Poder Judicial gasta 252 mdp en 571 vehículos y argumenta motivos de seguridad, fallas y ahorro operativo
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) destinó 252 millones de pesos durante el último trimestre de 2025 para la adquisición de 571 vehículos, que comenzarán a operar este año en el propio órgano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En un comunicado difundido el viernes, el OAJ subrayó que en el caso específico de la Suprema Corte hubo razones adicionales vinculadas a la protección de ministras y ministros.
Sobre los vehículos para los ministros, señaló que tuvo conocimiento de “diversos incidentes de seguridad, derivados del uso de unidades que ya no ofrecían condiciones adecuadas de protección para sus usuarios”, lo que hizo necesaria su sustitución inmediata.
Según el órgano, la decisión responde a la obligación de no operar con riesgos previsibles y de garantizar condiciones de protección “para quienes ejercen funciones constitucionales de alta relevancia en la SCJN”.
Comprar para dejar de arrendar, justifica el OAJ
La inversión para la adquisición de los 571 vehículos —detalla el comunicado— equivale al 68.8% del costo de un solo año del esquema de arrendamiento que funcionó entre 2022 y 2025, cuando el entonces Consejo de la Judicatura Federal, el TEPJF y la SCJN operaban con 445 vehículos rentados.
Mantener ese modelo, aseguró el Órgano, habría implicado un gasto anual de 366.2 millones de pesos, con contratos de al menos tres años.
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La renovación del parque vehicular, añadió, se decidió con base en criterios “técnicos, de seguridad, financieros y operativos”, luego de que las unidades que estaban en servicio presentaban fallas recurrentes, consumos elevados de combustible y tiempos prolongados en talleres, lo que afectaba la operación cotidiana.
De los 571 nuevos vehículos adquiridos, 124 son híbridos o eléctricos, “lo que permitirá reducir cerca del 30% del gasto en combustible y disminuir el impacto ambiental”. También se prevé que los costos de mantenimiento se reduzcan “en al menos un 70%” respecto de las unidades anteriores.
El OAJ destacó además que, a diferencia del modelo de arrendamiento, los vehículos comprados podrán enajenarse a valor de mercado al concluir su vida útil, en lugar de regresar al arrendador sin generar beneficio.
SCJN recibió unidades nuevas por incidentes de seguridad
Cabe apuntar que la Suprema Corte informó hace dos días que adquirió nueve vehículos para las ministras y ministros que iniciaron funciones el 1 de septiembre de 2025, pese a las políticas de austeridad anunciadas por el gobierno federal.
En su comunicado del día anterior, la SCJN señaló que las unidades anteriores “ya no cumplían con las medidas para garantizar su seguridad y protección personal” y que la determinación se tomó con base en opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, las cuales concluyeron que los vehículos en uso “ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”.
La Corte subrayó además: “La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales”.
Renovación obligatoria cada cuatro años
La SCJN recordó también que, conforme a la normatividad interna vigente desde 2019, los vehículos asignados a las y los ministros deben renovarse cada cuatro años o antes cuando dejen de ser seguros. Explicó que la compra se realizó paralelamente a un proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido: “Con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido”.
Y afirmó que, con ello, el máximo tribunal “reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, el 1 de septiembre, en su primer discurso se comprometió a ajustar los salarios de ministros y juzgadores electos para que ninguno perciba más que la presidenta de la República, además de revisar las pensiones de los ministros en retiro y eliminar gastos superfluos.
