EU y México: Trump despliega en un año ofensiva “antiterrorista” contra cárteles y eleva a 79 mdd recompensas por capos
Para entender mejor
La relación de seguridad entre Estados Unidos y México entró en una fase sin precedentes bajo la segunda administración del presidente Donald Trump, quien en tan solo un año, transformó la lucha contra las drogas en su país en una ofensiva “antiterrorista” contra los principales cárteles de la droga mexicanos.
Recurriendo a todas las herramientas legales y financieras que tiene EU contra el terrorismo, Trump desplegó una estrategia desde varios frentes en la que destaca también una inversión de al menos 79 millones de dólares en recompensas a cambio de figuras clave del crimen organizado.
La incertidumbre en la que esta situación mantenía, de por sí, la relación bilateral se agravó tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, cuando Trump advirtió que su gobierno atacaría vía terrestre a los cárteles de la droga mexicanos, insistiendo en que estos grupos “gobiernan México”.
Este martes, Trump retomó el tema durante un encuentro en la Casa Blanca en el que habló sobre su primer año de gobierno en este segundo periodo presidencial. “Pronto vamos a comenzar a detener a las drogas que llegan por tierra, es más fácil hacerlo por tierra”, dijo ante reporteros.
“Estamos asegurando casi 100 % de las drogas que llegan por mar y muy pronto lo vamos a hacer con las drogas que llegan por tierra; sabemos exactamente de dónde vienen”, añadió sin referirse expresamente a México.
Designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras
La base de la nueva política “antidrogas” de Trump se estableció el 20 de enero de 2025, cuando en su discurso de toma de posesión, anunció la firma de una serie de “órdenes ejecutivas históricas”.
Estos decretos incluían la Orden Ejecutiva 14157, que formalizó la intención de designar a los cárteles mexicanos y de diversas partes del mundo como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs).
Un mes después, el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado concretó el cambio conceptual al designar oficialmente a una lista de grupos como FTOs y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs).
La lista incluye a seis organizaciones mexicanas: Cártel del Golfo (CDG), Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste (CDN), Cártel de Sinaloa, Cárteles Unidos (CU) y La Nueva Familia Michoacana (LNFM); además de grupos como la Mara Salvatrucha (MS-13) de El Salvador y el Tren de Aragua (TdA) de Venezuela.
Esta designación, al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1978, elevó para Estados Unidos la amenaza percibida, a una que según las autoridades estadounidenses, “va más allá del alcance del crimen organizado tradicional”, permitiendo al país del norte incidir de forma directa en los países que ve como “amenazas”.
El frente financiero: recompensas de 79 mdd por líderes de cárteles
El Departamento de Estado de los Estados Unidos respaldó la postura de Trump con una agresiva política de recompensas, sumando un total de al menos 79 millones de dólares dirigidos a desmantelar la cúpula de los grupos designados.
La joya de la corona para los Estados Unidos es Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cofundador y líder del CJNG, por quien EU ofrece una recompensa de 15 millones de dólares a cambio de información que lleve a su arresto o condena, debido a que es señalado por “tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas”.
En esa misma lista de “objetivos prioritarios” destaca la recompensa ofrecida por Audías Flores Silva, alias “Jardinero”, “Comandante”, “El Bravo 2”, “Audi” o “Mata Jefes”, a quien EU identifica por tener una “estrecha relación con el líder del CJNG” y por quien ofrece 5 millones de dólares.
En la misma lista de objetivos prioritarios están “Los Chapitos”: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, exlíder del Cártel de Sinaloa, considerados “líderes fugitivos” del cártel que fundó su padre y por quienes Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por cada uno.
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Del mismo Cártel de Sinaloa, aunque de la facción rival a “Los Chapitos”, Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por Juan José Ponce Félix, alias “Jesús Alexandro Sánchez Félix” o “el Ruso”, quien según el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) es fundador y líder del grupo conocido como “Los Rusos”, el principal brazo armado de “La Mayiza”.
Desde mediados de 2024, el Cártel de Sinaloa vive en una guerra interna entre los familiares de Ismael “El Mayo” Zambada, mejor conocidos como “Los Mayos”, y los hijos de “El Chapo”, conocidos como “Los Chapitos”; un conflicto que comenzó a raíz de la supuesta entrega del primero a Estados Unidos por los hijos del segundo.
El 15 de abril de 2025, el Departamento de Estado informó también que ofrecía una recompensa de hasta 8 millones de dólares por información de dos líderes de La Nueva Familia Michoacana, considerada también como una “organización terrorista”.
En particular, las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de hasta cinco millones de dólares por el narcotraficante Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y de hasta tres millones de dólares por su hermano José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”, supuestos líderes de este cártel.
Sorprendentemente, la mayor recompensa colectiva de la ofensiva se dirige a los líderes de Cárteles Unidos por un total de 26 millones de dólares, señalando la importancia estratégica de este grupo, a pesar de tener menor perfil internacional que el CJNG o el Cártel de Sinaloa.
Sanciones contra el CJNG: ataque a redes de fentanilo, fraudes y robo de combustible
Con el Departamento del Tesoro enfocándose en desmantelar las estructuras financieras criminales, queda claro que la ofensiva va más allá de las recompensas. Las sanciones impuestas al CJNG, el grupo más mencionado en el último año por EU, revelan una estrategia que apunta a la diversificación de sus actividades ilícitas.
Un ejemplo, es la sanción del 1 de mayo de 2025, a una red clave del CJNG involucrada en el tráfico de fentanilo, pero también en el robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo, actividades que golpean directamente la economía mexicana.
El 13 de agosto de 2025, las sanciones se extendieron a los líderes del CJNG que operan fraudes en relación con propiedades de tiempo compartido, mejor conocido en Estados Unidos como timeshare, atacando delitos que impactan directamente a ciudadanos estadounidenses.
Diplomacia binacional: entrega de operadores criminales
A nivel diplomático, la ofensiva se ha llevado a cabo en paralelo con encuentros de alto nivel que evidencian la cooperación.
Apenas una semana después de la designación masiva de cárteles como terroristas, el 27 de febrero de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio sostuvo una reunión con una delegación mexicana para abordar asuntos de seguridad y agradeció a nuestro país por la “expulsión de 29 importantes figuras de los cárteles”, indicando un esfuerzo coordinado en la entrega de objetivos.
Meses más tarde, el 12 de agosto de 2025 México llevó a cabo la segunda entrega masiva de personas con supuestos vínculos con el CJNG y el Cártel de Sinaloa, incluyendo a personajes como el líder de los “Cuinis”, “La Tuta” y cercanos a “Los Chapitos”.
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El 3 de septiembre de 2025, el secretario Rubio viajó a México para reunirse con la presidenta Sheinbaum. El encuentro culminó con una Declaración conjunta sobre cooperación en materia de seguridad y una conferencia de prensa que reafirmó el compromiso de ambas naciones.
Este martes 20 de enero de 2026, México realizó la tercera entrega masiva de otras 37 personas con supuestos vínculos criminales a los Estados Unidos en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, para sumar un total de 92 expulsadas del país.
En un año, con la designación de los cárteles mexicanos como terroristas y los millones de dólares ofrecidos en recompensas, la administración Trump sienta un precedente en la lucha contra los grupos criminales: eleva el conflicto del ámbito de la seguridad pública al de la seguridad nacional y redefine el crimen organizado en México como una amenaza global que podría combatir con todas las herramientas a su alcance.
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Mientras la atención internacional se centra en los cambios políticos que atraviesa Venezuela, para los venezolanos el aumento de precios es la preocupación más inmediata.
En un supermercado en el este de Caracas hace unos días me enfrenté con un dilema: ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un kilo de manzanas?
Me pasó lo mismo cuando al tratar de adquirir mi desodorante habitual me di cuenta de que en la capital venezolana debía abandonar la fidelidad a un producto que he utilizado durante casi una década.
¿Por qué pagaría US$13 por un desodorante que en Londres cuesta 2,5 libras esterlinas (US$3,4)? ¿Y quién puede pagar en Venezuela US$10 por un kilo de manzanas?
Mientras la atención internacional se centra en el cambio de mando en Venezuela y en el giro del país tras el ataque de EE.UU. y la captura de Maduro, en las calles de Caracas una gran preocupación de los venezolanos vuelve a ser el costo de la vida, los altos precios y la economía del país.
En mercados y comercios de Caracas, los precios suben con enorme rapidez en un contexto marcado por la inestabilidad política y cambiaria y en un país marcado desde hace años por la inflación.
“Me siento más pobre hoy que en diciembre”, dice María Luisa, de unos 50 años, mientras compra hortalizas con su hija Sofía en el mercado de Chacao, en el este de la ciudad. “El dinero rinde menos ahora que hace un mes”, insiste.
Sofía explica que pasó parte del día buscando comida para su gata.
Afirma que a finales del año pasado costaba entre US$3,5 y US$4 el kilo, y hoy está en US$6.
“Cuesta casi el doble de repente”, se queja.
En el centro de Caracas se repite la historia. Con una gran cantidad de bolívares en la mano, que parecen mucho, pero en realidad valen poco, Yarilén, una pensionada de 55 años, afirma que además de la caída del poder adquisitivo, el volátil tipo de cambio es difícil de seguir en una economía que en los últimos años vivió una dolarización de facto.
“Un negocio cobra en bolívares y el siguiente en dólares. Tienes que hacer las cuentas todo el tiempo en tu cabeza”, explica.
Crecimiento moderado y alta inflación
La economía venezolana está siendo impactada de nuevo por la inestabilidad política, que tradicionalmente ha elevado el precio del dólar, además de por la incapacidad ahora de vender su petróleo libremente, su principal producto de exportación, debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y al bloqueo marítimo que impide a Caracas colocar crudo en el mercado negro con ayuda de una “flota fantasma”, como solía hacerlo desde que se impusieron las primeras sanciones en 2017.
Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas en octubre, Venezuela cerró 2025 con una inflación de 548%.
La misma fuente preveía un crecimiento económico moderado de 0,5%, una cifra muy modesta considerando que el Producto Interno Bruto (PIB) del país es hoy casi un 80% menos al pico histórico de 2012 que logró impulsado por los altos precios del petróleo.
Estas proyecciones no tomaban en cuenta los eventos del 3 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro fue detenido y trasladado a una cárcel de Nueva York, donde se espera que enfrente a la justicia estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
Se espera una mejora de la situación
Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que quiere controlar y vender el petróleo de Venezuela, país que tiene las mayores reservas de crudo del mundo.
Pero un gran número de venezolanos se opone a la idea.
“Este es un país rico en petróleo, oro y minerales (…) Que vengan de afuera a tomar el control es como que alguien entre en tu casa sin pedir permiso”, le dice a BBC Mundo Sandra, quien vende helados para mantener a su familia.
A ella también le ha afectado el bolsillo la inestabilidad del país, y asegura que el temor a nuevos episodios de violencia hace que los venezolanos sean aún más cautelosos con los gastos.
“La gente trabaja con miedo. A tempranas horas ya todos están en su casa”, añade. “Yo quiero un cambio para el país, pero no así”.
Según el economista Jesús Palacios, la economía venezolana se enfrenta a corto plazo a desafíos como la galopante inflación y la presión cambiaria.
“La pérdida de poder de compra ya se sintió en diciembre y eso repercute en un menor ritmo de crecimiento”, le dice el profesor de la UCAB a BBC Mundo.
Señala además que la escasez de divisas por las trabas a la exportación petrolera y la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo han empujado a muchos comercios a subir precios incluso en dólares, generando inflación también en moneda extranjera.
El tipo de cambio oficial establece que un dólar cuesta unos 330 bolívares. Pero el cambio paralelo es mucho mayor y es el que se usa muchas veces como referencia para marcar precios, lo que ha sido denunciado por el gobierno como una herramienta de distorsión y especulación.
Palacio advierte que si no hay un ajuste de precios a la baja en dólares, Venezuela podría convertirse en uno de los países más caros de la región, e incluso del mundo.
Pero añade que hay expectativas de que la situación mejore tras los acuerdos petroleros anunciados por Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
“Probablemente en un par de semanas empiece a notarse un flujo de caja importante”.
“Constantemente rebuscándose”
José Guerra, profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela, concuerda.
“Los anuncios del presidente Trump han logrado crear expectativas favorables: el dólar paralelo ha disminuido más del 40% desde el día 8 de enero, cuando se hizo el anuncio, hasta el día 13 de enero. Y la brecha cambiaria se ha ido reduciendo”, le dice a BBC Mundo.
Oficialmente, el salario mínimo en Venezuela está fijado en 130 bolívares, lo que equivale a menos de un dólar, pero ambos economistas explican que la remuneración real tiende a ser algo mayor.
“El gobierno otorga bonos que hacen que el salario promedio esté entre US$60 y US$70, algo aún muy por debajo de la canasta básica alimentaria, que para una familia de cuatro miembros estaba en US$470 por mes”, apunta Guerra, firme opositor al gobierno actual.
El economista Jesús Palacios añade que el venezolano común tiende a tener varios empleos y no depende tanto de su sueldo oficial, sino que busca actividades complementarias.
“Vende tortas, busca comprar algo y revenderlo. Está constantemente rebuscándose. Cerca del 60% de la población tiene actividades complementarias”.
Nadie en Venezuela quiere hablar abiertamente de la diferencia entre el bolívar oficial y el paralelo por miedo a repercusiones.
Pero es un tema que rige la economía actual.
Mientras tanto, la mayoría, vive buscando alternativas a productos básicos.
Pensativos, dan vueltas en los mercados de la capital venezolana comparando precios y preguntándose si pueden permitirse comprar lo que planeaban.
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