
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) denunciaron una nueva ola de despidos masivos dentro del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ), con al menos 100 trabajadores de confianza cesados en lo que va del mes de enero, sin aparente causa justificada.
De acuerdo con los trabajadores del PJF, que pidieron mantener su anonimato por temor a represalias, la situación podría escalar en las próximas semanas, por lo que piden estar atentos al caso.
“Autoridades dicen que para el 15 de febrero se tiene que ir el 10 % de la población del edificio del Ajusco # 170 […] que es básicamente el área de recursos humanos”, señaló uno de los trabajadores afectados.
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Animal Político consultó a autoridades del nuevo OAJ para solicitar un posicionamiento respecto a estos despidos, pero hasta el momento no se ha obtenido una respuesta.
Diversos oficios a los que tuvo acceso Animal Político señalaron que la maestra Laura Sandra Hasbach Melchor, directora general de Recursos Humanos del OAJ, sería la responsable de suscribir los avisos de despido.
Dichos documentos argumentaron que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y un acuerdo emitido por el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) facultan a la titular de la Dirección General de esta área para firmar los nombramientos de las personas servidoras públicas adscritas a las áreas administrativas (entre los niveles 10 y 33 del Catálogo General de Puestos).
“Le comunico que en mi calidad de Titular he determinado la terminación de los efectos del nombramiento que le fue otorgado en el puesto de confianza […] adscrito a la Dirección General de Recursos Humanos, que será a partir de que reciba el presente comunicado”, señaló uno de los oficios de cese, fechado el 29 de enero de 2026.
Entre los trabajadores que han recibido este aviso se encuentran analistas, técnicos administrativos y jefes de departamento, quienes piden respuestas por parte de las autoridades.
Esta nueva ola de despidos masivos dentro del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) ocurre a pesar de que en septiembre pasado el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidió a las y los nuevos jueces y magistrados federales del país no “desechar” o “despedir” a los trabajadores que ya estaban en el Poder Judicial, quienes, aseguró, cuentan con formación y experiencia que “hay que aprovechar”.
“Nadie sabe todo, nadie está vacío de conocimiento. Tenemos un gran reto por delante y tenemos que tomarnos de la mano, tenemos que ser uno solo. Yo aquí les pido que hagan esta convocatoria también a los juzgados y a los tribunales que van a llegar. Yo les pido que no desechen, que no tomen decisiones de despedir a los compañeros que ya tienen una formación, que tienen experiencia, hay que aprovechar esa experiencia creada”, dijo.
El pronunciamiento del ministro Aguilar Ortiz se llevó a cabo durante la clausura del curso exprés de cinco días que les fue impartido a las nuevas 850 personas juzgadoras federales electas por voto popular, para formarlas en diversas materias y procedimientos relativos a los expedientes que les tocará resolver.
A pesar de lo anterior, días después trabajadoras y trabajadores del PJF, de diversos niveles y estados del país, denunciaron ante las autoridades supuestos actos de hostigamiento y acoso laboral presuntamente cometidos por nuevas juezas y magistradas federales, que resultaron ganadoras tras la elección judicial.
En octubre de 2025, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que agremia a más de 22 mil trabajadores federales, anunció una nueva suspensión total de labores de “brazos caídos” en todos los juzgados y tribunales del país.
De acuerdo con el sindicato, el motivo de la suspensión total de labores obedeció a la grave carencia de insumos esenciales para el desempeño de las funciones jurisdiccionales, tales como: impresoras, hojas, papelería, suministro de agua y servicio de comedores, así como a la sustitución de las plazas de los puestos que fueron desocupados por los funcionarios que fueron electos por voto popular y al “despido masivo a servidores públicos”.
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Según las y los trabajadores, estas prácticas violan el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal que consagra la estabilidad del empleo como un derecho fundamental de los servidores públicos, así como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que protege contra despidos injustificados y actos de coerción en el ámbito laboral.
También podría ir en contra de lo establecido en la reforma judicial, en la que se decretó que “los derechos laborales de las personas trabajadoras del PJF y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”, a través de un apartado que fue agregado a la Constitución luego de las protestas y el paro nacional de labores llevado a cabo por las y los trabajadores del Poder Judicial Federal en 2024.