
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este viernes que el Ejército Mexicano no está incluido en la iniciativa de reforma constitucional destinada a eliminar las pensiones excesivas que reciben exdirectivos y personal de confianza de entidades públicas.
La mandataria hizo la declaración durante la conferencia matutina que encabezó en Irapuato, Guanajuato, donde respondió a preguntas sobre los nombres divulgados recientemente de exfuncionarios que perciben montos superiores a los ingresos del Ejecutivo federal.
En su explicación, Sheinbaum confirmó que José Ángel Gurría, quien fuera titular de la Cancillería de México y secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está entre las personas beneficiarias de estas asignaciones y señaló que, según la información recibida, “él recibe una pensión de 120 mil pesos mensuales como exfuncionario de Nafinsa”.

Añadió que su gobierno revisará qué información puede hacerse pública: “Vamos a ver en el marco qué información puede darse de las personas”.
Fue en ese contexto cuando la presidenta aclaró: “Ayer que fue Día del Ejército, obviamente las Fuerzas Armadas no están incluidas en esto”.
Explicó que la reforma se dirige únicamente a “funcionarios públicos de confianza que a veces trabajaron muy poco tiempo y que de todas maneras tienen pensiones, pues que ya no se justifican”, y reiteró que estas prestaciones “tendrían que por lo menos reducirse a la mitad de lo que gana el titular o la titular del Ejecutivo federal”.
Consultada sobre su reacción al revisar los nombres involucrados, Sheinbaum respondió: “Abusos, excesos. ¡Imagínense cuánto ganaría Gurría como director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico! Y luego, aparte, estar cobrando una pensión”.
Ante la mención de montos que en algunos casos rebasarían los 500 mil pesos mensuales, la mandataria indicó: “Esta es la información que me da la pensión neta mensual la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ya vamos a preguntar exactamente cómo podemos dar toda la información”.
El miércoles, el gobierno federal presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca suprimir las pensiones “excesivas” otorgadas a exdirectivos y personal de confianza de organismos como Pemex, la CFE y la extinta Luz y Fuerza del Centro, donde se encontraron asignaciones de entre 300 mil pesos y hasta 1 millón de pesos mensuales.
La propuesta establece que ninguna de estas prestaciones podrá superar el 50 % de las remuneraciones que percibe la persona titular del Ejecutivo federal, lo que reduciría los montos actuales a alrededor de 70 mil pesos.
El gobierno aclaró que la reforma no afectará a trabajadores de base ni a quienes poseen contrato colectivo, y que se aplicará exclusivamente a altos mandos de confianza y exdirectivos de organismos descentralizados, empresas del Estado, fideicomisos y banca de desarrollo.
Durante la conferencia de este viernes, se consultó a Sheinbaum por la situación legal de María Amparo Casar, cuya carpeta de investigación fue judicializada desde septiembre de 2025 por presuntas irregularidades relacionadas con la pensión que obtuvo tras la muerte de su esposo.

La presidenta respondió: “Eso tiene que determinarlo la Fiscalía General de la República, y también tendría que reducirse la pensión a lo que estamos planteando una vez que sea aprobado por el Congreso, es una iniciativa de reforma constitucional”.
El caso Casar —originado en una denuncia de Pemex en 2024 y acompañado de señalamientos públicos por un presunto daño de 31 millones de pesos— ha sido defendido por la FGR como un proceso llevado “conforme a derecho” y “absolutamente” ajeno a motivaciones políticas.