El partido de futbol amateur transcurría con normalidad en Loma de las Flores, una comunidad del municipio de Salamanca, en Guanajuato, cuando varias camionetas irrumpieron en la cancha. Testigos relataron que los hombres armados descendieron sin mediar palabra y abrieron fuego de manera indiscriminada contra jugadores y asistentes.

En cuestión de minutos, más de un centenar de disparos dejó al menos 11 personas asesinadas y 10 más heridas. Cuando cesaron los tiros, el campo quedó cubierto de cuerpos, casquillos y gritos de auxilio.

Esta nueva masacre se produce en un momento en que autoridades federales y estatales presumen amplias reducciones de homicidios en Guanajuato. Sin embargo, cifras oficiales muestran que la baja real en 2025 fue mucho menor de lo anunciado: El Sabueso documentó una reducción cercana al 20 %, frente al 62 % divulgado en redes sociales por Morena, el partido en el poder.

Violencia estructural, no hechos aislados

Para David Saucedo, consultor en seguridad pública, la violencia en Salamanca responde a una combinación de factores criminales y económicos que han convertido al municipio en un punto estratégico y en una “zona caliente”. Dos grupos se disputan esta ciudad, así como buena parte del estado: el Cártel de Santa Rosa de Lima, fundado por José Antonio Yepes, alias El Marro —preso desde 2020—, y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

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En entrevista con Animal Político, subraya que Salamanca es un punto central en la disputa por el cristal, una de las drogas con mayor expansión en la región, y que esta economía ilícita se cruza con otros intereses estratégicos, como la refinería de Pemex y el huachicoleo de combustible.

En este contexto, el analista explica que tras la detención de El Marro en 2020 se produjo un repliegue de las células del Cártel de Santa Rosa, lo que redujo su presencia en la entidad ante la ofensiva, por un lado, de los gobiernos estatal y federal y, por otro, del Cártel Jalisco.

Desde esta lógica, Saucedo considera que la masacre durante el partido de futbol en una comunidad de Salamanca no sería un mensaje aislado, sino una expresión extrema de control territorial: un ataque público, en un espacio comunitario, destinado a sembrar miedo y marcar dominio.

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“Todo indica que se trató de un acto de narcoterrorismo”, opina el analista.

Otro factor clave en este enfrentamiento criminal es la red carretera. Salamanca tiene interconexión con casi todas las ciudades importantes del Bajío.

“Para los grupos criminales es estratégico controlar la carretera 45D, que conecta Irapuato, Celaya y Salamanca, por donde circulan migrantes, armas y droga”, añade Saucedo.

Desapariciones, la otra tragedia en Salamanca

Los datos oficiales muestran que la violencia en Salamanca no se limita a los homicidios. En 2025, el municipio acumuló 115 denuncias por desaparición, de acuerdo con información recabada por Animal Político del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Secretaría de Gobernación. De ese total, 59 personas continúan desaparecidas y al menos 10 fueron localizadas sin vida.

Con estas cifras, Salamanca se ubica como el cuarto municipio de Guanajuato con más reportes de desaparición, solo por debajo de León (475 casos), Celaya (357) e Irapuato (303), y por encima de Silao, que registró 91 denuncias.

A nivel estatal, la dimensión del problema es aún más clara. Durante 2025, Guanajuato registró 2 mil 381 denuncias por desaparición; de ellas, 962 permanecen vigentes, lo que representa alrededor del 40 % del total, mientras que 199 personas fueron localizadas muertas, equivalentes al 14 %.

A este panorama se suman otros hallazgos que evidencian la profundidad de la crisis de violencia en el estado. En el llamado triángulo entre Silao, Romita e Irapuato, las autoridades y las madres buscadoras han localizado sitios de inhumación clandestina donde, en el transcurso de un año, se exhumaron más de 200 cuerpos. A ello se agrega el reciente hallazgo de restos humanos en pozos de agua en el municipio de Juventino Rosas, episodios que refuerzan la dimensión estructural de la violencia y muestran que homicidios y desapariciones forman parte de un mismo entramado criminal y de impunidad.

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Raymundo Sandoval, académico, defensor de derechos humanos y activista que acompaña a madres buscadoras en Guanajuato, apunta en entrevista que la persistencia de la violencia en Salamanca también refleja vacíos institucionales en el municipio y en el estado.

Aunque Guanajuato es uno de los estados con mayor presencia de la Guardia Nacional, señala que no existe claridad sobre una estrategia de coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno. La violencia, afirma, exhibe que la acción pública no va más allá de despliegues visibles o rondines, sin que se conozca un plan disuasivo integral que articule a autoridades municipales, estatales y federales como una política pública coherente.

“Hay presencia de la Guardia Nacional, pero no está claro cuál es la estrategia disuasiva ni cómo se coordina realmente entre los tres niveles de gobierno”, recalca Sandoval.

Por su parte, Saucedo señala que la presencia de fuerzas de seguridad suele ser reactiva y temporal, lo que permite que los grupos criminales se reorganicen una vez que disminuye la presión.

Toque de queda

De acuerdo con la investigación preliminar de las autoridades del gabinete de seguridad, al menos cinco de las 11 personas asesinadas en el ataque armado ocurrido en la cancha de futbol de la comunidad Loma de las Flores estarían vinculadas a una empresa de seguridad privada relacionada con el Cártel Jalisco.

“De acuerdo con las primeras indagatorias, el ataque fue perpetrado por un grupo perteneciente al Cártel Santa Rosa de Lima. Previo a los hechos, se aseguraron dos cartulinas atribuidas al CSRL, en las que se refiere una disputa con el CJNG”, apuntan fuentes de la investigación.

Las autoridades continúan con la identificación de las víctimas y el análisis de las evidencias para esclarecer el móvil de la masacre del domingo.

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Horas antes del ataque, relata Raymundo Sandoval, circuló en redes sociales un mensaje atribuido a un grupo delincuencial en el que se advertía la prohibición de reuniones masivas y se señalaba que cualquier persona que permaneciera en la calle durante la noche, en municipios como Yuriria, Valle de Santiago y Salamanca, lo hacía bajo su propia responsabilidad.

Para el activista entrevistado, este tipo de mensajes refleja la imposición de facto de un toque de queda criminal en parte del corredor industrial de Guanajuato.