
La agencia Moody’s advirtió que la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026 ya impacta en las inversiones al país, además de que podrían realizarse cambios drásticos o repentinos en los aranceles.
En el informe “Perspectiva 2026: los cambios en las políticas internas y la geopolítica son los principales riesgos para la estabilidad“, aseguró que México cayó a un segundo nivel más bajo.
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“En México, la próxima revisión del T-MEC, prevista para mediados de 2026, está demorando las decisiones de inversión y emisión. (…) Los gobiernos de los mercados emergentes están ajustando las políticas nacionales, a veces de maneras divergentes, para preservar sus propios intereses en un contexto cambiante”, explicó.

Añadió que países como Brasil, trabajan más en las políticas industriales para proteger la comercialización y así impulsar la autosuficiencia y fortalecer lazos económicos y políticos con China.
“México, por el contrario, se está volviendo más proteccionista con respecto a China mientras busca preservar el libre comercio con EU y Canadá”, comentó.
La agencia crediticia añadió que México “se está volviendo más proteccionista” con China, pues ajusta el comercio a manera de que preserve el libre comercio con EU
En el informe, Moody´s explicó cuatro temas clave que determinarán condiciones crediticias para 2026:
Polarización política, los cambios en el panorama financiero, la disrupción digital y los costosos desastres naturales.
En ese sentido, México cuenta con una exposición crediticia moderada a los riesgos físicos del cambio climático, como inundaciones y huracanes.
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“Las condiciones macroeconómicas y crediticias de los mercados emergentes han mantenido su resiliencia este año, y esperamos que esta continúe en 2026. Varios acontecimientos interrelacionados, a veces impredecibles, influirán en estas condiciones y posiblemente generen focos de estrés”, concluyó.
El pasado 21 de octubre, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que México y Estados Unidos tienen un avance del 90 % en los diálogos para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que ingresen al país vecino, y falta resolver lo relativo al acero y aluminio.
A una semana y media de que concluya el plazo de 90 días para que México y Estados Unidos negocien los aranceles del 30 % a los productos mexicanos, Marcelo Ebrard informó que casi todos los temas que ambos países pusieron sobre la mesa ya fueron abordados.

“Yo diría que tenemos un avance muy importante, prácticamente de los elementos que estamos conversando, previos a la discusión del tratado, tenemos un avance de alrededor del 90 %”, expresó Ebrard en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.
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El titular de la Secretaría de Economía explicó que el 10 % de las negociaciones restantes tienen que ver con el tema del acero y aluminio, dos de los principales productos a los que Donald Trump, presidente estadounidense, quiere imponer aranceles.
“Hemos presentado a Estados Unidos diversas propuestas (sobre acero y aluminio), está en ese 10 % que me falta la respuesta de Estados Unidos, ya les presentamos diferentes alternativas, esperamos pronto tener una respuesta de cuál de las diferentes opciones van a tomar”, señaló Marcelo Ebrard.
Ebrard refrendó su confianza en que las negociaciones sobre los aranceles puedan concluir previo a la revisión del tratado de libre comercio de México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.
El funcionario confió en que ese tratado comercial prevalezca, pese a las amenazas de Trump de acabar con ese acuerdo trilateral para firmar otros nuevos con México y Canadá por separado.
“Lo que preveo es que vamos a ir a una revisión del tratado y el tratado, les decía yo a las diputadas y diputados, seguramente tendrá algunos cambios, pero no espero que sean sustanciales, sustanciales en cuanto a que modifiques todo el tratado, sus contenidos principales”, dijo Ebrard.

La agencia está bajo escrutinio tras el letal tiroteo de una mujer en Mineápolis llamada Renee Nicole Good.
El letal tiroteo de Renee Nicole Good, de 37 años, en Mineápolis provocó protestas y aumentó el escrutinio sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
El ICE ha realizado miles de arrestos desde que Trump regresó a la Casa Blanca, por lo general en espacios públicos.
Estas acciones están llevando a sus agentes con cada vez más frecuencia a comunidades de todo el país, lo que ha generado resistencia por parte de algunos residentes locales que se oponen a sus operaciones.
El ICE está liderando la implementación de la iniciativa de deportación masiva de la administración Trump, una promesa central de su campaña electoral.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha ampliado significativamente el ICE, su presupuesto y su misión.
La agencia hace cumplir las leyes de inmigración y realiza investigaciones sobre la inmigración indocumentada. También participa en la expulsión de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.
El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Esta legislación creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con el ICE como una de sus agencias subsidiarias.
El ICE considera que su misión abarca tanto la seguridad pública como la seguridad nacional. Sin embargo, sus facultades son diferentes a las de un departamento de policía local promedio en Estados Unidos.
Sus agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en Estados Unidos sin documentación legal.
Pueden detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto, agrede a un oficial o si el ICE sospecha que la persona está en Estados Unidos sin documentos.
A pesar de esto, según ProPublica, una agencia de noticias independiente sin ánimo de lucro, durante los primeros nueve meses de la presidencia de Trump se produjeron más de 170 incidentes en los que agentes federales retuvieron a ciudadanos estadounidenses contra su voluntad.
Estos casos incluían a estadounidenses que los agentes sospecharon eran inmigrantes indocumentados.
Las acciones de uso de la fuerza por parte del ICE se rigen por una combinación de la Constitución de los Estados Unidos, la legislación estadounidense y las propias directrices del Departamento de Seguridad Nacional.
Según la Constitución de Estados Unidos, las fuerzas del orden “solo pueden usar fuerza letal si la persona representa un peligro grave para sí misma o para otras personas, o si ha cometido un delito violento”, declaró Chris Slobogin, director del programa de justicia penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vanderbilt.
Sin embargo, históricamente la Corte Suprema de los Estados Unidos ha concedido una amplia indulgencia a los agentes que toman decisiones en el momento sin el beneficio de la retrospectiva.
Un memorando de política del DHS de 2023 establece que los agentes federales “solo pueden usar fuerza letal cuando sea necesario” cuando tengan “una creencia razonable de que la persona a la que se aplica dicha fuerza representa una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves” para sí misma o para otra persona.
Normalmente, el ICE opera dentro de Estados Unidos, con algún personal en el extranjero. Su agencia hermana, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., técnicamente patrulla las fronteras estadounidenses.
Sin embargo, estas funciones se han desdibujado cada vez más, a medida que la administración Trump retiró agentes de diversas agencias federales del orden público para participar en la aplicación de la ley migratoria.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza operan cada vez más dentro de EE.UU., participando en redadas con el ICE.
El ICE y otras agencias han desplegado cientos de agentes en ciudades como Los Ángeles, Chicago y ahora Mineápolis, en colaboración con otras agencias federales del orden público.
Hasta 2.000 agentes federales se desplegarán en Mineápolis como parte de la última operación, según informó Associated Press.
La magnitud de las deportaciones durante la era Trump ha sido significativa.
La administración afirmó haber deportado a 605.000 personas entre el 20 de enero y el 10 de diciembre de 2025.
También indicó que 1,9 millones de inmigrantes se habían “autodeportado voluntariamente”, tras una agresiva campaña de concienciación pública que animaba a las personas a abandonar el país por su cuenta para evitar ser arrestados o detenidos.
Un inmigrante que se encuentra con el ICE puede enfrentar diversas consecuencias.
En ocasiones, una persona es retenida temporalmente y luego liberada tras un interrogatorio. En otras circunstancias, el ICE la detiene y la traslada a un centro de detención más grande, de los cuales existen varios en todo Estados Unidos.
Aunque muchos inmigrantes continúan luchando por su estatus legal mientras están detenidos, si no lo logran podrían ser deportados.
Alrededor de 65.000 personas se encontraban detenidas por el ICE a 30 de noviembre de 2025, según datos obtenidos por el proyecto de inmigración del Transactional Records Access Clearinghouse, un compendio de datos gubernamentales de la Universidad de Syracuse.
Abogados de inmigración dijeron a la BBC que, una vez que el ICE detiene a una persona, a veces puede llevar días para que las familias o los abogados averigüen dónde se encuentra.
Muchas comunidades han respondido cuando el ICE y agencias asociadas, como la Patrulla Fronteriza, realizan operativos.
Ahora es común que los residentes filmen a los agentes del ICE mientras realizan arrestos. Algunos encuentros entre los agentes y el público se han tornado agresivos o violentos.
Durante operativos del ICE en Chicago, Illinois, un colectivo de organizaciones de medios de comunicación demandó a la Patrulla Fronteriza. Alegaron que los agentes usaron fuerza indebida contra periodistas, líderes religiosos y manifestantes.
Un juez federal falló a favor del grupo, antes de que un tribunal de apelaciones revocara la decisión.
El tiroteo en Mineápolis no es el primero en que una persona resulta herida por disparos durante un operativo de control migratorio.
En octubre hubo dos incidentes en Los Ángeles en los que los agentes dispararon a conductores, según informó Los Angeles Times. El DHS afirmó en ambos casos que los conductores habían amenazado a los oficiales con sus vehículos.
Los oficiales del ICE y otros agentes de inmigración han sido criticados por usar máscaras para ocultar su rostro mientras realizan sus operativos.
Funcionarios del DHS defienden esta práctica, argumentando que protege a los agentes de la divulgación de información personal o el acoso.
Las encuestas sugieren que los estadounidenses tienen una visión compleja de los planes de Trump para controlar la inmigración.
Poco más de la mitad cree que es necesario algún nivel de deportación, según una encuesta realizada en octubre de 2025 por el Centro de Investigación Pew, una entidad no partidista.
Esta cifra es aproximadamente la misma que Pew encontró en marzo del año anterior.
Sin embargo, la misma encuesta sugiere que a los estadounidenses les preocupan los métodos de Trump.
Se encontró que la mayoría de los adultos estadounidenses (53%) creía que la administración Trump estaba yendo “demasiado lejos” para deportar a inmigrantes indocumentados. Alrededor del 36% apoyó este enfoque.
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