Permiso para matar | Registro oficial sólo atribuye 426 desapariciones a policías y militares; hay al menos otros 353 casos
En México, oficialmente se reconoce la existencia de 354 víctimas a las que “se le(s) privó de la libertad por una corporación policiaca o militar” (desapariciones forzadas), entre los años 2006 y 2023, tal como se desprende del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de la Secretaría de Gobernación federal.
A esa cifra deben sumarse al menos otras 72 víctimas del mismo periodo que también se incluyen en dicho registro oficial, pero que no están catalogadas como víctimas de agentes oficiales, a pesar de que sus familiares sí responsabilizaron de los hechos a autoridades estatales o federales de seguridad.
Así, en total, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas del gobierno federal incluye 426 casos acumulados durante el periodo de la guerra contra el crimen organizado, en los que la autoridad o sus familias señalan a “una corporación policiaca o militar” como autora de los hechos.
El fenómeno de las desapariciones forzadas en México ha sido denunciado al menos desde la década de los 60 del siglo pasado, pero esta es la primera vez que puede conocerse un listado de víctimas atribuidas a cuerpos de seguridad pública y seguridad nacional, elaborado por las mismas autoridades mexicanas.
Durante el periodo de la guerra contra el crimen organizado, este listado incluye 391 víctimas del sexo masculino y 35 del femenino.
De esos casos, 96 se dieron durante el gobierno de Felipe Calderón; otros 176 se registraron en el periodo de Enrique Peña Nieto; y en lo que va de la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador suman 154 casos.
Estas, sin embargo, no son todas las desapariciones forzadas en los que se presume o se ha comprobado la participación de cuerpos de seguridad pública o seguridad nacional, sino sólo los casos reconocidos por la autoridad en su Registro Nacional. Las cifras de este registro son, por lo tanto, inferiores a la realidad, sobre todo tomando en cuenta que las fiscalías de justicia del país no dan seguimiento a las denuncias, ni actualizan su información.
Cifra total de desapariciones forzadas ocurridas en el país es desconocida
Tan sólo una búsqueda en registros hemerográficos, documentales, académicos y de organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos tanto públicos como independientes, realizada como parte de la investigación “Permiso para matar” permitió identificar otros 353 casos de desaparición forzada presuntamente perpetrados por fuerzas estatales y federales durante la guerra contra el crimen organizado, que no están contemplados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Es el caso, por ejemplo, de los abogados Guillermo Alejandro Ortiz Ruiz y Vianey Heredia Hernández, cuyos nombre no están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, a pesar de que en 2010 fueron raptados en el municipio de Apatzingán, Michoacán, y desde entonces se ignora su paradero.
“Hay evidencias de que fueron elementos del Ejército mexicano –explica la señora Mercedes Guadalupe Ruiz, mamá de Guillermo–. Ya que la actividad del teléfono de mi hijo muestra las llamadas emitidas desde la zona militar de Apatzingán.”
Los abogados Guillermo y Vianey, dedicados a la gestión de trámites mineros, desaparecieron el 29 de noviembre de 2010, cuando se dirigían desde Apatzingán, Michoacán, hacia la ciudad de Acámbaro, en Guanajuato, para entrevistarse con clientes que querían reclamar la titularidad de una mina.
Según los registros de geolocalización del teléfono de Guillermo (de los que se posee una copia), seis días después de la desaparición, el 5 de diciembre, el aparato fue encendido en el municipio de Tumbiscatío, para cruzarse mensajes de voz con otro teléfono ubicado en las inmediaciones del 30 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, con sede en Apatzingán, Michoacán.
Luego, el 11 de diciembre, el teléfono de Guillermo se activó nuevamente para emitir un mensaje de voz, estando ahora alrededor del mismo cuartel.
El caso de estos abogados, además, es una muestra del tipo de irregularidades con las que se construye la impunidad en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado.
Aunque la desaparición fue denunciada un día después de los hechos, el Ministerio Público de Michoacán se tomó dos meses para iniciar una averiguación previa, a la que la familia de las víctimas sólo tuvo acceso hasta el año 2012, dos años después de los hechos, momento en el que descubrieron que la autoridad sólo investigaba el robo de la camioneta en la que Guillermo y Vianey se transportaban, pero a ellos no los reconocían como víctimas de desaparición y, por lo tanto, no se había realizado ninguna diligencia para su localización.
El Ministerio Público tampoco investigó por qué el teléfono de Guillermo se activó en las cercanías del 30 Batallón de Infantería de Apatzingán y, finalmente, en 2021, se informó a la familia de las víctimas que no había elementos de investigación y que el expediente sería archivado.
En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tampoco se contempla el caso de Lenin Vladimir Castañón Rodríguez, un taxista de 41 años que en julio de 2019 fue raptado por policías estatales.
“Un día antes se habían llevado a dos taxistas y con él ya fueron tres –recuerda Olga, su esposa–. Todos los taxistas se alertaron y empezaron a correr la voz. Todo el mundo dijo que se lo habían llevado del mercado (municipal de Chilpancingo, capital de Guerrero), pero nadie me dijo nunca quién lo hizo, sólo hubo una persona que me dijo que se paró una camioneta de la Unidad de Fuerzas Especiales (de la policía estatal), una camioneta medio vieja, en la que venía el chofer y dos mujeres, ésos se le cerraron, los policías fueron los que se lo llevaron, fueron ellos.”
En este Registro Nacional, un ejemplo más, sí se contempla la desaparición de Carlos Guzmán Zúñiga, ocurrida el 15 de diciembre de 2008 en el estado de Chihuahua, pero no la de su hermano José Luis, a pesar de que ambos fueron raptados de su vivienda en el mismo momento.
Los hermanos Carlos y José Luis, de 28 y 29 años, no habían cometido ningún delito y, tal como testificaron sus vecinos, su privación de la libertad fue resultado prácticamente del azar, del destino que los puso en el camino del Ejército y de la Policía Federal.
“Estaban ellos en su casa –narra Rosa Zúñiga, tía de ambos muchachos– y estaba Carlos, ese viene siendo el más chico, parado afuera de su casa. Y andaban los soldados y Policía Municipal y federales, andaban que revisando casas… Llegaron con los vecinos y luego ya se pasaron a la casa de mi hermana y subieron nada más a mi sobrino Carlos, y luego sale mi sobrino José Luis a mirar qué es lo que está pasando, porque escuchó ruidos, sale y se asoma y también lo suben a la patrulla de los soldados. Los subieron a los dos”.
El Ejército negó haber detenido a los hermanos Guzmán Zúñiga a través de un documento formal, emitido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, según el cual “personal militar no participó en la detención y desaparición de los hoy agraviados”.
Pero, además del Ejército, otra de las corporaciones involucradas, la Policía Federal, también intentó desvincularse de la privación de la libertad de los hermanos Guzmán, y para ello presentó como prueba el parte policiaco elaborado el día de los hechos.
En este documento, la Policía Federal reconoce que ambos hermanos fueron detenidos y “trasladados a las instalaciones del Regimiento de Caballería Motorizada (del Ejército)” en Ciudad Juárez.
Desde que los hermanos Guzmán Zúñiga fueron ingresados a ese cuartel, nunca más fueron vistos con vida.
Base abierta de desapariciones forzadas
Además de las víctimas a las que “se le(s) privó de la libertad por una corporación policiaca o militar” durante el periodo de la guerra contra el crimen organizado, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas también incluye en esta categoría otros 298 casos ocurridos entre 1965 y 2005, así como 84 casos en los que no se especifica la fecha de los hechos.
En total, bajo la categoría específica de víctimas desaparecidas “por una corporación policiaca o militar”, el Registro Nacional suma 652 registros, de los años 60 del siglo pasado a la fecha.
La base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizados es pública desde el 24 de agosto de 2023, en la página oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
La lista de víctimas de desaparición forzada perpetradas “por una corporación policiaca o militar”, y de víctimas no catalogadas en esa categoría a pesar de que sus familias atribuyen el crimen a corporaciones de seguridad pública o seguridad nacional, puede descargarse aquí.
Relacionado
Personas de etnia coreana cuyos antepasados emigraron a Rusia hace más de 100 años están regresando a Corea del Sur, pero el cambio puede ser difícil.
“Si no traduzco al ruso, los otros niños no entenderán ninguna de las lecciones”, dice Kim Yana, una alumna de 11 años de la escuela primaria Dunpo en Asan, una ciudad cerca de Seúl, la capital de Corea del Sur.
Yana habla el mejor coreano de su clase: la mayoría de sus 22 compañeros hablan ruso y su coreano es irregular.
De hecho, casi el 80% de los alumnos de esta escuela se consideran “estudiantes multiculturales”, lo que significa que son ciudadanos extranjeros o tienen un padre que no es ciudadano coreano.
“Es difícil obtener cifras exactas porque los padres tienen diferentes nacionalidades y estatus de residencia”, explica Chu Dae-yeol, un profesor que supervisa los asuntos académicos, “pero se cree que la mayoría de los estudiantes multiculturales son koryoins“.
Los koryoins son personas de etnia coreana cuyos antepasados emigraron desde Corea al lejano oriente del Imperio Ruso a finales del siglo XIX y principios del XX.
Muchas de estas familias fueron deportadas a Asia Central en la década de 1930 como parte de la política de “limpieza de fronteras” de Stalin.
Vivían en antiguos estados soviéticos como Uzbekistán y Kazajstán y, a lo largo de generaciones, dejaron de hablar coreano porque estaba prohibido.
La familia de Yana regresó a Corea del Sur hace siete años y ahora muchos más están haciendo lo mismo.
“Aprendí coreano naturalmente jugando con amigos coreanos en el preescolar, pero ahora hay muchos más niños en la escuela que no hablan coreano”, cuenta.
En 2018, en la escuela primaria Dunpo, el 26,6% de los estudiantes eran considerados multiculturales. Este año, es el 79,3%.
Esto no es una sorpresa: la población de coreanos étnicos con ciudadanía extranjera ha aumentado más rápidamente en Asan que en cualquier otro lugar de Corea del Sur.
En 2010, menos de 300 de ellos vivían en la ciudad; en 2023, la cifra era 52 veces mayor.
Corea del Sur comenzó a otorgar residencia a personas de etnia coreana que viven en China y los antiguos estados soviéticos después de un fallo histórico del tribunal constitucional que amplió la definición de “compatriotas” en 2001.
Pero el número de inmigrantes koryoin comenzó a crecer rápidamente en 2014, cuando se les permitió traer a miembros de la familia.
En el pasado, la mayoría de estos inmigrantes coreanos étnicos eran de China y hablaban coreano.
Pero el número de koryoins que no hablan coreano ha aumentado considerablemente.
El año pasado, unos 105.000 koryoins vivían en el país, casi cinco veces más que hace una década.
Corea del Sur lleva tiempo lidiando con una crisis demográfica. A pesar de generosas donaciones en efectivo y el apoyo para el acceso a la vivienda, tiene la tasa de fertilidad más baja del mundo, que sigue cayendo año tras año.
En 2023, la tasa de natalidad fue de 0,72, muy por debajo de la tasa de natalidad de 2,1 necesaria para mantener una población estable en ausencia de inmigración.
Las estimaciones sugieren que, si esta tendencia continúa, la población de Corea del Sur podría reducirse a la mitad para 2100.
El país necesitará 894.000 trabajadores más, especialmente en la industria de servicios, “para lograr proyecciones de crecimiento económico a largo plazo” durante la próxima década, según el Ministerio de Empleo y Trabajo de Corea del Sur.
“Si bien la visa coreana en el extranjero a menudo se percibe como una forma de apoyo a los coreanos étnicos, ha servido principalmente para proporcionar mano de obra estable para la industria manufacturera“, señala Choi Seori, experta del Centro de Investigación y Capacitación sobre Migración.
En Asan, muchos koryoins viven cerca del parque industrial que alberga fábricas gestionadas por los subcontratistas de Hyundai Motor.
Ni Denis, de Kazajstán, es uno de ellos. “Hoy en día no veo coreanos en la fábrica”, expresa. “Creen que el trabajo es difícil y se van rápidamente. Más del 80% de las personas con las que trabajo son koryoins”.
“Sin koryoins, estas fábricas no funcionarían”, dice Lee, un reclutador que pidió ser identificado sólo por su apellido.
La mayoría de los demás trabajadores inmigrantes, que no son étnicamente coreanos, tienen visas de empleo a corto plazo, que sólo les permiten permanecer cuatro años y 10 meses.
Para renovar las visas deben regresar a su país de origen y permanecer allí durante al menos seis meses.
Pero los koryoins pueden ampliar su residencia en Corea cada tres años sin tener que salir del país.
Segregación en la escuela y más allá
Los koryoins también se están instalando en otras ciudades industriales, como Gwangju e Incheon.
Pero como han descubierto Asan y la escuela primaria Dunpo, la inmigración puede plantear desafíos.
“Los niños coreanos sólo juegan con coreanos y los niños rusos sólo juegan con rusos porque no pueden comunicarse”, señala Kim Bobby, un estudiante local de 12 años.
Yana está de acuerdo y añade que a menudo se pelean porque no pueden comunicarse.
En un intento por superar la barrera del idioma, la escuela primaria Dunpo ofrece una clase de coreano de dos horas para estudiantes extranjeros todos los días, pero aun así, la maestra Kim Eun-ju está preocupada.
“Creo que muchos niños apenas entienden las lecciones a medida que avanzan de grado“, afirma.
Otras clases se imparten en coreano y Yana dice que “el tiempo pasa rápido” porque muchos estudiantes necesitan que las lecciones sean interpretadas.
La competencia académica en Corea del Sur está muy extendida y la escuela está perdiendo estudiantes locales, ya que los padres temen que la educación de sus hijos se vea afectada.
“Estaba un poco preocupada cuando transferí a mi hija a esta escuela”, señala Park Hana, cuya familia proviene de Asan.
El año pasado inscribió a su hija de 8 años en Dunpo. “Aunque la escuela vecina está abarrotada, muchos padres locales prefieren enviar a sus hijos allí“.
El subdirector Kim Guen-tae dice que dirigir una escuela donde alrededor del 80% de los estudiantes se definen como multiculturales puede ser abrumador y que en el pasado, cuando había menos, era más fácil aprender coreano fuera del aula, ya que la mayoría tenía un progenitor coreano.
La tasa de matriculación en la escuela secundaria de los estudiantes multiculturales es ligeramente menor que la de los locales, según una encuesta nacional oficial realizada en 2021.
Park Min-jung, experto del Centro de Investigación y Capacitación sobre Migraciones, teme que más estudiantes koryoin abandonen la escuela si no reciben el apoyo que necesitan.
“Si esto continúa, me preocupa cómo podrán vivir los niños en Corea en el futuro”, dice el profesor Chu.
La segregación se extiende más allá de la escuela: por ejemplo, en Asan, más koryoins se están instalando en el casco antiguo mientras que los lugareños se trasladan a la ciudad nueva.
Ni, el trabajador de una fábrica que llegó a Corea del Sur con su esposa y cinco hijos desde Kazajstán en 2018, señala que ha notado que muchos de sus vecinos coreanos se han mudado de su edificio.
“Parece que a los coreanos no les gusta tener a los koryoins como vecinos”, afirma con una risa incómoda.
“A veces los coreanos nos preguntan por qué no les sonreímos. Así somos, no es porque estemos enojados. Pero la gente que no nos conoce piensa que estamos enojados”.
Dice que ha habido disputas entre niños en su vecindario y que ha oído hablar de casos en los que niños koryoin han sido “rudos” durante las discusiones.
“Después de eso, los padres coreanos les dicen a sus hijos que no jueguen con niños koryoin. Creo que así es como ocurre la segregación”.
Falta de política de inmigración
La experiencia de Asan en la gestión de una afluencia de personas de etnia coreana desde el extranjero pone de relieve los desafíos más amplios que enfrenta Corea del Sur en el manejo de la inmigración, un tema controvertido en un país que es uno de los étnicamente más homogéneos del mundo.
“Ya existe una importante resistencia psicológica a la afluencia de personas de etnia coreana que no se diferencian de nosotros, por lo que me preocupa cómo Corea podrá aceptar a otros inmigrantes en el futuro“, dice Seong Dong-gi, un experto en koryoin de la Universidad de Inha.
Lee Chang-won, director del Centro de Investigación y Capacitación sobre Migración, está de acuerdo: “No existe un plan claro para la inmigración a nivel del gobierno nacional. Resolver el problema demográfico de los extranjeros en el país ha sido una idea de último momento”.
El año pasado, había alrededor de 760.000 coreanos étnicos de China y países de habla rusa viviendo en Corea del Sur, lo que representaba alrededor del 30% de la población extranjera del país.
Corea del Sur también es un destino popular para trabajadores migrantes de lugares como Nepal, Camboya y Vietnam, y en 2023 había aproximadamente 2,5 millones de extranjeros viviendo en el país.
La mayoría de ellos trabaja en empleos manuales y solo el 13% en roles profesionales.
Lee dice que la actual política de inmigración está “muy inclinada hacia los trabajadores poco calificados”, lo que lleva a una “visión común” de que los extranjeros sólo trabajan en Corea del Sur por un tiempo y luego se van.
Como resultado, afirma, ha habido poca discusión sobre un asentamiento a largo plazo para todos los inmigrantes.
“Espero que la sensación de crisis que estamos sintiendo respecto de la población pueda ser un catalizador para que nuestra sociedad vea la inmigración de otra manera”, afirma la investigadora Choi. “Ahora es el momento de pensar en cómo integrarlos”.
A pesar de experimentar algunos desafíos, Ni no se arrepiente de la decisión de mudarse a Corea del Sur.
“Para mis hijos, este es su hogar. Cuando visitamos Kazajstán, preguntaron: ‘¿Por qué estamos aquí? Queremos volver a Corea'”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
