
Desde que inició el sexenio, el gobierno de México ha omitido del discurso oficial los nombres de dos grupos criminales: Cárteles Unidos (CU) y La Nueva Familia Michoacana (LNFM). Esto, pese a que desde los sectores aguacatero y limonero de Michoacán se les acusa de estar detrás de delitos como la extorsión.
En contraste, para el gobierno de Estados Unidos ambas agrupaciones representan una potencial amenaza a la seguridad, a tal grado que las designó como organizaciones terroristas y ofrece 34 millones de dólares por información que conduzca a la captura de sus líderes.

Animal Político revisó todas las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum en busca de alguna referencia, sin encontrar mención alguna a estos grupos. La situación es la misma tratándose de las comunicaciones de las instancias que integran el Gabinete de Seguridad.
Ambos grupos criminales parecen estar ausentes del discurso oficial en México, lo que revelaría una disparidad respecto a la estrategia de seguridad de Washington, que en 2025 incluso designó a ambos grupos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs, por sus siglas en inglés).
La falta de información muestra una profunda divergencia entre las narrativas de seguridad de México y Estados Unidos respecto a estos dos cárteles, identificados por su control territorial, la extorsión al sector aguacatero, la minería ilegal y el uso de violencia con drones, entre otras actividades ilícitas.

El punto de inflexión se dio el 20 de febrero de 2025, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó a Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana —junto con otros cuatro conocidos cárteles mexicanos— como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs, por sus siglas en inglés), siguiendo la Orden Ejecutiva 14157 firmada por el presidente Donald Trump el primer día de su segunda administración.
Esta designación no es menor: quiere decir que ambos grupos criminales representan “una amenaza a la seguridad nacional” de Estados Unidos, lo que permitiría al gobierno de ese país aplicar medidas extraterritoriales en territorio mexicano.
Desde ese día, Cárteles Unidos es considerado por EU como una “violenta organización transnacional, formada por una alianza de múltiples cárteles más pequeños de Michoacán, involucrada en actividades que han causado numerosas víctimas civiles, militares y de las fuerzas del orden mexicanas”.
Mientras que La Nueva Familia Michoacana es descrita como una organización sucesora de “La Familia Michoacana“, con operaciones en Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México. El gobierno estadounidense destaca que la organización no solo se dedica al narcotráfico, secuestro y extorsión, sino que también “ataca a funcionarios del gobierno y utiliza la violencia, incluidos ataques con drones y explosivos, para ejercer su control criminal y aterrorizar” a las comunidades, actos que tradicionalmente se asocian con el terrorismo.
Así, la designación FTO tiene como propósito “exponer y aislar” a estas entidades, negándoles el acceso al sistema financiero estadounidense y bloqueando sus bienes, lo que apunta a desmantelar su infraestructura financiera global.

El único registro que existe de una mención en México a Cárteles Unidos ocurrió el 28 de abril de 2022, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Al rendir el informe de seguridad conocido como “Cero Impunidad”, Ricardo Mejía Berdeja, entonces subsecretario de seguridad federal, dio a conocer la detención de un hombre identificado como Gustavo “N”, alias “El Gusano”, presunto feminicida de la zona de Zamora, Michoacán.
“Él es parte de un grupo criminal denominado Cárteles Unidos y está en proceso su vinculación al delito para el proceso penal correspondiente”, señaló en conferencia de prensa.
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Víctor Sánchez, especialista en seguridad pública, sugiere que la omisión en el discurso oficial mexicano podría deberse a que estos dos grupos criminales en realidad son un solo conglomerado de cárteles más pequeños. También puede deberse a una estrategia para “tratar de darles menos visibilidad”, advierte.
“Yo creo que es, precisamente, para restarle importancia o para no darle más armas a Estados Unidos a la hora de sus discursos”, señaló el también investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en entrevista con Animal Político.

El especialista subraya que la falta de mención no implica una pérdida de fuerza, ya que estas organizaciones “siguen operando” y “sus liderazgos principales no han sido tocados, es decir, no hay arrestos grandes ni de La Nueva Familia Michoacana ni de Cárteles Unidos”.
Por su parte, Raúl Benítez Manaut, especialista en seguridad nacional, defensa y relaciones Estados Unidos-México, afirma que la omisión responde a la combinación de una posible estrategia política y subestimación por parte de las autoridades mexicanas.
Explica que el principal factor es que “el gobierno no acostumbra hacer públicos informes con las nomenclaturas de los cárteles”, lo que constituye un primer problema, pues al haber una falta de información oficial no es posible conocer a ciencia cierta cómo ha ido escalando el poder de estos grupos.
Tanto Cárteles Unidos como La Familia Michoacana son denominaciones usadas principalmente por académicos, las mismas que provienen de fuentes internacionales, como “el informe anual de la Organización de las Naciones Unidas sobre el crimen organizado o el informe de la DEA”.
Benítez Manaut, quien también se desempeña como Investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma que el gobierno mexicano tiene “el grave problema de que no reconoce que operen estas organizaciones y no hace documentos públicos, como el de la DEA”.
“El gobierno de México es muy reacio a andar reconociendo que hay grupos criminales” y el Ejército y la Marina sí los tienen, pero “a veces en privado”, por eso “oficialmente no hay esas nomenclaturas”, explica.

Para complementar la designación FTO, Estados Unidos puso un precio millonario a la cabeza de siete líderes clave de ambas organizaciones, una medida que busca la delación interna y la desestabilización de sus estructuras de mando.
Sobre La Nueva Familia Michoacana, en abril de 2025 se ofrecieron hasta 8 millones de dólares por dos personas consideradas como los principales líderes de esta organización criminal: Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez” (5 mdd), y su hermano José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa” (3 mdd).
Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos también alcanzaron a otros dos hermanos Hurtado Olascoaga: Ubaldo, identificado como un alto dirigente de La Nueva Familia Michoacana involucrado en extorsión, narcotráfico y extracción ilegal de mercurio y uranio; y Adita, sancionada por blanqueo de dinero a través de tiendas de ropa usada.
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Sobre Cárteles Unidos, en agosto de 2025, se anunció una recompensa por un total de 26 millones de dólares por cinco líderes asociados a ellos, destacando a Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo” (hasta 10 mdd); Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo” (5 mdd); y Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” (hasta 5 mdd), este último por supuestamente reclutar a expolicías y militares colombianos.
También se ofrecen recompensas por Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5”, “Wicho” o “Güicho” (3 mdd), involucrado en la extorsión relacionada con el aguacate; y Edgar Valeriano Orozco Cabadas, alias “el Kamoni” (3 mdd), señalado por ser un colaborador cercano a Farías Álvarez y supervisar a los sicarios de la organización.
Cárteles Unidos es señalado por la producción a gran escala de metanfetamina y fentanilo en Michoacán.

Un equipo de buzos especializados tiene la peligrosa y lenta tarea de desminar las zonas del mar Negro que todavía siguen bajo control de Ucrania.
El mar Negro está plagado de armas mortales. Pero nadie sabe cuántas hay ni dónde están.
“Cuando nos acercamos a una, debemos guardar silencio, debemos ser lentos y debemos ser muy exactos”, cuenta Vitalii, moviendo su mano como una serpiente, a medida que describe cómo nada entre las aguas oscuras hacia los dispositivos explosivos que yacen en el suelo del mar.
El buzo ucraniano de 31 años, alto y de voz suave, es parte de un equipo de 20 personas con la tarea de desminar partes del mar Negro que aún están bajo control de Ucrania.
Las minas son uno de los legados más traicioneros y duraderos de la guerra. Continúan activas y mortales durante décadas; las que están en el mar presentan riesgos adicionales, ya que pueden dejarse llevar por las corrientes y las tormentas.
Las minas submarinas colocadas por Moscú al inicio de su invasión a gran escala, cuando los barcos rusos se acercaban a Odesa, no son diferentes. Y el peligro no es hipotético: el verano pasado tres nadadores murieron por la explosión de minas frente a la costa de Odesa.
El comandante del grupo de defensa contra las minas de la marina, un joven irónico de mirada aguda que se identifica como Fox (zorro), estima que el número de minas en el mar asciende a miles.
Pero no son los únicos peligros que acecha en las profundidades. Misiles, proyectiles de artillería, bombas y minas terrestres fueron arrastradas río abajo hasta el mar cuando la presa Kakhova fue volada en 2022. Estos artefactos también podrían explotar en cualquier momento.
“Si hablamos en general de artillería no detonada -misiles, proyectiles de artillería, bombas aéreas- el número total será mucho más alto” que varios miles, indica Fox.
El trabajo de su equipo es tan peligroso como vital.
A pesar de la magnitud de la contaminación, el tráfico marítimo no ha parado, y un número significativo de barcos mercantes todavía opera en el único corredor de exportación marítima que parte de Ucrania.
Para Ucrania, el esfuerzo por despejar el suelo del mar es parte de un intento más amplio de mantener los puertos en el mar Negro activos, particularmente por barcos comerciales que generan un flujo muy necesitado de ingresos.
Apoyados por un ejército enorme, Moscú logra mantener más o menos el control del frente de guerra; pero en el mar, Ucrania ha logrado emparejar las condiciones en el terreno de juego.
Desde un café que da al golfo de Odesa, el portavoz de la marina, Dmytro Pletenchuk, señala el mar que se extiende más allá de la ventana.
“Hay paridad en el dominio marítimo en este momento”, afirma.
“Encontramos maneras de golpearlos; ellos buscan maneras de contraatacarnos. Lo que funciona hoy no funcionará mañana, para ambos lados. Ellos adoptan nuestra experiencia, nosotros la de ellos”.
Los barcos ucranianos no pueden desplazarse más allá del área que rodea a Odesa porque Rusia controla gran parte de la costa.
Y Moscú también parece haber llegado a la conclusión de que sacar muchos barcos de sus bases navales en el mar Negro supone un gran riesgo, ya que estarían al alcance de los ataques aéreos ucranianos.
En 2024, Rusia retiró su último barco de patrullaje de la península ocupada de Crimea.
“Aunque Rusia tenga una ventaja en tierra y en el aire, no lo tiene en el mar”, añade.
“Aquí, la principal táctica rusa, la masa, no funciona”.
“La guerra naval es tecnológica. No puedes dominar una zona con ‘carne'”, asegura Pletenchuk, usando el término para referirse al gran número de soldados con los que cuenta Rusia.
El empate en el mar ha permitido que las exportaciones por mar de Ucrania continúen y se mantenga abierto el llamado “corredor del cereal”.
Lo que sale por mar representa más de dos tercios de las exportaciones agrícolas de Ucrania que, según unos informes, suman un total de US$9.000 millones. Es una fuente de ingresos esencial para Ucrania.
Aunque los ataques aéreos siguen siendo una realidad cotidiana, las embarcaciones continúan navegando en la zona.
“A juzgar por el hecho de que el tráfico naviero no ha decaído, (las empresas comerciales) están dispuestas a tomar estos riesgos”, indica Pletenchuk, señalando dos buques grandes que se desplazan en el horizonte.
Ahora, mantener viables las rutas marítimas también depende de que se despeje la amenaza bajo la superficie.
Las minas y artillería sin explotar siguen siendo una herramienta pasiva que Rusia puede utilizar para afectar el tráfico marítimo, aún sin tener el propio control del mar Negro.
Ahí es donde aparecen los buzos como Vitalii.
“Nos movemos con cuidado y muy lentamente para que la mina no detone”, explica Vitalii, describiendo el arduo y lento proceso de desminado. “Te mueves un segundo, luego te quedas quieto un tiempo, y repites eso hasta llegar al objeto”.
“Generalmente, hay hasta 20 metros antes de llegar hasta el objeto, así que te puedes imaginar todo el tiempo que se tarda en acercarse a él”.
Pero antes de que la misión submarina para desminar pueda siquiera comenzar, el grupo de Vitalii debe identificar el objeto, ya que hay misiles y un sinfín de bombas de la Segunda Guerra Mundial sin explotar que yacen en el lecho del mar al lado de las minas rusas.
El comandante Fox explica que las minas generalmente se clasifican en dos categorías: minas de contacto, que detonan al golpearse, y minas de influencia, que explotan cuando sus sensores detectan cambios de sonido, presión o magnetismo.
“Normalmente, el sensor acústico es el que está activado”, indica. “Si escucha un sonido, puede activar otro sensor”.
Los grandes barcos comerciales son particularmente vulnerables a las minas magnéticas, que responden a los cambios del campo magnético.
“La mina yace en el fondo y explota cuando una embarcación grande se acerca”, cuenta Fox, imitando el chasquido de dos imanes que se juntan de golpe. “Hasta ese momento, simplemente espera”.
Los dos buzos se acercan a cada dispositivo en silencio absoluto, utilizando respiradores de circuito cerrado que no emiten burbujas. Una vez identifican una mina, la detonación misma suele tomar lugar al día siguiente.
Vitalii explica que los sensores se desactivan inicialmente por medio de una serie de explosiones controladas, con la primera a unos 10 metros de distancia. Solo entonces se pueden acercar los buzos al dispositivo en sí. La decisión final -de mover la mina o destruirla en el sitio- la toman en el cuartel general.
Esta operación quirúrgica requiere dos días, varias embarcaciones y el trabajo de 20 personas, todos operando bajo la constante amenaza de misiles y drones rusos, tanto aéreos como marinos, que fácilmente podrían hacer detonar las minas.
Durante los ataques aéreos, las señales de GPS se codifican, lo que hace imprecisas las lecturas del sonar.
Desminar el mar no es imposible, pero hacerlo en medio del combate activo incrementa el riesgo considerablemente. “Todo puede salir mal”, señala Fox.
Vitalii asiente. Una vez, recuerda, cuando se acercaba a una mina usando el sonar, otro objeto apareció en su pantalla, desplazándose lentamente en la oscuridad.
Al principio pensó que podría ser un dron submarino ruso, y que la mina detonaría. Después, dio la vuelta y vio cuatro o cinco delfines que pasaban a su lado nadando.
“Hermoso, sí”, reconoce, abriendo los ojos. “Pero no en ese momento”.
Según Pletenchuk, el grupo de desminado neutralizó más de 50 minas en 2025, sólo una fracción del total.
En 2023, la Marina Británica donó a Ucrania dos embarcaciones buscaminas que podían acelerar la labor, pero debido a que los barcos grandes en el mar Negro son un objetivo fácil, continúan atracadas en Reino Unido y no serán desplegadas hasta que se acuerde un cese el fuego. Dos años después de que las dos embarcaciones fueran entregadas, esa posibilidad sigue siendo remota.
En las actuales condiciones, dice Vitalii, el despeje del lecho marino tomará decenas de años.
A pesar de los riesgos, los ingresos generados por las exportaciones marítimas serán cada vez más esenciales para Ucrania cuanto más se prolongue la guerra. Así que los buzos como Vitalii continuarán regresando al agua, alternando entre el movimiento y la quietud a medida que nadan hacia el peligro.
Con reportería adicional de Liubov Sholudko.
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