Nuevo libro de texto de secundaria recuerda desplome del Colegio Rébsamen en 2017; destaca disculpa de Sheinbaum a padres
Uno de los nuevos libros de texto gratuitos para nivel secundaria menciona el desplome del Colegio Enrique Rébsamen ocurrido durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, hecho que describe como “producto de la negligencia y la corrupción de particulares y autoridades que hoy enfrentan a la justicia”, y presume que Claudia Sheinbaum, entonces jefa delegacional en Tlalpan, exjefa de gobierno y aspirante presidencial, se disculpó públicamente con los padres de los niños fallecidos.
El suceso, en el que murieron 19 niños y siete adultos, está mencionado dentro del bloque temático “La actividad de las placas tectónicas” del libro Ética, naturaleza y sociedades de primero de secundaria, en el que se señala: “En México, algunos de los sismos más trágicos, debido a su magnitud, a los daños en viviendas, a los damnificados y a los decesos, fueron los de 19 de septiembre de 1985 y de 2017”.
Según el nuevo libro, “los daños asociados al sismo de 2017 fueron menores en comparación con los de 1985, pero evidenciaron la aún existencia de omisiones sobre el uso de suelo permitido en la ciudad, tipos de estructuras reglamentadas y deficiencia de materiales utilizados en la construcción de nuevos inmuebles”, lo que resultó en que numerosos edificios no resistieron al temblor, se derrumbaron y costaron la vida a cientos de personas.
Sobre el caso del Rébsamen, destaca como acciones legales la detención de cuatro responsables del derrumbe, así como el que en febrero de 2023 —cinco años después de los hechos— “la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofreció una disculpa pública a los familiares afectados por el desplome del colegio”.
Además, destaca: “La jefa de gobierno señaló que el inmueble contaba con documentos de construcción en regla, obtenidos de manera ilegal, que la dueña del inmueble, en contubernio con los DRO, amplió y construyó de manera irregular un piso de más de 230 toneladas de peso, y que sin reforzar la cimentación, por el peso extra, no soportó los movimientos del sismo”.
“Una tragedia que no debe repetirse”
En el capítulo “Colegio Rébsamen: una tragedia que no debe repetirse”, el libro refiere que entre las escuelas con mayores daños por el sismo de 2017 se encuentran el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, así como el plantel que da nombre a la lección.
También indica que “los involucrados pensaron en sus beneficios personales por encima de la seguridad de los ocupantes del inmueble, al no acatar las normas de construcción. Malas decisiones conducen a resultados indeseables. Debido a estas situaciones es necesario privilegiar la prevención de desastres mediante el cumplimiento de las normas de construcción. De haberse trabajado en ellas la historia del Rébsamen sería distinta”.
Como ejemplo de medidas preventivas, el libro asegura que en México se emplean avances tecnológicos, como sistemas de monitoreo, la ubicación de epicentros y alertas sísmicas que permiten saber con segundos de anticipación que ocurrirá un sismo si se genera en las costas del Pacífico.
“Es importante reconocer que las omisiones producto de la negligencia y corrupción, cuyos resultados generan daños económicos, pérdida de vidas e injusticia entre varios sectores de la población se pueden evitar si se actúa con ética y responsabilidad. Es inevitable que ocurran sismos en México y en otras partes del mundo. Lo que sí se puede hacer es incidir en la educación de los riesgos de desastres”, concluye la lección.
Te puede interesar: El expediente del Colegio Enrique Rébsamen: la historia que llevó al colapso por el sismo
Colegio Rébsamen estaba “bien construido”: Sheinbaum
En septiembre de 2017, como delegada de Tlalpan, Sheinbaum afirmó que el colegio estaba “bien construido”. Como prueba de ello, indicó que su administración contaba con un papel expedido en junio del mismo año —tres meses antes del sismo—, en el que el Director Responsable de Obra (DRO) certificaba las condiciones del inmueble.
La ahora aspirante a la candidatura presidencial por Morena indicó entonces que las delegaciones —ahora alcaldías— no contaban con atribuciones sobre el uso del suelo, y que esto era responsabilidad del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), es decir, del gobierno central a cargo de Miguel Ángel Mancera.
En respuesta, el extitular del Invea, Meyer Klip, declaró que la dependencia no tenía facultades para realizar revisiones ni suspender obras, a menos de que se recibiera una denuncia ciudadana sobre el uso irregular de algún inmueble, y aseguró que la responsable de determinar si este cumplía o no con la legislación en materia de construcciones era la delegación Tlalpan.
Según documentos compartidos por la entonces administración de la delegación Tlalpan, en agosto de 1983, la oficina de Planeación Urbana de la demarcación, a través de la Sección de Licencias de Construcción, emitió un permiso para construir en el terreno ubicado en Rancho Tamboreo 11, colonia Nueva Oriental Coapa, para construir una escuela y dos departamentos, en cuatro niveles.
De acuerdo con la entonces delegada Sheinbaum, esto fue posible porque las normas de construcción que se encontraban vigentes para ese año permitían la regulación de usos de suelo mixtos.
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Desde la caída de Nicolás Maduro, Estados Unidos se ha hecho cargo de la comercialización del petróleo de Venezuela, así como de la transferencia y administración de los recursos procedentes de estas ventas. BBC Mundo te cuenta cómo funciona este proceso y qué dudas genera.
Sorpresa, confusión, preocupación, alivio, optimismo, mucha incertidumbre…
Esas fueron algunas de las muchas emociones y sentimientos que experimentaron los venezolanos el pasado 3 de enero cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que a partir de ahora su país asumiría las riendas de la industria petrolera venezolana.
“El negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso”, dijo el mandatario estadounidense. “Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura petrolera gravemente dañada y empiecen a generar dinero para el país”, afirmó Trump pocas horas después de que el entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, hubiera sido capturado en una operación de las fuerzas militares estadounidenses.
Sus palabras generaron sentimientos encontrados entre los venezolanos que son conscientes del deterioro en el que ha caído la industria petrolera de su país en el último cuarto de siglo debido a problemas como la desinversión, la corrupción, las malas políticas y las sanciones internacionales, pero que, al mismo tiempo, tienen un fuerte vínculo de identidad con el petróleo, al que perciben no solamente como una fuente de la riqueza nacional sino como un recurso que les pertenece a todos.
Esta semana, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, se convirtió en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar Venezuela en más de dos décadas.
Wright se reunió Rodríguez y aseguró que Trump está comprometido en transformar la relación con Caracas, para “llevar comercio, paz, prosperidad, empleos y oportunidades al pueblo de Venezuela en asociación con Estados Unidos”.
Pero ¿qué significa exactamente que EE.UU. se vaya a hacer cargo de la industria petrolera venezolana?
Se trata de una pregunta que sigue sin tener una respuesta precisa, pero que en las semanas que han transcurrido desde la detención de Maduro ha ido tomando forma.
Cómo EE.UU. está vendiendo el petróleo de Venezuela
El 6 de enero, apenas tres días después de la detención de Maduro, Trump publicó un mensaje en Truth Social anunciando que el gobierno de la presidenta temporal de Venezuela, Delcy Rodríguez, le iba a entregar a EE.UU. entre 30 millones y 50 millones de barriles de petróleo (equivalentes a entre uno y dos meses de producción venezolana a los niveles actuales)
El mandatario señaló que el crudo se vendería a precios de mercado y que él iba a controlar el fruto de esa venta para asegurarse “de que sea usada en beneficio del pueblo de Venezuela y de EE.UU.”.
Al día siguiente, el Departamento de Energía de EE.UU. (DOE, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que ese país había empezado a comercializar el petróleo de Venezuela con el volumen de barriles mencionado antes e indicó que aplicarán este mecanismo de forma indefinida.
La petrolera estatal venezolana, Pdvsa, confirmó las negociaciones sobre un acuerdo de este tipo con EE.UU., pero no mencionó que fuera a aplicarse de forma indefinida y lo equiparó al que rige con la petrolera estadounidense Chevron. “Está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”, apuntó.
En su comunicado, el DOE dijo que EE.UU.había contactado a las “principales empresas comercializadoras de materias primas del mundo y a bancos clave” para ejecutar y dar apoyo financiero a estas ventas de crudo.
Posteriormente se sabría que eran Vitol y Trafigura, dos de las compañías más grandes del mundo dedicadas a la comercialización de materias primas. Entre ambas manejan diariamente un volumen de petróleo suficiente para satisfacer el consumo combinado de México, Alemania, India y Japón, según Bloomberg.
Gran parte del crudo que estas empresas recibieron fue inicialmente almacenado a la espera de ser vendido. Bloomberg informó que estas compañías adquirieron ese petróleo a un precio de US$15 por debajo del costo del barril de crudo Brent y lo estuvieron ofrecieron a refinerías en la Costa del Golfo de EE.UU. a entre US$8 y US$9 menos que el Brent.
Históricamente, el petróleo venezolano se ha vendido en un rango aproximado entre US$5 y US$15 por debajo del Brent dependiendo de la calidad del crudo, de las condiciones de la venta y de la situación del mercado (cuando el precio del petróleo en el mundo subía, el diferencial se reducía, pero cuando el precio bajaba, tendía a ampliarse).
Según la prensa estadounidense, Trafigura y Vitol fueron escogidas para estas primeras transacciones por ser compañías que tenían la capacidad para hacerse cargo del crudo venezolano y colocarlo rápidamente en el mercado.
Mecanismo de corto plazo
Según explicó el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, la venta de este crudo era importante porque Venezuela se estaba quedando sin capacidad para almacenar el petróleo – debido al bloqueo marítimo impuesto por Trump desde diciembre- y además al gobierno de Delcy Rodríguez se le iba agotando el dinero para hacer frente a gastos esenciales.
“Venezuela se estaba quedando sin capacidad de almacenamiento. Estaban produciendo petróleo, estaban perforando, pero no tenían dónde guardarlo ni cómo moverlo. Y estaban enfrentando una presión fiscal. Necesitaban dinero y lo necesitaban de inmediato para pagar a los policías, a los trabajadores de la salud y las operaciones diarias del gobierno”, dijo en una comparecencia ante el Senado.
Rubio afirmó que este crudo venezolano se está vendiendo a precios de mercado, superiores a los que estaba recibiendo el país antes de la detención de Maduro.
“China estaba recibiendo este petróleo con un enorme descuento de unos US$20 por barril, y ni siquiera lo estaban pagando con dinero. Se estaba usando para amortizar la deuda que Venezuela les debía. Este es el petróleo del pueblo venezolano y se estaba entregando a los chinos como trueque”, dijo.
El diplomático aseguró que estas primeras ventas se hicieron a través de un mecanismo de corto plazo que no será definitivo.
“Estamos usando ese mecanismo de corto plazo tanto para estabilizar el país como para asegurarnos de que los ingresos petroleros que se generan vayan en beneficio del pueblo venezolano y no a financiar el sistema que existía en el pasado”, dijo.
“Esperamos pasar a un mecanismo que permita que ese petróleo se venda de manera normal, en una industria petrolera normal, no una dominada por compinches, ni por el soborno y la corrupción”, agregó.
¿Qué pasa con el dinero?
El 14 de enero, las autoridades estadounidenses anunciaron que ya se había realizado la primera venta de crudo venezolano por un monto de US$500 millones.
Ese dinero, sin embargo, no está bajo el control de las autoridades venezolanas sino de las estadounidenses.
Asdrúbal Oliveros, economista y consultor empresarial venezolano, dijo a BBC Mundo que el dinero se está depositando en una cuenta que mantiene el Banco Central de Venezuela en el banco estadounidense JP Morgan, desde donde es transferido a una cuenta en Qatar, que funciona como una suerte de fideicomiso entre EE.UU. y el gobierno de Venezuela.
“Desde allí, el dinero se distribuye a bancos venezolanos para la venta de dólares en el mercado cambiario o para cubrir las necesidades que tenga el país, previa aprobación de Estados Unidos y del fideicomiso”, señaló.
En su comparecencia ante el Senado, Marco Rubio dijo que el dinero está en una cuenta que pertenece a Venezuela, pero cuyo uso está bloqueado por las sanciones estadounidenses. Explicó que se decidió enviarlo a Qatar para solventar una dificultad jurídica derivada del hecho de que EE.UU. no reconoce al gobierno venezolano como legítimo y para evitar que los acreedores de la deuda venezolana intenten hacerse con el control de esos fondos para cobrar lo que se les debe.
“Si algo de ese dinero tocara un banco estadounidense, incluso si estuviera en una cuenta a nombre de los venezolanos, sería inmediatamente embargado por varios acreedores a los que eventualmente habrá que atender. Pero, a corto plazo, eso impediría que las autoridades venezolanas recibieran los fondos que necesitan para operar”, explicó.
¿Y cómo está llegando este dinero a la economía venezolana?
Cómo se gasta el dinero
Hasta ahora, los fondos están siendo adjudicados a través de subastas que realiza el Banco Central de Venezuela (BCV) y a las que empresas y personas naturales pueden acceder a través de cuatro bancos venezolanos.
Estos interesados deben presentar la documentación requerida, indicando además cuántos dólares requieren y a qué precio están dispuestos a comprarlos, según confirmaron fuentes de la banca venezolana a BBC Mundo.
Estas ofertas son informadas al BCV, que es quien finalmente decide a quién se le asignan las divisas, en qué cantidad y a qué precio.
¿Cuál es el criterio para estas asignaciones? Según señaló en un mensaje en X el economista Alejandro Grisanti, director de la consultora Ecoanalítica, para el 30 de enero los fondos se habían asignado de esta forma: un 80% para sectores prioritarios como alimentos y medicinas, un 15% a otros sectores productivos y un 5% a personas naturales.
Esas asignaciones, en teoría, deben estar en línea con lo que se acuerde con EE.UU., según explicó Rubio en el Senado.
“Hemos creado un mecanismo temporal mediante el cual se pueden atender las necesidades del pueblo venezolano a través de un proceso que hemos creado en el que ellos [el gobierno de Delcy Rodríguez] presentarán cada mes un presupuesto: ‘Esto es lo que necesitamos que se financie’. Y nosotros les indicaremos desde el principio en qué no se puede usar ese dinero. Ellos han sido muy cooperativos en este sentido. De hecho, se han comprometido a usar una parte considerable de esos fondos para comprar medicinas y equipos directamente de EE.UU.”, contó.
“Estamos usando ese mecanismo temporal tanto para estabilizar el país como para asegurarnos de que los ingresos petroleros que se están generando actualmente beneficien al pueblo venezolano y no financien el sistema que existía en el pasado”, agregó.
Rubio agregó que están diseñando un mecanismo de auditoría posterior -pagado con los propios recursos venezolanos- para verificar cómo se está gastando el dinero.
Más dinero, no tanta transparencia
La falta de transparencia es una de las mayores preocupaciones existentes en torno a todo este proceso puesto en marcha entre el gobierno de Trump y el de Delcy Rodríguez.
“No sabemos con claridad quién aprueba la distribución de los fondos, qué criterios se utilizan para asegurarse de que el dinero realmente se destine a la compra de alimentos, combustible o al pago de salarios, y cuánta supervisión o rendición de cuentas existe para garantizar que los fondos se estén desembolsando como corresponde”, señala a BBc Mundo David L. Goldwyn, presidente de la consultora Goldwyn Global Strategies y presidente del Grupo Asesor de Energía del Atlantic Council.
Asdrúbal Oliveros considera que hace falta mejorar el sistema de subastas para que sea más transparente e incluya reglas más claras de participación, sobre cómo se fija el tipo de cambio y cómo se refleja esa tasa de cambio.
“El BCV pública una tasa de cambio todos los días que debería reflejar los resultados de esa subasta. Hasta ahora eso no ha ocurrido del todo. Creo que el sistema es susceptible de mejoras muy importantes que no solamente dependen de las sanciones, sino también de gestión interna del BCV”, señala.
En todo caso, hasta la fecha, el BCV ha puesto a subasta unos US$800 millones a través de la banca siguiendo un ritmo que, de mantenerse, podría llegar en el primer trimestre de 2026 hasta US$1.400 millones. De ser así, se ubicaría en niveles similares a los del último trimestre de 2025, cuando por ser época de Navidad suele haber más demanda de divisas, según comentó en X Alejandro Grisanti. Una buena señala para la economía.
“Que el programa esté colocando volúmenes comparables en un trimestre de baja estacionalidad fortalece el anclaje del mercado y reduce el riesgo de episodios cambiarios abruptos, siempre que la ejecución mantenga consistencia”, escribió el economista.
Y es probable que siga fluyendo mucho más dinero a través de este mecanismo temporal de venta de crudo pues, según Rubio, probablemente se gestionarán a través del mismo unos US$2.500 millones o US$3.000 millones.
Aunque le preocupa tanto la falta de celeridad de todo el proceso como la insuficiente transparencia, Asdrúbal Oliveros cree que estos mecanismos constituyen un avance en comparación con el escenario previo que vivía Venezuela: una situación en la que había dificultades para vender el crudo debido a las sanciones y el gobierno cobraba de forma poco transparente, a través de intermediarios y recurriendo muchas veces a criptomonedas.
“La perspectiva ahora es que haya más estabilidad cambiaria, una reducción de la inflación que es bastante preocupante en este en este momento. Y, por supuesto, también impacta en la dinámica de crecimiento. Esto ayudaría a tener un poco más de estabilidad, a que el sector privado pueda operar en mejores condiciones. Si ese dinero también se traduce en mejoras en servicios clave como electricidad e infraestructura, potenciará el crecimiento. Entonces, la perspectiva en el mediano plazo es positiva”, apunta.
David L. Goldwyn señala que el proceso hasta ahora ha sido favorable en términos de sus efectos anticorrupción, al imponer controles sobre la forma en la que el gobierno venezolano dispone de los recursos y, en términos económicos, al haber aumentado la disponibilidad de divisas en la economía, lo que parece haber detenido la devaluación del bolívar.
Sin embargo, advierte que el camino no está exento de retos.
Destaca que estas primeras ventas se han hecho con petróleo almacenado en buques y en cantidades relativamente pequeñas, en comparación con el tamaño de la economía venezolana.
“Una pregunta importante es qué tan eficiente será este proceso cuando se amplíe y cuando se trate de volúmenes mayores: qué tan rápido podrán tomarse decisiones y qué tan efectivas serán”, dice.
“Es demasiado pronto para saber si este es un sistema eficaz para estabilizar la economía. En la medida en que el dinero realmente se destine a alimentos, combustible, energía, salarios e incluso inversión en la rehabilitación de infraestructura crítica, eso será positivo para la economía venezolana, pero necesitan ingresos. Necesitan muchos más ingresos para lograr la estabilización”, advierte Goldwyn.
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