”, promete Yanette.
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