En 2024 se aprobaron y avanzaron es varios estados leyes que tienen una historia detrás y un nombre propio. Están encaminadas a combatir la impunidad y a proteger los derechos de las mujeres y otras poblaciones vulnerables, como las infancias o las personas de la diversidad sexual.

Algunas leyes son en memoria de Paola Buenrostro, Cecilia Monzón y Montserrat Bendimes; otras, para resignificar la lucha de María Elena Ríos, Olimpia Coral y Diana Luz Vásquez Ruiz, mamá de Sabina, por nombrar a algunas.

“Ahora las leyes se verbalizan con un nombre, que lástima que tuvieron que bautizarse con un nombre porque a una mujer le pasó algo”, dice una de las impulsoras.

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A continuación, te presentamos algunas leyes con nombre propio que avanzaron en 2024 en los estados.

Aunque la Ley Melanie aún no está aprobada es una de las iniciativas presentadas a finales del año ante el Congreso de Tamaulipas que busca incluir la violencia en el noviazgo como un delito específico en el Código Penal estatal, con penas claras contra los agresores y que contemple protocolos de atención psicológica y legal para quienes hayan sufrido violencia de género en una relación.

La propuesta de esta iniciativa surgió a partir del caso de Melanie Barragán.

La propuesta del diputado de Morena, Francisco Cruz Martínez, señala que la violencia en el noviazgo debe recibir sanciones de uno a cinco años de prisión, entendiéndose este delito como un “acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad, mediante la realización de uno o varios tipos de violencia y/o maltrato, durante o después de una relación de noviazgo, afectiva, de hecho o sexual”.

Se espera que a inicios del 2025 la propuesta sea discutida.

Ley Paola Buenrostro

Tres años después de ser presentada en el Congreso de la Ciudad de México, en julio finalmente se aprobó la Ley Paola Buenrostro, que tipifica los transfeminicidios y castiga este delito con una pena de 35 a 70 años de cárcel.

Recibe su nombre en memoria de la trabajadora sexual que fue asesinada en septiembre de 2016; su aprobación es histórica ya que se trató del primero caso en CDMX que se investigó como transfeminicidio.

Tras el crimen, el presunto asesino de Paola fue detenido; sin embargo, 48 horas después quedó libre. Hasta la fecha sigue prófugo de la justicia.

La Ley Paola Buenrostro modifica el Código Civil, el Código Penal, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y la Ley de Víctimas de la capital.

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Al Código Penal local agrega un capítulo en materia de transfeminicidio, donde se establezca que comete este delito quien prive de la vida a una mujer trans por razón de identidad o expresión de género.

Hace énfasis en la urgencia de que las autoridades e instituciones se capaciten en la atención bajo los principios de no discriminación y perspectiva de género.

Además, establece el concepto de familia social en el Código Civil. De esta manera, cuando la familia consanguínea de la víctima pretenda vulnerar su identidad de género en el acta de defunción, podrá ser su familia social quien la tramite a fin de respetar la forma en que se identificaba.

También señala que la Fiscalía de CDMX debe generar datos estadísticos trimestrales sobre delitos contra personas LGBTI+.

Esta ley es producto de la búsqueda de justicia por parte de activistas como Kenya Cuevas, mejor amiga de Paola y directora de la Casa de las Muñecas Tiresias A. C, quien busca replicar la reforma a nivel federal.

Ley Montse

La Ley Monse fue propuesta en el 2022 y el primer estado en aprobarla fue Morelos; este 2024 tuvo luz verde en el Congreso de CDMX y Oaxaca.

Esta ley lleva ese nombre por el caso de Montserrat Bendimes Roldán, una joven veracruzana de 20 años, estudiante de ingeniería que fue asesinada a golpes por su pareja Marlon Botas, el 17 de abril de 2021. La joven tuvo un traumatismo craneoencefálico que le causó muerte.

Marlon escapó con ayuda de sus padres, quienes dejaron a la joven en la entrada de un hospital, pero no avisaron a su familia lo que ocurrió ni llamaron a una ambulancia o a las autoridades.

Los padres de Marlon fueron detenidos en mayo de 2021 en la Ciudad de México por el delito de encubrimiento, aunque posteriormente el juez determinó que no estuvieron relacionados con el feminicidio, por lo que solo se les consideró como responsables de “omisión de auxilio”.

La Ley Monse impulsó cambios legislativos para garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia y evitar que se repitan casos en los que la familia o amigos se conviertan en cómplices.

Con las reformas al Código Penal se eliminan las excusas absolutorias que permitían a familiares o amigos evadir responsabilidades penales por encubrir a delincuentes. En Morelos, las penas van de 26 a 40 años; en CDMX de 2 a 8 años, con multas que pueden llegar a los 200 mil pesos, y en Oaxaca cárcel hasta por dos años.

En Veracruz, estado de donde era Montse y ocurrió el feminicidio, la iniciativa de reforma no fue aprobada.

Ley Sabina

La Ley Sabina es una reforma que fue impulsada por la activista oaxaqueña Diana Luz Vásquez Ruiz, no lleva su nombre, pero sí el de su hija Sabina, por quien comenzó una lucha para que el padre de la pequeña afrontara sus responsabilidades y pagara una pensión alimenticia.

Diana pasó más de cuatro años en tribunales sin una respuesta a su favor, ante la impotencia, en 2021 decidió hacer público el rostro de su expareja y deudor alimentario.

Desde entonces, otras mujeres se han unido al reclamo y han recorrido el país llevando sus “tendederos de deudores” para exhibir la forma en la que actúan algunos padres para evadir su responsabilidad.

¿Qué hacen? Falsean la dirección de su residencia, cambian de trabajo, alteran sus ingresos, traspasan sus bienes para declararse insolventes y no van a las audiencias.

Bajo las premisas: “No es normal que deudores alimentarios sigan impunes y no sepamos quiénes son”, “No es normal revictimizar a las madres”, “No es normal que jueces encubran a los padres irresponsables”, su trabajo como activista abrió el camino para abrir un registro de deudores alimentarios público en el estado y se estableciera un certificado de no adeudo de pensión como requisito para acceder a contratos públicos o créditos financieros.

A raíz de ellos, Diana planteó crear la Ley Sabina, la cual obliga a los deudores alimentarios a que cumplan con sus obligaciones.

En marzo de 2023, el Congreso del país aprobó la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios como parte de la iniciativa de la Ley Sabina, el cual documentará los nombres y apellidos de hombres que se niegan a pagar la pensión alimenticia a sus hijos. Se reformó el artículo 103 de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar sus derechos.

Este registro evitará que los deudores puedan salir del país, tramitar documentos oficiales como licencias de manejo, comprar inmuebles, solicitar matrimonio y ocupar cargos populares.

De acuerdo con la reforma, el registro de un deudor moroso se llevará a cabo luego de que así lo solicite un juez o la autoridad responsable del fuero local.

Este 2024 los Congresos locales de Baja California, Puebla y de Ciudad de México aprobaron la Ley Sabina.

Previamente, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Chiapas y Guanajuato aprobaron reformas a sus código penales y civiles para sancionar con penas de seis meses a tres años de prisión a los deudores alimenticios, aunque no todos los estados contemplan un padrón de deudores.

Ley Malena

La llamada Ley Malena ha sido aprobada en 13 estados y se espera su próxima discusión en tres más para 2025. Esta ley se verbalizó por lo que le ocurrió a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien sufrió un intento de feminicidio cuando le arrojaron ácido en 2019.

El objetivo de esta ley es reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal para considerar la violencia ácida como tentativa de feminicidio y mayores penas para los agresores, que van de los 25 a los 40 años de prisión.

Con estos cambios legislativos no sólo se contemplan los ataques con ácido, sino también otros agentes químicos como cloro, gasolina, aceite caliente, alcohol, fertilizantes y otras sustancias corrosivas o inflamables.

La ley también obliga a las autoridades de Salud a reportar ante el Ministerio Público estas agresiones y contar con un registro oficial sobre los ataques con ácidos u otras sustancias.

La falta de tipificación de los ataques con ácido impide que las mujeres sobrevivientes obtengan justicia y reparación del daño, y que los agresores sean sancionados.

Este año la Ley Malena se aprobó en CDMX, Nayarit, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Baja California, Colima y Puebla. En 2023 lo hicieron Oaxaca, Campeche, Hidalgo, Nuevo León y Sinaloa.

En Morelos, Baja California Sur, Durango y Zacatecas se espera que a inicios del 2025 se discuta y vote la iniciativa de reforma.

Para Elena Ríos, que una ley en México lleve su nombre es a su vez, “un pedazo de justicia”, aunque también considera que ninguna ley de esta índole tendría que ser necesaria.

“Ahora las leyes se verbalizan con un nombre, que lástima que tuvieron que bautizarse con un nombre porque a una mujer le pasó un intento de feminicidio con ácido. Es una forma de socializar una violencia, de visibilizarla”, dice.

Ley Monzón

La Ley Monzón, que recibe su nombre por la activista y abogada, Cecilia Monzón Pérez, propone quitar la patria potestad de los hijos cuando el padre incurra en tentativa o feminicidio de la madre.

Además, contempla penas de hasta ocho años de cárcel a los funcionarios que sean omisos o entorpezcan la investigación, así como 10 años de inhabilitación.

Cecilia fue asesinada a balazos en Puebla en mayo de 2022; su expareja Javier López Zavala, expolítico del PRI, y padre de su hijo, fue identificado por la Fiscalía como el presunto autor intelectual del crimen.

Puebla se convirtió en el primer estado de la República en promulgar una ley de este tipo que suspende la patria potestad a posibles feminicidas y la retira si se confirma la condena.

En 2024 la Ley Monzón tuvo “luz verde” en Quintana Roo, Oaxaca, Tlaxcala, Tabasco, y Morelos

Un año antes se aprobó en Colima, Sinaloa, CDMX, Nayarit, Guerrero y Edomex.

Desde diciembre del año pasado, el pleno del Senado de la República aprobó un dictamen para urgir a los congresos locales a armonizar su legislación en materia de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio.

Concretamente, a las entidades a las que se les hizo el llamado y aún no aprueban la Ley Monzón son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Ley Olimpia

Una de las leyes que cobró gran relevancia este año fue la Ley Olimpia, un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

Se llama así por la lucha de la activista Olimpia Corral Melo quien, después de ser víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento, se ha dedicado a promover proyectos que regulen la violencia digital en los congresos estatales.

Ahora con el uso de la inteligencia artificial y tras la absolución de Diego N, acusado de alterar y comercializar sin consentimiento las fotografías de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), algunas diputadas han planteado una reforma que especifique el uso de la inteligencia artificial en el delito contra la intimidad sexual.

Actualmente el artículo 181 quintus establece que comete el delito contra la intimidad sexual quien videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo sin consentimiento o mediante engaño. Lo mismo para quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta estos contenidos, pero deja de lado el almacenamiento.

La iniciativa que se planea que se discuta en 2025 busca armonizarse con los avances logrados con la Ley Olimpia, aprobada en 28 estados, en donde no se aborda el uso de la inteligencia artificial.