EU ofrece 34 mdd por líderes de Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana, mientras México los ignora
Desde que inició el sexenio, el gobierno de México ha omitido del discurso oficial los nombres de dos grupos criminales: Cárteles Unidos (CU) y La Nueva Familia Michoacana (LNFM). Esto, pese a que desde los sectores aguacatero y limonero de Michoacán se les acusa de estar detrás de delitos como la extorsión.
En contraste, para el gobierno de Estados Unidos ambas agrupaciones representan una potencial amenaza a la seguridad, a tal grado que las designó como organizaciones terroristas y ofrece 34 millones de dólares por información que conduzca a la captura de sus líderes.
Animal Político revisó todas las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum en busca de alguna referencia, sin encontrar mención alguna a estos grupos. La situación es la misma tratándose de las comunicaciones de las instancias que integran el Gabinete de Seguridad.
Ambos grupos criminales parecen estar ausentes del discurso oficial en México, lo que revelaría una disparidad respecto a la estrategia de seguridad de Washington, que en 2025 incluso designó a ambos grupos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs, por sus siglas en inglés).
La falta de información muestra una profunda divergencia entre las narrativas de seguridad de México y Estados Unidos respecto a estos dos cárteles, identificados por su control territorial, la extorsión al sector aguacatero, la minería ilegal y el uso de violencia con drones, entre otras actividades ilícitas.
La designación de CU y LNFM como “terroristas”
El punto de inflexión se dio el 20 de febrero de 2025, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó a Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana —junto con otros cuatro conocidos cárteles mexicanos— como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs, por sus siglas en inglés), siguiendo la Orden Ejecutiva 14157 firmada por el presidente Donald Trump el primer día de su segunda administración.
Esta designación no es menor: quiere decir que ambos grupos criminales representan “una amenaza a la seguridad nacional” de Estados Unidos, lo que permitiría al gobierno de ese país aplicar medidas extraterritoriales en territorio mexicano.
Desde ese día, Cárteles Unidos es considerado por EU como una “violenta organización transnacional, formada por una alianza de múltiples cárteles más pequeños de Michoacán, involucrada en actividades que han causado numerosas víctimas civiles, militares y de las fuerzas del orden mexicanas”.
Mientras que La Nueva Familia Michoacana es descrita como una organización sucesora de “La Familia Michoacana“, con operaciones en Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México. El gobierno estadounidense destaca que la organización no solo se dedica al narcotráfico, secuestro y extorsión, sino que también “ataca a funcionarios del gobierno y utiliza la violencia, incluidos ataques con drones y explosivos, para ejercer su control criminal y aterrorizar” a las comunidades, actos que tradicionalmente se asocian con el terrorismo.
Así, la designación FTO tiene como propósito “exponer y aislar” a estas entidades, negándoles el acceso al sistema financiero estadounidense y bloqueando sus bienes, lo que apunta a desmantelar su infraestructura financiera global.
El enigma del silencio oficial mexicano
El único registro que existe de una mención en México a Cárteles Unidos ocurrió el 28 de abril de 2022, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Al rendir el informe de seguridad conocido como “Cero Impunidad”, Ricardo Mejía Berdeja, entonces subsecretario de seguridad federal, dio a conocer la detención de un hombre identificado como Gustavo “N”, alias “El Gusano”, presunto feminicida de la zona de Zamora, Michoacán.
“Él es parte de un grupo criminal denominado Cárteles Unidos y está en proceso su vinculación al delito para el proceso penal correspondiente”, señaló en conferencia de prensa.
Puedes leer: Ataques contra el narco “por tierra” podrían ser “en cualquier lugar”, incluido México, dice Trump
Víctor Sánchez, especialista en seguridad pública, sugiere que la omisión en el discurso oficial mexicano podría deberse a que estos dos grupos criminales en realidad son un solo conglomerado de cárteles más pequeños. También puede deberse a una estrategia para “tratar de darles menos visibilidad”, advierte.
“Yo creo que es, precisamente, para restarle importancia o para no darle más armas a Estados Unidos a la hora de sus discursos”, señaló el también investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en entrevista con Animal Político.
El especialista subraya que la falta de mención no implica una pérdida de fuerza, ya que estas organizaciones “siguen operando” y “sus liderazgos principales no han sido tocados, es decir, no hay arrestos grandes ni de La Nueva Familia Michoacana ni de Cárteles Unidos”.
Por su parte, Raúl Benítez Manaut, especialista en seguridad nacional, defensa y relaciones Estados Unidos-México, afirma que la omisión responde a la combinación de una posible estrategia política y subestimación por parte de las autoridades mexicanas.
Explica que el principal factor es que “el gobierno no acostumbra hacer públicos informes con las nomenclaturas de los cárteles”, lo que constituye un primer problema, pues al haber una falta de información oficial no es posible conocer a ciencia cierta cómo ha ido escalando el poder de estos grupos.
Tanto Cárteles Unidos como La Familia Michoacana son denominaciones usadas principalmente por académicos, las mismas que provienen de fuentes internacionales, como “el informe anual de la Organización de las Naciones Unidas sobre el crimen organizado o el informe de la DEA”.
Benítez Manaut, quien también se desempeña como Investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma que el gobierno mexicano tiene “el grave problema de que no reconoce que operen estas organizaciones y no hace documentos públicos, como el de la DEA”.
“El gobierno de México es muy reacio a andar reconociendo que hay grupos criminales” y el Ejército y la Marina sí los tienen, pero “a veces en privado”, por eso “oficialmente no hay esas nomenclaturas”, explica.
Una recompensa de 34 millones de dólares
Para complementar la designación FTO, Estados Unidos puso un precio millonario a la cabeza de siete líderes clave de ambas organizaciones, una medida que busca la delación interna y la desestabilización de sus estructuras de mando.
Sobre La Nueva Familia Michoacana, en abril de 2025 se ofrecieron hasta 8 millones de dólares por dos personas consideradas como los principales líderes de esta organización criminal: Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez” (5 mdd), y su hermano José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa” (3 mdd).
Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos también alcanzaron a otros dos hermanos Hurtado Olascoaga: Ubaldo, identificado como un alto dirigente de La Nueva Familia Michoacana involucrado en extorsión, narcotráfico y extracción ilegal de mercurio y uranio; y Adita, sancionada por blanqueo de dinero a través de tiendas de ropa usada.
Sigue leyendo: México ocupa el tercer lugar mundial en criminalidad por cárteles y corrupción: Global Organized Crime Index 2025
Sobre Cárteles Unidos, en agosto de 2025, se anunció una recompensa por un total de 26 millones de dólares por cinco líderes asociados a ellos, destacando a Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo” (hasta 10 mdd); Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo” (5 mdd); y Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” (hasta 5 mdd), este último por supuestamente reclutar a expolicías y militares colombianos.
También se ofrecen recompensas por Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5”, “Wicho” o “Güicho” (3 mdd), involucrado en la extorsión relacionada con el aguacate; y Edgar Valeriano Orozco Cabadas, alias “el Kamoni” (3 mdd), señalado por ser un colaborador cercano a Farías Álvarez y supervisar a los sicarios de la organización.
Cárteles Unidos es señalado por la producción a gran escala de metanfetamina y fentanilo en Michoacán.
Relacionado
Casi 12 horas después de que dejara la celda donde permanecía, el opositor fue capturado nuevamente por hombres armados, denunció su familia. La fiscalía anunció su nuevo arresto por “incumplimiento de las condiciones impuestas”.
Casi 12 horas después de que fuera excarcelado en Venezuela, el opositor Juan Pablo Guanipa ha sido “secuestrado” por “un grupo de personas armadas”, según denunció su hijo Ramón Guanipa en redes sociales.
“Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas (…). Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación”, decía el mensaje que fue publicado en la cuenta oficial de X del opositor.
A la denuncia se sumó rápidamente María Corina Machado, líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, quien también publicó un mensaje de alerta en su cuenta de X:
“Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”.
Primero Justicia, el partido de Guanipa, también publicó un mensaje en X diciendo que su líder había sido “secuestrado por cuerpos represivos de la dictadura” y hacían responsables a “Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello de cualquier daño contra la vida de Juan Pablo”.
Poco después, la Fiscalía de Venezuela emitió un comunicado en el cual confirmó que el opositor había sido aprehendido nuevamente a solicitud suya.
“Se ha solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas”, se lee en el escrito, en el cual no se aclara dónde se encuentra el político.
Aunque no se han informado las condiciones impuestas a Guanipa para excarcelarlo, en la mayoría de los casos los jueces venezolanos prohíben a los beneficiarios de estas medidas realizar declaraciones a los medios o a través de sus redes sociales, algo que el opositor hizo.
La Fiscalía también agrega que había solicitado al tribunal que pasara “a un régimen de detención domiciliaria”.
La excarcelación
Juan Pablo Guanipa, de 61 años y cercano a María Corina Machado, había sido excarcelado horas antes tras pasar ocho meses en prisión.
Fue su hijo Ramón, quien también confirmó esa noticia en su cuenta de X hacia el mediodía hora local: “Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos”.
Al poco tiempo se conoció un video del mismo Guanipa, ya fuera de su celda, en el que se dirigió a sus seguidores:
“Aquí estamos saliendo en libertad después de año y 10 meses escondido, casi nueve meses aquí detenido, hoy, estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar del presente y futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”.
Y aunque la de Guanipa no fue la única excarcelación ocurrida este domingo, sí ha sido quizá la más sorprendente, al tratarse de un abogado que fue diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento) y ganó la gobernación del Zulia en las elecciones regionales de 2017, pero jamás pudo asumir su cargo al negarse a reconocer a la Constituyente que entonces se instaló en el país.
Según la organización Foro Penal, este domingo hubo al menos “35 excarcelaciones de presos políticos y verificadas”. De esas personas, al menos seis formaron parte de los equipos y comandos de campaña de Machado.
El arresto
Guanipa fue detenido por las autoridades venezolanas en mayo de 2025, dos días antes de que se llevaran a cabo los comicios regionales y legislativos.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, hizo público el arresto en una rueda de prensa en la que mostró un video del momento de la captura del opositor, quien permanecía en la clandestinidad desde las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024.
En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció a Nicolás Maduro como ganador sin publicar datos detallados. A su vez, la oposición denunció fraude electoral y mostró las actas de votación que convalidaban el triunfo de su candidato Edmundo González.
Foro Penal detalló que al menos 1.800 personas fueron detenidas en los días que siguieron a los comicios de 2024.
Al arrestar a Guanipa, Cabello precisó en ese entonces que 70 personas más fueron aprehendidas como parte de la llamada “Operación Tun Tun”, un operativo de seguridad que el gobierno venezolano ha aplicado en años anteriores contra políticos y activistas a los que acusa de organizar “actos desestabilizadores”.
Otras excarcelaciones
Desde que EE.UU. atacó el territorio venezolano, el pasado 3 de enero, las autoridades venezolanas han excarcelado a decenas de personas.
En la intervención militar murieron más de 100 personas, según cifras del gobierno de Venezuela, y fue capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen en Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en días pasados que tras la intervención más de 600 prisioneros habían salido de las cárceles y comisarias policiales, pero Foro Penal dice que esa cifra ha sido inflada.
La misma ONG informó que hasta el 8 de enero habían sido excarcelados 158 detenidos y que el pasado 26 de enero otros 110 corrieron la misma suerte, a los cuales hay que sumar 35 de este domingo.
Entre los favorecidos de este domingo están el abogado Perkins Rocha, del equipo legal de Machado y preso desde agosto de 2024; Dignora Hernández, secretaria política del partido Vente Venezuela; María Oropeza, jefa del Comando ConVenezuela y coordinadora del partido opositor Vente Venezuela en el estado Portuguesa; Luis Tarbay, coordinador de los equipos internacionales del comando, y Catalina Ramos, coordinadora nacional de asociaciones ciudadanas del partido Vente Venezuela.
El caso de Guanipa revela que las excarcelaciones no pueden considerarse liberaciones en sentido estricto, porque los procesos penales contra opositores y disidentes continúan, y en cualquier momento las autoridades pueden aprehenderlos nuevamente si consideran que violaron las condiciones impuestas.
Sin embargo, esto podría cambiar si se aprueba la Ley de Amnistía anunciada por Rodríguez, la cual efectivamente cerraría los juicios e investigaciones en curso.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
